Desde su integración en la Unión Europea, España ha dejado de ser un Estado soberano en sentido clásico y ha pasado a ser un Estado miembro de la Unión Europea. Carece de moneda propia, su banco central no puede tomar decisión alguna sobre los tipos de interés ni la fijación del cambio monetario y las fronteras han desaparecido por lo que se refiere al interior de la Unión. La libre circulación de personas y mercancías es una realidad, los estudios universitarios se han de acomodar al espacio educativo europeo, la legislación española ha de basarse en la normativa comunitaria y no puede contradecirla y la Comisión Europea interviene enérgicamente en cuanto considera que se opone a la legislación comunitaria para conseguir que prevalezca ésta sobre las legislaciones dictadas por los Estados.
Es una nueva realidad que cada día nos sorprende. La última sorpresa, que ha dejado a muchos estupefactos, es la directiva comunitaria que permite fijar un horario laboral de 65 horas semanales, contra todos los principios en que se ha basado la negociación colectiva en España. No es el único caso en que un modelo fijado por el Estado español con amplísimo consenso se ve en serio peligro como consecuencia de la legislación comunitaria. Todavía no se ha resuelto el conflicto originado a partir del Dictamen Motivado de la Comisión Europea que cuestiona puntos clave de la legislación farmacéutica española sobre los criterios de planificación de la distribución geográfica y de la propiedad de las oficinas de farmacia y, a la vista de la contundencia con que suele actuar la Comisión Europea, las perspectivas de que el modelo español se mantenga incólume no son tan halagüeñas como reiteradamente sostienen quienes acaso no son conscientes de las implicaciones que supone pasar de ser un Estado soberano a un Estado miembro de una unión supranacional de Estados.
Hasta el momento presente España siempre ha figurado en el grupo de países partidarios de ceder soberanía a favor de la Unión Europea, actitud antagónica a la que, por ejemplo, sostiene el Reino Unido, que conserva su moneda, su banco central y los controles fronterizos y que ha conseguido una serie de excepciones a la normativa comunitaria que le permiten mantener sus peculiaridades. Es posible que no pueda ni convenga dar marcha atrás y alinearse al lado del Reino Unido, pero hay que entender que ser un Estado miembro de la UE tiene muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes, entre ellos las normas comunitarias que pretenden alterar escenarios plenamente consolidados en nuestro país, hasta el punto de que forman parte de nuestra cultura, como es el caso del modelo español de oficinas de farmacia.
J. Esteva de SagreraDirector