Trazabilidad hasta el final
Desde hace ya bastante tiempo las farmacias españolas sufrimos el desabastecimiento rotativo de determinadas especialidades farmacéuticas que, en consecuencia, no podemos suministrar a las personas que las necesitan, con el consiguiente riesgo para su salud. Se dice que las exportaciones paralelas son las «culpables» de este desabastecimiento, a pesar de que se trata de una práctica legal que simplemente consiste en la venta de los excedentes de la distribución mayorista en terceros países. Gracias a ella, estas empresas obtienen unos beneficios que les permiten subsistir.
El problema radica en que si primero no distribuyen a las farmacias españolas lo que éstas necesitan, la práctica, por muy legal que sea, adolece de falta de ética. De ahí el caso Pfizer, o el de otros laboratorios que ya realizan ventas directas a la farmacia, evitando así el posible desabastecimiento de sus productos.
Para poner de manifiesto esta mala praxis de algunos mayoristas y zanjar la problemática existente entre Pfizer, la patronal Fedifar y ciertas distribuidoras, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha urgido la elaboración de un proyecto de real decreto sobre distribución de medicamentos que tiene como objetivo principal su «trazabilidad» (¡menudo palabro!). Con este término --burdamente calcado del inglés-- se refiere a la capacidad de conocer exactamente el recorrido que efectúa el medicamento desde que sale del laboratorio hasta que llega al consumidor final (lo que toda la vida se ha llamado seguimiento). Este proyecto ha generado una enorme polémica por las posibles consecuencias económicas para todos los implicados, ya que tanto para los laboratorios fabricantes, como para las distribuidoras y las farmacias el control exhaustivo de cada uno de los lotes de los envases de medicamentos es una ardua tarea, que precisará de alta tecnología para su desarrollo y supondrá un importante incremento de los costes.
Desde mi punto de vista, este proyecto de trazabilidad debería ir más allá e incluir el destino final del medicamento, para saber, en definitiva, si la especialidad ha cumplido su cometido o no. Es decir, si se ha utilizado o ha ido a parar a uno de los más de 19.000 contenedores del sistema SIGRE, que en el último año ha incrementado el número de envases reciclados en más del 21%.
A la vista del tesón y la celeridad con los que ha trabajado Sanidad para dar respuesta, en forma de futuro decreto, a este problema, resulta curioso y bastante triste que no derroche el mismo esfuerzo en diseñar un sistema de control del cumplimiento terapéutico y de la idoneidad del diagnóstico y de la prescripción, entendiendo estos parámetros como ejes de la evaluación de la calidad asistencial de nuestro modelo sanitario público y también, evidentemente, de las políticas de moderación del gasto en medicamentos.
El control, la supervisión y la evaluación permanente son funciones que la Administración debe cumplir y todos deseamos que lo haga eficientemente. Pero no es justo que, en la escena de la sanidad, haya actores supercontrolados y fiscalizados, mientras otros actúan alegremente, con peligrosa despreocupación. Aquí, o jugamos todos o se rompe la baraja.
MERCEDES PRATS
Directora