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Vol. 11. Núm. 2.
Páginas 116-127 (junio 2015)
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Vol. 11. Núm. 2.
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Política forestal y evolución de los bosques en Cataluña desde el siglo xix hasta la actualidad
Forestry policy and trends in the woodland areas of Catalonia from the 19th century until the present
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Teresa Cerveraa,
Autor para correspondencia
tcervera@gencat.cat

Autor para correspondencia.
, Ramon Garraboub, Enric Telloc
a Centre de la Propietat Forestal, Generalitat de Catalunya, Carretera de Sabadell a Santa Perpètua, km 4,5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, España
b Departament d’Economia i Història Econòmica, Facultat de Ciències Econòmiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici B, 08193, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, España
c Departament d’Història i Institucions Econòmiques, Centre d’Estudis Antoni de Capmany d’Economia i Història Econòmica, Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, Diagonal 690, 08034, Barcelona, España
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Resumen

Ofrecemos un esbozo de las grandes tendencias de la política forestal española, confrontándolas con los datos disponibles de la superficie forestal en Cataluña del siglo xix a la actualidad. En algunos períodos las motivaciones de las leyes o normas, y los conflictos que provocaron, son la única fuente supralocal para acercarnos al estado del bosque. Cuando es posible contrastarlas con datos sobre la superficie arbórea, podemos juzgar su efectividad, que por lo general fue muy limitada. La información reunida dibuja una transición socioecológica desde una etapa de contracción de la superficie forestal y un incremento sustancial de las extracciones hasta mediados del siglo xx, a otra etapa que llega hasta hoy donde el abandono rural ha provocado un incremento de las áreas forestales y las cubiertas arbóreas hasta superar probablemente las iniciales. La máxima presión se alcanzó entre la Primera Guerra Mundial y los años 40 de autarquía franquista.

Palabras clave:
Política forestal española
Superficie forestal
Deforestación
Cataluña
Códigos JEL:
Q23
Q24
Q28
O13
R52
Abstract

An outline of the main trends in forest policy is presented, contrasting the available data on woodland area in Catalonia from the 19th century to the present. In some periods the reasons for these laws or regulations, and the ensuing conflicts that arose, are the only available national source to approach the state of Catalan forests. When they are compared with subsequent data on woodland cover, it can be observed that their effectiveness was generally very limited. The information gathered shows a socioecological transition from a long-lasting period of contraction of woodland areas and substantial increases in forestry extractions until the mid-20th century, to another long-lasting one until the present day, where rural abandonment has led to an increase in woodland cover that probably exceeds the initial figures. The pressure over forest resources peaked between the First World War and the years 1940's of Franco's Autarky.

Keywords:
Spanish forest policy
Woodland covers
Deforestation
Catalonia
JEL classification:
Q23
Q24
Q28
O13
R52
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1Introducción

La transformación antrópica del monte ha respondido históricamente a 2 lógicas interdependientes desplegadas de forma diversa en el territorio: la estructuración del espacio y la explotación de los recursos (Clément, 1993). Nuestro paisaje agroforestal actual es, por tanto, resultado de los cambios sucedidos en diversas etapas históricas en ambas dimensiones: 1) la evolución de la linde entre el espacio cultivado y los pastos o bosques; y 2) la intensidad de los aprovechamientos en aquellos espacios incultos que además de la extracción de madera y leña, o el carboneo, incluían otros productos no madereros. Las culturas agrosilvopastorales tradicionales se caracterizaban por un uso múltiple e integrado de ambos espacios cuya complejidad, variedad y adaptación a los recursos locales solía escapar a las categorías rígidas y reduccionistas empleadas por la administración real y sus recaudadores de impuestos (Tello et al., 2014; Marull et al., 2014). Todo ello hace difícil trazar la evolución de la superficie de los montes con sus variados aprovechamientos, y en especial conocer la superficie arbolada y su estado. Los datos disponibles distan de ser precisos y homogéneos, porque las categorías y clasificaciones empleadas por las administraciones públicas simplificaban en extremo una realidad mucho más variada, superpuesta y compleja, y su cambio frecuente de criterio distorsiona los sucesivos recuentos y las series históricas disponibles (Grove y Rackham, 2001).

De un modo muy aproximado podemos reconstruir las grandes tendencias experimentadas por la variación de la linde entre cultivos y montes en Cataluña desde el siglo xix hasta la actualidad. Si nos atenemos a los grandes órdenes de magnitud, teniendo en cuenta los grados de imprecisión y error de esos datos, se dibujan 2 grandes ciclos de signo opuesto: una etapa de creciente deforestación desde mediados de siglo xix al primer tercio del siglo xx, seguida por otra de reforestación a partir de mediados del siglo xx hasta la actualidad. Más allá de estas estimaciones globales, solo podemos reconstruir el paisaje forestal a partir de los años setenta del siglo xx, analizando los distintos inventarios nacionales existentes (IFN1, 1966-1975; IFN2, 1986-1995; e IFN3, 1997-2007). Para las etapas anteriores, y especialmente en los montes de titularidad privada (Jiménez-Blanco, 2002) que en Cataluña eran la gran mayoría, resulta muy difícil conocer la superficie y el estado del bosque.

Exceptuando algunos datos muy puntuales procedentes de laboriosos estudios locales basados en los métodos experimentales de la dendrología, la antrocología, la palinología y la arqueología del paisaje (Pèlachs et al., 2009), a escala agregada solo disponemos de otra fuente indirecta para conocer el estado del bosque en las distintas etapas históricas: la política forestal y los debates públicos que suscitó. De hecho, es gracias a ella que disponemos de algunas estadísticas de los aprovechamientos madereros, aunque para el conjunto de bosques públicos y privados ello solo sea posible a partir de 1940 tras una larga y costosa puesta en marcha de una administración forestal reguladora.

El objetivo del artículo es perfilar las grandes tendencias de la política forestal desde el siglo xix hasta la actualidad, a partir del análisis del conjunto de ideas y objetivos que la inspiraron, de la legislación y procedimientos administrativos propuestos o aplicados, confrontándolas con los datos disponibles acerca de la superficie arbolada, de la presión ejercida sobre los bosques y del estado general de los montes. Para ello se han analizado 3 grandes etapas: la primera, desde 1835 hasta 1939, con la política forestal del liberalismo oligárquico (1833-1931) y un efímero período republicano (1931-1939); la segunda, con la política forestal del franquismo (1939-1976); y la tercera, desde 1977 hasta 2010. Hemos intentado tener siempre muy presente que las distintas políticas forestales estuvieron sometidas a las dinámicas socioeconómicas y energéticas predominantes, y a unas políticas agrarias y comerciales prioritarias cuya orientación ideológica estuvo casi siempre sesgada por los intereses de grupos sociales que trataban de influir en ellas.

2El largo plazo: 2 grandes etapas de deforestación y reforestación

La principal fuerza motriz de los procesos de creciente deforestación y posterior reforestación fue la extensión o contracción de la superficie cultivada, que se vio también impulsada y/o reforzada por la intensificación o el abandono de los aprovechamientos forestales. La superficie cultivada creció desde 962.132ha en 1860 hasta 1.211.021ha en 1932, cuando suponía un 41% de la superficie agraria útil (SAU) de Cataluña —una tendencia expansiva que solo se detuvo momentáneamente por la plaga de la filoxera entre 1885 y 1902— (fig. 1). La presión del cultivo redujo el área de monte desde unos 2 tercios del territorio agrario catalán a mediados del siglo xix hasta el 60% de la SAU durante la Segunda República (1931-1939). En el primer tercio del siglo xx la superficie forestal registró su mínimo absoluto con tan solo 1.735.435ha, marcado por la volátil rentabilidad de la explotación maderera, una creciente competencia exterior, y también por un intenso aprovechamiento para pastos, resina, leña, carbón o extracción de materias fertilizantes (Uriarte, 2000; Grupo de Estudios de Historia Rural [GEHR], 2003, p.339; Iriarte-Goñi, 2008 y 2013; Iriarte-Goñi y Ayuda, 2008; Olarieta et al., 2011).

Figura 1.

Evolución de los principales usos del suelo en Cataluña (1860-1932).

Fuente: elaboración propia a partir de Garrabou y Pujol (1987), Grupo de Estudios de Historia Rural (GEHR) (1991, 1994 y 2003), y Casals (2005). Las discrepancias entre los distintos recuentos se han ajustado tomando como referencia la superficie agraria útil (SAU) de cada provincia catalana en 1962, asignándolas al conjunto de usos o algunos en particular en función de la coherencia con los años inmediatamente anteriores y posteriores.

(0,17MB).

De 1960 en adelante encontramos una tendencia totalmente opuesta. Comparando los 3 inventarios nacionales realizados en España a partir de los años sesenta, y a pesar de las incoherencias derivadas de los cambios metodológicos introducidos (Terradas et al., 2004), podemos observar un incremento continuado de la superficie forestal y arbórea (fig. 2). Sin contabilizar la superficie improductiva natural, en 1970 el monte ocupaba 1.846.767ha, 1.855.944ha en 1989, y 1.930.482ha en 2000, pasando del 58% de la superficie total de Cataluña en los años setenta al 60% en años recientes. En el mismo período la superficie arbolada pasó del 36% al 51% (Casals, 2005).

Figura 2.

Evolución de los principales usos del suelo dentro de la superficie total de Cataluña (1970-2000).

Fuente: elaboración propia a partir de Terradas et al. (2004) y Casals (2005).

(0,09MB).

La misma tendencia de crecimiento se observa analizando la evolución del Mapa de Cubiertas del Suelo de Cataluña, con una superficie forestal de 1.941.303ha en 1993 y 2.052.618ha en 2009, pasando del 61% al 64% respecto a la superficie total. Según esta fuente la superficie arbórea ha aumentado del 38% al 42%, y cubre un total de 1.348.182ha en 2009 (MCSC, web del CREAF).

Schwarzlmüller (2008) estima para 1955 una superficie arbolada en España del 40% respecto el conjunto de la SAU (fig. 3). Aplicando esa proporción cuando el área inculta suponía alrededor del 60% de Cataluña, únicamente el 24% de la SAU había sido bosque entre 1932 y mediados del siglo xx. Por su parte, en 1921 Emili Huguet del Villar estimó la superficie arbórea de España en un 15% de la superficie total (Tello y Sudrià, 2010). Fuera cual fuera su nivel, todo indica que la máxima deforestación debió alcanzarse en algún momento entre la Primera Guerra Mundial y la década de 1950, con puntos de inflexión probablemente distintos según provincias y comarcas.

Figura 3.

Estimación de los usos del suelo dentro de la superficie agraria útil de España en 1955.

Fuente: elaboración propia a partir de Schwarzlmüller (2008, pp. 34-35 y 62-63).

(0,1MB).

Entenderemos mejor esos grandes cambios en las cubiertas del suelo si los relacionamos con las diversas etapas por las que ha pasado el régimen sociometabólico, desde una economía «orgánica» (Wrigley, 2010) cuyos flujos de energía y materiales se basaban en la biomasa, a otra fundada principalmente en la desacumulación de combustibles fósiles (Smil, 2010; Krausmann et al., 2012). Durante la primera revolución industrial y los albores de la segunda (1780-1950), el conjunto del sector primario siguió basándose en las formas tradicionales de captación indirecta de la energía solar, mientras gran parte de la industria y los transportes pasó a ser propulsada masivamente por carbón mineral y los derivados del petróleo (Fischer-Kowalski y Haberl, 2007). Aquel desfase energético entre una economía urbano-industrial basada en el carbón, y un sector agrario que aun consumiendo cantidades crecientes de fertilizantes industriales seguía mayoritariamente basado en la tracción animal, el estiércol y las rotaciones de cultivos, solo desaparecería con la plena industrialización de la agricultura y la cría ganadera producida durante la segunda mitad del siglo xx en plena era del petróleo barato (Smil, 2001a, 2001b, 2003). El régimen sociometabólico basado en la captación indirecta de energía solar a través de la biomasa tenía un elevado «coste territorial» (Guzmán Casado y González de Molina, 2009) que se traducía en extensión del cultivo, mientras que los flujos energéticos basados en la desacumulación de combustibles fósiles han comportado después una «emancipación temporal del suelo» (Mayumi, 1991; Sieferle, 2001a, 2001b). Eso explica por qué sólo con la llamada «Revolución Verde» de1960 en adelante (Naredo, 1996) pudo tener lugar una completa reversión de la anterior tendencia hacia la deforestación.

3La política forestal desde 1833 a 19393.1De la privatización a las políticas forestales activas

En el siglo xviii había aumentado la presión sobre los recursos forestales, con la extensión del cultivo y un mayor consumo naval, energético o constructivo propulsado por el fuerte crecimiento demográfico y agrario (Vilar, 1966; Ferrer, 2007). En la etapa final del absolutismo los derechos privados y colectivos de los pueblos sobre los recursos forestales se vieron amenazados por las crecientes demandas militares de la monarquía, que durante más de medio siglo desarrolló una compleja estructura burocrática para controlar el monte. Sin embargo, a finales de siglo xviii se alzaron voces en favor de una política más liberal para mejorar el estado de los bosques.

Tras varios vaivenes hacia una mayor o menor liberalización de los recursos, en 1833 se aprobaron las Ordenanzas Generales de Montes que marcarían la política forestal liberal hasta finales del siglo xix1. Todos los privilegios de la Marina Real quedaron abolidos, y se concedió plena libertad a los particulares para cercar los montes y llevar a cabo los usos más provechosos. Las ordenanzas locales solo regularían técnica y comercialmente los aprovechamientos de propiedad colectiva. Se estableció una policía común y la obligación de obtener autorización de la propiedad para cualquier uso de personas ajenas a la misma. La caza y la pesca también pasaron a ser derechos privativos del propietario. Las pocas normas que siguieron vigentes eran las que otorgaban libertad de paso al ganado trashumante2.

La etapa del liberalismo oligárquico decimonónico se caracterizó en Cataluña por un crecimiento demográfico sostenido, a un ritmo inferior al del setecientos, y un proceso de crecimiento económico, industrialización y urbanización que comportaron un inicio de la transición socioecológica a los combustibles fósiles bastante temprana (Sudrià y Bartolomé, 2003; Malanima, 2006; Gales et al., 2007; Nadal et al., 2012). La construcción de naves de madera y el consumo de carbón vegetal en la fundición de hierro de las fargas pirenaicas se había reducido considerablemente desde finales del siglo xviii (Delgado, 1983; Mas, 2000). Aparentemente todo eso favorecía que el sueño liberal se hiciera realidad: la conservación y mejora del bosque iría de la mano de su privatización. Nada más lejos de la realidad, sin embargo (Ramos-Gorostiza, 2009).

La reforma agraria liberal impulsó una nueva restructuración del espacio agrario. En 1860 había en Cataluña 1.972.112ha de monte que representaban el 67% de la SAU, pero retrocedieron con las roturaciones destinadas principalmente a la vid, olivos y frutos secos (Grupo de Estudios de Historia Rural [GEHR], 1994). Las 308.484ha de viñedo existentes en 1860 aumentaron un 19% hasta alcanzar el máximo de 367.445ha en 1885, descendiendo después de la plaga de la filoxera hasta 249.729ha en 1930 (Badia-Miró et al., 2010). En 1893, en plena crisis agraria, un articulista escribía: «El cultivo de la vid ha sustituido a la explotación descansada y segura del monte. Lo que nos queda de riqueza forestal, como no vale dinero, se destruye sin provecho de nadie. No tenemos el monte que debiéramos tener, pero todavía tenemos extensión apreciable que urge conservar, dilatar y explotar racionalmente y a toda costa»3.

Por otra parte, se incrementó la presión sobre los recursos forestales que seguía albergando una superficie de monte cada vez menor. Hasta la Segunda Guerra Mundial el consumo de combustibles fósiles no sustituyó sino que se añadió al creciente consumo de biomasa forestal, pues es solo a mediados de siglo xx cuando se produce una sustitución plena de la leña o el carbón vegetal por gases licuados del petróleo o gas natural (Iriarte-Goñi y Ayuda, 2008; Iriarte-Goñi, 2013). Muchas fotografías de finales de siglo xix muestran el mal estado de los bosques catalanes medio siglo después de la reforma liberal. En un artículo publicado en 1897 se leía: «Explayo mi mirada por las laderas inmensas (pirenaicas) de uno y otro lado: calveros ingratos que dejan al descubierto la roca pelada o la pedregosa tierra estéril, aquí y allá rastrojos que acusan la invasión predeterminada de la zona forestal por la de cultivo»4.

Era cada vez más evidente que la panacea de la privatización había fracasado, pues los propietarios del monte no conservaban el bosque tanto si conseguían explotarlo con provecho como si no lo lograban. A principios del siglo xx los grandes propietarios catalanes se quejaban de las dificultades económicas provocadas por los elevados costes de transporte ferroviario, y la falta de un arancel que limitara las importaciones —especialmente de Portugal e Italia— que entre 1900 y 1935 cubrieron un 22% del consumo español de madera (Iriarte-Goñi, 2008, p. 53). También lamentaban la crisis del sector del corcho, con un descenso de los precios que ponía en peligro los alcornocales al resultar más rentable explotarlos para leña y carbón5. Con la Primera Guerra mundial el precio del carbón vegetal se multiplicó 2 veces y media de 1913 a 1922 (Sala, 2003). Aunque los precios de la madera experimentaron alzas menores y más volátiles, probablemente en aquellos años la urbanización y difusión de nuevas «cocinas económicas» llevó la producción de carbón vegetal hasta su cénit histórico.

Durante la crisis finisecular se abrió paso de nuevo la idea de que tanto el fomento del desarrollo económico como la protección de los recursos naturales requerían una intervención pública más decidida y eficaz. El retorno a políticas públicas activas también se vio favorecido por el contexto de fuerte represión de conflictos sociales en aumento, derivados tanto de la privatización y mercantilización del bosque como del intervencionismo del Estado a favor de los grandes propietarios (Cobo Romero et al., 1992; Grupo de Estudios de Historia Rural [GEHR], 1994; Sala, 1997; Cruz et al., 2000; Iriarte-Goñi, 2005). El anterior vacío liberal de políticas públicas había comenzado a cerrarse con la aprobación en 1863 de la primera ley de montes, aunque su ámbito se mantuvo restringido a los bosques de propiedad pública. Uno de sus resultados más importantes fue la creación de la Escuela de Ingenieros de Montes, cuya primera promoción se licenció en 1852-1853 (Gómez-Mendoza y Mata-Olmo, 1992; Gómez-Mendoza, 2002; Casals, 1996). El nuevo cuerpo de ingenieros era partidario de una gestión pública de larga capitalización, frente a una gestión privada del monte orientada a la rentabilidad inmediata. A partir de las ideas de la ciencia dasonómica alemana, quería conjugar el aumento de la producción maderera con la conservación del patrimonio forestal (Casals, 2009).

A principios de siglo xx los montes públicos se dividían en 3 grupos: los sujetos al régimen de ordenaciones; los sujetos a trabajos hidrológico-forestales; y los de servicio ordinario, estadístico y de guardería por los distritos forestales6. Pese a que los 2 primeros grupos no llegaban a la décima parte, su custodia requería una carga administrativa importante y la administración forestal se mantuvo crónicamente infradotada. La superficie forestal siguió reduciéndose por el avance roturador, mientras las extracciones de leña, carbón u otros aprovechamientos privados se intensificaban (Grupo de Estudios de Historia Rural [GEHR], 2003, p. 339).

Entre 1914 y 1925 la mancomunidad de Cataluña creó su propia Oficina de Estudios Jurídicos, una Escuela Superior de Agricultura y un servicio forestal. Bajo un espíritu crecientemente nacionalista, la política forestal catalana reforzó el empeño en conservar el bosque y reforestar los montes denudados, experimentando con nuevas técnicas y especies a la vez que recopilaba las costumbres y conocimientos silvícolas tradicionales. En 1918 se aprobó la Ley de Defensa de los Bosques, que ante el impulso deforestador de aquella coyuntura bélica obligó hasta 1920 que los propietarios solicitaran autorización para cortar madera y extraer leña o carbón vegetal7. En 1924, bajo la dictadura de Primo de Rivera, se prohibió la corta a hecho en los bosques privados y en 1925 se limitaron los aprovechamientos concedidos, exigiendo autorización para efectuar cortas y roturaciones (Muñoz, 1983).

Con la aprobación en 1916 de la Ley de Parques Nacionales se abrió paso la idea de preservar espacios naturales (Ramos-Gorostiza, 2005), que ya había sido precedida en Cataluña por las propuestas de 1902 y 1917 de proteger «la Muntanya Santa de Montserrat» y el «Bosc de Tosca de la Vall d’en Bas»» (Mallarach y Comas, 2008). En 1932 la Generalitat republicana aprobó el Pla de distribució en zones del territori català (Regional Planning) que incluía parques y bosques reservados (Casals, 2005, pp. 260-278). Sin embargo, el primer espacio protegido en Cataluña —el Parque Nacional de Aigüestortes y Sant Maurici— no se aprobó hasta 1955.

De 1931 a 1939 la política de la Generalitat republicana coincidió con una presión intensa sobre los recursos madereros, ganaderos y energéticos. Aunque poco pudo hacer para remediar esa situación, se fomentó la participación privada y la formación con la creación del Consell d’Agricultura, Ramaderia i Boscos, escuelas agrarias y centros de investigación8. Se acentuó el control sobre los aprovechamientos forestales a través de un servicio forestal propio encargado del estudio de proyectos de repoblación, y de expedir y valorar las licencias de corta por selección con posibilidad de marcaje previo9. Solo si existía un proyecto de ordenación bastaba con presentar un certificado del ingeniero redactor, fuera este de la administración o privado.

En 1934 se publicaron nuevas directrices silvícolas para los montes de propiedad privada con el objetivo de garantizar el recubrimiento arbóreo10. Las repoblaciones serían voluntarias, a partir de contratos entre la administración forestal y el propietario, previa aprobación de un proyecto. Pese a durar tan poco tiempo, se reforestaron algunos parajes11. Todo ello se completó con campañas públicas para educar y concienciar sobre la protección del arbolado12. A partir de 1936, ya iniciada la Guerra Civil, se controlaron o suspendieron algunos aprovechamientos ante una demanda excepcional y la necesidad de garantizar el suministro al ejército y la población civil13.

3.2La formación de un patrimonio forestal público

Las políticas forestales activas tuvieron que circunscribirse durante mucho tiempo al patrimonio forestal público que sobrevivió a la privatización, por lo que conviene examinar el impacto que supuso el cambio de régimen de propiedad liberal. La enajenación y privatización de comunales fue menor en Cataluña que en el resto del Estado español, dado que el entramado jurídico enfitéutico ya había dado lugar a una casi-privatización de hecho (Sala, 1998). Pese a ello, la reforma liberal también comportó en Cataluña un aumento del poder de los grandes y medianos propietarios, un acceso restringido de nuevos grupos sociales a la propiedad de la tierra, y la entrada de capital mercantil en la explotación de los recursos.

Los procesos de desamortización de Godoy (1805) o durante el Trienio Constitucional (1820-1823) fueron muy efímeros. Con la desamortización de Mendizábal de 1837 buena parte de los bienes de la iglesia fueron vendidos a la población más acomodada. Más importante para la propiedad forestal fue la Desamortización General de Madoz de 1855, que inició la privatización de bosques y pastos comunales con la expropiación y venta de bienes municipales o corporaciones civiles a través de un complejo proceso que duró más de 60 años. La ley de 1855 permitía exceptuar de la venta algunos montes por sus funciones económicas, sociales e hidrológicas, y su catalogación en 1859 y 1862 fue una de las primeras tareas asumida por el nuevo cuerpo de ingenieros forestales. En la primera etapa se aprobó la Clasificación General de los Montes Públicos que separaba los montes exceptuados de los montes enajenables14. Según la clasificación de 1859, Cataluña tenía 367.610ha de monte público, menos del 19% de la superficie forestal, aunque llegaban al 40% en la provincia de Lleida. La mayoría eran montes de los pueblos, y en menor proporción del Estado o corporaciones civiles. Se trata de cifras mínimas que probablemente deberíamos rectificar al alza hasta 441.391ha (Jiménez-Blanco, 1994), un 22% de la superficie forestal (Grupo de Estudios de Historia Rural [GEHR], 1994, p. 139)15.

La clasificación de 1859 también pretendía desamortizar en Cataluña el 16% de montes públicos, exceptuando tan solo 309.963ha, un 16% de toda la superficie forestal (Casals, 2005, p. 222). Eran cifras inferiores a las del conjunto español, exceptuando el País Vasco, donde se pretendía desamortizar cerca del 34% de montes públicos (MAPA, 1990). La presión del Ministerio de Hacienda para hacer cumplir la Ley Madoz dio lugar a la formación de la Junta Facultativa de Ingenieros de Montes que debía seleccionar los montes exceptuados de venta. Uno de sus informes declaraba: «El interés individual descuaja, realiza las existencias, coloca los fondos en negocios ordinarios y deriva las tierras al cultivo agrario. Las desamortizaciones anteriores fomentaron el descuaje de los montes y favorecieron por consiguiente el pernicioso sistema del cultivo extensivo» (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [MAPA], 1990).

La clasificación dividió los montes públicos en 3 tipos: 1) los que quedaron exceptuados de venta, principalmente montes de pinos, robles y otros; 2) los montes de dudosa enajenación, formados fundamentalmente por alcornocales y encinares; y 3) todos los demás montes declarados en estado de venta. Otro Real Decreto de 1859 incluyó en el primer grupo los montes desarbolados que debían ser reforestados. En aplicación de un artículo de la Ley de Madoz se permitió exceptuar también los montes de aprovechamiento común (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [MAPA], 1990). Tras una ratificación de 1888, estos fueron administrados por el Ministerio de Hacienda hasta 1921, cuando todo el patrimonio público forestal pasó a formar parte del Ministerio de Fomento16.

En 1861 la redacción del Proyecto de Ley de Montes revisó de nuevo aquellos criterios para incrementar la venta de bienes públicos. Únicamente se exceptuaron los montes cuyas especies dominantes fueran pino, roble o haya, y su superficie superara las 100ha17. Así nació el Catálogo de los Montes Públicos Exceptuados de la Desamortización que protegía 172.359ha a la vez que pretendía vender el 53% del monte público (Casals, 2005). Las nuevas reglas se incorporaron a la Ley de montes de 1863 y su reglamento de 1865, manteniendo la exceptuación de los montes de aprovechamiento común18.

En 1901 se hizo otro catálogo de montes exceptuados de la desamortización, aprobado definitivamente unos años después (Pérez-Soba, 2006), en el que se introdujo por primera vez el concepto de utilidad pública19. La Ley de Conservación de Montes y Repoblación Forestal de 1908 amplió este concepto a los montes públicos o privados en los que se reconocieran funciones ambientales importantes (Ministerio de Fomento, 1908)20. La catalogación de montes protectores generó nuevas fórmulas de intervención al establecer que el propietario debía recuperar el recubrimiento arbóreo, o bien ceder temporalmente al Estado la propiedad del vuelo, o donar la propiedad misma. En 1901 había en Cataluña 288.113ha forestales catalogadas de utilidad pública (Casals, 2005, p. 223), que con la ampliación de criterios pasaron a 309.283ha en 1910 (Servicio de Minas y de Montes, 1911). Era una cifra muy parecida a la de 1859, y a las 383.871ha de 1926 (Grupo de Estudios de Historia Rural [GEHR], 1994, p. 139).

Durante el siglo xx, el porcentaje de montes de utilidad pública osciló alrededor del 10% de la superficie total de Cataluña, y el conjunto de monte público se situaría en torno al 12%. El 89% se encontraba en la provincia de Lleida según los montes exceptuados de venta de 1859, y el 74% según los datos de 1922. En las provincias de Girona y Tarragona solo suponían el 10%, y un 2% en la de Barcelona (Casals, 2005; Grupo de Estudios de Historia Rural [GEHR], 1991; Ministerio de Agricultura, 1945-1971, 1966, 1970a, 1970b, 1970c; Abreu, 1995). Todo ello indica que la desamortización y privatización de montes no fueron muy importantes en Cataluña, incluso admitiendo que desconocemos la entidad de las llevadas a cabo en la primera mitad del siglo xix (Jiménez-Blanco, 1996; Balboa, 1999). Sin embargo, establecieron definitivamente la distribución de la propiedad forestal en manos privadas o públicas, teniendo estas segundas un papel clave en la configuración de las políticas forestales activas desde finales de siglo xix.

Los montes no estaban en buen estado ni antes ni después de aquellos procesos de privatización. En la motivación del Real Decreto de 1862 se afirmaba: «El mal tan justamente lamentado en este punto no consiste en la carencia de terrenos forestales sino en el triste estado de espesura y crecimiento de las masas de vegetación arbórea»21. En la introducción del Real Decreto de 1901 se leía: «Los montes públicos, aparecen hoy en nuestra Patria entregados a tales estragos de talas y devastaciones, que si no se contiene rápidamente semejante destrucción de barbarie bastará el transcurso de breves años para la total destrucción de nuestra riqueza forestal. A la destrucción de los montes públicos se une ahora la cotización en el mercado con alzas vertiginosas, soliviantando mayores codicias»22. En 1922, coincidiendo con un pico de demanda, se retomó la idea de 1908 de catalogar los montes protectores basándose en el mal estado de los mismos: «Los pueblos y particulares se muestran reacios a conocer sus verdaderos intereses prefiriendo la continuación del desorden de cortas desmesuradas y descuajes motivados por el acicate del lucro con perjuicio manifiesto de la economía nacional»23.

Si todo ello era cierto, se trataba de una «tragedia de la privatización»: esto es, de los efectos de una reforma liberal que había dejado en manos privadas la gestión del bosque limitando la intervención pública a unas reglas generales de policía siempre administradas a favor de sus propietarios (Ortega Santos, 2002). Incluso cuando se reintrodujeron algunas políticas forestales más proactivas, estas controlaron únicamente los pocos montes de utilidad pública. En Cataluña aquellos aprovechamientos públicos registraron unos valores medios muy parcos: 85.982mcc/año entre 1903 y 1929, principalmente para leña, obtenidos en un 76% en la provincia de Lleida (Grupo de Estudios de Historia Rural [GEHR], 1991; web del Instituto Nacional de Estadística [INE]).

3.3De la ordenación a la repoblación forestal

Las primeras generaciones de ingenieros forestales buscaban una explotación forestal «racional», basada en la ciencia forestal establecida desde principios del siglo xix en distintos países europeos a partir de la dasonomía germana, que permitiera conjugar la conservación del recurso con la rentabilidad económica de la propiedad, el abastecimiento de la población urbana y el proveimiento de las demandas industriales. Su ideal era el bosque ordenado, orientado principalmente a la producción maderera de forma equiproductiva, armonizando el crecimiento de la masa con el aprovechamiento maderero. Después de las primeras instrucciones de 1890 (Mackay, 1944), en 1894 se aprobó la Ley sobre Ordenaciones forestales24. En 1930 se promulgaron otras instrucciones inspiradas en unos principios de economía forestal más flexibles y adaptadas al medio mediterráneo (Iriarte-Goñi, 2005, 2009), aunque los vaivenes políticos impidieron su posterior aplicación (Madrigal-Collazo, 1999).

En 1910 Cataluña tenía ordenadas 15.138ha en la Val d’Aran, que representaban el 6,5% del total de la superficie catalogada en la provincia de Lleida (Servicio de Minas y de Montes, 1911), y solo ascendieron a 28.101ha en 1931 (Dirección General de Montes, Pesca y Caza, 1933): un balance muy pobre, 37 años después de la ley de ordenaciones. Ante la gravedad de la deforestación existente, los ingenieros de montes adoptaron una orientación más pragmática, conservacionista y orientada al fomento de la repoblación forestal (Ramos-Gorostiza y Trincado, 2003).

Durante el reinado de Alfonso XII ya se habían intentado reforestar las cabeceras de los ríos y algunas zonas con nula regeneración natural. Para emprender obras hidráulicas de gran envergadura y hacer frente a los riesgos hidrogeológicos se aprobó en 1877 la Ley sobre repoblación, fomento y mejora de los montes públicos25, que obtuvo pocos resultados (Gómez-Mendoza, 1992)26. Tras las graves inundaciones de 1888 se organizaron Comisiones de Repoblación en cada cuenca hidrográfica27. En 1901 se creó el Servicio Hidrológico Forestal para aunar la política forestal e hidráulica, con 10 Divisiones Hidrológicas Forestales que debían regular el régimen de escorrentías en las cabeceras de cuenca independientemente de su titularidad28. Además de prevenir inundaciones o evitar la erosión, el reglamento quería aumentar la producción forestal y piscícola, e incluso situar en la frontera masas forestales densas frente a una posible invasión enemiga. Un decreto de 1901, y la Ley de Conservación de Montes y Repoblación Forestal de 1908, justificaban la necesidad de repoblar ante el agotamiento del suelo que imposibilitaba la regeneración natural del bosque.

Las primeras actuaciones en Cataluña se llevaron a cabo para limitar el avance de las dunas del Golf de Roses hacia cultivos y pueblos, y regular las crecidas en las cabeceras de los ríos Segre, Francolí y Llobregat (Casals, 2005). Los ambiciosos objetivos de aquellas políticas estuvieron lejos de cumplirse, tal como reflejaba una comunicación en 1911: «la ley de 1908, si bien marcó un gran paso en la orientación forestal de España, es preciso confesar que sus resultados prácticos han estado totalmente nulos hasta día de hoy»29. En la Semana Forestal de 1929 se afirmaba: «No conozco ningún caso de aplicación de la ley de 1908 y lo mismo ocurre a personas competentes a quienes he preguntado. Es, pues, innegable el fracaso de una ley que en veinte años no ha dado ningún fruto». Ante aquel fiasco se promulgó en 1922 otra norma para fomentar la repoblación en montes públicos aunque no estuvieran declarados de utilidad púbica30. El propio ministro de Fomento decía: «Es forzoso reconocer que no ha podido el Estado, por insuficiencia de sus medios económicos alcanzar en esta obra la debida intensidad que impida continúen improductivas y estériles millares de hectáreas de montes de utilidad pública, […] los altos precios alcanzados por las maderas en los últimos años y la destrucción de bosques motivada por la gran contienda que asoló gran parte de Europa, acrecentando la codicia de los industriales, ha determinado la tala de muchos montes particulares, llegando a producir la escasez de una primera materia de tanta importancia para la industria».

Durante los años veinte la planificación hidrológica adoptó una dimensión ambiental cada vez más amplia (Díaz-Marta, 1997; Ibarra et al., 2008). Cuando en 1926 se crearon las Confederaciones Hidrográficas los ingenieros forestales se integraron en las actividades de gestión de las cuencas hidrográficas en aplicación del Plan Nacional de Repoblaciones de los Montes31. Las actuaciones en las partes altas de las cuencas debían financiarse por el Estado, pero la participación de entidades públicas o privadas en las partes bajas quedó en agua de borrajas (Gómez-Mendoza y Mata-Olmo, 1992). En 1931 la mayoría de los montes públicos seguían tutelados por los 3 distritos existentes, y solo unas 26.000ha formaban parte de la división hidrológica (Dirección general de Montes, Pesca y Caza, 1933), incumpliéndose los objetivos de repoblación y ordenación establecidos32.

4La política forestal durante el franquismo (1939-1976)4.1Autarquía y control social

La victoria franquista comportó de entrada una política económica intervencionista y autárquica. Se dispuso un mayor control sobre los recursos forestales públicos y privados, a partir de un potente entramado administrativo, con un balance estadístico anual de los aprovechamientos a partir de 1940 y la realización en 1966 del primer inventario nacional (IFN1) para obtener datos cuantitativos sobre cabidas y existencias de la riqueza forestal de cada provincia.

En los montes privados el control se hizo a partir del decreto de 1938, aprobado en plena guerra civil, que obligaba a solicitar autorización para el aprovechamiento maderero y en cuya resolución se establecían las condiciones de venta de los productos33. Otras normas específicas en montes públicos o particulares garantizaban el suministro de traviesas ferroviarias. En 1953 se acentuó el intervencionismo, con mayores condicionantes en la compra y venta de los productos, previo marcaje, seguimiento y visita final de la corta por la administración forestal. La ordenación se hizo obligatoria en los montes de utilidad pública, aunque en 1954 únicamente estaban ordenadas 42.948ha (Ministerio de Agricultura, 1945-1971).

Otro objetivo importante fue la recuperación de los espacios desarbolados y una mejor protección del bosque público, dando mayor relevancia al Catálogo de Montes Públicos. Para gestionar el patrimonio público la Segunda República ya había creado en 1935 el Patrimonio Forestal del Estado. En 1941 el franquismo reforzó sus competencias con la gestión de los montes privados y municipales a reforestar, ya fuera mediante diversas figuras contractuales incentivadas por subvenciones, o de forma forzosa declarándolas zonas de utilidad pública34.

El Plan general para la Repoblación Forestal de España de 1939 estableció zonas a reforestar según funciones protectoras o económicas, y asignó a Cataluña 290.000ha con finalidades principalmente protectoras35. Entre 1940 y 1970 se repoblaron un total de 52.294ha —el 83% con Pinus halepensis, Pinus nigra y Pinus sylvestris, y el 1% con especies de crecimiento rápido—, casi 2 terceras partes en la provincia de Lleida donde la propiedad pública o colectiva era mayor (Casals, 2005, pp. 253-258). Treinta años después solo se había reforestado un 18% del total asignado, un 29% en 1980 (Casals, 2005) y un 33% en 1982 (Madrazo, 2010, p.348). Los distritos forestales también reforestaron otros montes de utilidad pública, y de particulares a través de subvenciones. De 1940 a 1968 se reforestaron 64.522ha, el 90% por el Patrimonio Forestal del Estado, el 60% en Lleida y el 24% en Tarragona. El resto las llevaron a cabo principalmente el Distrito Forestal de Lleida y los propietarios particulares de los montes de Girona36. No se cumplieron los objetivos del plan, y a veces las repoblaciones dieron lugar a plantaciones forestales —«ejércitos de árboles», como dijera Luis Ceballos— demasiado monoespecíficas y coetáneas para llegar a ser auténticos bosques (Groome, 1990).

Todas las normas forestales aprobadas hasta entonces quedaron modificadas o refundidas en la nueva Ley de Montes de 1957, y su reglamento de 1962, que mantuvieron el control de los aprovechamientos para todo tipo de monte, propiedad y uso. En su preámbulo se leía: «Se prescribe la necesidad del proyecto de ordenación o de plan técnico adecuado para la explotación de los montes públicos y se confirma, por precepto de ley, la indispensable intervención de la administración en los disfrutes […] de montes de dominio privado, de acuerdo con la doctrina general que impera en los países de avanzada cultura». Tales principios han constituido el marco normativo básico hasta principios del siglo xxi37.

4.2Efectos de la Revolución Verde

A partir de los años sesenta, y coincidiendo con la difusión de nuevas fuentes energéticas, tuvo lugar en España una rápida difusión de la Revolución Verde (Naredo, 1996, 2001) que provocó una transformación del mundo rural por el fuerte éxodo poblacional, la concentración de la propiedad y capacidad productiva, y la intensificación y mecanización del cultivo o la cría ganadera (Majoral, 2006). La creciente apertura exterior, y el aumento de las importaciones de madera, papel y piensos, fueron de la mano con la difusión de la bombona de butano y la implantación de granjas de cría intensiva de ganado que pusieron fin a la gestión múltiple e integrada del monte (Carpintero, 2005; Carpintero y Naredo, 2006; Bartoletto y Rubio, 2008).

Los aprovechamientos forestales tradicionales se redujeron, mientras cesaban de golpe el pastoreo extensivo, la trashumancia y el carboneo (Naredo, 1996, 2001). Los paisajes agroforestales cambiaron de nuevo profundamente, esta vez hacia un incremento de la superficie forestal y arbórea impulsado por el abandono rural. La gravedad de los incendios forestales de los años sesenta —uno de los resultados patentes del abandono— justificó en 1968 la aprobación de un ley para mejorar su prevención y extinción que señalaba como principal causa la mayor afluencia de visitantes en los montes, el descenso en el consumo de leña y brozas, y la despoblación rural38.

Entre 1940 y 1976 los aprovechamientos forestales medios se situaron en 815.229mcc/año, con un incremento entre los años cincuenta y primeros de los sesenta, cuando comenzaron a reducirse con un descenso importante de la extracción de leña que coincidió con el fin del carboneo en los años 1961-1967. En cambio, la extracción de madera aumentó un 35% de 1966 a 1976 respecto el período precedente (fig. 4). Los aprovechamientos procedían mayoritariamente de las provincias de Barcelona y Girona (el 35% y el 33%, respectivamente), principalmente de los bosques privados y para uso energético, seguidas de Lleida (el 22%), sobre todo madera de los bosques públicos, y Tarragona con un 10%, donde la leña superaba en poco a la madera. Esas pautas respondían más a la localización de la población y las industrias consumidoras, que a la del recurso, pues en 1970 la provincia de Lleida concentraba la mayor superficie forestal (37%) y la mayor proporción de monte público (34%), seguida de Barcelona (con un 27% y un 3%), Girona (un 23% y un 10%) y Tarragona (un 14% y un 20%) (Ministerio de Agricultura, 1966, 1970a, 1970b, 1970c).

Figura 4.

Evolución de los aprovechamientos forestales en Cataluña (1940-1976).

Fuente: elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de España de la web del Instituto Nacional de Estadística (INE) (http://www.ine.es/) y del Ministerio de Agricultura (1945-1971).

(0,26MB).

Aquellos aprovechamientos medios anuales de 0,8 millones de mcc/año eran muy inferiores a la producción natural de los bosques, que podemos estimar en unos 3,6 millones de mcc/año39. La relación entre extracciones y producción primaria neta anual de toda la superficie forestada estaría situada en un 23%. Teniendo en cuenta que los aprovechamientos provienen de unas cortas cuyo rendimiento medio es inferior a los 30mcc/ha, eso supondría aprovechar únicamente un 3% de la superficie arbolada existente40.

La baja presión sobre los recursos madereros comportó un incremento de la superficie arbórea, que solo se vería frenada por los incendios forestales. En promedio se quemaron anualmente en Cataluña 4.166ha de bosque entre 1968 y 1976, el 50% en la provincia de Tarragona (información ambiental de 2012 facilitada por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña). Esa etapa estuvo caracterizada por 2 rasgos muy característicos: un amplio abandono de la gestión forestal de los bosques privados, y un proceso de «maderización» en los menguantes aprovechamientos del monte que permanecía en explotación (Grupo de Estudios de Historia Rural [GEHR], 2003).

5Redescubriendo los bienes comunes ambientales (1977-2010)

Tras entrar en vigor la Constitución Española de 1978, en 1980 se traspasaron las funciones y servicios del Estado a la Generalitat de Cataluña en materia de conservación de la naturaleza41. A partir de entonces la política forestal ha dado continuidad al control de los aprovechamientos públicos y privados, tratando de vincularla a la creación de espacios protegidos a través de una larga lista de normas autonómicas, estatales y europeas, hasta llegar a la aprobación de la Red Natura 2000 que actualmente protege el 30% de toda la superficie catalana42. Las acciones de reforestación, tanto en zonas forestales como agrícolas, no fueron muy significativas en ese período (Terradas et al., 2004; Bona et al., 1996)43. En cambio, se impulsó la gestión forestal sostenible en su triple dimensión económica, ambiental y social a través de la ordenación de montes privados, la prevención de los incendios forestales, la protección de hábitats y especies vulnerables, y el fomento del desarrollo rural mediante ayudas y subvenciones.

La gestión forestal efectiva se concentró en las zonas de mayor producción, mientras la biomasa forestal aumentaba sin cesar a pesar del impacto de grandes y recurrentes incendios forestales que fueron muy importantes en los años ochenta (especialmente el de 1986), y de nuevo en 1994, 1998, 2003 y 2005. La provincia de Barcelona, con una media anual de 3.339ha quemadas, representa el 47% del total afectado entre 1977 y 2011 (información ambiental de 2012 facilitada por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña).

Entre 1977 y 2010 los aprovechamientos medios se han situado en 744.123mcc/año (el 70% de madera), lo que supone un descenso del 9% respecto el período anterior. Esa reducción se debe principalmente a la caída del consumo de leña a partir de mediados de los noventa, solo parcialmente compensada por un ligero aumento de la madera de uso industrial (fig. 5). El impacto de eventos como nevadas copiosas o incendios, que han obligado a retirar más biomasa, y de las políticas de desarrollo rural, con ayudas a la gestión forestal sostenible a partir de 1994, pueden estar detrás del ligero incremento de madera extraída. La mayoría de los aprovechamientos siguen procediendo de la provincia de Barcelona en un 45%, de Girona en un 33%, y en menor medida de Lleida con un 18% y Tarragona con solo un 4%.

Figura 5.

Evolución de los aprovechamientos forestales en Cataluña (1977-2010).

Fuente: elaboración propia a partir del anuario de Estadística Forestal de España, web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de IDESCAT, 1985-2010.

(0,27MB).

A lo largo de este último período los aprovechamientos medios anuales de 0,74 millones de mcc únicamente representaron un 20% de la producción primaria neta del bosque, lo que supone aprovechar anualmente 28.620 de 1.214.615ha, el 2%44. Son valores muy inferiores a los de etapas históricas anteriores, que ponen de manifiesto un grado muy elevado de abandono de la mayoría de las masas arbóreas de Cataluña. Sus efectos se manifiestan a la vez en las 2 dimensiones de la cuestión forestal. La linde del bosque se ha expandido mientras la baja presión antrópica ha comportado un aumento de las existencias de biomasa arbórea acumulada. Si las masas forestales se cortan muy por debajo de su crecimiento, y los cultivos o prados circundantes se abandonan, el bosque crece en extensión y en densidad, acumulándose en ellos madera y también leña caída.

Sin negar que esa recuperación arbórea ha tenido algunos efectos ambientales positivos, la ecología forestal y del paisaje tienden a subrayar cada vez más la otra cara de la moneda. El abandono del uso múltiple e integrado del bosque, que mantenía en la matriz forestal un mosaico de cubiertas diferenciadas, ha comportado un deterioro ambiental derivado de la retirada de una intervención humana adecuada. El crecimiento descontrolado de esas masas forestales tan continuas y densas está disminuyendo la variedad de cubiertas y ecotonos, lo que reduce la diversidad de hábitats y especies mientras fomenta los grandes incendios forestales, y el creciente consumo de agua en las cabeceras forestadas reduce la escorrentía disponible para otros usos (Marull et al., 2008, 2010 y 2014; Parcerisas et al., 2012; Tello et al., en prensa).

El momento histórico de mayor planificación territorial y control sobre los recursos forestales coincide con un cambio importante en cuanto a la valoración de las funciones del monte. La producción maderera tiene un peso marginal en la economía del país. El subsector forestal solo aporta un 1,13% a la producción final agraria (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural [DAR], 2012), mientras los productos no madereros y los servicios ambientales son cada vez más demandados. En un horizonte marcado por el próximo fin de los combustibles fósiles baratos, todo eso conlleva la necesidad de una nueva gestión forestal activa orientada a mantener la biodiversidad del territorio y reducir los efectos del cambio climático.

6Conclusiones

Nuestra principal conclusión es que las políticas forestales acompañaron, pero no causaron, las 2 grandes tendencias de signo opuesto experimentadas en Cataluña desde el siglo xix hasta la actualidad: la creciente deforestación hasta mediados del siglo xx, y la rápida reforestación hasta la actualidad. La principal fuerza motriz ha sido el cambio de régimen sociometabólico, desde una economía «orgánica» basada en los flujos de biomasa, hasta una economía plenamente industrial —también en su sector agropecuario— basada en el consumo de combustibles fósiles.

Durante la etapa liberal de 1833 a 1939 la privatización y desregulación de los recursos naturales reforzaron la intensa presión sobre los montes ejercida por el crecimiento demográfico, la extensión de cultivos y la urbanización. Desde las normas absolutistas, la administración forestal española describió un movimiento de péndulo hacia un vacío de políticas forestales activas que llegó a ser casi total. El grave deterioro del recubrimiento arbóreo que eso provocó dio lugar a nuevas leyes y reglamentos de 1863 en adelante, que unidos a la creación de un patrimonio público gestionado por el cuerpo de ingenieros forestales pusieron en marcha nuevas políticas activas, que se intensificaron con la crisis agraria finisecular, el alza de precios durante la primera Guerra Mundial y el período republicano. A lo largo de toda la segunda mitad del siglo xx las regulaciones públicas fueron en aumento, pero la recuperación de la superficie arbolada solo comenzó realmente como resultado de la intensificación agraria, la plena transición energética a los derivados del petróleo y el abandono rural.

En esas 2 grandes etapas históricas, la inacción primero y la creciente regulación pública después pueden ser vistas como respuestas adaptativas a unas tendencias subyacentes mucho más poderosas que escapaban al control de la administración forestal. Pero eso mismo convierte a las políticas forestales, y a sus diagnósticos y remedios, en una fuente indirecta para subsanar un poco la carencia de datos estadísticos y fuentes cartográficas que nos permitan conocer mejor la evolución del paisaje agroforestal en nuestro país. Para llegar a conclusiones más precisas deben estudiarse esos mismos procesos en zonas más concretas que ayuden a desentrañar mejor sus rasgos ambientales, económicos y sociales. Solo así podremos concretar más la cronología, las fuerzas motoras, los agentes rectores y los impactos ambientales de la gran transición socioecológica que hemos observado aquí.

Financiación

Este trabajo se ha llevado a cabo en el proyecto HAR2012-38920-C02-02 sobre Sustainable farm systems: long-term socioecological metabolism in western agriculture, cofinanciado por el Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

Agradecimientos

Agradecemos a los revisores anónimos y al editor de esta revista sus comentarios críticos que han ayudado mucho a mejorar ese texto.

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Real Orden declarando que en los montes de propiedad particular puede cada uno introducir libremente sus ganados ó los ajenos (Gaceta de Madrid 84, 15/05/1834).

La riqueza forestal y los Tratados de Comercio, La Vanguardia (25/10/1893).

Los montes públicos, La Vanguardia (06/08/1897).

Comunicación del XIV Congreso de la Federació Agrícola Catalana-Balear de 1911 (Federació Agrícola Catalana-Balear, 1911).

En 1909 Cataluña tenía 3 distritos, el de Barcelona-Girona-Balears, Lleida y Castelló-Tarragona.

Ley relativa a la conservación y fomento de la riqueza forestal (Gaceta de Madrid 209, 28/07/1918), propuesta por el Ministro de Fomento Francesc Cambó (1876-1947) y el Director General de Agricultura Carles de Camps (1860-1939).

Decreto de 31 de octubre de 1931(BGC n.o 7, 01/11/1931) y Acuerdo de gobierno de 1932 (DGC n.o 12, 30/06/1932).

Acuerdos de gobierno de 1932 (BGC n.o 18, 30/0971932; n.o 22, 30/11/1932; n.o 10, 30/05/1932; n.o 17, 15/09/1932; n.o 30/04/1932).

Decret aprovant les Instruccions per a regular els aprofitaments dels boscos de propietat particular i llur policia (BOGC 165, 14/06/1934).

Acuerdos de Gobierno de 1932 y 1935 (BGC n.o 11, 15/06/1932; n.o 14, 30/07/1932; n.o 21, 15/11/1932; BOGC n.o 90, 31/03/1935).

Algunos lemas en aquellas campañas: Sin árboles no hay industria ni trabajo; Plantar árboles es contribuir a la consolidación de la nueva economía; La destrucción del bosque es la destrucción de la economía (Departament d’Edicions del Parlament de Catalunya, 2006. Cartells de la Col·lecció Fornas).

Ordre que dicta normes per a la suspensió dels aprofitaments en curs d’alzines, roures, verns i altres espècies similars (DOGC 91, 01/04/1938). Orden dando normas para facilitar, tanto al ejército como a la población civil, maderas, leñas, cortezas y plantas herbáceas de los montes declarados de utilidad pública (Gaceta de la República: Diario Oficial 7, 07/01/1938).

Real Decreto disponiendo se formen comisiones especiales de ingenieros de montes para que reconozcan las principales zonas forestales (Gaceta de Madrid 6734, 29/11/1852). Real Orden aprobando la clasificación general de los montes españoles, según el Real Decreto de 16 de febrero de 1859 (Gaceta de Madrid 287, 14/10/1859).

Actualmente representa el 27% según el catastro de 2010 (Fletas et al., 2012).

Ley relativa al aprovechamiento de las dehesas boyales (Gaceta de Madrid 131, 10/05/1888). Ley modificando los impuestos del presupuesto ordinario de ingresos (Gaceta de Madrid 244, 31/08/1896). Real decreto disponiendo que todos los montes públicos estarán en lo sucesivo a cargo del Ministerio de Fomento, a cuyo fin el de Hacienda se hará entrega de los que están actualmente sujetos a su administración (Gaceta de Madrid 156, 05/06/1921).

Real Decreto sobre desamortización de los montes públicos (Gaceta de Madrid 24, 24/01/1862).

Ley sobre montes públicos (Gaceta de Madrid 148, 28/05/1863) y Real Decreto aprobando su reglamento (Gaceta de Madrid 148, 28/05/1865).

Real Decreto disponiendo que los montes comprendidos en la relación que se acompaña constituyen el catálogo de los exceptuados de la desamortización por causa de utilidad pública (Gaceta de Madrid 37, 06/02/1901).

Ley disponiendo se consideren de interés general y utilidad pública, además de los catalogados por el Ministerio de Fomento, los montes y terrenos que deban repoblarse forestalmente y se hallen en determinados casos (Gaceta de Madrid 178, 26/06/1908).

Véase nota 11.

Véase nota 13.

Real Orden creando el Servicio del Catálogo de Montes Protectores (Gaceta de Madrid 265, 22/09/1922).

Ley, 1 de junio de 1894, sobre las ordenaciones forestales (Gaceta de Madrid, 02/06/1894) (Muñoz, 1983).

Ley dictando disposiciones referentes á la repoblación, fomento y mejora de los montes públicos (Gaceta de Madrid 194, 13/07/1877) y Real Decreto aprobando su reglamento (Gaceta de Madrid 20, 20/01/1878).

En el artículo Las inundaciones y los montes (La Vanguardia, 22/01/1892) se denunciaba: «Desde entonces (1877-1878) la administración pública ha recogido la importante suma de tres millones de duros […] que se han gastado en servicios distintos y ajenos a la mejora de los montes públicos».

Real Decreto sobre repoblación de las cabeceras de las cuencas hidrográficas de España (Gaceta de Madrid 38, 07/02/1888).

Real Decreto organizando el Servicio Hidrológico Forestal (Gaceta de Madrid 160, 09/06/1901). Cataluña formaría parte de la 1.a División Hidrológica-Forestal con capitalidad en la provincia de Lleida.

Comunicación del Marqués de Camps en el XIV Congreso de la Federació Agrícola Catalana-Balear de 1911.

Real Decreto relativo a la repoblación forestal (Gaceta de Madrid 266, 23/09/1922).

Real Decreto-Ley relativo al Plan General de Repoblación Forestal (Gaceta de Madrid 208, 27/07/1926).

El Plan Nacional de Repoblaciones de los Montes pretendía la repoblación un total de 125.000ha en la cuenca del Segre (Ibarra et al., 2008).

Decreto sobre Defensa de la riqueza forestal privada (BOE 97, 07/10/1938).

Ley sobre el Patrimonio Forestal del Estado (BOE 100, 10/04/1941).

Orden disponiendo la realización de un Plan General de Repoblación Forestal de España (BOE, 25/06/1938) (Muñoz, 1983).

Datos obtenidos del Anuario de Estadística de España de 1970 en la web del INE (http://www.ine.es/).

Ley de Montes (BOE 151, 10/06/1957) y Decreto 485/1962, de 28 de junio, por que se aprueba el Reglamento de Montes (BOE 61, 12/03/1962).

Ley de incendios forestales (BOE 294, 07/12/1968).

Estimación propia a partir de la superficie arbórea de 1970 del IFN1, y de los crecimientos de 2001 del Inventario Ecológico Forestal de Cataluña (web del CREAF: http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm).

Para este cálculo se ha tomado como rendimiento medio de los aprovechamientos madereros 26mcc/ha, cifra obtenida entre 2004 y 2010 en los bosques privados ordenados que agrupan el 58% del total de aprovechamientos de Cataluña (Rabascall, 2013).

Real Decreto 1950/80 (BOE 236, 01/10/1980).

Ley 6/1988 Forestal de Catalunya (DOGC 978, 15/04/1988). Decreto 328/1992 por el que se aprueba el Plan de Espacio de Interés Natural (DOGC 1714, 01/03/1993). Acuerdo GOV/112/2006 por el cual se designan ZEPA y se aprueba la propuesta de LIC (DOGC 4735, 06/10/2006) y posteriores modificaciones de 2009 (web de la Generalitat de Catalunya).

A un año de finalizar el Programa de reforestación de tierras agrarias para el quinquenio 1993-1997 (Reglamento CEE 2080/92 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de ayudas a las medidas forestales en la agricultura) en Cataluña se habían aprobado 1.953ha para su reforestación (Bona et al., 1996).

Estimación propia a partir de la superficie arbórea de 1993, del MCSC, y de los crecimientos de 2001 del Inventario Ecológico Forestal de Cataluña (web del CREAF: http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm).

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