Pagina nueva 1
Coincidiendo con la celebración del Congreso Farmacéutico INFARMA 2013 en Barcelona, los días 5, 6 y 7 de marzo, las farmacias catalanas vieron como, una vez más, la administración Pública dejaba de cumplir con su obligación y se negaba a pagar la factura de los farmacéuticos.
Con la miopía que caracteriza últimamente a la administración, sea del signo político que sea, no alcanza a ver la magnitud de las consecuencias y las repercusiones que puede tener para la población (y para sus potenciales votantes) el cierre por fuerza mayor de muchas oficinas de farmacia de esta Comunidad (13 ya han cerrado en el 2012 y 100 están en peligro real de hacerlo en 2013).
Cataluña no es la única damnificada. Se trata de un eslabón más de esta cadena de despropósitos en la que también están atrapadas las comunidades de Valencia y de Castilla la mancha y abre el camino a nuevos impagos en otras comunidades que observan atónitas la impotencia con la que los farmacéuticos nos enfrentamos a la administración Pública. Una administración que, dicho sea de paso, al tiempo que incumple sus obligaciones con los farmacéuticos, les obliga a cumplir con los impuestos de unos ingresos que aún no han recibido.
Entre tanta indignación, miedo y desesperanza, siempre habrá quien nos quiera hacer creer que el modelo actual de farmacia, cercano al paciente, está agotado, obsoleto o desfasado. Me niego a creerlo. Aunque puede y debe mejorar en todo aquello que sea posible, no debemos olvidar todos los beneficios que ha aportado hasta ahora y que puede seguir aportando a la sociedad.
Este sistema que ahora está en entredicho ha garantizado, entre otras cosas, la proximidad al enfermo y la igualdad en el precio de los medicamentos para todo el territorio español.
No nos equivoquemos, el modelo actual de farmacia está ahogado por los impagos y por la reducción constante del precio de los medicamentos (único sistema de remuneración que por el momento tenemos), pero no está agotado.
Si conseguimos desligar nuestros honorarios profesionales del precio de los medicamentos, quizá tampoco cobremos, pero al menos la administración dejará de vernos como simples dispensadores de fármacos y conseguiremos el reconocimiento profesional por la labor asistencial que realizamos como primer eslabón de la cadena sanitaria.
No podemos tirar la toalla y si es necesario acudir a los tribunales de Justicia para reclamar nuestros derechos, debemos hacerlo con la cabeza bien alta.
