Durante el primer semestre de 2002, la Agencia Española del Medicamento (AEM) ha realizado una actividad incesante, que se ha traducido en múltiples alertas farmacéuticas y en la retirada de más de 150 productos que se habían comercializado ilegalmente. Entre enero y mayo de 2002, la AEM ha retirado 118 fármacos ilegales y 42 productos que se vendían en los herbolarios de forma irregular y que se prohibieron durante el mes de abril. Estas alarmas, suspensiones cautelares de la comercialización y revocaciones de la autorización son a menudo mal interpretadas por la población y los medios de comunicación. Estos últimos, fieles a la máxima de que sólo son noticias las malas noticias, interpretan estas medidas como una falta de seguridad y hablan de los peligros a los que se ve expuesta la población y de los riesgos que están asociados al uso de los medicamentos. La realidad es muy diferente. Las múltiples alertas son prueba de la existencia de controles severos y de que funcionan los mecanismos creados para garantizar la seguridad de los medicamentos una vez que han sido comercializados. El procedimiento de autorización y registro, aunque muy estricto, serviría de poco si la AEM no realizara una activa vigilancia para detectar irregularidades en los lotes fabricados y para impedir la comercialización de productos que, por corresponder a la definición de medicamento, sólo deben ser dispensados en las oficina de farmacias una vez que hayan sido evaluados por la Agencia y obtenido la autorización previa a la comercialización.
Los múltiples casos de irregularidades detectados son prueba de que la vigilancia prosigue después de la comercialización de los productos. Lo alarmante sería que se sucedieran los meses sin que se produjera ninguna noticia de alerta farmacéutica y sin que se retirasen del mercado aquellos productos que por su composición y por sus alegaciones de salud son medicamentos y que, sin embargo, se comercializan sin la correspondiente autorización.
Son muchos los productos que sus fabricantes o importadores ponen en el mercado incumpliendo la legislación prevista en la Ley del Medicamento, que tiene por objetivo fundamental asegurar a la población las garantías de calidad, seguridad y eficacia con respecto a los medicamentos. El procedimiento de autorización se complementa con la exclusiva de dispensación en las oficinas de farmacia, para mantener a todos los medicamentos, sin excepción, en el circuito sanitario. Uno de los argumentos más sólidos a favor de la comercialización exclusiva en las farmacias es que en éstas es mucho más fácil colaborar con la AEM y contribuir a la retirada de los lotes defectuosos, retirada que sería mucho menos rápida y segura si algunos medicamentos saliesen del canal sanitario y se diseminasen por las grandes superficies y los supermercados. La colaboración de las farmacias con el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y con la AEM es uno de los principales activos con los que cuenta la farmacia española para acallar las voces que califican de monopolio lo que no es sino una sensata medida cautelar, una garantía más de la que gozan los ciudadanos.