La importancia de la etica en la formación de valor público

Resumen

La hipótesis central del trabajo se orienta a destacar que la formación de valor ético no es un asunto mercantil ni gerencial, sino que tiene como base las aportaciones de la ética, debido a que aporta valores fundamentales para incentivar la conducta social y el desempeño institucional sobre la base de que las sociedades necesitan conductas honradas que estimulen la legalidad, la responsabilidad y el sentido de pertenencia a la vida comunitaria. En este sentido, el enfoque del trabajo es más de carácter normativo y explicativo, ya que se trata de un asunto que se inscribe en el sentido de la vida estatal y la vida comunitaria para generar una atmósfera de confianza y mejor certidumbre institucional.

Abstract

The central hypothesis of the work it is to highlight the formation of ethical value is not a trade or management issue, it is based on the study of ethics, as it provides core values to encourage the social behavior and institutional performance on the basis that societies need honest behaviors that encourage legality, responsibility and a sense of belonging to community life. In this sense, the focus of the work is more norma-tive and explanatory, considering that this is a matter which falls within the meaning of state life and community life to create an atmosphere of trust and better institutional certainty.

Introducción

Los sistemas políticos y administrativos transitan hoy día por sendas de mayor exigencia, complejidad e interacción debido a la dinámica que tienen con la sociedad civil. Esta dinámica se relaciona con la deliberación y el sentido de los problemas colectivos, los cuales exigen de un tratamiento eficaz y con alta calidad en el desempeño de la vida institucional. El escrutinio de los ciudadanos sobre el desempeño de las instituciones públicas está aumentando por la pluralidad y diversidad de los procesos que intervienen en las transformaciones aceleradas que viven las sociedades contemporáneas. En este caso, las transformaciones de la democracia contemporánea responden a los cambios que en el orden económico, político y social, dan lugar a nuevas condiciones de vida, en las cuales la sociedad y el Estado ajustan sus vínculos, procesos, sistemas de comunicación y prácticas de gestión, debido a que ahora las políticas públicas se procesan de manera más abierta y los propios ciudadanos intervienen de forma más organizada en el diseño y ejecución de las propias estrategias públicas.

En este sentido, los temas vinculados con la eficiencia y el rendimiento de las instituciones públicas están rodeados de un ambiente de mayor presión y exigencia, lo que indica que los aparatos públicos no son ajenos a lo que sucede en la sociedad y, por tanto, la gestión de los asuntos comunes debe tener escalas más altas de eficiencia, ahora bien, considerando la importancia de la agenda pública y el papel activo de las organizaciones civiles en la construcción y definición de las políticas públicas, es importante una visión de reivindicacion institucional en el Estado y la Administración Pública, siendo que ambas figuras están ubicadas en el centro del quehacer público y, con ello, la bandera de la transparencia y efectividad son indisolubles.

De este modo, la recuperación de la ética es asunto relevante, porque nutre y aporta el mejor desempeño de la gestión institucional, ya que con su contenido normativo y prescriptivo, contribuye a eliminar situaciones relacionadas con la opacidad, la corrupción, los desfalcos, la cleptocracia, el patrimonialismo y la ilegalidad. Al invocarse la ética como fuente de valores normativos que se orientan a conseguir conductas ejemplares, es factible situar el sentido y filosofía del valor público, entendido en la lógica del buen gobierno. La producción del valor público necesita no solamente reglas institucionales y una eficiente gestión pública, sino también de valores del buen obrar que permitan fortalecer los contenidos, objetivos y metas de las políticas públicas. La producción del valor público, tarea central en las instituciones administrativas y gubernamentales, es una tendencia que permea al servicio público, con la exigencia de cuadros administrativos más comprometidos con el sentido de lo público y la necesidad de que las democracias se acrediten mejor tanto como una forma de gobierno, como un sistema funcional de vida para los ciudadanos y las organizaciones sociales.

Por consiguiente, el objetivo de estas ideas consiste en contribuir al análisis y explicación relacionados con la interacción compleja determinada entre la Administración Pública y la sociedad civil, destacando la necesidad de que su nexo sea mediado con valores que abonen en favor de la credibilidad y aceptación que son fundamentales para las instituciones estatales y administrativas. Asimismo, contribuir a puntualizar la importancia de la ética para favorecer que la calidad de vida en la sociedad tenga valores consustanciales a la democracia, ya que ésta tiene fuerte contenido ético desde el ángulo de la vida pública.

La hipótesis del trabajo se orienta a destacar que la formación de valor ético no es un asunto mercantil ni gerencial, sino que tiene como base las aportaciones de la ética, debido a que aporta valores fundamentales para incentivar la conducta social y el desempeño institucional sobre la base de que las sociedades necesitan conductas honradas que estimulen la legalidad, la responsabilidad y el sentido de pertenencia a la vida comunitaria.

En este sentido, el enfoque del trabajo es más de carácter normativo y explicativo, tomando en cuenta que se trata de un asunto que se inscribe en el sentido de la vida estatal y la vida comunitaria para generar una atmósfera de confianza y mejor certidumbre institucional.

Para fines de exposición, el trabajo se organiza del modo siguiente: 1. Contenido ético de la democracia, 2. El servicio público en la democracia, 3. la Administración benevolente, 4. La producción de valor público, 5. Conclusión.

Contenido ético de la democracia

Entendida como un sistema de vida, la democracia moderna se caracteriza por dar cauce a los valores éticos que favorecen la convivencia de las personas, grupos y organismos de la sociedad para asegurar la cooperación pública sobre la base del entendimiento y la colaboración. La democracia tiene una concepción de la vida que reivindica a las personas para que su sentido de realización sea pleno con base en valores éticos que combinan ideales, reglas, actos y comportamientos (MAP, 1997: 35-36) que favorecen la cohesión de la sociedad civil. Esto implica que el ser humano es el centro del quehacer institucional y que se ha convertido en el referente más importante para llevar a cabo la reproducción de la vida colectiva, tomando en cuenta los valores de la sociedad moderna, entendida ésta como la sociedad civil. Si la democracia reivindica a las personas en lo social, lo político y lo económico, significa que la vida colectiva se rige por elementos positivos que apuntan por la creación de las condiciones que favorecen mejores elementos de vida.

En la visión normativa de la democracia, el ser humano es portador de libertades subjetivas privadas y libertades subjetivas públicas que lo protegen para que se realice en las diversas facetas de los ámbitos civiles y políticos que se estructuran en el arquetipo de la sociedad civil, la cual se organiza en término políticos en el Estado de Derecho. Las primeras reconocen su ámbito de la privacidad e intimidad para que organice su vida en razón de valores y preferencias que dan sentido al mundo de la subjetividad. Las segundas conciernen al espacio público e implican que su conducta se explica de acuerdo con otros, lo cual supone que se desenvuelven en un marco de derechos y obligaciones que se formalizan en la comunidad civil y política organizada en el Estado. Estos aspectos son testimonio de cómo la democracia proclama valores que la definen como un sistema en favor de la vida de las personas y para ello se diseñan normas y procedimientos que favorecen la convivencia de la pluralidad en términos de la universalidad de las normas. La democracia desde el momento en que define reglas de reconocimiento para todos, se caracteriza como un modo de vida que articula valores normativos que tienen fuerte contenido ético.

Los valores de la democracia como la libertad, la igualdad, la equidad y el bienestar, tienen compromiso ético desde el momento que son universales en la sociedad civil moderna. Una de las ventajas de ésta consiste en que a partir de reglas generales que son para todos, es factible reconocer el universo de cada persona e integrarlo a un sistema de instituciones para que sean objeto de protección y reconocimiento. El significado del Estado de Derecho como organización suprema de la sociedad, se orienta a diseñar normas, universales (Sabater, 2007: 166) abstractas e impersonales que incluyen a todos en el mundo de la formalidad escrita que es sancionada por el Poder Legislativo. De este modo, las constituciones (Valadés, 2002: 107-108), las leyes, los reglamentos, los códigos, los estatutos, responde no sólo a imperativo políticos de orden y regulación, sino a imperativos éticos en los cuales la dignidad e integridad de las personas es fundamental para que sean reconocidos como personas civiles y como sujetos jurídicos. Le corresponde al Estado el diseño de normas que invocan un importante contenido ético que se relaciona con el lugar que ocupa la persona en la sociedad civil. Esta se integra por personas civiles y por ciudadanos que responden al valor de que hay un marco de autorizaciones para que se dediquen con lo mejor de su esfuerzo a lo que más les interesa, sobre la base de la ciudadanía (Sabater, 2007: 161) que también los caracteriza en el orden político de la democracia. Y al mismo tiempo son parte de una colectividad que se origina en las relaciones de sociabilidad que se enlazan con las interacciones que llevan a cabo.

Si la sociedad civil moderna proclama y ha proclamado la existencia de personas libres para que guíen sus acciones de manera libre y responsable, la democracia se ha convertido en un sistema de vida que tiene capacidades para articular con eficiencia lo individual y lo colectivo sobre la base de instituciones que enlazan a la comunidad con el Estado, a fin de superar las deficiencias y carencias de la vida individual y doméstica, dando vida a sistemas (Giddens, 2011: 116-117) sociales que organizan pautas regulares sobre la base de la democracia política. Un atributo de la democracia consiste en la forma de convivencia también considera valores éticos de importancia creciente como la tolerancia, el respeto y la civilidad, entendidos como elementos centrales para procesar la riqueza de la diversidad y la pluralidad. La tolerancia alude a la importancia de saber escuchar al otro; de no romper las reglas del buen trato cuando hay desacuerdos y en dialogar de manera razonable en materia de asuntos colectivos.

El respeto significa que no hay agresión ni daño hacia el otro, no obstante las diferencias de enfoque o criterio que se tenga frente a los problemas de la sociedad. La civilidad se refiere a la reglas de vivir como ciudadano con apego a las reglas públicas vigentes y que tienen como objetivo estructurar no sólo conductas correctas, sino incentivos a favor de aquellos que se ciñen a las normas de interés general. La contribución de la ética a la democracia es fundamental para el abordaje de asuntos como la transparencia, la rendición de cuentas, el papel de las contralorías y la impartición de justicia.

Los elementos destacados dan cuenta de que el sentido de lo público tiene como eje el uso y distribución de los recursos públicos, lo cual obliga como imperativo, a destinarlos a la atención de las necesidades sociales. La transparencia (Sabater, 2003: 93) es la vía para que los ciudadanos conozcan y evalúen lo que hace el gobierno de manera accesible y visible para evitar las prácticas de opacidad, entendida como un corrosivo que fomenta conductas antipúblicas que dañan al orden establecido y provocan que la desconfianza se arraigue, hasta provocar formas de descrédito en la vida pública. La rendición de cuentas se refiere a que las autoridades constituidas y el cuerpo de administradores del Estado son responsables de lo que realizan y que deben justificar ante la sociedad y los ciudadanos lo que llevan a cabo. Tiene como objetivo evitar la impunidad en el ejercicio de los cargos públicos y la importancia de justificar ante los gobernados tanto los logros como los errores o fracasos de la acción gubernamental. Las contralorías, por su parte, son órganos de vigilancia y control para monitorear de cerca el desempeño de los órganos públicos, sobre la base de preservar la moral administrativa y asegurar el eficiente ejercicio de los recursos comunitarios, procurando generar externalidades positivas, es decir, beneficios que favorecen a la vida comunitaria. Para ello asumen un papel activo en el conocimiento de las prácticas de gobierno para evitar la corrupción, la impunidad, el cohecho y la vigencia de privilegios. Y la impartición de justicia también se caracteriza por postular valores éticos que se refieren a la importancia de obrar con apego a la igualdad, la imparcialidad y la pulcritud de los procesos relacionados con el mundo de las sanciones y castigos.

Esto demuestra que la ética en la democracia no sólo es valor abstracto y normativo, sino que se orienta a conductas con apego a la honradez y la responsabilidad. La utilidad normativa de la ética consiste en que proporciona valores que una vez interiorizados, guían a las personas para que sus conductas sean mejores incluso ejemplares. Y para los responsables de la vida colectiva en condición de autoridades con investidura, les proporciona valores y normas para que su actuación pública no sea deleznable, sino ejemplar y decorosa.

El servicio público en la democracia

Un aspecto cardinal en la vida democrática relacionado con las creencias (Bilbeny, 2005: 54-55) para hacer las cosas, se refiere al vínculo entre gobernantes habitantes y ciudadanos a partir de entender la importancia de las instituciones administrativas y gubernamentales en los procesos de la vida asociada, por cuanto que son el medio que estructuran los sistemas de gestión pública para producir beneficios y llevar a cabo su distribución con alcance del bienestar colectivo. En sentido práctico, una forma de visualizar lo que sucede en la vida colectiva de la sociedad civil moderna, consiste en destacar que la relación de los gobernantes con los ciudadanos se ubica en relaciones contractuales que implican compromisos recíprocos para contribuir a la vigencia positiva del orden jurídico, administrativo, político y social, debido a que articula las reglas del juego que posibilitan que las personas y los actores sociales conozcan con anticipación los incentivos y sanciones que autorizan su desempeño en la esfera de la sociedad civil y en su relación con el Estado. Esta situación significa que los gobiernos se comprometen a garantizar la libertad, la propiedad y la seguridad de las personas, definiendo normas jurídicas y ejerciendo los medios de la dominación estatal, además de producir los bienes y servicios que favorecen el desarrollo de la vida productiva. Los ciudadanos, por su parte, aceptan cumplir las normas vigentes, pagar impuestos, comprometerse con los imperativos de la vida pública y adherir su lealtad con el orden establecido y de ese modo estructurar mejor los incentivos que favorecen el mejor desarrollo de la sociedad civil y los ciudadanos organizados, porque tienen, además, derechos políticos reconocidos (Embrid, 1996: 41).

En este sentido, hay relaciones de reciprocidad entre los gobernantes y los ciudadanos. En este marco de referencia se ubica el servicio público, ya que es el puente que comunica a unos y a otros para hacer factible la tarea de gobernar y administrar la vida colectiva con sentido de efectividad en el cumplimiento de las políticas públicas. El servicio público no sólo implica normas y procedimiento para la actuación de las autoridades, sino que proporciona los bienes y servicios que hacen posible el rendimiento de la vida individual y colectiva, con base en el esquema de la economía de mercado, la innovación productiva y la calidad del desarrollo social. Es un medio que comunica al gobierno con la sociedad, a las autoridades con los gobernados y al Estado con la vida colectiva. Por tal motivo, debe entenderse que el universo de su acción está dado por seres humanos y que se debe evitar una idea cosificada de los mismos, para evitar que la Administración Pública sea objeto de un enfoque deshumanizado. Si gobernar en sentido estricto es tratar con seres humanos, sus problemas, carencias y expectativas, eso implica que el servicio público tiene como premisa la importancia de atender y procesar carencias comunes, con el concurso del sistemas de instituciones que lo acreditan y justifican como la capacidad instalada de los gobiernos para atenuar conflictos, distribuir recursos, procesar demandas y diseñar políticas públicas idóneas para responder a las demandas en competencia.

Desde el momento en que se orienta a la atención y solución de problemas de los gobernados, adquiere un significado ético por cuanto al trato y el respeto con la condición humana. De igual modo, si la Administración Pública se relaciona con la atención y respuesta de las necesidades domésticas que se traducen en problemas públicos, su trato es con las personas que tienen no solamente condición civil como sujetos jurídicos, sino un mundo de oportunidades y restricciones que se deben atender con los recursos públicos, es decir, con los recursos comunitarios, los cuales se tienen que destinar para la atención y solución de las necesidades colectivas, con base en la vigencia de la agenda del gobierno. De esta manera, gobernar y administrar son procesos que aluden al conjunto de la sociedad civil, dado que combinan el mundo de lo individual y el mundo de lo colectivo, con objeto de producir el valor económico y social que necesitan para aumentar el desempeño favorable de las personas y las organizaciones civiles, comunitarias y sociales en un sentido de escala creciente. En este caso, sin una concepción humana y ética del servicio público que es propia de las sociedades democráticas contemporáneas, se incurre en despropósitos públicos que lastiman la vida colectiva y alejan a los ciudadanos de las autoridades constituidas, hasta provocar desencanto en lo que realizan los cuadros burocráticos (Weber, 2001: 21-25) y los líderes políticos.

El trato digno, respetuoso, sensible y cuidadoso hacia los ciudadanos, le confiere al servicio público una dimensión no sólo humana, sino ética (Villoria, 2007: 119 y 120), dado que para el orden social, jurídico y político, es fundamental que la legitimidad del gobierno se sustente en un grado amplio de aceptación y reconocimiento, debido a los valores que proclama con base en las tesis del liberalismo, la democracia y el republicanismo. Por eso, el servicio público en sus vertientes de igualdad, imparcialidad y mérito (Maguirre, 1997: 82) no es un privilegio que tienen a su cargo los gobernantes, sino una responsabilidad que se vincula con las condiciones de vida de la sociedad, los ciudadanos y las organizaciones civiles. Cuando los gobiernos asumen conductas claras y respetuosas hacia los ciudadanos, en esa medida se convierten en instituciones no sólo necesarias, sino responsables, dado que tienen con la agenda institucional el procedimiento para atender y procesar las demandas que se originan en los diversos campos de vida productiva y social. Esta visión indica que las demandas de la comunidad hacia las autoridades se han de orientar por un tratamiento no sólo eficiente, sino sensible, debido a que los problemas colectivos expresan realidades humanas y no son únicamente un expediente a considerar en las respuestas que se formulan a las peticiones de la población. El sentido humanista de los gobiernos deviene del modo en qué abordan las carencias sociales y por la estrategia que adoptan para convertirlas en problemas y luego en soluciones institucionales, que son el producto de decisiones, recursos y acciones que son de carácter colectivo. De ahí la importancia de que el servicio público (Rodríguez-Arana, 1997: 51) sea entendido en una óptica ética, humanista y meritocrática (Walzer, 1997: 146-147), ya que su importancia en la vida colectiva se acredita por la manera en la cual los gobernantes y los ciudadanos establecen formas de comunicación en un plano de demandas, decisiones, soluciones y recursos públicos a utilizar, considerando la pluralidad de los problemas públicos, lo mismo que la pluralidad de las políticas públicas, situación que implica reconocer que el ingreso al servicio público es con elementos de calificación (Walzer, 1997: 146) aprobatoria y con merecimientos propios para evitar el ejercicio de la discrecionalidad.

El sentido humanista del gobierno no se explica sin alusión a la ética y la filosofía del humanismo social, porque son portadores de valores que lo obligan a tener un desempeño no sólo satisfactorio para la comunidad, sino de trato sensible, tomando en cuenta que en la sociedad civil hay públicos diversos que exigen trato considerado y eficiencia acreditada para sus carencias y necesidades. La importancia del servicio público no tiene discusión en las sociedades democráticas y posmodernas —más allá de la modernidad (Campos, 2011: 89)—, debido a que el perfil de atención y protección hacia los ciudadanos en razón de la ética, implica que la administración de la sociedad no es un conjunto de procesos y pasos solamente racionales desde el punto de vista instrumental, sino que considerando en ocasiones que los problemas sociales se convierten en dramas humanos como la pobreza, la exclusión social, la desigualdad, la marginación, es fundamental que la capacidad de las instituciones de los gobiernos no sólo sean efectivas desde el punto de vista técnico, sino que consideren con sensibilidad que la falta de calidad de vida provoca modificaciones negativas en las condiciones y relaciones de vida. Es claro que ningún gobierno prospera, si la población no vive con calidad.

Por tanto, los asuntos del desarrollo económico y social tienen valor humano y social, no sólo de indicadores de medición o de fórmulas cuantitativas que expresan cifras y estadísticas, orientados a medir tipos de desempeño con sentido de gobierno, sin perder de vista que éste tiene la responsabilidad de generar mejores condiciones de vida, considerando la importancia en la distribución de los bienes y servicios públicos sobre la base de la equidad y la igualdad sociales. La recuperación ética del desarrollo es fundamental para el diseño y cumplimiento de las políticas públicas, lo cual implica la definición de valores, objetivos y metas sobre la base de que gobernar implica no sólo ejercer recursos, sino saber distribuir beneficios con recursos escasos. La importancia ética del desarrollo con la equidad y bienestar es fundamental en la visión de los gobiernos para producir resultados estratégicos y efectivos. Implica que la atención a los gobernados no es un asunto de improvisación ni buenos deseos, sino que supone dar respuesta con eficiencia y responsabilidad al cúmulo de peticiones que se formulan a la autoridad constituida y, por tal motivo, es fundamental proceder a establecer prioridades de atención y recursos para evitar que la vida colectiva ingrese a la fase de los rendimientos decrecientes, ya que implica que sus sistemas productivos no desarrollan sus capacidades a plenitud, sino con limitaciones que impiden a la sociedad civil la mejor expresión de su productividad, eficiencia y bienestar compartido, asegurando la calidad ética de los servidores públicos (Rodríguez-Arana: 51).

El compromiso del servicio público con la democracia lo sitúa en una franja de compromisos y realizaciones que se orientan a que los ciudadanos reciban las ventajas que conlleva la vida asociada sustentada en los valores de la democracia. Esto significa que la suma de capacidades, pericias, precisión, velocidad, certidumbre, archivos, continuidad (Weber, 2001: 55-56) que caracterizan al servicio público moderno, tienen que orientarse a lograr no sólo el cumplimiento de las metas colectivas, sino el desarrollo de las personas combinando la riqueza de su individualidad con los imperativos de orden público. Si la democracia se caracteriza por postular que el gobierno de los ciudadanos es la premisa fundamental que sustenta su efectividad como forma de convivencia, intercambios, pluralidad, diversidad y realización, es necesario que el servicio público sea un conjunto de capacidades afinadas y articuladas para diseñar e implementar las políticas públicas que la sociedad, la economía y los ciudadanos necesitan para su desarrollo. En este caso, el servicio público está comprometido con el orden jurídico y político de la democracia (Villoria, 2007: 6 y 7), así como producir el esquema de gobierno, con las estrategias que hagan posible armonizar las iniciativas individuales y las aportaciones colectivas para potenciar el desarrollo de la sociedad civil.

El servicio público en esta perspectiva, no debe entenderse únicamente como un sistema de trámites, sino como un conjunto de valores que lo comprometen éticamente con la sociedad y los ciudadanos, desde el momento en que se orienta a definir las estrategias, procesos y políticas públicas que justifique que el Estado es la organización política de la sociedad y que, por tanto, hace del servicio público el medio que lo comunica con los ciudadanos, para procurar que sus condiciones de vida sean mejores. De ahí que la importancia ética del servicio público no se debe perder para evitar que se convierta en una caja de herramienta y en un procesador de expedientes que administra de manera anónima a la sociedad y los ciudadanos.

Administración benevolente

Un aspecto básico en el aprovechamiento de la ética en los asuntos de la sociedad, consiste en que la Administración Pública, entendida como una institución común y general a todos los habitantes de la sociedad civil, asuma un papel benevolente para que sus tareas y responsabilidades sean más puntuales y beneficiosas. Uno de los factores clave en la integración de la sociedad civil, consiste su adhesión y defensa de la libertad e igualdad, entendidos como medios que permiten una convivencia más justa y equilibrada. En este caso, la benevolencia es un valor inspirado en la ética para que sea considerado como una forma de respuesta hacia los ciudadanos. La benevolencia implica buena voluntad hacia los demás y el respeto para que sean atendidos con sensibilidad y eficiencia. Respecto a la Administración Pública, es fundamental que atendiendo a la importancia de lo público y el sentido de lo público, se asuma como la institución que no sólo tiene capacidades directivas y operativas, sino una concepción de la vida en la cual las personas son el punto cardinal en la atención del Estado. Esto significa que lo público de la Administración Pública deviene de la savia social y de las relaciones de sociabilidad que articula para asegurar su papel como el gobierno de la comunidad. Mientras que el sentido de lo público alude a su compromiso de atender a todos por igual y con apego al goce de las libertades civiles y políticas.

Por consiguiente, cuando la Administración Pública asume el compromiso de cuidar, vigilar, incentivar y proteger la vida pública, se acredita como la institución que —con apego a valores éticos— tiene conciencia para desempeñar un papel responsable. La benevolencia de la Administración Pública es un pilar fundamental para entenderla de manera positiva, dado que se ocupa de los gobernados en un sentido integral, del cual se forman las capacidades individuales y colectivas que caracterizan la vida productiva de la sociedad civil. La benevolencia (Frederickson, 1992: 24) de la Administración Pública se acredita por su tarea social, implica que su papel en la comunidad no solo es activo, sino necesario para dar cuerpo y articulación a los distintos elementos que dan lugar a la economía de mercado, el intercambio de bienes y la distribución social del excedente económico. En la idea de benevolencia se explica el sentido de servicio que la Administración Pública tiene para dar vida al proceso de gobierno. El sentido de servicio la compromete con un esquema de atención y procesamiento de las prioridades que tienen como base la vigencia de la igualdad y la necesidad de que los bienes y servicios públicos sean distribuidos con equidad entre los distintos grupos y organizaciones de la sociedad civil. Esto implica que el sentido de servicio se enlaza con valores que apuntan por el mejoramiento de la calidad, imperativo básico para entender la lógica de la propia Administración Pública, así como la variedad de compromisos que debe cumplir en la sociedad civil.

Si la tarea de la administración pública se relaciona con la benevolencia, es de relevancia que contribuya a formar la buena conciencia de los ciudadanos para que se adhieran a los valores democráticos de la vida moderna. Cuando se atiende y respeta a los demás, se forman lazos de identidad que favorecen formas de cooperación más vigorosas y ágiles. La extensión de los valores democráticos (Frederickson, 1992: 29) es una tarea medular de la Administración Pública en el orden democrático, ya que implica que debe formar las condiciones de aceptación del mismo, sobre la base de relaciones de corresponsabilidad, que solamente se estimulan cuando se cumplen los derechos y obligaciones que corresponden a los gobernantes y los gobernados. Los valores democráticos que la Administración Pública proclama en la vida democrática con sentido de utilidad pública, son la libertad, la igualdad, la equidad, el bienestar, la tolerancia, la civilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, a fin de evitar la arbitrariedad (MAP, 1997: 35) en el ejercicio del poder público. Estos valores son el núcleo que debe fortalecerse para que la vida colectiva tenga mayor identidad y los ciudadanos se adhieran de manera voluntaria con el orden constituido. Sin apego a los valores democráticos, la tarea de la Administración Pública no sería congruente con los valores de la sociedad civil moderna. En este sentido, la creencia, adhesión y aceptación de los valores democráticos son punto esencial para que el Estado de Derecho se reconozca como la institución que tiene a su cargo la responsabilidad de garantizar reglas de certidumbre para todos los miembros de la sociedad civil. Una ventaja de la democracia es que los diversos públicos asociados e integrados a la vida en común, tienen la oportunidad de gozar de los derechos civiles, sociales y políticos. Ante ese esquema de valores que se proclaman para tener vigencia, la Administración Pública tiene que asumir un desempeño benevolente que permita que la inclusión de los ciudadanos en el orden político sea efectiva y que con sus acciones comunes favorezca un clima de cooperación social que es fundamental para estructurar oportunidades de realización en los marcos de la vida productiva.

El papel de la Administración Pública en este sentido es vital para contrarrestar las desigualdades que lastiman la vida de las personas y los ciudadanos. Cuando la desigualdad se extiende, hay fallas de gobierno que se trasladan a la Administración Pública y ésta asume los costos de atender a los demás en un plano no equitativo ni de igualdad. Por eso los servicios públicos se han de considerar como la respuesta organizada y focalizada que la Administración Pública lleva a cabo para superar las limitaciones domésticas (Rabonikof, 2005: 56), las insuficiencias de la vida privada y, sobre todo, asegurar que la vida pública tenga los elementos constitutivos que han de permitir la realización de los ciudadanos en el espacio de lo público. Un valor relevante para la Administración Pública es la equidad social, entendida como un sistema de oportunidades que consiste en dar a cada quien lo que merece. Si es la vida moderna, los beneficios de los servicios públicos son universales y generales, lo cual implica que en principio no hay motivo para negar a una persona el acceso al bienestar (Campos, 2011: 97) colectivo. La equidad social es uno de los compromisos más conspicuos de la democracia con los habitantes de la sociedad civil y le corresponde a la Administración Pública garantizarlos con políticas públicas que sean incluyentes y con programas públicos que atienden la diversidad y pluralidad de la vida asociada. La equidad social regida por el bien común (Campos, 2011: 93) responde a la idea de que la Administración Pública tiene que ser benevolente, con lo cual se evita que las disparidades sociales aumenten para desventaja de la vida colectiva. En este punto el papel del administrador público consiste en hacer funcionar las instituciones administrativas con apego a los valores democráticos. En este caso, el público ciudadano tiene la oportunidad para desenvolver su vida en condiciones de mejores oportunidades de vida, lo cual confiere al propio administrador público ventajas y así fortalecer el orden político y social de la democracia. Cuando el administrador público no se encierra en la oficina, el gabinete o las áreas burocráticas, contribuye a que el desenvolvimiento del Estado sea más efectivo y equitativo, apoyándose en el sentido de la ética de la responsabilidad (Weber, 208: 31). Se estimulan en los ciudadanos formas de legitimidad que favorecen una mayor aceptación del orden establecido y con ello la responsabilidad de los ciudadanos con las instituciones vigentes se fortalece aún más.

Cuando los ciudadanos se apegan y asumen la responsabilidad como valor en la democracia, se acredita la eficiencia de la Administración Pública para contribuir al mejor fortalecimiento de la vida colectiva en términos de durabilidad, equidad y aceptación. De este modo, la formación ética en el administrador público es importante porque en él se condensa la acción de la Administración Pública que ha de permitir que los ciudadanos no sólo sean adherentes al orden político vigente, sino defensores de los valores democráticos que profesa y define, que debe preservar cumpliendo el marco legal, los códigos de conducta, el ejercicio de la responsabilidad y la honradez en la gestión pública (MAP, 1997: 59). La mejor defensa del orden político consiste en que los ciudadanos lo acepten y reconozcan para que las instituciones que lo conforman tengan un funcionamiento más efectivo y ceñido a las normas que en un Estado de Derecho garantizan que la universalidad y generalidad de las normas se aplica bajo los principios de imparcialidad y certidumbre. Así, cuando el administrador público y la Administración Pública atienden con benevolencia a los ciudadanos, se forma una atmósfera para que la responsabilidad moral y social de los ciudadanos sea más efectiva y vigorosa, para tener confianza en las instituciones gubernamentales. En la medida que las instituciones públicas cumplen su cometido, se favorece un sistema de convivencia más articulado e integrado que indica el imperativo de asegurar la cohesión de las distintas esferas de la sociedad con el orden prevaleciente.

Producción de valor público

Pieza fundamental en la visión de la vida democrática es, sin duda, la aportación de la ética en la producción del valor público, expuesto por Mark Moore en su obra Gestión Estratégica y creación de valor en el sector público (1984) y entendido como un sistema que articula el perfil del buen gobierno con la vigencia de la Administración Pública benevolente, tiene como referente que toda intervención (Merino, 2010: 31) del Estado en la vida pública está cargada de valores relacionados con la orientación de la democracia moderna. La democracia moderna, desde el momento en que es portadora de valores que se comparten, socializan y universalizan, crea las bases para que el diseño de las instituciones públicas sea entendido como la suma de incentivos, restricciones, estímulos y sanciones que hacen posible que los valores se conviertan en reglas, principios y normas que sustentan la eficacia de la convivencia pública. En este sentido, el valor público es una categoría que permite situar que la democracia, además de su importancia normativa, tiene los elementos para acceder a una etapa de mejor calidad de vida, partiendo de la convivencia, la tolerancia, la equidad, la civilidad y la responsabilidad que, como valores centrales en el comportamiento de las instituciones, abren la oportunidad para pensar en términos de valor público, lo cual implica la posibilidad de alcanzar una forma de vida apegada a formas de diálogo, deliberación y persuasión que son fundamentales para identificar el desempeño de las instituciones responsables de la administración y gobernación.

La categoría valor público se inscribe en la visión de las creencias valorativas (Aguilar, 2009: 19) y es un referente de calidad institucional (Aguilar, 2009: 11) que alude no a la producción de bienes materiales, sino a la generación de los valores y evidencias que permitan convalidar que la propia democracia tiene la capacidad para definir elementos que permitan calificarla como un sistema de vida y como una forma de gobierno que es no sólo diferente, sino mejor frente a otros modos de articular el poder. La concurrencia de la sociedad, el Estado, los ciudadanos y el gobierno en los espacios de la vida pública organizada en instituciones y pautas de conducta, le confiere a la democracia ventajas esenciales para que sea entendida y asimilada como un sistema de actores, relaciones, intercambios, debates y argumentos que la sitúan con mejores ventajas comparativas que potencian sus formas de desempeño institucional. En este caso, la producción de valor público se enlaza con el nuevo patrón de la gobernanza, lo cual implica que la construcción y reproducción de la vida pública es a través de tareas compartidas, responsabilidades definidas y políticas públicas que responden a los puntos críticos de la vida asociada y que es factible superar con acciones estratégicas que permiten superar contratiempos. El vínculo entre gobernanza y valor público es indisoluble porque ahí se expresan los valores y medios que es posible utilizar para alcanzar una convivencia más armónica, tener mejores capacidades de gestión y responder más de cerca a las demandas de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad.

Con la gobernanza orientada hacia la democracia, hay actores que en los marcos de la pluralidad y diversidad aportan no sólo capacidades, sino información, recursos y tecnologías que pueden extenderse hacia el diseño e implementación de las políticas públicas, con lo cual el esquema de gobierno no es unicentrado, sino multicentrado, para responder con eficacia a los procesos de democratización que se extienden a lo largo y ancho de la sociedad civil. Con el valor público se alude a una condición de vida que expresa la calidad institucional que se desea tener para procesar problemas y, lo más importante, diseñar políticas públicas entendidas como acción intencional, acción causal y actividad valorativa (Aguilar, 2009: 18) que se generen externalidades positivas, es decir, ventajas y beneficios a los habitantes de la sociedad civil. El valor público (Mariñez, 2011: 63) es un arquetipo a considerar desde la esfera de lo público y situando el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad, los ciudadanos y los poderes constituidos. Esto significa que el valor público se condensa en valores institucionales que son fundamentales para considerarlos como orientadores en los procesos colectivos y como incentivos que deben consolidarse para aumentar la capacidad de gobierno —regulación, promoción, servicios, leyes (Mariñez, 2009: 63)—, así como la eficiencia y los rendimientos de la vida asociada. Con el concurso de la ética, el valor público tiene características normativas que esclarecen y definen las formas de actuación que se deben conseguir a favor de la vida colectiva. La ética nutre con su sentido normativo y prescriptivo el valor de la igualdad, la equidad, el bienestar, la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de vida. Estos valores son parte de las políticas públicas, las cuales tienen contenido de valor y, en ese sentido, los objetivos y metas que proclaman, comprometen a los gobernados para que las acciones colectivas se desarrollen de manera coherente en razón de que responden a expectativas de los ciudadanos.

El valor público se asocia con lo óptimo, es decir, con lo mejor de la vida democrática y lo mejor implica que la eficiencia social aumenta y que las condiciones de vida superan etapas de vida que se consideraban lo óptimo en otros tiempos. Lo básico del valor público es que se inscribe en fases progresivas que apuntan por constante mejoramiento de las condiciones de vida. Por tanto, se institucionaliza a partir de convenir que la propia democracia ha definido en las dos últimas décadas, valores que tienden a revitalizarla como un sistema pacífico y productivo de convivencia. En la medida que la ética nutre los planteamientos del valor público, es posible destacar la importancia de las instituciones, porque a través de las mismas es como se acredita el comportamiento del gobierno como un sistema de capacidades organizadas. En este planteamiento, el valor público comprende la administración y procuración de justicia, la producción y distribución de los bienes públicos, la satisfacción de los ciudadanos con los bienes y servicios públicos, el goce social de los beneficios que se producen y distribuyen, la atención sensible a los ciudadanos, la solución oportuna de sus demandas, la calidad de la gestión pública, la medición del desempeño en las políticas públicas, la disminución de los costos de transacción, la protección de los derechos de propiedad, la conexión funcional de los espacios públicos y privados, la efectividad de la transparencia, la eficiencia de la rendición de cuentas, la revaloración del servicio público, la adhesión más abierta del servidor público con los valores de la democracia, la ventaja de que los ciudadanos se involucren más en la toma de las decisiones públicas y que se comprometan con los procesos de coproducción de políticas públicas y la adopción de códigos de conducta que permitan la administración nítida y eficiente de los recursos de la comunidad.

Desde la visión normativa que se debe traducir en mejores actitudes y tipos de responsabilidad, se encuentra la ética de la responsabilidad, entendida en los marcos de que cada persona y servidor público asuma los costos de su actuación, así como las consecuencias de su obrar. La visión aplicada de la ética a los asuntos del gobierno, implica que su valor normativo no sólo guía, sino que genera cambios en el modo de hacer las cosas, en este caso, con apego al valor público que es una manera distinta de puntualizar que las democracias no son sitios para relaciones clientelares ni patrimoniales, sino un conjunto de reglas del juego que permiten una convivencia en la cual los incentivos y las sanciones favorecen el evitar despropósitos públicos y prácticas que dan su sentido e integridad como un sistema pacífico para la atención y solución de los problemas mediante la ética de la deliberación (Mariñez, 2011: 64). No menos importante en el referente del valor público es lo que concierne al desempeño (Mariñez, 2011: 64) de la Administración Pública, entendida como el gobierno de la comunidad. Al tener en sus ámbitos de responsabilidad la gestión de los recursos comunitarios, la agenda de los problemas colectivos y el cumplimiento de las políticas públicas, es fundamental que su desempeño responda a los valores de la eficiencia, la eficacia y la economía. Si los recursos públicos son escasos, las demandas sociales ascendentes y los diversos públicos luchan por los mismos, es básico el imperativo de que la Administración Pública atiende a seres humanos, lo que implica que sus capacidades de gestión han de tener un desempeño que se pueda convalidar.

Por tanto, la formación de valor público tiene que acreditarse con indicadores de medición que aludan a formas de medición sobre cómo se aprovechan los recursos públicos y cómo su aplicación produce mejores externalidades positivas a la sociedad civil. La capacidad pública (Sunk, 2007: 527) de producir bienes y servicios no debe ser solamente un ejercicio de generalidad e impersonalidad, sino que se debe conocer cómo se impacta en lo específico la vida de los gobernados y si éstos elevan su calidad de vida, tomando en cuenta la oferta del gobierno a través de un sistema de compromisos públicos que asume. Por eso el valor público en la triada eficiencia, eficacia y economía es medular para que la propia Administración Pública y los administradores públicos (Sánchez, 2011: 35) tengan un sentido de mayor responsabilidad al momento de ejercer los recursos, aplicar las políticas públicas y conseguir el mejor cumplimiento de las metas colectivas.

El valor público de la Administración Pública se acredita cuando produce universalmente los bienes y servicio públicos que la comunidad demanda y de manera particular se acredita cuando los diversos grupos y públicos de la sociedad civil logran mejorar sus condiciones de vida. Desde esta perspectiva, eficiencia, eficacia y economía no son valores abstractos a la manera de los sistemas cerrados, sino que son parte de sistemas abiertos de gestión pública que transitan por fases de conflicto, cooperación y solución de problemas, con lo cual tienen elementos empíricos que permiten medir su logro, en razón de los valores y políticas que se ha definido cumplir con base en los programas de gobierno. El valor público desde la óptica de la gestión pública es importante porque es el medio que las Administraciones Públicas tienen para procesar y diseñar soluciones a los problemas que han ingresado a la agenda de gobierno. Sin la atención cuidadosa a los procesos de gestión pública que lleva a cabo la Administración Pública, no existe apoyo de los procesos técnicos y tecnológicos que se han de articular en la eficiencia, la eficacia y la economía, para hacer factible los datos fehacientes sobre el mejor desempeño institucional, considerando su responsabilidad como el gobierno que articula la vida comunitaria. Relevante en la generación de valor público, es que el ciudadano no sea considerado como cliente, sino como un sujeto jurídico y político que no tiene una relación mercantil con la Administración Pública, sino relaciones civiles que le confieren derechos y obligaciones que se han de entender en un conjunto de relaciones recíprocas.

La visión del ciudadano como cliente (Cristensen y Langreid, 2005: 567) lo degrada y degrada la vida pública porque la visión del Estado supermercado desplaza la condición de los ciudadanos como pilar fundamental en la gestión del Estado de Derecho y la administración pública benevolente. La categoría ciudadano como cliente alude a la eficiencia económica, no a la visión del valor público que es una categoría más amplia y comprensiva para destacar que las autoridades constituidas tienen el compromiso de aprovechar mejor los recursos escasos, definir con claridad las reglas del juego que son las instituciones, generar trato de sensibilidad y oportunidad con los problemas públicos y propiciar un ambiente de intervención de grupos de la sociedad en la atención y solución de los problemas colectivos.

En consecuencia, el nexo entre la ética y valor público es relevante para aludir a una condición de vida que conjuga la equidad y el bienestar social, que son el punto cardinal para que la sociedad civil y los ciudadanos tengan una comunicación más abierta y recíproca. En tanto que la ética contribuye a la formación del valor público, es significativo que la Administración Pública no sea confinada a la suma de procesos y trámites que corresponden a las oficinas burocráticas, sino que es necesario que fortalezca su contenido humano para que los ciudadanos sean ubicados en la centralidad de los procesos públicos. De este modo, lo relevante en la formación del valor público consiste en generar condiciones óptimas para que la equidad y el bienestar se consoliden como valores y políticas que revitalizan la misión de la Administración Pública (Aguilera, 2012: 185) en las tareas que desarrolla en la sociedad civil. La aportación de la ética a la formación del valor público es importante en la vitalidad de la democracia, la responsabilidad del servidor y en el desempeño de las instituciones públicas.

El valor público es el desiderátum que alude a mejores condiciones de vida para que la sociedad civil sea entendida como la suma de ciudadanos activos y organizados que tiene el derecho para que las autoridades constituidas diseñen un sistema de instituciones con capacidad para administrar y llevar a cabo la gobernación de la sociedad sobre la base de un esquema de cooperación y responsabilidades acreditadas.

Conclusión

La aportación de la ética a los asuntos colectivos es inapelable, porque es portadora de valores normativos que contribuyen a potenciar la calidad de la democrática teniendo como referente principal el apego a la legalidad, la imparcialidad y la igualdad jurídica y política. Esto implica que tiene normas, principios y prácticas que fortalecen al ciudadano como el eje cardinal de la vida pública, y en ese sentido, la ética es un sistema de valores y normas que postulan de manera positiva desarrollar mejores conductas en favor de la vida colectiva, al conformar la conciencia individual con sentido de ventajas colectivas. La ética alude al carácter normativo de los valores, considerando que es posible ahondar en una mejor vida democrática que se sustenta en el convencimiento de que la convivencia república y liberal tiene ventajas que se pueden compartir a la manera de las externalidades positivas. Esto implica que en la democracia los ciudadanos tienen las condiciones institucionales para llevar a cabo las tareas que les corresponden, entre otras, intervenir en el diseño de las políticas públicas de manera organizada y contribuir a que la calidad de vida en la sociedad civil sea más fructífera.

La ética es portadora de un amplio contenido filosófico, humanista y social desde el momento que su mundo tiende a definir reglas normativas que tienen como horizonte la preservación del interés público, el bienestar general y el bienestar de los ciudadanos. La recreación de la vida asociada con las aportaciones de la ética tienen alcance de imperativo categórico, lo cual significa que la concepción que tiene de la vida se finca en normas que tienen carácter positivo y realizador. Para los fines de la vida institucional a cargo de los gobiernos es fundamental que el espacio público sea regulado con el concurso de reglas diáfanas que, además de fijar ventajas, restricciones y sanciones, tengan como incentivo las ventajas de obrar con sentido constructivo en la vida democrática. Por eso, la ética tiene que ubicarse en el deber ser de las cosas, lo que implica que moldea conductas y prácticas cuando se asumen con el compromiso de hacer mejor y con mayor responsabilidad las actividades individuales y sociales. Para la vida de los gobiernos, la ética es un caudal de valores que se relacionan con los fines que han de cumplir.

En efecto, las tareas públicas que tienen a su cargo no se realizan en el vacío, sino con base en los valores que definen a la sociedad civil y a la forma de gobierno que se organiza en los marcos de la democracia. Lo público (Aguilera, 2012: 184) en la democracia se estructura en formas de convivencia, intercambio e instituciones que tienen a su cargo la función de elaborar preceptos que se ocupan de proteger tanto la vida individual como la vida colectiva. En ambos núcleos de actuación, es fundamental que las conductas se lleven a cabo considerando que lo colectivo de la sociedad y el sentido público del Estado, se institucionalizan en normas de interés general que son válidas para todos y que todos en condición de personas y ciudadanos deben cumplir. Para esta tarea, la formación de la conciencia ciudadana necesita de las aportaciones valorativas de la ética, porque son las que han contribuir a estimular el sentido de convivencia y responsabilidad que haga posible la estructuración de la vida republicana y liberal. Estos referentes son esenciales para los gobiernos cuando asumen el compromiso de establecer para la vida comunitaria valores que nutran las prácticas colectivas. En este caso, la formación y reproducción del valor público es una condición de vida que se relaciona con nuevas condiciones que apuntan por el lado de la gobernanza democrática, en el sentido que el espacio público tiene ahora no sólo con mayor contenido plural y diverso, sino lo que implica para los gobiernos el imperativo de hacer mejor las cosas, cumplir con ánimo ciudadano las políticas públicas, ampliar la participación ciudadana, mejorar la representación política y generar en los servidores públicos mayor conciencia sobre el sentido de sus deberes y formas de actuación a favor del público ciudadano. El valor público tiene como punto partida y producto final esencia ética, ya que ésta se enlaza con los valores que permiten a las democracias instituirse como una variedad de reglas universales y generales para contribuir a la inclusión social, política y económica de los habitantes de la sociedad civil, postulando el derecho de las personas a vivir con equidad y bienestar.

El valor público es portador de una concepción más compleja de la vida en la sociedad civil, porque forma parte de nuevas y mejores condiciones de vida que solamente es factible acreditar con mejor capacidad de gobierno, cuadros administrativos más responsables y eficientes y un estilo de Administración Pública que finca en la recuperación del espacio público la savia social que la nutre, así como la legitimidad que deben tener cuando es aceptada como la institución de lo común y que atiende y procesa las demandas comunes, a las cuales ha de convertir en tipos de solución institucional. El valor público aumenta el sentido público de la Administración Pública desde el momento que expresa una propuesta de gobierno más abierta, directa y sensible hacia los ciudadanos, para llevar a cabo la definición e implementación de las políticas públicas. El valor público contiene lo público de la sociedad, lo público del gobierno y el espacio público entendido como hogar común de los ciudadanos. En consecuencia, el valor público identificado en el desempeño de los gobiernos tiene que acreditarse con valores como la honradez, la legalidad, la responsabilidad, la justicia, además del desempeño institucional.

Respecto a la sociedad, el valor público se nutre de los valores de la igualdad, la equidad, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. Desde el mirador del espacio público, se relaciona con la ética de la responsabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación pública. Respecto al modo de aprovechar mejor los recursos públicos escasos, el valor público se estructura con la eficiencia social, el rendimiento colectivo y la satisfacción de los ciudadanos por cuanto a la atención y resultados de la acción del gobierno. No menos importante es que el valor público para fines de la cohesión jurídica y política del Estado de Derecho se sustenta en la constitucionalidad, la legalidad y la certidumbre. El carácter polifacético del valor público es propio de las democracias competitivas, productivas, responsables y eficientes. En este caso, el valor público para fines de gobierno, el cumplimiento de las metas colectivas, se nutre de la ética y ésta aporta valores que son fundamentales para la construcción de la gobernabilidad y la nueva gobernanza.