El programa sanitario del PSOE para las elecciones generales incluye una pobrísima visión de la farmacia y apunta de forma imprecisa hacia la eliminación de los obstáculos que impiden la liberalización de las farmacias. Es una visión simplista que evidencia un inquietante desconocimiento del sector, que resulta especialmente grave en el principal partido de la oposición. No parece que la liberalización total de unas prestaciones sanitarias que ya son ofrecidas por empresas privadas a los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud sea una medida coherente con un proyecto que se presenta como progresista y de izquierdas. La planificación de las oficinas de farmacia en función de criterios de distribución geográfica que permitan la accesibilidad a un servicio farmacéutico de calidad es precisamente el recurso principal que tiene la Administración para asegurar que las farmacias funcionen como establecimientos sanitarios. La liberalización aumentaría el componente comercial de las farmacias en detrimento de sus aspectos sanitarios, y tampoco ése parece ser el objetivo que debería plantear el programa sanitario del PSOE.
Existe una absoluta incoherencia entre el programa que el PSOE presenta para el conjunto del Estado, en el que promulga la liberalización de las farmacias, y la ordenación farmacéutica que el mismo partido ha realizado en las comunidades autónomas donde gobierna, como Extremadura y Castilla-La Mancha. En esas comunidades autónomas, lejos de favorecer la liberalización de las farmacias, los socialistas han desarrollado un modelo intervencionista y han considerado las aperturas como concesiones administrativas, criterio en las antípodas de la liberalización. Tanto es así que en 2003 el Tribunal Constitucional ha declarado anticonstitucionales algunos apartados de las leyes de ordenación farmacéutica de Extremadura y Castilla-La Mancha que impedían la transmisión. Es paradójico que en todo el territorio nacional se propugne la liberalización y que en las autonomías gobernadas por el Partido Socialista las farmacias se contemplen como una concesión administrativa. Se trata de una grave contradicción que evidencia, acaso más que irresponsabilidad, otros graves errores políticos: improvisación, desconocimiento y frivolidad. Malas tarjetas de visita, en cualquier caso.