Con la Ley Orgánica 3/2021, del 24 de marzo, de regulación de la eutanasia (LORE)1, España se convirtió en el séptimo país del mundo en despenalizar y regular este procedimiento2. Desde el 25 de junio de 2021, la prestación de ayuda para morir quedó incorporada en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud como una prestación más en la atención al final de la vida, convirtiendo el acceso a la eutanasia en un nuevo derecho individual sustentado en el respeto a la autonomía del paciente3,4.

En Andalucía, el desarrollo efectivo de la LORE no comenzó hasta 5 meses después de su entrada en vigor, cuando se constituyó la Comisión de Garantía y Evaluación de la comunidad autónoma5. De acuerdo con los informes publicados anualmente por dicha comisión5,6, entre 2022 y 2023, la sanidad pública andaluza recibió 137 solicitudes de ayuda para morir, con 92 aperturas de expediente y 53 prestaciones realizadas (38,7%). En España, hasta el 31 de diciembre de 2023 se han atendido 1.515 solicitudes, llevándose a cabo 697 prestaciones (46%)7.

La prestación de ayuda para morir conlleva importantes implicaciones médicas, legales y sociales, dando lugar a manifestaciones confrontadas al respecto en distintos ámbitos de la sociedad, incluyendo al colectivo médico8,9. Aquí entra en juego el derecho individual a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados, reconocido explícitamente por la LORE en su artículo 161. Sin embargo, tal y como recoge el Manual de buenas prácticas en eutanasia10, este derecho no debe comprometer, en ningún caso, el inicio del procedimiento y, por tanto, el acceso de los pacientes a dicha prestación.

La LORE es una ley compleja y de reciente implantación, por lo que resulta imprescindible dotar a los profesionales sanitarios de la adecuada formación para su conocimiento y aplicación3,5–7,11. En este sentido, algunos autores han criticado que la LORE se centre en los procedimientos legales sin garantizar que los profesionales cuenten con la formación necesaria, perdiendo la oportunidad de apostar también por cambios en la formación de pregrado que ayuden a solventar estas carencias12.

El objetivo del presente trabajo fue analizar, a través de una encuesta online autoadministrada, el nivel de conocimiento de la LORE de los profesionales médicos que ejercen en las instituciones sanitarias adscritas a la Universidad de Granada (UGR), su posición respecto a la aplicación de esta asistencia y la implicación de sus centros de trabajo en la formación de sus profesionales.

Se diseñó un cuestionario (anexo) compuesto por 25 preguntas, que pasó un proceso de validación interna entre los autores y externa con una muestra de 10 médicos voluntarios. Las primeras 5 cuestiones recogían información sociodemográfica de los participantes: sexo, rango de edad, especialidad médica, años de ejercicio profesional y centro de trabajo. En las siguientes preguntas, de opción múltiple y respuesta única (sí, no o no sabe/no contesta), se indagaba sobre conocimientos generales de la LORE, la opinión acerca de su participación en el procedimiento eutanásico y la experiencia profesional en relación con la aplicación de esta prestación. En las últimas 5 preguntas, de escala de puntuación, se pretendía conocer la valoración dada por el colectivo a su nivel de conocimiento sobre la eutanasia tras la entrada en vigor de la LORE, la difusión dada en su centro de trabajo a esta prestación, la formación recibida, su nivel de competencia y la resolución de dudas y cuestiones. El estudio obtuvo el informe favorable del Comité de Ética en Investigación Humana de la UGR, con número de registro 3114/CEIH/2022.

Entre los meses de enero y marzo de 2023, la encuesta se remitió por correo electrónico a 2.386 facultativos médicos que habían sido designados, previa solicitud, como tutores clínicos por el Sistema Sanitario Público de Andalucía para tutelar las prácticas clínicas de los estudiantes del grado en Medicina de la UGR en centros sanitarios ubicados en las provincias de Granada (77,6%), Almería (14,3%) y Jaén (8%). Para ello, se dispuso de una base de datos con la dirección de correo electrónico de contacto, la especialidad y el centro de trabajo de estos profesionales, sin disponer de ningún otro dato de carácter personal. En dicho correo se informaba a los participantes de los objetivos y finalidad del estudio, adjuntando el enlace a Google Forms para la cumplimentación de la encuesta. Al inicio, los participantes debían otorgar su consentimiento expreso para formar parte del estudio, garantizándoles la anonimidad de sus respuestas durante todo el proceso, en cumplimiento de la legislación vigente en España sobre protección de datos personales13.

Las respuestas se trataron estadísticamente empleando el programa SPSS, versión 28.0 (IBM Corp., Armonk, NY, EE. UU.). Se realizó un análisis descriptivo de los datos, haciendo un estudio de las frecuencias y porcentajes de las respuestas dadas. Para el análisis bivariante, se empleó la prueba χ2 de Pearson. Un valor de p < 0,05 se consideró estadísticamente significativo.

La encuesta fue respondida por 436 profesionales médicos, 219 mujeres (50,2%) y 217 hombres (49,8%). El rango de edad mayoritario fue el comprendido entre los 30 y los 45 años (50,2%), representando el 61,6% del total de las mujeres y el 37,8% de los hombres encuestados (de estos, un 43% se situaba entre los 50 y los 65 años). Entre las especialidades médicas, medicina familiar y comunitaria (MFyC) aportó el mayor número de participantes (20,4%), seguida de medicina interna y obstetricia y ginecología (7,3%). Respecto a los años de ejercicio profesional, un 20,6% manifestó contar con entre 6 y 10 años de experiencia, representando al 25,6% del total de las mujeres y el 15,9% de los hombres (en este último caso, el grupo de 36–40 años de ejercicio se situaba en el 16,4%). Los hospitales públicos, con un 79,6%, fueron el principal lugar de trabajo de los participantes. En la tabla 1 se muestra la distribución de porcentajes de las especialidades de los profesionales a los que se les envió la encuesta, en comparación con la de los que la respondieron, así como la tasa de respuesta total (18,3%) y la de especialidad médica.

En cuanto al nivel de conocimiento de la LORE por parte de los profesionales encuestados (tabla 2), el 65,1% afirmó conocer las modalidades de prestación de ayuda para morir reguladas por esta ley. Los requisitos que debe cumplir el paciente para poder recibir la prestación eran conocidos por el 58,7%, mientras que los requisitos que debe cumplir la solicitud eran conocidos por el 42% de los encuestados. Con un porcentaje similar (41,5%) se registró el conocimiento del papel del médico responsable y del médico consultor, siendo algo inferior el número de encuestados que afirmó conocer las funciones desempeñadas por la comisión de garantía y evaluación (37,2%). El 72% de los encuestados afirmó saber si era posible o no aplazar la solicitud o desistir de la misma, aunque solo el 19,7% sabía a quién debe recurrir el paciente en caso de denegación. El procedimiento para ejercer la objeción de conciencia era conocido por el 23,9% de los participantes. No se encontraron diferencias significativas entre las respuestas dadas por hombres y mujeres a estas preguntas, excepto en la referida a la posibilidad de aplazamiento o desistimiento de la solicitud, con un mayor desconocimiento sobre el contenido de la norma (que no permite el aplazamiento de la solicitud, pero sí su revocación o desistimiento) por parte de los hombres encuestados (27,6% vs. 17,8%; p < 0,01). En lo que respecta a la edad, tal y como se muestra en la tabla 2, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas dadas por los menores y los mayores de 45 años, con porcentajes más altos de respuestas afirmativas en el grupo de mayor edad.

Respecto a las cuestiones relacionadas con la participación en el procedimiento eutanásico (tabla 3), el 49,5% de los encuestados se mostró dispuesto a desempeñar el papel de médico responsable, con un 43,3% dispuesto a administrar o prescribir los medicamentos destinados a prestar la ayuda para morir. El 33,5% afirmó que se declararía objetor de conciencia y solo un 11,9% reconoció haber difundido información sobre la prestación entre sus pacientes. No se encontraron diferencias significativas entre las respuestas dadas por hombres y mujeres a estas preguntas. Sin embargo, sí se observaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos de edad, que se muestran de forma detallada en la tabla 3. En cuanto a la experiencia profesional en relación con este procedimiento, el 7,8% de los encuestados afirmó haber recibido alguna solicitud de prestación de ayuda para morir. Estos profesionales pertenecían principalmente a las especialidades de MFyC, medicina interna y oncología médica, tal y como se muestra en la tabla 4.

Por otro lado, el 14,4% de los médicos manifestó haber recibido formación sobre la eutanasia en su lugar de trabajo, mientras que el 18,8% afirmó contar con instrucciones concretas sobre el manejo de una solicitud de eutanasia en su centro o servicio. En lo que se refiere al grado de satisfacción con el nivel de difusión dado por su centro de trabajo a la prestación de ayuda para morir (tabla 5), el 4,3% de los participantes se mostró satisfecho (puntuación de 4 o 5), frente al 82,6% de los encuestados que manifestó su disconformidad (puntuación de 1 o 2) ante esta cuestión. En relación con la formación proporcionada por su servicio o centro de trabajo (tabla 5), los médicos que se mostraron plenamente conformes (puntuación de 5) representaban el 2,5% del total de la muestra. En cambio, el 63,5% de los encuestados consideraba esta formación totalmente insuficiente (puntuación de 1), siendo esta la opción de respuesta mayoritaria de todas las especialidades médicas. Para finalizar, la valoración del grado de satisfacción de los encuestados respecto a la resolución de dudas y cuestiones planteadas en su centro de trabajo (tabla 5) muestra un 7,6% de médicos conformes (puntuación de 4 o 5) ante esta cuestión frente al 69,2% que mostró su disconformidad (puntuación de 1 o 2). Los resultados detallados por especialidad médica se presentan en la tabla 5.

Continuando con el bloque de preguntas de escala de puntuación, que incluían la opinión de los participantes respecto a su nivel de conocimiento y competencia en relación con la prestación de ayuda para morir (tabla 6), el 42,7% consideró que el aumento de su nivel de conocimiento sobre la eutanasia desde la entrada en vigor de la LORE merecía la puntuación mínima (1). La puntuación máxima (5) solo fue seleccionada por el 5,3% de los encuestados. Aquellos que se consideraban totalmente competentes (puntuación de 5) en la aplicación de esta prestación suponían el 5,7% del total de la muestra. En cambio, el 45,4% de los médicos encuestados seleccionó la puntuación mínima (1) para valorar su nivel de competencia. En la tabla 6 se muestra la distribución de las respuestas dadas a estas preguntas por especialidad médica.

La LORE asigna la coordinación del procedimiento para la realización de la prestación de ayuda para morir al personal médico1. En este aspecto, el papel de los médicos de familia es clave, ya que los pacientes suelen recurrir a ellos para realizar la solicitud de eutanasia, convirtiéndose en la especialidad mayoritaria de los médicos responsables3,5–7. Sin embargo, el perfil del médico consultor cambia, orientado a la especialidad de la enfermedad fundamental del paciente que solicita la ayuda para morir3,5–7. No obstante, en pacientes pluripatológicos, crónicos complejos o con síndromes geriátricos, el médico de familia suele asumir este papel1,3,5–7. En el presente estudio, el 20,4% de los médicos participantes era especialista en MFyC, repartiéndose el resto entre más de una treintena de especialidades médicas (tabla 1), incluyendo aquellas que pueden verse involucradas con mayor frecuencia en la prestación de esta asistencia (neurología, oncología, medicina interna)3,5–7. La tasa de respuesta de estas especialidades estuvo por debajo del 20% en el caso de MFyC y neurología, mientras que medicina interna, oncología médica y oncología radioterápica superaron el 25% (tabla 1).

Resulta llamativo que en torno al 60% de los encuestados desconociera aspectos clave de la LORE, como los requisitos legales que debe cumplir el paciente para solicitar la prestación, el papel del médico responsable y del médico consultor o las funciones desempeñadas por la comisión de garantía y evaluación (tabla 2). También, que más del 75% de los participantes manifestara desconocer el procedimiento para ejercer un derecho reconocido por la LORE como es la objeción de conciencia (tabla 2). En el estudio previo de Pujol-Fontrodona et al.14, a partir de una encuesta realizada en 2022 a 1.446 médicos colegiados en España, menos del 25% de los encuestados afirmó conocer la LORE en detalle. Estos resultados ponen de manifiesto que la difusión de la ley entre los profesionales sanitarios, así como la oferta de formación continua sobre la ayuda para morir, previstas por la propia LORE1, no han sido suficientes. En nuestro estudio, menos del 20% de los médicos encuestados había recibido formación específica sobre la eutanasia o contaba con instrucciones concretas sobre el manejo de una solicitud en su centro o servicio.

En Andalucía, hasta diciembre de 2023, se registraron 1.340 objetores de conciencia, siendo precisamente las provincias donde ejercen los médicos encuestados las que contaron con un menor número de objetores registrados5,6. No obstante, se debe considerar también que en la práctica se admite y aplica la objeción ad hoc, por la que un profesional no inscrito en el registro puede manifestar su objeción ante una petición específica15. En este sentido, el 33,5% de los médicos encuestados manifestó que, llegado el caso, se declararía objetor de conciencia (tabla 3). Porcentajes similares se obtuvieron en encuestas realizadas a médicos colegiados de las provincias de Vizcaya (2018, 28,3%)16, Las Palmas (2019, 28,6%)17, Tarragona (2019, 31%)18, Madrid (2019, 37,6%)19 y Zaragoza (2021, 33%)4. En el estudio de Pujol-Fontrodona et al.14, el 16,6% de los encuestados contestó que ya estaba inscrito o pensaba inscribirse como objetor. En nuestro estudio, los mayores de 45 años manifestaron tener un mejor conocimiento de la LORE (tabla 2), pero se mostraron más reacios a participar en el proceso, siendo más proclives a solicitar la objeción de conciencia respecto a los médicos más jóvenes (45% vs. 23,7%; p < 0,001) (tabla 3). Y es que los encuestados de mayor edad suelen expresar una opinión más desfavorable de la eutanasia, tanto dentro del colectivo médico14 como en la sociedad en general20.

El 49,5% de los participantes en nuestra encuesta se mostró dispuesto a desempeñar el papel de médico responsable, con un 43,3% dispuesto a administrar o prescribir los medicamentos destinados a prestar la ayuda para morir (tabla 3). La disparidad de porcentajes encontrada podría interpretarse como una consecuencia de la falta de conocimiento de los profesionales médicos acerca de las funciones atribuidas a esta figura clave (tabla 2) que incluyen, entre otras, la de llevar a cabo, junto al equipo asistencial, la prestación de ayuda para morir10. También puede ser indicativo de que hay profesionales dispuestos a asumir el papel de médico responsable, siempre que no sea el miembro del equipo asistencial encargado de administrar el medicamento al paciente. No obstante, menos del 10% de los encuestados afirmó haber recibido alguna solicitud de prestación de ayuda para morir (tabla 4), perteneciendo a las especialidades más involucradas en el procedimiento3,5–7. En el estudio de Pujol-Fontrodona et al.14, el 86,7% de los encuestados declaró no haber participado aún en el proceso eutanásico.

En nuestro estudio, el 61,5% de los encuestados consideró que su nivel de conocimiento sobre la eutanasia desde la entrada en vigor de la LORE apenas había mejorado (tabla 6). En este aspecto, más del 80% mostró su disconformidad con el nivel de difusión y de formación específica proporcionados por su centro o servicio (tabla 5). En cuanto a su nivel de competencia para la aplicación de esta asistencia, solo el 16,5% de los médicos se consideraba preparado, incluyendo al 26,9% de los especialistas en MFyC y el 18,8% de los especialistas en medicina interna encuestados (tabla 6). Ante esta falta de formación, menos del 8% se mostró conforme con la respuesta dada por su centro ante las dudas o cuestiones planteadas respecto a la prestación de esta asistencia (tabla 5). Este porcentaje era algo mayor (15,7%) entre los especialistas en MFyC, pero aún más bajo en otras especialidades frecuentemente implicadas en el proceso, como es la medicina interna (6,2%). Estos resultados vuelven a indicar que, ante una solicitud de eutanasia, los médicos no cuentan con la formación necesaria para llevarla a cabo con garantías, tal y como han señalado otros autores21. La falta de información y de formación produce inseguridad entre los profesionales médicos, contribuyendo a que se muestren más reacios a participar en el procedimiento eutanásico, lo que puede entorpecer el acceso de los pacientes a la prestación9,22. En este aspecto, se deben considerar también otros factores, como la falta de tiempo de los profesionales sanitarios o la alta carga de trabajo administrativo9,11,22. La formación de los profesionales no solo debe abarcar los aspectos técnicos del procedimiento, sino también la comprensión del marco ético y legal que lo regula11. Asimismo, es esencial que desarrollen habilidades en comunicación, deliberación y acompañamiento emocional y psicológico, con el objetivo de garantizar una atención de calidad, respetando en todo momento los derechos y preferencias del paciente11.

En cuanto a las limitaciones del estudio, cabe señalar que la encuesta se difundió, por la disponibilidad de acceso, entre los profesionales médicos que figuraban en la base de datos de tutores clínicos para la formación de los estudiantes del grado en Medicina de la UGR, incluyendo facultativos de especialidades que excepcionalmente se ven involucradas en la prestación de esta asistencia, a los que la participación en la encuesta pudo generar menor interés (tabla 1). Por tanto, sería conveniente ampliar el tamaño de la muestra con el objetivo de reflejar de forma más precisa el nivel de conocimiento y formación de los profesionales que ejercen en Andalucía y en otras regiones españolas respecto a la aplicación de esta prestación, así como disponer de una muestra más representativa de determinadas especialidades médicas que se ven frecuentemente involucradas en este procedimiento, como la neurología o la geriatría.

La prestación de ayuda para morir genera importantes dilemas y debates en la sociedad, incluyendo al propio colectivo médico. Los resultados de este estudio indican que la difusión de la LORE entre los médicos y la formación recibida por estos para su conocimiento y aplicación podrían ser todavía insuficientes. Otra conclusión relevante es que los facultativos de mayor edad, aunque declaran tener un mayor nivel de conocimiento de la LORE, tienden a manifestar mayor reticencia a participar en el procedimiento eutanásico, estando más predispuestos a declararse objetores de conciencia. Parece, por tanto, imprescindible aumentar los esfuerzos para proporcionar una formación adecuada a los profesionales, teniendo en cuenta la complejidad del procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse. Conocer qué aspectos de la LORE son difíciles de interpretar y generan incertidumbre entre los profesionales médicos contribuirá a asegurar un adecuado acceso de los pacientes a la prestación, evitando demoras injustificadas que puedan vulnerar los derechos de quienes la solicitan.

Financiación de la publicación en abierto: Universidad de Granada / CBUA.

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Los autores desean expresar su gratitud a los médicos y médicas andaluzas que han participado en este estudio. Agradecemos a la Universidad de Granada/CBUA la financiación de la publicación en abierto.