El estudio de Jordi Planas centra su atención en una problemática compleja que comprende cuestiones de carácter técnico-productivo, mercantil y de relaciones sociales. La etapa escogida, 1890-1939, permite analizar el papel de los diversos grupos sociales –propietarios y rabasaires fundamentalmente– en la respuesta a la crisis finisecular y en el establecimiento de nuevas formas de solidaridad y de una mejor relación del rabasaire con la tierra. El autor ya mostró en trabajos previos el vínculo de algunos propietarios hacendados catalanes con los planteamientos agrarista y catalanista, y explicó cómo la creación de sindicatos reformistas fue promovida por la clase propietaria catalana para ejercer su influencia sobre el campesinado (Planas Maresma, 1994).
En la comarca de Igualada se sigue el doble modelo de desarrollo del cooperativismo catalán (Mayayo Artal, 1995; Saumell Soler, 2002; Planas Maresma, 2003, 2006): uno de carácter más reformista, que ve en este instrumento una forma de mejorar el acceso a los inputs y la comercialización, y un sindicalismo de clase, que en nuestro caso tiene que ver con los rabasaires.
La Càmbra Agrícola d’Igualada i sa comarca, creada en 1908, responde a la necesidad de hacer frente a una doble problemática: en primer lugar, una mejor relación del viticultor con el mercado, mediante la destilación cooperativa, la lucha contra los vinos adulterados y haciendo de lobby para que el gobierno central limitase la competencia de vinos extranjeros; y en segundo lugar, la búsqueda de la paz social. Para ello era imprescindible que la cámara, como en el resto de Cataluña, tuviese un carácter interclasista. Ello explica que tuviese casi 2.000 socios en la segunda década del siglo xx y los superase moderadamente a principios de la década de 1930.
Aunque contribuyó con la venta de abonos y anticriptogámicos y con el establecimiento de un servicio de trilla mecánica, el rasgo más característico fue el desarrollo, con éxito, de la destilación alcohólica. De hecho, 2 años antes ya se había creado la Sociedad cooperativa para la elaboración de alcoholes vínicos del distrito de Igualada, sociedad que impulsó la creación de una entidad con un objetivo más amplio que el citado: la Cámara Agrícola.
Según el autor, el cooperativismo era algo secundario para los propietarios impulsores de la cámara. Interesaba, sobre todo, la integración del campesinado para poder frenar así sus reivindicaciones; la Cámara servía también para defender sus intereses ante la administración. Ello será, de hecho, una de las limitaciones de este tipo de institución, ya que beneficiaba de manera muy limitada al pequeño viticultor, más interesado en una práctica de compra y venta cooperativa mucho más amplia.
En 1916 existían en la comarca de Igualada, la Anoia, 11 sociedades cooperativas. El proceso de creación de cooperativas continuó hasta el punto de que Capellades, Vallbona d’Anoia, Piera, els Hostalets de Pierola y Masquefa –y, por supuesto, Igualada– tenían más de una, generalmente como resultado de la división social existente. En las décadas de 1920 y 1930 se produjo esta expansión cooperativa, consiguiendo muy pocas establecer una bodega cooperativa. Su alto coste y la mayor complejidad de la gestión de la producción y la comercialización del vino dificultaron su éxito, dado que, a diferencia de otros países como Francia, no hubo ayudas públicas para su financiación. En todo caso, Cataluña fue pionera en la creación de estas bodegas cooperativas, mientras que su desarrollo en buena parte de España no se produjo hasta la segunda mitad del siglo xx.
El Sindicat de Vinyaters de Igualada, creado en 1921, recogerá el proyecto de crear una bodega cooperativa que proponía la Cooperativa Agrícola de Igualada, creada 2 años antes. Aunque este sindicato aglutinaba en su seno a muchos rabasaires y era un sindicato de pequeños y medianos cultivadores, nunca se incorporó a la Unió de Rabassaires, manteniendo un perfil reivindicativo bajo. Su funcionamiento democrático –un hombre, un voto– se diferenciaba de otras experiencias catalanas en las que los votos eran proporcionales a la potencia vitivinícola del socio. En marzo de 1923 se integra en la Unió de Vinyaters de Catalunya, en el marco de la defensa del sector, y también con el objetivo de obtener asesoramiento en la organización de las actividades del sindicato.
El desarrollo de las cooperativas y el grado de cumplimiento de sus objetivos es una cuestión que se plantea en los análisis sobre el tema (Simpson, 2000). Samuel Garrido ha mostrado que la supervivencia de las cooperativas dependía, a menudo, de su capacidad económica, limitada cuando la cooperativa estaba formada principalmente por pequeños campesinos. La importancia del sindicalismo católico en el País Valenciano, con mucha ideología y una gestión que, a menudo, desmoralizaba a los socios y los acababa alejando de cualquier cooperativismo, es otro de los factores que explican la crisis de las cooperativas en algunas regiones.
Aunque el sindicalismo católico tuvo menos presencia en Cataluña, a partir de la década de 1920 experimentó un cierto desarrollo, lo cual condujo a dividir aún más a los campesinos. Algunos casos estudiados anteriormente –como Pierola, en la misma comarca de Igualada (Planas Maresma y Valls-Junyent, 2011), o Lleida, en la Cataluña interior (Vicedo Rius, 2006)– ponen de manifiesto que la reacción católica acentuó esa división en el asociacionismo campesino.
Garrido señala 2 condiciones necesarias para que en un territorio puedan darse un número significativo de cooperativas capaces de mantenerse y avanzar: que durante la segunda mitad del siglo xix las economías campesinas hayan sido capaces de adaptar su producción al mercado, y que exista un grupo significativo de medianos propietarios (Garrido Herrero, 1995, 1996, 2007). Cataluña respondería, con algunas matizaciones, a estas transformaciones históricas, lo que explicaría el dinamismo de una parte nada despreciable de cooperativas.
No en todas las comarcas vitivinícolas las bodegas cooperativas fueron la principal alternativa. Por ejemplo, en la comarca del Penedès fue más frecuente la producción individual que la cooperativa (Saumell Soler, 2002). Los motivos fueron diversos. Desde el predominio de un pequeño y mediano campesinado que, observando las actividades vinificadoras de los grandes propietarios, acceden a la compra de maquinaria vinificadora relativamente barata, a la prevención ante los costes que significaba ser socio de una bodega cooperativa, pasando por las estrategias de los comerciantes de vinos dirigidas a mantener la dispersión de la producción, que les permite conservar su capacidad de decisión.
El estudio de Jordi Planas es muy exhaustivo y dedica también una gran atención a la etapa republicana, en la cual la conflictividad social gira en gran medida en torno a las reivindicaciones de acceso a la tierra por parte de los rabasaires. Las expectativas de cambio se traducen en la presencia de la Unió de Rabassaires en la mayoría de los pueblos de la comarca de la Anoia. La Llei de contractes de conreu, elaborada por el Parlamento catalán en 1934, garantizaba que los rabasaires que habían cultivado durante 18 años una tierra tenían el derecho a comprarla. Esta ley afectó también a otros campesinos precarios, como los aparceros de los latifundios eclesiásticos próximos a Lleida.
En síntesis: este libro consolida muchas de las conclusiones que diversos autores –incluido el reseñado– han aportado en tesis doctorales y monografías sobre la cuestión de las solidaridades y la conflictividad en el mundo rural; y aporta también características originales del movimiento asociativo agrario de la comarca de la Anoia y su capital, Igualada.