La desfibrilación precoz es una de las intervenciones que más puede influir en el pronóstico de una parada cardiaca. Los objetivos de este trabajo fueron conocer el número de desfibriladores externos semiautomáticos fuera del ámbito sanitario existente entre cada comunidad autónoma de España y comparar las legislaciones autonómicas al respecto de la obligatoriedad de instalación de desfibriladores fuera del ámbito sanitario.
MetodologíaEstudio observacional descriptivo de corte transversal realizado entre diciembre de 2021 y enero de 2022 mediante la consulta de datos oficiales en las 17 comunidades autónomas españolas.
ResultadosSe obtuvieron datos del número de desfibriladores registrados de 15 comunidades autónomas. El número de desfibriladores varió entre 35 y 126 por cada 100.000 habitantes. A nivel global, se observaron diferencias entre las comunidades con obligatoriedad de instalación de desfibriladores y las que no (92,1 vs 57,8 desfibriladores/100.000 habitantes).
ConclusionesExiste heterogeneidad en cuanto a la dotación de desfibriladores fuera del ámbito sanitario, que parece guardar relación con la diversidad legislativa al respecto de la obligatoriedad de instalación de los mismos.
Early defibrillation is one of the interventions that can most influence the prognosis of cardiac arrest. The objectives of this study were to determine the number of automatic external defibrillators outside the healthcare setting in each autonomous community in Spain and to compare the legislation of each autonomous community on the mandatory installation of defibrillators outside the healthcare setting.
MethodsA cross-sectional observational study was carried out between December 2021 and January 2022 by consulting official data in the 17 Spanish autonomous communities.
ResultsComplete data on the number of registered defibrillators were obtained from 15 autonomous communities. The number of defibrillators ranged from 35 to 126 per 100,000 inhabitants. At the global level, differences were observed between communities with mandatory defibrillator installation and those without (92.1 vs. 57.8 defibrillators/100,000 inhabitants).
ConclusionsThere is heterogeneity in the provision of defibrillators outside the health care setting, which seems to be related to the diversity of legislation on the mandatory installation of defibrillators.
Cada año se producen en España más de 18 casos de parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria por cada 100.000 habitantes1. Las probabilidades de sobrevivir tras una parada cardiaca son escasas y dependen de múltiples variables, pero la desfibrilación precoz por parte de testigos es considerada una de las intervenciones que, con independencia de otros factores, más puede influir en el pronóstico de la parada cardiaca por taquiarritmias ventriculares2. El inicio de la regulación del uso por parte del personal no sanitario de desfibriladores externos semiautomáticos (DEA) en España supuso, hace algo más de una década, una apuesta estratégica en la reducción de la mortalidad por esta causa.
Los DEA son aparatos basados en microprocesadores altamente complejos, pero de uso sencillo, que han sido concebidos para que cualquier persona, incluso sin necesidad de poseer una instrucción sanitaria, sea capaz de utilizarlos con seguridad y eficacia. La aparición de los DEA en el mercado propició la posibilidad de que, en caso de necesidad, cualquier ciudadano tuviese la oportunidad de realizar una desfibrilación, un tratamiento hasta entonces reservado exclusivamente a profesionales sanitarios.
En España, el Real Decreto 365/2009 establece las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de los DEA fuera del ámbito sanitario y otorga a las administraciones de cada comunidad autónoma la responsabilidad de regular la implantación de estos dispositivos y de promover los mecanismos oportunos de coordinación para extender su instalación y su utilización3. La descentralización de esta regulación ha dado lugar a un mapa legislativo muy diverso que ha generado diferencias y desigualdades entre comunidades que afectan a aspectos como la formación, la autorización, la utilización, la dotación y la obligatoriedad de la instalación de DEA fuera del ámbito sanitario4. A pesar de la heterogeneidad legislativa existente, en todas las comunidades es obligatoria la notificación de la instalación de un DEA fuera del ámbito sanitario, por lo que las administraciones pueden conocer el número y la localización de los dispositivos existentes en su geografía.
El objetivo principal de este trabajo fue conocer el número de DEA fuera del ámbito sanitario existentes entre cada comunidad autónoma de España. Como objetivo secundario, describir y comparar las legislaciones autonómicas al respecto de la obligatoriedad de instalación de DEA fuera del ámbito sanitario.
Material y métodosEstudio observacional descriptivo de corte transversal realizado entre diciembre de 2021 y enero de 2022 mediante la consulta de archivos de Open Data procedentes de las páginas web oficiales de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas (no se incluyeron las ciudades de Ceuta y Melilla). Cuando alguno de los datos requeridos no estaba disponible, se realizó la consulta a la consejería o departamento competente, mediante e-mail y/o instancia general.
Se recogió información actualizada sobre el número de DEA instalados fuera del entorno sanitario y se calculó la tasa de DEA por población. El número de habitantes por comunidad autónoma se consultó en la web del Instituto Nacional de Estadística (datos actualizados a 1 de julio de 2021). La información correspondiente a los lugares en los que se establece la obligatoriedad de instalación de DEA fuera del entorno no sanitario fue extraída por dos investigadores de forma paralela tras consultar la legislación reguladora vigente a fecha de enero de 2022 de los boletines oficiales de cada comunidad autónoma. Las discrepancias se resolvieron por consenso.
Se calculó la tasa de DEA por cada 100.000 habitantes en cada comunidad autónoma para permitir la comparación entre ellas y la tasa global de DEA en comunidades con y sin obligatoriedad legislativa de instalación de desfibriladores fuera del ámbito sanitario. Finalmente, se creó un gráfico con la relación entre comunidades autónomas con obligatoriedad de instalación de DEA, organizados en base a los criterios de ubicación de los mismos.
ResultadosSe recabaron datos del número de DEA instalados fuera del ámbito sanitario de 15 comunidades autónomas. No se dispone de datos de dos comunidades (no se obtuvo respuesta a las peticiones reiteradas de información). La tasa de dispositivos por población varió entre comunidades en el rango de 35 y 126 DEA/100.000 habitantes (tabla 1). La tasa global de desfibriladores por población fue de 92,1 DEA/100.000 habitantes en las comunidades autónomas con obligatoriedad de instalación de desfibriladores fuera del ámbito sanitario (excluyendo Andalucía y Extremadura, por inexistencia de datos), frente a 57,8 DEA/100.000 habitantes en aquellas en las que no existe obligatoriedad.
Relación entre el número de desfibriladores externos semiautomáticos registrados fuera del ámbito sanitario por 100.000 habitantes, según comunidad autónoma de España
| N.° habitantes | N.° DEA registrados | DEA/100.000 habitantes | Fecha de actualización | |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 8.501.450 | * | ||
| Aragón | 1.331.280 | 848 | 64 | Diciembre 2021 |
| Asturias | 1.013.018 | 351 | 35 | Noviembre 2021 |
| Baleares | 1.219.423 | 560 | 46 | Diciembre 2021 |
| Canarias | 2.244.423 | 915 | 41 | Noviembre 2021 |
| Cantabria | 583.904 | 375 | 64 | Diciembre 2021 |
| Castilla y León | 2.387.370 | 1.294 | 54 | Diciembre 2021 |
| Castilla-La Mancha | 2.049.455 | 896 | 44 | Diciembre 2021 |
| Cataluña | 7.669.999 | 8.684 | 113 | Enero 2022 |
| Extremadura | 1.057.999 | * | ||
| Galicia | 2.696.995 | 2.192 | 81 | Enero 2022 |
| La Rioja | 316.197 | 138 | 44 | Diciembre 2021 |
| Madrid | 6.752.763 | 8.486 | 126 | Diciembre 2021 |
| Murcia | 1.513.161 | 724 | 48 | Diciembre 2021 |
| Navarra | 657.776 | 705 | 107 | Diciembre 2021 |
| País Vasco | 2.185.605 | 2.271 | 104 | Enero 2022 |
| Valencia | 5.045.885 | 2.309 | 46 | Julio 2020 |
DEA: desfibriladores externos semiautomáticos.
Diez comunidades contemplan en sus legislaciones la obligatoriedad de instalación de DEA fuera del entorno sanitario. Aunque existen amplias diferencias en cuanto a las condiciones específicas o de aforo que marcan la obligatoriedad, los establecimientos de uso público o servicios de transporte público son especialmente considerados, tal y como se resume en la tabla 2.
Discusión
Como norma general, la instalación de DEA se ha priorizado en lugares en los que existe una mayor probabilidad de que acontezca una parada cardiaca. Los programas de Desfibrilación de Acceso Público han supuesto una iniciativa orientada a incentivar el inicio de las maniobras de reanimación por parte de ciudadanos (con y sin entrenamiento en técnicas de soporte vital) sin esperar a la llegada de los recursos sanitarios de emergencias, si bien su efectividad ha sido discreta en términos de uso y de supervivencia5,6.
Aunque es preciso matizar que las comparaciones de las cifras publicadas en este trabajo deben ser realizadas con cierta prudencia, debido al diferente ritmo de actualización de los datos en el registro de desfibriladores, este estudio representa una foto fija de la distribución de DEA accesibles a ciudadanos no sanitarios en las distintas comunidades de España. En comparación con el contexto internacional, las comunidades autónomas de España muestran unas tasas en el número de DEA por 100.000 habitantes marcadamente inferiores a la existentes en otros países industrializados, como Suecia (420 DEA/100.000 habitantes), Holanda (470), Japón (320) o Estados Unidos (310)7. Sin embargo, debe tenerse en especial consideración que la supervivencia de quienes sufren una parada cardiaca extrahospitalaria no viene dada, en sí misma, por el hecho de disponer un mayor o menor número de DEA de acceso público, sino también por las actitudes y por las capacidades que los espectadores circunstanciales del evento posean para iniciar una reanimación cardiopulmonar antes de la llegada del primer recurso asistencial. A este respecto, las indicaciones telefónicas desde los Centros de Coordinación de Emergencias parece que han ayudado a aumentar el número de reanimaciones cardiopulmonares practicadas por ciudadanos8, aunque la calidad de las maniobras podría ser insuficiente9. En cualquier caso, aumentar las oportunidades de acceso de los ciudadanos a un DEA parece una estrategia adecuada a seguir, siempre y cuando se acompañe de políticas legislativas poco restrictivas que permitan operar con un DEA a todos los ciudadanos y de la generalización de conocimientos básicos en materia de reanimación cardiopulmonar.
Sobre este último aspecto, nuestro estudio deja clara evidencia de que, en las comunidades autónomas en las que existen legislaciones que obligan a la instalación de DEA, la tasa de desfibriladores de acceso público es superior frente a las que no (92,1 vs. 57,8 DEA/100.000 habitantes), lo que representa un argumento de peso para que la regulación de la obligatoriedad en la dotación de DEA se extienda a la totalidad del territorio.
Este trabajo presenta algunas limitaciones que es necesario comentar. En primer lugar, existe una potencial fuente de sesgo en los propios registros de los que se nutre este trabajo. No todos los registros están actualizados en la misma fecha, e incluso podrían infrarrepresentar el número real de dispositivos existentes, ya que, a pesar de la obligatoriedad de registro de los DEA, podrían no haberse tramitado algunas altas o bajas de los dispositivos de propiedad privada. En segundo lugar, en este estudio no se han contemplado las diferencias en la distribución poblacional de las comunidades autónomas, que podría afectar a los territorios con mayor dispersión de población (ya que repercutiría sobre los aforos que fijan la obligatoriedad de instalación de DEA). Por último, la información de los registros no diferencia los DEA ubicados en un lugar fijo o en vehículos (como coches de la policía), un detalle que puede condicionar su funcionalidad.
A pesar de estas limitaciones, puede concluirse que en España existe de una gran heterogeneidad en cuanto a la dotación de DEA fuera del ámbito sanitario, que parece guardar relación con la diversidad legislativa respecto a la obligatoriedad de instalación de desfibriladores.
FinanciaciónSin financiación.
Conflicto de interesesNo existen.
