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De Europa no puede llegar ninguna imposición para desregular las farmacias y solo nos queda un peligro: nuestros propios gobiernos, por lo que debemos mantener siempre actualizado un argumentario que demuestre de forma inequívoca las ventajas de carácter sanitario y económico de nuestro modelo
Como si del suplicio de Tántalo se tratase, los farmacéuticos nos enfrentamos cada cierto tiempo con una horda de desreguladores que buscan entregar la distribución y dispensación de medicamentos a grandes operadores económicos siguiendo los principios de la escuela de Chicago. Esta escuela, que basa toda su acción en el máximo liberalismo económico y la menor regulación estatal posible, suele esconder también intereses muy concretos, ya sea de las grandes superficies o de corporaciones que cuentan con cadenas de farmacias.
En Europa, sin embargo, las cosas han ido francamente bien para el mantenimiento de la propiedad unida a la titularidad de las farmacias: conseguimos que la Directiva de Servicios excluyera expresamente al sector sanitario y concretamente a los farmacéuticos, y hemos ganado todas las cuestiones que se plantearon en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. De Europa no puede llegar ninguna imposición para desregular las farmacias y solo nos queda un peligro: nuestros propios gobiernos, por lo que debemos mantener siempre actualizado un argumentario que demuestre de forma inequívoca las ventajas de carácter sanitario y económico de nuestro modelo. Con este artículo, queremos contribuir a las numerosas iniciativas que se han puesto en marcha desde primeros de año y las adhesiones recibidas al manifiesto elaborado por las patronales farmacéuticas y los Colegios, a los que se han adherido los gobiernos de una mayoría de las comunidades autónomas, organizaciones de pacientes, de médicos y también del personal de enfermería.
Borrador del anteproyecto
El Ministerio de Economía y Competitividad dio a conocer un borrador de anteproyecto de una ley reguladora de los servicios profesionales cuyas principales modificaciones para los farmacéuticos son la ruptura del binomio propiedad/ titularidad en la oficina de farmacia y la habilitación de otras profesiones en la fabricación de medicamentos.
El Ministerio de Economía comienza por afirmar que esta es una reforma obligada por las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y hace una referencia directa a la Directiva de Servicios, con lo que pierde toda su credibilidad, ya que esta directiva, como se ha indicado, excluye expresamente al sector sanitario y concretamente a los farmacéuticos. Además, no existe ningún documento que acredite que los organismos a los que hace alusión hayan hecho ninguna exigencia a España en este sentido. Es, por tanto, una manipulación directa del borrador.
En lo que se refiere a los farmacéuticos, las pretensiones de esta hipotética Ley de Servicios Profesionales son suprimir la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad de las farmacias al farmacéutico, mantener la reserva de que la dirección de la farmacia sea exclusiva para el farmacéutico, garantizando así, en todo caso, la protección de la salud pública y la correcta dispensación de medicamentos, y suprimir la reserva exclusiva de la producción y conservación de medicamentos a los farmacéuticos (lo que favorecería según el borrador a profesionales como químicos o biólogos). En la tabla 1 se detallan estas reformas y las principales consecuencias económicas y sanitarias a las que daría lugar.
El borrador del Ministerio de Economía es muy prudente en los beneficios potenciales de la reforma que aparecen en la tabla 2, por lo que, en un período de crisis como el que nos encontramos, produce un balance negativo frente a los perjuicios que podría ocasionar.
Escuelas económicas enfrentadas
La escuela de Chicago, con Milton Friedman a la cabeza, elaboró una doctrina económica basada en el capitalismo y la libre empresa al servicio del máximo beneficio. Esta filosofía, que aboga por una disminución de la influencia y la intervención del Estado y centra el motor del progreso en el afán de beneficios, la reducción de impuestos y la desaparición de los obstáculos que para el mercado representan los servicios públicos y la seguridad social, ha propiciado que las desigualdades se hayan ahondado tanto en el norte y el sur como en el interior de los países. Estas teorías han amenazado
Hasta ahora hemos tenido que sortear un primer intento desregulador, encabezado por las grandes superficies, mientras gobernaba el Partido Popular, a principios de este siglo, con una cabeza visible que fue el exministro Rafael Arias Salgado; otro, con el Partido Socialista, procedente de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del entonces ministro Miguel Sebastián, y ahora nuevamente, en plena crisis, del Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo titular, Luis de Guindos, ha elaborado un borrador de anteproyecto que se filtró a a la prensa el pasado 28 de diciembre. Además de estas principales batallas, también hemos tenido que lidiar con la Ley de Sociedades Profesionales1, que era un intento de ir situando capitales no farmacéuticos en nuestro sector, algo que fue apoyado por algunos farmacéuticos y determinados bufetes de abogados para los que la solución de algunos problemas personales se anteponía a la supervivencia de nuestro excelente modelo farmacéutico.
y siguen amenazando los servicios públicos, han vuelto totalmente inestables los sistemas financieros y han colocado prácticamente el mundo entero —nuestro país incluido— en el ojo del huracán de una crisis gigantesca. Este es el legado de Friedman: crisis económica y social a merced de «los mercados»2.
Sin embargo, hay otras escuelas como la de John Kenneth Galbraith, a quien debemos toda una teoría contraria a la competitividad desaforada de los seguidores de Friedman y que nos ha resultado fácil adaptar al mantenimiento del binomio propiedad/titularidad en la tabla 33,4. Quizá entre todos sus argumentos uno de los más importantes sea el carácter de servicio público de las farmacias y la capacidad de proteger a los consumidores de situaciones de monopolio que acabarían seleccionando productos y aumentando los precios.
Desde la moral y las buenas costumbres, hay que indicar que la Iglesia católica también ha tomado partido en estos temas y considera que la competencia es contraria al principio de caridad y que el sistema de mercado puede ser contrario a los principios evangélicos y la revelación. Al sustituir la caridad, el darwinismo social implícito en la competencia debe ser controlado con frenos y límites que respondan a principios cristianos5. En concreto, sobre la crisis económica actual, el anterior pontífice, Benedicto XVI, había dicho que «puede ser una ocasión para que toda la comunidad civil verifique si los valores en los que se basa la vida social han generado una sociedad más justa, equitativa y solidaria, o si por el contrario es necesaria una profunda reflexión para recuperar los valores que favorecen una recuperación económica y, al mismo tiempo, promueven el bien integral de la persona humana»6, y en su carta encíclica, Caritas in veritate, sostiene que «el capitalismo salvaje, la codicia y la avaricia financiera, el egoísmo y el paternalismo colonial reclaman una globalización solidaria, un nuevo orden económico basado en valores cristianos»7.
Argumentos sociosanitarios
Todos conocemos los excelentes estudios sobre capilaridad de las farmacias en nuestro país y el resto de Estados de la Unión Europea que comparten nuestro modelo elaborados por el Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia y la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles8,9, así como los problemas que ocasiona la desregulación. No vamos a insistir en ellos, pero tuvieron buena parte en nuestras victorias en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, cuando se luchaba contra el dictamen motivado de la Comisión Europea que, como todos sabemos, tuvo que archivarse finalmente en 2010.
A la hora de poner en marcha nuevas medidas que cambien el statu quo actual, parecería necesario conocer qué opina la población en general sobre este servicio sanitario, llevado a cabo por profesionales con liderazgo privado, inversiones privadas y hasta en muchos casos minoraciones en sus ingresos y adelantos a los pacientes en sus tratamientos, dadas las demoras en el pago por parte de las administraciones sanitarias de hasta 6 meses.
Antes de tomar decisiones que luego serían difíciles de revocar, cabría preguntarse por las posibles ventajas que dicho cambio supondría para las arcas del Estado
Conocer su opinión parece fundamental si a este difícil equilibrio entre la responsabilidad y la supervivencia por parte de los farmacéuticos en estos 4 años de crisis se incluyen ahora nuevas medidas que supondrían, en muchos casos, estar abocados al cierre, sobre todo para aquellas farmacias de núcleos pequeños y cercanos a grandes superficies.
¿Cuáles son, por tanto, las cualidades más valoradas en este servicio sanitario y tal como está en la actualidad? Los datos, de acuerdo con un trabajo llevado a cabo en la provincia de Zaragoza sobre el grado de satisfacción de la sociedad en general, parecen concluyentes10.
Estudia elementos como la proximidad (el 85% de los consumidores compra en la farmacia que tiene más cerca de su domicilio), el horario adecuado (el 98% de los usuarios está satisfecho con el horario de las farmacias), el trato y profesionalidad (estas 2 características, junto a la capacidad de resolución de dudas sanitarias y la proximidad, son los principales motivos de satisfacción) y la elevada disponibilidad (el 88% de los consumidores declara que les suministran el medicamento en el mismo día). Por último, el 85% de los ciudadanos consideran que no es necesario incorporar ningún cambio a las farmacias.
Estas consideraciones, que todos conocíamos pero que no está de más haberlas medido, pueden en un futuro no muy lejano convertirse como muchas otras cosas en algo del pasado, de ese pasado de bienestar que vemos alejarse cada día más en muchos aspectos de nuestra sociedad.
Antes de tomar decisiones que luego serían difíciles de revocar, cabría preguntarse por las posibles ventajas que dicho cambio supondría para las arcas del Estado. Es decir, quizá habría que reflexionar si la medida permite disminuir el tan traído déficit, vía una mayor recaudación impositiva. Y aquí entraríamos en otro conjunto de argumentos de carácter fiscal y económico.
argumentos económicos
En este sentido, nos hemos permitido realizar un pequeño ejercicio de aproximación sobre los efectos que la desregulación podría presentar desde un punto de vista de reducción del déficit por efecto de la recaudación fiscal.
El farmacéutico no cotiza como sociedad, sino como profesional, de modo que la recaudación media para las oficinas de farmacia, es decir, lo que el Estado ingresa vía Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, teniendo en cuenta que la subida aprobada para este año fiscal 2012 sitúa el tipo máximo marginal en el 47%, a partir de 53.407,20 euros de la base liquidable, y que a partir de 120.000 euros el tipo se elevaría al 49%, se puede calcular que con la cifra de ventas actuales estaría en una franja entre 900 y 1.000 millones de euros.
Por otro lado, habría que tener en cuenta que la propuesta que está en estudio implicaría la aplicación del tipo impositivo de las pequeñas y medianas empresas al beneficio neto antes de impuestos de las farmacias. Es de suponer que, en el momento que entrara en vigor esta medida, toda farmacia podría constituirse en sociedad de capital y estaría, por tanto, regulada de acuerdo con la tributación de las pequeñas empresas a un tipo medio que se sitúa entre el 20-25%. En este supuesto, y dependiendo pues de las diferentes desgravaciones e incentivos a los que podrían acogerse, podría suponer el detraimiento de las arcas del Estado de una cifra que se situaría entre un 25 y un 30% de lo que se recauda en la actualidad, y eso calculado para un tipo impositivo del 25%.
Pero, además, hay que tener en cuenta que, asimismo, empresas de mayor tamaño, y no solo de capital nacional, podrían acogerse a este tipo de solución. Con esto no nos estamos refiriendo únicamente a empresas ubicadas en grandes superficies, sino a nuevas fórmulas, como las ya existentes en la cultura anglosajona de grandes cadenas de farmacias. Podría también darse el caso de que empresas del ámbito de los servicios sanitarios privados tuvieran la tentación de ubicar farmacias en su cercanía y bajo su propiedad.
A estos efectos, recientes artículos aparecidos en El País11, El Mundo y Cinco Días12,13 señalan que para el caso de las grandes empresas puede suceder que el pago de impuestos sobre beneficios se sitúe en torno al 11% de carga fiscal.
¿Qué supondría este nuevo escenario? En primer lugar, y siempre desde el punto de vista fiscal, si estas nuevas sociedades se constituyen como filiales al amparo de una empresa matriz con posibilidad de trasladar parte de sus beneficios a otros países, acogiéndose a tipos de fiscalidad más beneficiosos, podría darse la paradoja de que se ingresara todavía menos de ese 25-30% comentado anteriormente. Y esto en función del número de empresas que se crearan y de su cifra de facturación.
Por supuesto, en un primer momento, el porcentaje de empresas que podría acogerse a este tipo de benéficos fiscales sería pequeño. Ciñéndonos únicamente al porcentaje de farmacias de mayor tamaño que suponen menos de un 1% del total, pero que pueden suponer entre un 6-8% del total de la recaudación, si estas farmacias, imaginemos por un momento, fueran absorbidas por este tipo de sociedades, al imputar a un tipo menor podrían pasar de ese 8% a suponer solo el 4% del total. Es decir, se perdería casi el 50% de lo que tributan y solo para el caso de este colectivo. Toda una tentación.
Pero, además, se podría producir un efecto boomerang, ya que las localizaciones de las farmacias que puedan surgir al amparo de la norma, no solo generarían un impacto negativo en la recaudación vía menor tributación, sino que actuarían sobre las ventas de aquellas otras situadas en su cercanía, que verían mermar sus ingresos y, por tanto, su contribución fiscal. Con el corolario de que dichos ingresos, estos sí, se quedan en el territorio nacional, no son repatriados y contribuyen al crecimiento económico.
Por tanto, si al porcentaje de ingresos que se detraería vía tributación de las pequeñas y medianas empresas, se le sumara el de todas aquellas que tributaran al tipo impositivo de grandes empresas y se le añadieran las perdidas, vía menores ingresos, de la farmacia media, podemos avanzar que el escenario está lejos de ser atrayente en cuanto a su actuación sobre el déficit. Súmese a todo ello el grado de insatisfacción que se originaría entre la población cuando comenzaran a proliferar los cierres de farmacias, problemas en los suministros, aumento del paro farmacéutico y de su personal auxiliar, o esas guardias virtuales que, sin ser remuneradas, hace el farmacéutico de pueblo. El problema está servido, señores, a un coste muy superior para las arcas públicas.
Conclusión
La desregulación de las farmacias es una cuestión recurrente con gobiernos de cualquier signo, pero creemos que este es uno de los peores momentos en que a alguien pueda ocurrírsele desregular la farmacia en España. Estamos viviendo una crisis a la que ha llevado la teoría de la libre empresa, solo al servicio del máximo beneficio económico y de la disminución de la influencia del Estado. Nuestro modelo de farmacia funciona bien, quizá mejor que bien: es ejemplar para todo el sistema sanitario, y así lo han puesto de manifiesto un buen número de comunidades autónomas al sumarse a los manifiestos de las patronales o los Colegios, valorando el esfuerzo realizado por los farmacéuticos en una época de crisis como la que estamos atravesando.
La manipulación legislativa que pretende fundamentar el cambio en «recomendaciones» de organismos internacionales es fácil de poner en entredicho y demostrar que la desregulación pretendida no existe en Alemania, Austria, Francia e Italia, además de en 8 Estados más, que representan el 65% de la población europea. La piden los de siempre, grandes corporaciones económicas y grupos de presión dispuestos a optimizar el capital en contra de los intereses de los ciudadanos, como ya ha ocurrido en otros sectores en los que los precios no han bajado y la incomodidad de los ciudadanos ha aumentado considerablemente. Sin olvidar que, en muchos casos, la propiedad de estos entramados económicos no tiene cara, pertenece a fondos de fondos financieros cuyas decisiones de inversión pueden variar rápidamente en función de la coyuntura económica global, y sin la más mínima garantía de no encontrarnos, al cabo de unos años, con desinversiones que nos obliguen a reconstruir nuestro modelo farmacéutico, caso de que el deterioro no sea ya un hecho irreversible.
La manipulación llega a algo tan burdo en nuestro caso como buscar sustento en la Directiva de Servicios de 28 de diciembre de 2006 (Directiva 123/2006/CE), olvidando que excluye de su ámbito de aplicación al sector sanitario; o la Directiva 2005/36/CE que establece con toda claridad la reserva de actividad a los farmacéuticos en la elaboración y adquisición de medicamentos, permitiendo que otros profesionales puedan acceder a sus funciones específicas como la Dirección Técnica de Industrias Farmacéuticas, siempre que cursen determinadas materias como farmacología o tecnología farmacéutica entre otras, lo que les convierte también, de hecho, en farmacéuticos.
Por último, y como aviso a gentes bienintencionadas, hay que indicar que en la cuestión de binomio propiedad/titularidad nada es negociable, porque supone el fin del modelo de farmacia que conocemos.
Quienes cedieron en otros países se han visto abocados a la desaparición como profesión, aunque ya se está produciendo la paradoja de que en Estados tan dispares como Argentina, Grecia o Hungría, que desregularon la propiedad, han tenido que volver a la situación anterior. Un buen ejemplo que han de estudiar quienes pretenden cambiar nuestro modelo.