La legislación comunitaria sobre medicamentos insiste una y otra vez, desde su directiva fundacional de 1965 hasta las más recientes, en una idea fundamental: toda regulación sobre el medicamento tiene como objetivo primordial velar por la salud pública, la salvaguarda de la salud de los ciudadanos. En ocasiones, ese objetivo básico se matiza indicando que debe realizarse sin detrimento del desarrollo de la industria farmacéutica europea ni del libre intercambio de medicamentos y profesionales en el seno de los estados miembros de la Unión Europea.
Algunos especialistas comienzan a plantear la necesidad de una rectificación y simplificación de la legislación farmacéutica comunitaria, de modo que se proceda a legislar menos, a hacerlo bien y de forma que las normativas puedan cumplirse. En este sentido, y como ejemplo, la normativa europea sobre prospectos condujo a incluir obligatoriamente en los envases unos textos ininteligibles y contraproducentes, que producían el efecto contrario al deseado, pues en vez de informar al usuario, lo alarmaban y dificultaban la toma del medicamento prescrito. Se camina ahora en el sentido de unos prospectos más simplificados y comprensibles, que cumplan su función informativa en vez de dificultarla.
Hay que comenzar a desconfiar de la legislación cuando ni los expertos de la materia se ven capaces de abarcarla, ordenarla y enseñarla debido a la acumulación de una normativa una y otra vez modificada y prolija hasta los más nimios detalles. Se olvida, a veces, el objetivo de toda legislación: ofrecer garantías a los usuarios, permitir el uso racional de los medicamentos, y se legisla por objetivos políticos entrando en detalles que debieran ser dejados a iniciativas de los particulares. La plétora legislativa se extiende a todos los ámbitos de la farmacia y se regulan detalles sobre el ejercicio profesional que son una intolerable intervención en la esfera privada. Las disposiciones debieran ser breves, claras, pocas y aplicables, pero suelen ser extensísimas, oscuras, excesivas y de cumplimiento imposible. La obsesión por legislar e intervenir es un cáncer de las administraciones del mundo latino, una rémora al desarrollo abierto de sus sociedades. La obsesión reglamentista lo contamina todo, desde la Constitución al último reglamento, y las administraciones se obstinan y compiten entre ellas por dejarlo todo atado y bien atado, por impedir que los ciudadanos ejerciten sus derechos, abrumándolos, eso sí, con pesados fardos de deberes. La farmacia no es una excepción, y el farmacéutico no puede realizar acto alguno sin leer previamente e intentar digerir el océano de leyes, órdenes y decretos que enmarañan su labor. No iría mal un Alejandro Magno.
