La implantación de la dispensación en dosis unitarias sigue su andadura sin prisa pero sin pausa y las primeras unidades ya han llegado al mercado. Se trata de paracetamol de 650 miligramos y de 1 gramo e ibuprofeno de 400 y de 600 miligramos. Los envases que se distribuyen a las farmacias contienen 100 unidades del medicamento y 30 prospectos que, según el laboratorio fabricante, son suficientes para cubrir la demanda. Pero cabe preguntarse: la demanda, ¿de quién?, ¿del prescriptor?, ¿del cliente?
Suponer que 30 prospectos son suficientes para 100 posibles dispensaciones de dosis unitarias es, a mi entender, mucho suponer. ¿Y si los clientes, ejerciendo su derecho a hacerlo, acuden a la farmacia a comprar uno o dos comprimidos sueltos porque tienen dolor en ese momento? ¿Y si piden el prospecto porque tienen derecho a pedirlo? Supongo, y en este caso no es mucho suponer, que seremos los farmacéuticos quienes tendremos que facilitar el prospecto correspondiente cuando se acaben los que vienen con el envase original.
Por otro lado, no hay que olvidar que también es nuestra obligación facilitar al cliente, si así lo demanda, el tique con el precio del medicamento. Más palos en nuestras ruedas...
Racionalizar el gasto público en medicamentos no es esto, Sra. Ministra, racionalizar, como su nombre indica, es utilizar una cosa racionalmente, aplicar el raciocinio que nos ha dado la naturaleza para hacer las cosas bien, porque enmendar entuertos a posteriori es mucho más difícil y costoso.
Espero, y ojalá no sea mucho esperar, que nuestros representantes ante las administraciones sepan transmitir el enorme valor que la profesión farmacéutica tiene por sí misma y el enorme esfuerzo que está realizando para contribuir al sostenimiento de nuestra sanidad en estos momentos difíciles. Una buena gestión no pasa por tenernos todo el día recortando cupones, imprimiendo tiques y ajustando bajadas de precios, amén de muchas otras tareas burocráticas. Una buena gestión pasa por aprovechar nuestra formación y nuestras capacidades para el desarrollo de una prestación farmacéutica auténticamente racional, enfocada al paciente: a su seguimiento terapéutico, al control de su calidad de vida, a la educación sanitaria en el uso racional del medicamento, etc. Esto sí que ahorraría dinero, y mucho, a las arcas del Estado.