En el presente trabajo se tiene como objetivo fundamental discutir la actualidad de la acción colectiva rural en México desde la óptica del debate y la teoría de la sociedad civil. En específico, se busca analizar si el concepto de sociedad civil es útil y suficiente como para describir y estudiar las actividades y prácticas de muy diversas y variadas formas de acción organizada que hoy se llevan a cabo en el ámbito rural mexicano. Se trata de un trabajo eminentemente teórico en el que, sin embargo, las referencias empíricas son necesarias para pensar la actualidad del campo mexicano en materia de colectividades y mundo asociativo.
The main objective of this article is to discuss the current situation of rural collective action in Mexico from the scope and theory of civil society. More particularly, this text offers an analysis about if the concept of civil society is useful and sufficient to describe and to study the activities and practices of varied and diverse alternatives of organized action that are set in motion in the rural sphere in Mexico. This is a theoretical article in which, nonetheless, some empirical references are offered to think the present and future of rural Mexico in terms of human collectivities and the associative world.
O trabalho tem como objetivo principal discutir a atualidade da ação coletiva rural no México desde a óptica do debate e da teoria da sociedade civil. Particularmente, se busca analizar si o conceito da sociedade civil é útil e suficiente para descrever e também estudar as atividades e práticas das diversas formas da ação organizada que hoje são realizadas no âmbito rural mexicano. Assim, é um trabalho eminentemente teórico, porém as referências empíricas são necessárias para pensar a atualidade do campo mexicano em matéria das coletividades e mundo associativo.
El concepto de sociedad civil se ha convertido en uno de los conceptos más empleados en el ámbito político-público en los últimos años en diversas arenas discursivas en México. La razón fundamental de esto parece responder, al menos, a dos procesos que se entrelazan de manera continua: por un lado, se ha experimentado una emergencia importante y sin precedente de una multiplicidad de actores que demandan y ejercen actividades públicas gradualmente más autónomas, sin emprender una búsqueda del poder o de rentabilidad económica. Por el otro, la creciente expectativa de la participación ciudadana y de actores no gubernamentales, como mecanismo para mejorar o potenciar la atención de muy diversos asuntos públicos y complejas contradicciones sociales.
Sin saber, a ciencia cierta, cuál de estos factores explicativos ha impactado de manera más directa en el crecimiento de la sociedad civil mexicana, es un hecho que esta expansión se ha experimentado en nuestro país –tal como lo comprueban algunas de las mediciones existentes al respecto–.3 Pero este crecimiento no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Autores como Lester Salamon,4 Jean Cohen, Andrew Arato5 o Michael Edwards6 –entre otros– han hablado de la existencia (en las últimas décadas) de una verdadera ola asociativa mundial o de una revolución del asociacionismo global. Desde la perspectiva de Salamon7 hay tres procesos que explican la explosión de la sociedad civil en el mundo: la crisis y decepción generada por el declive de los Estados de bienestar, la explosión tecnológica global (sobre todo, en el ámbito de las telecomunicaciones) y el creciente cuestionamiento a las políticas de ajuste estructural emanadas del consenso de Washington y las consecuencias de la proliferación y ampliación del llamado Estado neoliberal.
En México, dos momentos históricos sociales recientes parecen haber detonado un crecimiento inusitado de la sociedad civil. El primero fue la movilización de la sociedad (sobre todo en la Ciudad de México) después de los fuertes sismos ocurridos en 1985.8 Otro momento que se ha identificado con el renacimiento contemporáneo de la sociedad civil mexicana, fue el importante papel que jugó un amplio frente de organizaciones no gubernamentales, asociaciones políticas, grupos ciudadanos –entre muchos otros– que potenció el proceso de construcción democrática en México durante la década de los noventa.9
No resulta ilógico que la literatura especializada haya analizado y estudiado ampliamente estos procesos históricos, en la medida en que hasta la década de los ochenta (tendencia que se mantiene hoy) una buena parte de los esfuerzos de organización y acción colectiva llevados a cabo en México se hacían bajo el manto de los complejos y efectivos arreglos corporativos y clientelares montados durante el siglo xx por el pri (en estrecha colaboración con el gobierno). De hecho, a pesar del importante crecimiento en el número de organizaciones autónomas a lo largo y ancho del país en las últimas décadas, por lo general hoy la pertenencia y afiliación continúa concentrándose, en su mayoría, en el sector oficial.10 Por ello, y para decirlo de manera clara, lo novedoso en términos de la acción colectiva en México se encuentra en un sector reducido, pero en constante crecimiento, conformado por las organizaciones y demás figuras asociativas que han logrado mantenerse por fuera del control corporativo y clientelar ejercido por el pri.
Ese espacio organizativo comprende el núcleo básico de lo que ha sido denominado como la sociedad civil mexicana. Sin embargo, aunque este ámbito organizativo ha sido estudiado y analizado de forma profusa en las últimas décadas, presenta sesgos importantes. Se ha analizado con mucho mayor atención el impacto político (las contribuciones en la construcción de la democracia) por sobre otras áreas, en donde ha tenido un enorme peso el actuar de estas organizaciones;11 por ejemplo, en el tema del fomento al desarrollo o la creación de alternativas productivas sociales sustentables. Se ha profundizado el estudio de la interfase entre la sociedad civil mexicana y el Estado frente al análisis de la interfase que ésta genera con el mercado. Se ha priorizado el análisis desde visiones de corte más funcionalista12 por sobre miradas que estudian el devenir histórico y la génesis de las organizaciones, subsumiendo la discusión sobre numerosas expresiones de la sociedad civil dedicadas, por ejemplo, a actividades religiosas o muy relacionadas con el vasto y complejo tendido asociativo de la Iglesia Católica en nuestro país. Finalmente, otro importante sesgo que ha presentado el estudio contemporáneo de la sociedad civil en México, y que da origen al presente trabajo de investigación, es que éste se ha centrado en el análisis de procesos organizativos de carácter eminentemente urbano por sobre el análisis del proceso de autonomización y diferenciación que un creciente y diverso espectro de organizaciones y agrupaciones llevan a cabo en la actualidad en el ámbito rural mexicano.
Dicho de otra manera, con la literatura producida hasta el día de hoy en este campo temático, se corre el riesgo de crear una imagen que lleve a pensar que la sociedad civil mexicana es –o ha sido– un fenómeno básicamente urbano, y que el proceso de su construcción ocurrió de manera principal en las ciudades, y/o que la sociedad civil rural (scr) es prácticamente inexistente en México. Una lectura un poco más benevolente, pero aún vaga, es que la scr se ha desarrollado de una manera mucho menos dinámica y vigorosa que su contraparte en las metrópolis y ciudades del país.
Por supuesto, más que certezas, lo que prevalece alrededor de esta discusión son dudas y vacíos analíticos que impiden pensar con mayor claridad una visión más amplia de la sociedad civil en México. De cualquier manera, ésta es una oportunidad muy importante para la reflexión y la discusión. Por ello, lo primero que conviene ante este reto es adoptar una definición operativa de sociedad civil que nos permita establecer un piso mínimo a nivel teórico para pensar la actualidad y trayectoria de lo que hemos comenzado a denominar la scr.
El concepto de sociedad civilLa discusión en torno al concepto de la sociedad civil es una vasta arena de debate contemporáneo dentro de las ciencias sociales, y en específico en la ciencia política. Ubicada dentro de las teorías de alcance intermedio,13 la teoría de la sociedad civil abreva de diferentes tradiciones analíticas y retoma una serie de contraposiciones con las que se han modelado las versiones más contemporáneas del término, visto como un concepto de análisis social.
Edwards14 sintetiza de manera comprensiva las tradiciones teóricas que subyacen en los diferentes entendimientos contemporáneos de la sociedad civil. Para el autor (en la actualidad), al hablar de sociedad civil hacemos referencia a, por lo menos, uno de tres sentidos del término: el primero de ellos es el que alude a la idea de la sociedad civil como la “la vida asociativa”. En esta tradición, se piensa a la sociedad civil como el conglomerado de asociaciones y organizaciones que “forman parte de la sociedad”, una parte “que es distinta de los Estados y los mercados”.15 Su matriz teórica más reconocible es el trabajo de Alexis de Tocqueville16 sobre las asociaciones intermedias entre la familia y el Estado, detallado en su análisis sobre “la Democracia en América”. Esta tradición ha derivado en visiones de la sociedad civil que la ubican en la punta de un triángulo en el que las agencias estatales, por un lado, y los actores mercantiles (sobre todo, las empresas), por otro, ocupan las puntas restantes.
Desde la lógica de Edwards17 existen, de manera alternativa, quienes ven a la sociedad civil como la “buena sociedad”. Es decir, se usa el término sociedad civil para describir “el tipo de sociedad en el que queremos vivir”. Esta perspectiva recae en el uso que se dio al concepto como una imagen ideal de sociedad en conflictos políticos y sociales que derivaron en la caída de regímenes autoritarios como en el Este de Europa a principios de los ochenta,18 o en la paulatina degradación de las dictaduras militares en América Latina. El planteamiento desde esta tradición es que en toda sociedad priva un deseo permanente por vivir bajo una serie de prácticas, instituciones e ideales tan variados como pueden ser la libertad, la democracia, la confianza, la cooperación, la fraternidad, la justicia, la sensibilidad social, la tolerancia, la hospitalidad, el respeto, la decencia, la espiritualidad, el civismo, entre muchos otros. Desde esta perspectiva, la sociedad civil es el momento en el cual se alcanza un estado más “civilizado” con respecto a un episodio histórico o una época anterior. Estas diversas teorías “comparten una imagen de la sociedad civil como un orden social deseable o una auto-imagen de la modernidad definida en términos normativos”: “representa la institucionalización de la civilidad”.19 Es decir, un punto de referencia que orienta la acción organizada y ciudadana hacia la idea de una sociedad mejor, “una sociedad que es civil” en contraposición a una sociedad que no era civil. Algo así como un ideal regulador kantiano. El origen teórico primigenio de esta tradición, por supuesto, se encuentra en los planteamientos de los contractualistas, pero fundamentalmente en el trabajo de Locke, quien contrapone el estado de naturaleza –o peor aún, de guerra– con un Estado o una sociedad de corte civil como momentos sucesivos en la evolución política de las naciones.20
Un tercer uso que se puede localizar en la literatura especializada del concepto de la sociedad civil, es la relación con la idea de la esfera pública. Esta interpretación de la sociedad civil descansa en una visión de lo público como un espacio socialmente compartido (más allá del ámbito privado) en el que “importa tanto el bien común, como la capacidad de deliberar democráticamente” el mejor camino para lograrlo.21 En esta tradición se observa a la sociedad civil como un ámbito o esfera no privada de discusión de los asuntos públicos. Lo relevante, sin embargo, es el reconocimiento de que en dicho espacio participa un sinnúmero de actores políticos y sociales, individuales y colectivos, con posiciones muy diversas o, incluso, contradictorias. Jürgen Habermas22 es un autor fundamental en este entendimiento de la sociedad civil. Para Habermas, la acción comunicativa en la “esfera pública discursiva” permite modelar y moldear, de manera gradual y a través del uso de la racionalidad instrumental orientada a medios y fines, las versiones socialmente más aceptadas (al menos desde una visión normativa) sobre la forma en que se debe conducir a la sociedad hacia una situación mejor. Por su parte, Michael Waltzer23 define a la sociedad civil como una “arena de arenas”, en el sentido en que está compuesta por una superposición de niveles discursivos y narrativas variadas en donde múltiples y heterogéneos actores defienden sus interpretaciones de la realidad y los cursos de acción a seguir en el mejoramiento de la vida pública y del Estado.
Del análisis anterior se desprende que, si bien la sociedad civil está conformada de manera orgánica por el mundo asociativo, es más que la suma aritmética de las organizaciones y asociaciones presentes en un espacio geográfico dado, al menos en dos sentidos: uno, porque implica la defensa de una serie de valores, cosmogonías e ideas de mundo que, bajo diferentes lógicas, plantean un proyecto civilizatorio orientado hacia la construcción de una “buena” sociedad; dos, porque abre la posibilidad de la existencia de una esfera en el ámbito público en donde se deliberan y debaten los asuntos colectivos y se contraponen de manera democrática diversas y a veces contrarias versiones de la sociedad y el Estado.
Con todo, para Edwards, […] la SC es la arena en la que la gente se reúne para defender sus intereses comunes, no desde el punto de vista del lucro o el poder político, sino en la medida en que algo que es importante lo es al grado de orillarla a tomar una acción colectiva. Esto incluye todas las redes y asociaciones existentes entre la familia y el Estado con excepción de las empresas privadas.24
En definitiva, ésta es una visión más holística y más comprensiva de la sociedad civil, debido a que involucra una serie de elementos que enriquecen visiones que son en esencia funcionales o estructurales, y permite ir más allá del análisis del tendido asociativo localizado en un espacio geográfico determinado. En este sentido conviene observar que la sociedad civil involucra arreglos asociativos que se ubican en algún punto en un espectro de complejidad, que va desde organizaciones muy elementales hasta organizaciones extremadamente complejas.25 Pero más aún, en la definición que aquí se propone, se pone atención al llamado de Partha Chatterjee,26 quien advierte que no existe ya ninguna razón que justifique dejar fuera del concepto sociedad civil a los movimientos sociales y, por supuesto, a sus organizaciones.27
Sociedad civil ruralJean L. Cohen y Andrew Arato28 sostienen que el proceso contemporáneo de formación de la sociedad civil es un proceso dinámico y de largo plazo, de carácter moderno-occidental.29 Por su parte, John Keane30 asegura que la formación y acción de la sociedad civil es un proceso fundamentalmente urbano en la medida en que es en las ciudades, bajo el cobijo de las clases medias, donde se desarrollaron con fuerza las luchas por los derechos civiles, políticos y, de manera posterior, sociales, en la lógica de la famosa formulación de Thomas Humphrey Marshall.31
Ambos planteamientos han sido problematizados por numerosos académicos en tanto que implican un análisis parcial del desarrollo de la sociedad civil a nivel global. Por un lado, se ha publicado una literatura que defiende, por ejemplo, la existencia de una vibrante sociedad civil en numerosos países islámicos, a pesar de que muchos de ellos viven bajo el yugo de regímenes sumamente autoritarios y/o bajo el mandato de proyectos políticos no secularizados.32 En este sentido, la llamada “Primavera Árabe” da cuenta de la emergencia o activación de la sociedad civil en algunos países en el Medio Oriente,33 en donde la participación de la sociedad civil fue determinante en el cambio político. Por el otro, sobre todo en regiones y países donde la distribución de la población campo/ciudad sigue siendo en su mayoría rural –casi la totalidad de los Estados en el continente africano, algunos países en América Latina y el sudeste asiático– o en donde la urbanización y la industrialización han sido procesos muy acelerados y recientes (como en Rusia, China o la India), han proliferado estudios que defienden la idea de la existencia y crecimiento de la scr, sobre todo a través de estudios de caso que detallan la actividad de movimientos sociales y organizaciones primordialmente en la lucha por la defensa del territorio o por determinados derechos, sobre todo de segunda y tercera generación.34
Lo problemático en este contexto académico es que, si bien la teorización de la sociedad civil es vasta y al mismo tiempo es causa y efecto de una amplia producción científica, poco se ha escrito (en términos teóricos) para distinguir las particularidades, motivaciones, modelos, procesos de formación, problemas y contradicciones que enfrenta la scr en el mundo. En efecto, es importante y necesario distinguir los procesos sociales propios alrededor de este sujeto analítico colectivo, en la medida en que el medio rural es quizá el ámbito que presenta de forma más aguda y cruda las consecuencias de las preocupantes contradicciones sociales que aquejan a numerosas sociedades en el mundo en la actualidad y, por otra parte, es el escenario de importantes disputas de proyectos ideológicos, productivos, de desarrollo y de vida.
Ahora bien, es conveniente tratar de responder cuáles son las peculiaridades conceptuales de la scr para poder alcanzar una definición –mínima si se quiere– de un objeto de estudio ubicuo y en transformación permanente. En este sentido, el elemento que resalta es, por supuesto, su carácter rural. Se conoce bien la polémica existente sobre la manera en que se define lo rural, ya que no existe consenso en el mundo, ni entre los países o los organismos intergubernamentales para estandarizar el concepto. Lo rural se observa desde diversos criterios demográficos, políticoadministrativos, funcionales, económicos, legales o culturales,35 y esto deriva en formas diferenciadas de analizarlo; ya sea a través de estatutos legales, por medio de la densidad poblacional o tomando en cuenta límites diferenciados en la población, se establece la distinción entre lo rural y lo urbano. Por momentos, estas variadas formas de entender esta diferenciación dan la impresión que reproducen el mismo error que se ha dado al hablar sobre la sociedad civil: hacer un análisis amplio del fenómeno a nivel urbano y colocar como una categoría residual lo que ocurre en el ámbito rural.36 Así, se entiende a lo rural como todo aquello que no es lo urbano. Por ello, se le asocia de manera general con lo remoto, lo inhabitado o, peor aún, lo inhóspito, lo poco desarrollado, lo primario (en términos productivos). Hablando en términos técnicos, en México y algunos otros países el criterio de definición es demográfico y está situado en el límite de los 2 mil 500 habitantes.
Sin embargo, esta forma de distinción no resulta suficiente para hacer un análisis de procesos políticos y sociales que se desenvuelven de manera fluida entre lo rural y lo urbano, como puede ser la expansión de la sociedad civil. Es necesario, en este sentido, ir más allá de una definición de lo rural que se base de manera esencial en un criterio poblacional hacia una categoría que tome en cuenta factores de corte más cualitativo (como los aspectos culturales o identitarios) con un carácter no estático y, por lo tanto, en permanente transformación. Lo primero que se debe reconocer es que hoy lo rural no es “exclusivamente lo agrícola, ni lo atrasado, ni la sola expresión de la producción primaria”.37 Por el contrario, el medio rural puede ser entendido como un conjunto complejo y variado de “regiones o zonas con actividades diversas (agricultura, industrias pequeñas y medianas, comercio, servicios) y en las que se asientan pueblos, aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados”,38 (así como otras actividades como la pesca, la ganadería, la minería o el turismo). No obstante, es conveniente complementar lo anterior con aspectos propios de la cultura o la identidad en el medio rural desde un enfoque en el que es necesaria la construcción de “una nueva, aceptable y mejor alternativa de vida”39 a nivel urbano y rural. Es decir, la confluencia de significados compartidos, relacionados con una co-producción histórica de un entorno o ambiente conformado por fuerzas naturales y sociales que actúan de manera simultánea. La particularidad de esta composición teórica radica en que es dentro del medio rural donde prevalece la pretensión de una convivencia e interacción cotidiana con los elementos de la naturaleza. Hablando en términos normativos, se plantea que dicha convivencia se debe llevar a cabo de manera armónica.40
Desde esta perspectiva, la scr es observada como la acción de las organizaciones e individuos que se desempeñan en el ámbito rural,41 es decir, en los espacios geográficos en donde se reconoce y (de manera normativa) se valora o atesora la convivencia con una significativa presencia de elementos propios de la naturaleza. La particularidad de esta acción social reside en que está orientada hacia una nueva y mejorada perspectiva de vida.
La scr, por lo tanto, puede ser entendida como el espacio de las interacciones y contraposiciones de una multiplicidad de actores colectivos que ocurre en la esfera pública y que, sin ánimo de lucro y/o sin plantearse la lucha por el poder político, defienden de manera autónoma visiones y versiones propias sobre los asuntos públicos en el medio rural y las alternativas para la construcción de una vida mejor. En términos menos abstractos, la scr se compone por una serie de organizaciones, asociaciones, agrupaciones, colectivos, uniones, federaciones, pactos, alianzas y un sinfín de expresiones de acción colectiva que buscan, a través de diferentes formas, la defensa de los intereses de sus propios agremiados y, como causa y consecuencia de ello, la modificación de la cosa pública en el medio rural. Este conglomerado disperso y contradictorio no porta ni defiende un proyecto único y unívoco de transformación, pero en buena medida se enfoca en la deliberación pública y atención de asuntos relacionados con el reconocimiento y respeto de derechos, la producción y comercialización agropecuaria, la tenencia y/o defensa de la tierra, la provisión de servicios, la migración, cuestiones indígenas, la protección del medio ambiente, el abasto agroalimentario, la cohesión comunitaria, la defensa de los derechos de los sujetos individuales y colectivos a nivel civil, político y social, entre muchos otros.
Independencia y autonomía en la acción colectiva rural contemporánea en MéxicoEl debate sobre la scr en México se ha desarrollado muy poco. Los núcleos académicos que han discutido y documentado el desarrollo de la sociedad civil mexicana se han mantenido alejados de la copiosa y fértil producción sobre los temas agrarios y rurales que diversas escuelas en México han trabajado durante décadas. Esto, por supuesto, no significa que no se haya realizado un importante trabajo de reconocimiento, recolección y sistematización de experiencias sobre diversas cuestiones del mundo asociativo rural, particularmente durante el siglo xx. Lo problemático en este aspecto, está en que la discusión se orientó hacia temas que diseccionaban el debate hacia distintos aspectos. Si bien el estudio del tema en la década de los setenta y ochenta recogió importantes y ricos análisis sobre diversos movimientos y otros esfuerzos de acción colectiva autónoma en el campo, en parte la discusión se orientó hacia el análisis del trabajo de organizaciones concentradas en sectores productivos, asociaciones ubicadas en estratos sociales específicos o en agrupaciones enfocadas en demandas particulares –como la lucha por la tierra la lucha por la producción o, posteriormente, contra la imposición política–.42
Es probable que el análisis de la scr en México se haya aglutinado alrededor de la idea –muy recurrida en esos momentos– de lo que, en un principio se le llamó el movimiento campesino independiente y, después, el movimiento autónomo campesino. Con el primer concepto se hacía referencia a una parte del mundo asociativo rural que, primero, en torno a la lucha por la tierra -especialmente radicalizada en la década de los setenta y en donde la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (cnpa)- tuvo un papel de coordinación importante: se opuso de manera frontal al gobierno y a todo el sistema de control corporativo del pri. Es sintomático que lo “independiente” (en contraposición al binomio pri-gobierno), de manera paulatina, se convirtió en el signo distintivo de una serie de organizaciones y movimientos campesinos que luchaban en contra de la imposición autoritaria y el control clientelar como, por ejemplo, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (cioac), creada en 1975.43 La transición discursiva de la independencia hacia la autonomía se produjo de manera gradual como producto de varios procesos históricos en el entramado asociativo rural.44
Lo que resulta evidente, en todo caso, es que en México durante el siglo xx y sobre todo en las últimas décadas de este periodo -desde el punto de vista de lo social organizado“para los campesinos […] la tensión entre rebelión y cooptación ha marcado su historia”; más aún, en el último cuarto de siglo “autonomía” se volvió el grito de unión entre las organizaciones de oposición y populares-democráticas.45
Como se puede apreciar, al igual que su contraparte urbana, la scr ha entrelazado de manera estratégica la lucha por la autonomía política con otras demandas, muchas veces sectorializadas o específicas, en ciertos estratos sociales o ámbitos de la producción. Lo que resulta relevante en este aspecto es que, como ocurrió en el ámbito urbano, la scr ha tenido sus propios procesos, tiempos y momentos fundantes, que no coinciden de manera necesaria con lo ocurrido en las ciudades.
Uno de los problemas con los análisis del movimiento independiente y autónomo campesino es que éstos se centraron en el estudio de la contraposición de las organizaciones con el gobierno, dejando de lado un sinnúmero de procesos organizativos, muchos de ellos autogestivos o ubicados en el polo opuesto del espectro ideológico en el que éste se encontraba. En buena medida esto es natural, ya que si tomamos en cuenta que la autonomía es una de las características esenciales de una sociedad que pretenda ser tildada de civil, la preocupación académica por la lucha autonómica demanda una enorme atención. Sin duda, la contraposición de movimientos diversos como el de la lucha por la tierra, el de los productores, el de los deudores, el de la lucha por los derechos indígenas y otros que han sacudido de forma cíclica la débil y precaria estabilidad política y social en el mundo rural mexicano a partir de la segunda mitad del siglo xx, reclamaron la atención de numerosos académicos. Lo que es necesario reconocer es que en la actualidad, en un contexto en el que (al menos a nivel legal-normativo) han cambiado algunos de los pilares del régimen político mexicano, se abre de manera gradual la posibilidad para el florecimiento de una scr más parecida, en cuanto a fundamentos, a su contraparte urbana.
Lo que se plantea aquí es que la lucha por la autonomía impulsada por las organizaciones, agrupaciones y colectivos no corporativos, es la semilla que ha detonado una cada vez más activa, creciente y participativa scr en México. Y éste es un proceso que tiene que ser analizado y discutido desde nuevas perspectivas y enfoques.
Sociedad civil rural en MéxicoEs importante reconocer que sólo hasta las últimas décadas del siglo xx se comprendió la potencia y amplitud de la transformación que vivió el medio rural mexicano. Al respecto se señala que “la transformación del campo mexicano en este fin de siglo es tan profunda que no solamente hay que hablar de cambios, sino de transición de una sociedad agraria tradicional hacia una sociedad rural compleja y diversificada”.46
Esto significa que, en un contexto de relaciones socioeconómicas un poco más lineales y homogéneas que las prevalecientes en los últimos años, y mientras –por un lado– el mundo asociativo rural se vio subsumido casi enteramente por el enorme entramado corporativo del pri y sus diversas organizaciones clientelares47 y –por el otro– el movimiento independiente o autónomo se mantuvo como un ala polarizada y extrema del campesinado organizado mexicano con pocas posibilidades de abandonar su carácter cuasi marginal, el concepto de sociedad civil resultaba una categoría hasta cierto punto fútil y superficial.
Sin embargo, advierte Carton De Grammont,48 en el nuevo contexto que se vivía a finales del siglo xx en el mundo rural mexicano “surgen nuevos actores sociales, nuevos conflictos, nuevas demandas, nuevas organizaciones y nuevas formas de representación social”.49 La vieja dicotomía en el mundo asociativo rural mexicano que contraponía al movimiento corporativo frente al movimiento independiente-autónomo (desde los primeros años de la década de los noventa) comenzó a ser insuficiente para describir un magma organizacional mucho más desestructurado y policromático.
Por ejemplo, a mediados de la década, más allá de la prominencia de la cnc, cuatro grandes cúpulas concentraban la capacidad formal de negociación con el gobierno: el Congreso Agrario Permanente (cap), que reunía a una buena parte de los ejidatarios; la Confederación Nacional de Productores Rurales (cnpr), creada para organizar a los propietarios privados; la Confederación Nacional Ganadera (cng), para el grupo de ganaderos nacionales; y, finalmente, el Consejo Nacional Agropecuario (cna), formado para representar los intereses del crecientemente poderoso sector agroindustrial y los grandes agricultores del país,50 actores potenciados sobre todo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) que entró en vigor en 1994.
También en el magma asociativo no corporativizado se observó una creciente diversificación y complejización de las modalidades, temáticas, opciones organizativas, definición de adversarios, focalización de demandas, etc. En el mismo periodo se pueden localizar las luchas encabezadas por la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (unorca) en defensa de los intereses de productores agrícolas del Barzón en cuanto al endeudamiento de los pequeños y medianos productores, sobre todo a partir de la severa crisis devaluatoria que desestabilizó gravemente la economía mexicana en diciembre de 1994; la lucha por los derechos indígenas y, en general, prodemocrática encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) a partir del mes de enero del mismo año, y un sinnúmero de organizaciones enfocadas al desarrollo de nuevas opciones productivas, cooperativas, etc.
El proceso de diversificación y complejización de la scr mexicana, sin embargo, no estuvo exento de contradicciones. Alberto Olvera51 señala al menos tres problemas que las cada vez más heterogéneas y numerosas organizaciones no corporativas del ámbito rural mexicano enfrentaban a finales de la década de los noventa: Primero, los movimientos sociales crecieron de manera atomística… Segundo, su principal espacio de desarrollo, es decir la creación de organizaciones campesinas económicas autogestivas, era un proceso altamente inestable… Y tercero, el carácter económico de estas organizaciones les confirió un carácter sindical y las obligó continuamente a desarrollar capacidades técnicas, administrativas y políticas difíciles de encontrar en el mundo campesino.52
Por su parte, Jonathan Fox53 encuentra este mismo fenómeno, pero lo enfoca de manera diferente. Para Fox, más allá del proceso de diversificación que paulatinamente comenzó a vivir el magma asociativo rural en México desde finales de la década de los ochenta, hubo también al interior del gobierno federal54 esfuerzos por generar relaciones de corte más pluralista o de corte cívico-liberales con organizaciones del mundo rural que –por un lado– se esforzaban por mantenerse fuera del control oficial, o que –por el otro– buscaban salirse de dicho esquema de dominación.
Lo relevante, más allá del reconocimiento de las dificultades que vivían las organizaciones autónomas a finales del milenio y la creciente complejidad al interior del gobierno, es dejar patente con el hecho de que el ámbito organizativo en el campo mexicano se ampliaba y se diversificaba de manera creciente. Por ello, la idea de la scr mexicana cobra sentido e importancia en la medida que el mundo rural asociativo en nuestro país se ha convertido en una geografía cada vez más compleja, diversa y heterogénea. La scr aparece como una categoría útil y conveniente, sobre todo para discutir la variedad y diversidad de las organizaciones y esfuerzos de acción colectiva que pueblan crecientemente la esfera rural mexicana en el nuevo milenio.
La scr y la construcción democrática en México, discontinuidades entre lo nacional y lo localLa llegada del año 2000 y el inicio del nuevo milenio en México, hizo albergar esperanzas de una transformación política profunda en importantes sectores de la sociedad. Según algunos autores,55 a partir del triunfo del presidente Vicente Fox se vivió una especie de “reflujo” en términos de la actividad de movimientos y organizaciones de la sociedad civil en México. Se piensa que para muchas organizaciones y actores del sistema político, la democracia se convirtió en un fin en sí mismo. Sin embargo, las enormes expectativas que se generaron a nivel social a lo largo del país acerca de la democracia electoral sólo fueron superadas en tamaño por un gran desencanto, al descubrirse que una buena parte de los problemas y contradicciones de la sociedad mexicana prevalecían sin avances o solución después de algunos años del cambio de régimen.
Uno de los aspectos más preocupantes y notorios fue una disociación a nivel político entre los ámbitos nacional y local, sobre todo en el ámbito rural. Mientras a nivel federal se comenzaron a observar cambios en el carácter de la relación de la sociedad civil con el gobierno, en muchas regiones del país, en el ámbito local, “las élites rurales autoritarias usualmente conservaron una influencia política significativa” aún después de la instauración de procesos electorales confiables.56 Jorge Cadena Roa y Miguel López Leyva57 sostienen que el proceso de consolidación democrática muestra todavía agendas pendientes muy importantes. Una de ellas, por supuesto, es el aterrizaje de la democracia y la construcción de relaciones sociales-gubernamentales de corte pluralista en los rincones más remotos y aislados del país.
Más allá de la provisión de servicios básicos necesarios para el desarrollo de las regiones rurales, los apoyos focalizados o el reparto de algunos bienes y servicios sin cortapisas políticas, la profundización de la democracia implica una forma completamente nueva de relación con los sujetos sociales en estas áreas. Desde el ámbito individual, con la necesaria ampliación y fortalecimiento de una ciudadanía rural renovada, hasta la promoción y profundización de la acción colectiva civil –en donde la relación con las organizaciones presentes en las regiones rurales del país se debería ver fortalecida por políticas firmes, transparentes y abiertas de participación ciudadana– es imprescindible entender y promover nuevas formas de interacción con los diversos sujetos-actores colectivos en este ámbito.
La desconcertante paradoja entre una política nacional paulatina y crecientemente más cívica y sujeta a procesos de transparencia y rendición de cuentas frente a regiones con prevalencia de usos y prácticas clientelares y patrimonialistas políticas añejas, pone en el centro del debate a la scr mexicana debido a que, como ocurrió con su contraparte urbana, ésta se constituye como un actor fundamental en la construcción y profundización de la democracia.
Sin embargo, para Fox58 hay, por un lado, una serie de obstáculos externos que impiden un desarrollo prolífico y sostenible de la acción colectiva rural, entre los que se encuentran una mayor limitación de los derechos civiles y políticos más básicos, una capacidad de contención y coerción más poderosa por parte de actores públicos y privados, ausencia de medios de comunicación masiva (lo que limita el acceso a la información), una actividad política más opaca, facilidad para la conformación de alianzas entre los actores más autoritarios en el nivel federal y las élites locales, entre otros. Con todo ello, es posible que sea más sencillo el uso de la violencia y la represión en contra de movimientos y osc rurales, en contraste con lo que ocurre con las organizaciones urbanas.
Lo problemático aquí es que también, a nivel interno, las propias osc rurales y los movimientos presentan dificultades y contradicciones muy particulares que erosionan su legitimidad y su capacidad para lograr incidencia en las políticas públicas. Algunos de estos problemas son59 la dispersión poblacional, la falta de infraestructura en materia de comunicaciones y transporte, la diversidad de actividades económicas, la precariedad de las familias, entre otros. Todos ellos, sostiene el autor, son factores que elevan los costos para la decisión de la acción colectiva y la participación.
Ambos tipos de obstáculos, externos e internos, limitan de manera fuerte la participación ciudadana y la acción colectiva electoral y no electoral. La imposibilidad de participar colectivamente de manera libre y en un marco de respeto a los derechos políticos en los procesos electorales locales trasmina, afecta e influye todos los ámbitos de la vida de los agremiados de las organizaciones y de los demás habitantes de las áreas rurales. La conflictividad social aumenta en la medida en que está constreñida de origen la participación de la scr en decisiones sobre el territorio, de lo que derivan otros problemas relacionados con la producción, el aprovechamiento de los recursos naturales, la relación con las empresas privadas nacionales y/o las corporaciones transnacionales, las relaciones laborales, entre muchos otros.
Se puede decir que, tomando en cuenta lo anterior, la agenda actual de la scr en México está en la construcción de procesos de participación democrática más profunda, tanto en el ámbito electoral como en la arena no electoral. Por supuesto, aquí no se habla de una participación partidaria en sí misma, sino en la contribución para la creación y estabilización de una arena electoral en donde el sufragio sea efectivo y la población pueda participar libre y de manera equitativa en la conformación de los diversos órdenes de gobierno, tal como ocurre en el nivel federal. Pero más allá de esto, la scr mexicana juega y jugará en los años por venir un importante papel en la construcción y buen funcionamiento de mecanismos de diálogo, consulta, deliberación o cogestión multisectorial en la política pública. La creciente predilección de la gobernanza como una nueva forma de coordinación social más cooperativa implica y precisa la participación de los actores relevantes de las sociedades civiles en las diferentes áreas relacionadas con el mundo rural. Esto sin detrimento de su papel contestatario y de resistencia frente a actores públicos y privados que buscan mantener relaciones de corte clientelar para la preservación de sus intereses.
ConclusionesLa discusión sobre la scr toma una particular importancia en la actualidad en México porque este conglomerado de actores colectivos e individuos tiene la posibilidad y, hasta cierto punto, la responsabilidad de profundizar en la democracia más allá de las ciudades, creando un continuum de vida cívica que no distingue entre lo urbano y lo rural.
En la actualidad, teóricamente, la scr mexicana se alza cada vez con mayor fuerza y capacidad como un motor que impulsa una nueva vida rural en donde la preservación del territorio y el respeto del medio ambiente son consecuencia de una participación ciudadana no mediatizada ni controlada de manera vertical por los mecanismos históricos de control autoritario.
Por supuesto, está siempre presente el deseo de los actores autoritarios de mantener y preservar sus mecanismos de control. La transformación y refinación de los medios para llevar a cabo este fin es un proceso continuo y permanente; por ello, en la época actual, el neocorporativismo y la dependencia de recursos gubernamentales aparecen como una posibilidad para describir la situación prevaleciente o más común en el mundo rural mexicano. Lo importante es reconocer, tal como hacía Robert Michels60 hace casi un siglo, que tanto en la ciudad como en el campo “las corrientes democráticas de la historia parecen ondas sucesivas, que rompen sobre la misma playa y se renuevan constantemente”. En esta época, en México parece que la acción de la scr es imprescindible para impulsar nuevas olas de democratización y la profundización de los logros alcanzados.
Agradezco los comentarios hechos a una versión previa de este escrito por Evelyn Mejía, Virginia Reyes, Gladys Sánchez, Silvia Jurado, Artemisa León, Fredyd Oregón y Heriberto Ruiz en el marco del Seminario sobre la Sociedad Civil Rural en México, realizado en octubre de 2015 en la UAM Xochimilco. En particular, las sugerencias realizadas por Jonathan Fox y Bruno Lutz resultaron de suma importancia para la preparación del presente trabajo.
Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, profesor-investigador del Departamento de Procesos Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Líneas de investigación: Estudios de acción colectiva, sociedad civil, participación ciudadana y gobernanza.
Por ejemplo, se observa que (en 2005) en el Registro Federal de las OSC había 2,953 organizaciones dadas de alta, mientras que para septiembre de 2014 esta cifra ascendía a 27,752 (SEDESOL, 2014). Se sabe que a mediados de 2017 esta cifra ascienda hasta cerca de 37 mil.
Salamon, Lester (2003), Global Civil Society: An Overview, Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore, disponible en http://www.jhu.edu/∼ccss/publications/pdf/globalciv.pdf, consultado en enero de 2009, pp. 64.
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Salamon, Lester (2003), op. cit.
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Olvera, Alberto (2003), Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: México, FCE y Universidad Veracruzana, México, 460 pp.
Aunque desde el año 2000 hasta el 2012, el Partido Acción Nacional (PAN) estuvo al frente del Gobierno Federal, la relación corporativa y clientelar entre las organizaciones del oficialismo se mantuvo. Si bien sólo pocas organizaciones cambiaron su filiación partidista, el grueso del espectro del conglomerado asociativo oficial mantuvo una alta dosis de lealtad con el Gobierno Federal. Aquí entran en juego nuevos aspectos explicativos relacionados con una relación más pragmática por parte de numerosas organizaciones y los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal. Esta discusión se retomará de manera mucho más amplia más adelante en este escrito.
Olvera, Alberto (2003), op. cit.
En estos enfoques se prioriza el análisis del potencial y la capacidad económica de las organizaciones en su capacidad empleadora, en temas relacionados con el voluntariado y las acciones “solidarias” y en la manera en que impactan el desempeño macroeconómico del país –Butcher, Jacqueline (coord.) (2008), México solidario. Participación solidaria y voluntariado, CEMEFI-LIMUSA-ITESM-Instituto Mora, México, 296 pp.; Layton M. y Moreno A. (2014), “Philanthropy and social capital in Mexico”, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Wiley & Sons; Natal, Alejandro y Humberto Muñoz G. (coords.) (2013), El entorno económico de las organizaciones de la sociedad civil en México, JAPDF, México, 205 pp.– La conceptualización del llamado Tercer Sector apunta en esta dirección (Chávez Becker, Carlos (2005), “Sociedad civil y tercer sector, dentro de la discusión del segundo circuito de la política” en Benjamín Arditi (ed.), ¿Democracia postliberal? El espacio político de las asociaciones, UNAM-Anthropos, 2005, pp. 45-70.
Cohen y Arato (2000), op. cit.
Edwards, Michael (2014), op. cit.
Idem.
Edwards, Michael (2014), op. cit.; Chávez Becker, Carlos (2005), op. cit.
Edwards, Michael (2014), op. cit.
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Edwards, Michael (2014), op. cit.
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Cohen, J. y Arato, A. (2000), op. cit.
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Más aún, este problema podría ser, en parte, la fuente de origen de múltiples problemas en la conceptualización de lo rural, en donde la SC es una parte constitutiva e importante pero poco estudiada.
Pérez, Edelmira (2001), “Hacia una nueva visión de lo rural”, en Norma Giarracca (comp.), ¿Una nueva ruralidad en América Latina?, CLACSO-Asdi, Buenos Aires, p. 23.
Idem.
Ibid., p. 25.
Como parte de este debate se sostiene que “en muchos países de diversas culturas se está mirando lo rural como una nueva alternativa de vida”. Por ejemplo, en algunos países de Europa, pero también en algunas zonas en Latinoamérica, “hay una tendencia… a ruralizar las comunidades urbanas y el empleo” –Pérez (2001)op. cit., p. 25– como forma para mejorar la vida de los habitantes de la ciudad.
Esta precisión conceptual resulta clave en la discusión que se propone sobre la SCR, debido a que resulta mucho más importante el análisis sobre el ámbito de influencia de esta acción, que la matriz de donde surge. En otras palabras, la acción de individuos y organizaciones, sin importar si éstos residen o emergieron en un ámbito urbano o rural, se convierte en un aspecto interesante de análisis desde la perspectiva de la SC, cuando aterriza en el ámbito rural.
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Carton De Grammont, Hubert (1995), op. cit.
Organizadas principalmente alrededor o dentro de la CNC.
Carton De Grammont, Hubert (1995), op. cit.
Idem.
Carton De Grammont, Hubert (1995), op. cit., p. 40.
Tal como ya se señaló antes, son en extremo raras las referencias que los especialistas de la sociedad civil mexicana hacían sobre su versión rural. Probablemente Olvera (1997) es el único analista que llegó a hablar de la SCR en México. Olvera, Alberto (1997), “Civil society and political transition in Mexico”, Constellations, vol. 4, issue 1, April, Wiley & Sons, pp. 105-123.
Idem.
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Prueba de que no es conveniente observar a los gobiernos como entidades unívocas y monolíticas.
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Fox, Jonathan (1990), op. cit., pp. 3-4.
Idem.
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