La cartera de servicios en el Sistema Nacional de Salud es un logro social consolidado que garantiza el derecho individual y colectivo de los ciudadanos.
No hay duda del avance que ha supuesto la generalización del catálogo de prestaciones, la garantía de las condiciones básicas y comunes de las mismas y el nivel adecuado de la atención.
Es un objetivo compartido por los distintos servicios de salud convertir esta herramienta en un instrumento vivo que trate de dar respuesta a nuevos servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos o rehabilitadores demandados por los usuarios y posibles por el avance tecnológico y desarrollo del conocimiento.
La conclusión del proceso de transferencias sanitarias ha supuesto un empuje significativo a la incorporación de nuevas prestaciones, incorporadas por cada Comunidad Autónoma, más allá de las que son consideradas como básicas y comunes a partir de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Surge aquí la primera pregunta que cabe hacerse: ¿cuál es el grado de equidad entre las diferentes Comunidades Autónomas?
Mas allá de posibles diferencias existentes, no parece que afecta negativamente a los derechos individuales, ya que de forma paulatina tenderán a informarse en todos aquellos casos donde las técnicas y/o procedimientos demuestran seguridad y efectividad en la obtención de resultados. En aquellos servicios que no cumplen estos requisitos pueden considerarse complementarios sin afectar a la cohesión interna del Sistema Nacional de Salud, dependiendo más de la priorización político-financiera de cada autonomía.
La segunda pregunta es: ¿cuál es el grado de equidad interna de las diferentes Comunidades Autónomas?
Es preciso señalar las dificultades que supone la distribución poblacional de una parte importante del territorio. La aceleración del crecimiento urbano y de áreas económicas emergentes coincide con un estancamiento y/o retroceso de la población en amplias zonas de nuestro país.
Asimismo, la evolución tecnológica y el desarrollo del conocimiento nos permiten aproximar servicios y abordar nuevos retos asistenciales. Sin embargo, nuestro Sistema Nacional de Salud adolece de una reforma organizativa en profundidad que haga posible la sostenibilidad profesional del mismo.
En Atención Especializada es necesario abordar una revisión profunda de los servicios, procedimientos y actividades centrados en los ciudadanos, que oriente a los hospitales y centros de especialidades hacia la gestión de procesos más ágil, que garanticen una accesibilidad mayor acorde con los recursos de que disponen y establezcan mecanismos de cooperación entre centros para asegurar la equidad en el acceso a las prestaciones del sistema.
En Atención Primaria no cabe duda de la necesidad de abordar lo que se ha dado en llamar la segunda reforma de este nivel asistencial. La mayor dotación presupuestaria que debe producirse en los próximos años es necesario que la dote de mayores recursos tecnológicos para la gestión clínica y de una distribución más eficaz de los profesionales para garantizar la asistencia programada y urgente. Mejorar la capacidad de resolución de Atención Primaria debe posibilitar ejercer liderazgo en una gestión de pacientes más cercana, eficaz y eficiente.
Los potentes dispositivos desarrollados en los últimos años para la atención urgente, junto a la implantación de tecnologías de información y comunicación, deben posibilitar la mejora de la equidad en el acceso a la atención con independencia del lugar donde resida la población.
El papel que deben desempeñar los ciudadanos, de forma individual o a través de asociaciones, ayuntamientos o cualquier forma de representación debe ser también revisado. La capacidad de decisión de los pacientes debe tener en cuenta el mayor nivel cultural, de información y de responsabilidad a la hora de elegir. De forma paralela los cauces de participación deben generar un debate sereno sobre la sostenibilidad económica y profesional de los servicios, lo que sin duda redundará en la legitimidad del propio sistema.
El papel de los gobiernos de las Comunidades Autónomas debe basarse en los principios de lealtad y someter a consenso aquellas decisiones que afecten al derecho constitucional de la salud. Es necesario que el papel armonizador del Ministerio de Sanidad y Consumo se refuerce a través de las herramientas previstas en la Ley General de Sanidad.
La gestión pública sanitaria es la responsable de la ejecución de una parte muy importante de los impuestos de los ciudadanos y debe redundar en un mejor servicio asistencial. Políticos, profesionales y ciudadanos, conscientes de la responsabilidad social que nos corresponde a todos y del valor central del derecho a la salud debemos encontrar el camino acertado.