El autor reflexiona sobre las características que debería presentar un futuro Pacto de Estado del medicamento para resultar verdaderamente eficaz y también analiza cuáles pueden ser los principales problemas con los que tope su elaboración y las soluciones viables al respecto.
Entre las grandes iniciativas de una Farmacia que empieza a moverse en la defensa de su supervivencia, comprometida tras el Decreto Ley 5/2000, está el llamado «Pacto de Estado del medicamento». Éste es un pacto que, para ser de alguna utilidad, debe incluir a todos los sectores y que va a ser instrumentado por uno de los procedimientos de cooperación existentes entre el Estado y las comunidades autónomas, como es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La dificultad de alcanzar un acuerdo es muy grande, pero si se alcanzase y fuera satisfactorio para todos, podría considerarse que se ha logrado un gran éxito y que la farmacia podría disfrutar de una merecida calma durante algún tiempo.
ANTECEDENTES
Este tipo de pactos tiene una enorme tradición en la cultura judeocristiana, como lo demuestra la lectura del Antiguo Testamento, cuyo espíritu conductor es precisamente el pacto entre Jehová y el pueblo judío, que se materializa en el Arca de la Alianza. Sin remontarse tan lejos, encontramos toda una teoría sobre la necesidad de alcanzar pactos en el sector farmacéutico en las obras de Leopoldo Arranz1,2, un responsable de las pres taciones farmacéuticas de la Seguridad Social ya fallecido, que se enfrentó a la corporación farmacéutica en los tiempos de Ernesto Marco Cañizares y que, si viviese ahora, podría comprobar asombrado que, en la actualidad, todos quieren seguir sus teorías. El antecedente más próximo es un pacto que presentó FEFE a los últimos gobiernos socialistas y que se basaba en devolver, cada farmacia, la cantidad que superase un cierto porcentaje. En la actualidad, la patronal farmacéutica andaluza CEOFA ha planteado formalmente un pacto de estabilidad al que se han adherido la mayor parte de las patronales, adoptando además, las directrices del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
SITUACIÓN ACTUAL
Tras una presentación a dirigentes farmacéuticos de los elementos principales del «Pacto de Estabilidad en el Sector Farmacéutico» llevada a cabo en Madrid a finales del mes de noviembre de 2000, se produce el hecho no fortuito de que el grupo parlamentario de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados consigue ver aprobada por unanimidad una moción por la que insta al Gobierno a alcanzar un acuerdo para un «Plan integral de estabilidad en la prestación pública del medicamento», que se transcribe íntegramente en la figura 1 y que contiene tres puntos sobre la operativa a seguir y un cuarto punto que marca un plazo de 6 meses para presentar a la Cámara los contenidos del plan y los resultados de los procesos de consenso establecidos.
Si se alcanzase este difícil pacto y fuera satisfactorio para todos, podría considerarse un gran éxito y la farmacia disfrutaría de una merecida calma durante algún tiempo
ACTORES Y ELEMENTOS DEL PLAN
El Plan debe articularse a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representadas todas las comunidades autónomas a través de sus respectivos consejeros de sanidad y comprenderá, por mandato de la moción aprobada en el Parlamento, a todo el sector farmacéutico (industria, distribución y oficinas de farmacia(, facultativos prescriptores y usuarios del Sistema Nacional de Salud. Las condiciones son las de consolidar y mejorar la calidad de la prestación y su uso racional, además de desarrollar los aspectos contenidos en la Ley de Sanidad sobre la consideración de la oficina de farmacia como establecimiento sanitario y proponer medidas concretas para asegurar la suficiencia económica de los créditos dedicados a la prestación farmacéutica en los próximos años.
LA PROPUESTA DEL COLEGIO DE MADRID
El Colegio de Farmacéuticos de Madrid ha llevado a cabo una propuesta concreta que se articula a través de una serie de medidas legales para conferir carácter básico a los artículos de la Ley 16/97 de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia, que no tuvieron ese calificativo cuando se promulgó y que podrían dar lugar a una Ley Básica de Coordinación Legislativa aplicable a la ordenación farmacéutica y, también, a otro conjunto de actuaciones:
Con relación a los Conciertos, una adecuada interpretación del Decreto Ley 5/2000 para minimizar sus efectos y una ampliación de la oferta de servicios.
Establecer un código de conducta ante los nuevos sistemas de comunicación.
Proceder a la regulación del registro, los precios, el comercio paralelo, la política de genéricos, el seguimiento de la prescripción, la receta electrónica, las especialidades farmacéuticas publicitarias y los medicamentos de uso hospitalario.
Establecer un pacto económico.
El pacto económico es, lógicamente, lo único que interesa a la mayor parte de las administraciones, mientras todo lo demás nos interesa a nosotros. La base de ese pacto económico es atemperar el crecimiento a «un poco más» del crecimiento nominal de la economía, que se suele expresar como la suma del crecimiento del PIB más la inflación, de tal manera que si el PIB crece un 3,4% y la inflación un 3% la suma sería un 6,4% y a estos efectos las cantidades superiores al 6,4-7 deberían retornarse.
Esta propuesta ha sido aceptada por las patronales de oficina de farmacia, la distribución y bastantes colegios y ha sido presentada formalmente en el Pleno del Consejo General, cuya cúpula dirigente no la ha recibido de muy buen grado por la pérdida de protagonismo que representa, aunque tampoco se ha lanzado a una lucha abierta contra ella al comprobar que la apoyan bastantes presidentes.
CONSECUENCIAS IDEALES DEL PACTO
Si imaginamos que este pacto se aceptara en todos sus términos nos encontraríamos con la solución de la mayor parte de los problemas legales que afectan a las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla la Mancha o Navarra y todo eso a cambio de una pequeña cantidad de dinero, que es la que va desde el 6,5 al 7% en el crecimiento, y lo que de verdad crezca el mercado farmacéutico, que siempre va a ser más. Imaginarlo es bonito y cualquier farmacéutico de bien, aceptaría ver reducidos sus ingresos para resolver definitivamente la situación precaria de nuestros compañeros en esas comunidades autónomas y, ya de paso, asentar el modelo de farmacia que tenemos. Pero la realidad de los autogobiernos regionales aleja esa posibilidad o al menos la hace muy difícil.
Las consecuencias ideales del pacto serían asentar el modelo de farmacia que deseamos, alejar los peligros de la liberalización y pasar un largo período de tiempo sin sobresaltos que provengan del Ministerio de Economía, pero hay otras muchas fuerzas en presencia que van a tratar de que eso no sea posible, o al menos, que el pacto se reduzca a entregar dinero sin conseguir ninguna de sus ventajas adicionales. Los problemas que planean sobre el pacto son al menos de dos tipos, como se comenta a continuación.
PROBLEMAS INTERNOS
El principal problema interno es que algunos colegios, el Consejo General o incluso farmacéuticos individuales no acepten el pacto y razones no les van a faltar, ya que la Administración incumple con cierta facilidad sus pactos, como se puede comprobar en éste y otros sectores, con el argumento de que no puede comprometer la soberanía del Parlamento.
Los argumentos que van a emplearse, no exentos de razón, es que nadie puede comprometer el patrimonio individual de cada farmacéutico y que los pactos tienen que tener la cualidad de llevarse a cabo en libertad, de tal manera que si un Colegio no los acepta su postura hay que respetarla. Así ocurre, por ejemplo, en los pactos suscritos por Farmaindustria, que tienen que ser ratificados por cada empresa y bastantes de ellas no lo hacen aunque cuantitativamente representan una parte pequeña del mercado farmacéutico.
PROBLEMAS EXTERNOS
Los problemas externos son también muy importantes, ya que el ansia liberalizadora del ministerio de Economía y la presión de los otros operadores económicos pueden forzar un cambio de modelo durante la vigencia del pacto. Me estoy refiriendo a la posibilidad de que salgan las especialidades publicitarias de la farmacia o incluso cosas peores como lo que ha ocurrido en Navarra, que es el primer paso hacia una liberalización total.
Junto a estas acciones de una Administración que actúa en ocasiones con criterios contrapuestos, puede suceder que los otros protagonistas del pacto (industria, distribución, prescriptores y pacientes( no acepten sacrificios de ningún tipo.
Concretamente en la formulación del pacto hay que insistir en que la financiación pública de los medicamentos en España se acerque a los límites medios de Europa porque estamos en una posición verdaderamente anómala: somos el país que financia el mayor porcentaje de los medicamentos de toda la Unión Europea (fig. 2). Una financiación del 65% podría considerase muy favorable teniendo en cuenta que Italia la tiene del 40,7, Bélgica del 44,9 o Portugal del 66,3 por ciento. Ocupamos la primera posición en financiación con un 73,1% y ése es uno de nuestros principales problemas, que debe ser abordado con decisión política por todos los grupos parlamentarios. Probablemente no hay en todo el mundo un país en el que los medicamentos le cuesten a la gente el 6,9% de su valor y esa situación tiene enormes consecuencias sobre la forma de consumir y utilizar los medicamentos.
¿EL PACTO ES LA SOLUCIÓN IDEAL AL PROBLEMA ECONÓMICO?
El pacto, considerado en su conjunto, incluyendo las cosas que tendrían que ser pactadas por los otros sectores que no son la oficina de farmacia, puede ser indudablemente la solución al problema económico, pero un pacto exclusivamente con el sector de oficinas de farmacia y referido a la devolución de las cantidades que superen el crecimiento de la economía y la inflación no puede serlo nunca, ya que afectaría gravemente a la economía de las oficinas de farmacia, por la sencilla razón de que hay muy pocas farmacias que crezcan por encima del mercado y, sin embargo, la aportación económica, para que sea eficaz, deberían hacerla todos.
La apertura de nuevas farmacias, por ejemplo en Madrid, y no digamos en Navarra, produce el efecto de que los crecimientos individuales son muy modestos e incluso negativos a título individual para cada farmacia, sin embargo el mercado puede crecer en su conjunto. En esta situación, para instrumentar el retorno económico que propone el pacto, tendrían que pagar todas las farmacias, aunque no hubieran crecido o tuvieran un crecimiento negativo lo que es altamente injusto.
PREDICCIONES EN CLAVE LIBERAL
Las noticias que nos llegan sobre la posibilidad de que algunas especialidades publicitarias puedan salir del canal farmacéutico son cada vez más numerosas. La ministra de Sanidad vino a decir a un grupo de presidentas de Colegios que «eso» ya estaba en manos de Rodrigo Rato, que es tanto como decir que la suerte estaba echada. La salida de las especialidades publicitarias es una ruptura de nuestro modelo farmacéutico que debería impedir el diálogo con la administración. Si esto ocurre, seguir dialogando o mantener lo pactado sería una grave irresponsabilidad porque se producirían a continuación los siguientes pasos: separación de la propiedad y titularidad de la oficina de farmacia y libertad de establecimiento que es algo íntimamente ligado a ello.
Si alguna de estas funestas previsiones se cumpliese en la fase de negociación del pacto o durante su vigencia, sería necesario contar con un plan alternativo y esta posibilidad hasta ahora no es contemplada por parte de ninguno de nuestros dirigentes. El plan alternativo debe existir, alguien se tiene que ocupar de formalizarlo por escrito para que los poderes públicos y los consumidores conozcan las consecuencias de un exceso de liberalismo y todos sepamos a qué atenernos.
CONCLUSIÓN
El pacto de estabilidad para el sector farmacéutico es la última oportunidad que se nos presenta de asentar el modelo farmacéutico que conocemos y que ha dado tan buenos resultados en la atención farmacéutica en España en los últimos años.
El plan no está exento de problemas internos y externos, ya que buena parte de las autoridades económicas busca más cambiar el modelo, introduciendo competencia, que conseguir resolver el problema presupuestario con respeto a nuestra tradición y forma ordenada de atender el servicio farmacéutico. Sin embargo, la propuesta de Coalición Canaria tiene una gran ventaja, y es que ha sido apoyada por todos los grupos políticos y podría dar lugar a la adopción de medidas que no perjudicaran el voto de ninguna de ellas en particular, en cuestiones vitales para normalizar el consumo de medicamentos, como sería llevar a cabo un proceso de convergencia hacia la media europea en la tasa de financiación pública. Ésta sí es una auténtica solución para el problema del gasto, por más que introduzca algunos sacrificios por parte de los consumidores. Además, el plan tiene que tener reflejo en los demás actores que intervienen en el ciclo del medicamento, ya que la aportación exclusiva de las farmacias no haría posible alcanzar la finalidad perseguida.
Esperemos que la cordura reine en todo el proceso de negociación y que el Ministerio de Economía o las autoridades de la competencia no acaben adoptando alguna medida que haga imposible llegar a un acuerdo. *