Me considero una mujer optimista y luchadora, y en lo tocante a nuestra profesión, capaz de apreciar lo mucho que tiene de positivo, dinámico y estimulante. No me dejo arrastrar por el derrotismo fácil y el cinismo, pero he de reconocer que, en los últimos tiempos, me ha invadido un sentimiento de desazón, tal vez un tanto paranoico: me da la sensación de que la Administración nos la tiene jurada y sobrevivir a los ataques a la yugular que nos inflige de forma ininterrumpida será tarea prácticamente imposible.
Si de nefasto para las farmacias pudo calificarse el Real Decreto-Ley 5/2000, causante de una sangría continua a nuestras empresas, el nuevo 4/2010, de 26 de marzo, es sal sobre la herida y una amenaza real al modelo de farmacia de nuestro país: equitativo, capilar, riguroso y eficiente, seguramente sin rival en todo el mundo en términos de calidad y equidad, por no hablar de su coste.
Con este nuevo «retoque» se baja el precio de los genéricos y aunque se modifican las deducciones, la balanza sigue decantándose hacia la pérdida de rentabilidad y de margen, única fuente, mal que nos pese, de nuestro sustento. Pero el decreto va más allá y habilita a las farmacias de hospital para dispensar, cuando la Administración Sanitaria lo estime conveniente, medicamentos que actualmente se dispensan con visado en las oficinas de farmacia. En resumen, la Administración vuelve a aplicar por enésima vez soluciones fáciles que, a la hora de la verdad, se han demostrado ineficaces para resolver defectos estructurales de nuestro sistema público de salud.
Estas «soluciones» siguen castigando al mensajero y no van a la raíz del problema, porque un incremento del 56% en el número de recetas en los últimos 10 años así lo pone de manifiesto. No se ha apostado por mejorar la atención primaria luchando contra la masificación de los centros de salud, gestionando mejor las listas de espera y evitando que lo que puede prevenirse acabe convirtiéndose en una urgencia, un caso grave o incluso crónico, apoyando a los prescriptores con formación, recursos y tecnología, ni se ha apostados por «penalizar» a los pacientes que abusan del sistema sanitario. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír...
