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Vol. 74.
Páginas 7-9 (Septiembre - Diciembre 2017)
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Carlos Chávez Becker, Bruno Lutz
Septiembre 2017
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Se conoce en los últimos tiempos al campo mexicano por sus movimientos de protesta en contra de proyectos mineros, energéticos y forestales en diversas regiones del país. También se le conoce por sus organizaciones productivas, que proponen proyectos alternativos en diferentes nichos de mercado, muchas veces, de formas por completo novedosas e innovadoras, productiva y comercialmente hablando. Los gobiernos indígenas y las formas locales de agrupación religiosa reflejan, de igual manera, la diversidad de la acción colectiva en el medio rural, desde el ámbito político. Hasta el momento, se han estudiado principalmente estos tres grandes ámbitos de la vida social-organizada campirana en México.

Sin embargo, operan en el campo organizaciones de la sociedad civil cuyos objetivos y esfuerzos están enfocados a mejorar la calidad de vida de sectores específicos de la población, promover sus derechos y/o valorar sus tradiciones. Asimismo, más allá de lo económico, de lo contestatario y de lo religioso, existe un ámbito “desinteresado” y voluntario de la acción colectiva que moviliza a sujetos no estatales. Fundaciones, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada y colectivos conforman un conglomerado vasto y heterogéneo que complementa y hasta cierto punto suple al Estado en materia de desarrollo social.

En un contexto de descentralización administrativa, disminución presupuestaria y reducción de las prerrogativas del Estado, respecto a la salud, educación, lo social y lo cultural, los ciudadanos son llamados a organizarse para asegurar su bienestar y el de los que menos tienen. Desde esta perspectiva, la corresponsabilidad es a la vez una directiva gubernamental y un anhelo genuino de sectores de la sociedad, presente desde hace décadas, tanto en el medio urbano, como en el medio rural, aunque mucho más visible, por múltiples factores, en el primero por sobre el segundo. Esta presencia cada vez más notoria de la sociedad civil en el ámbito rural –que concentra el mayor número de pobres en el país– se ilustra elocuentemente al observar no sólo una masiva pero desordenada delegación de responsabilidades por parte del Estado, sino el creciente dinamismo de la vida asociativa, la masificación del sector organizado de la sociedad civil, cada vez más relevante en el ámbito público, y la complejización de la sociedad y las comunidades rurales contemporáneas. A la defensa del bien común que caracteriza a la acción comunitaria, por un lado, y la visión global de una gobernanza democrática, por el otro, se ha venido sumando con fuerza la defensa altruista de una otredad vulnerable. Este altruismo que, según los casos, toma el rostro de solidaridad, filantropía, evaluación, asesoría e intervención directa o movilizaciones remite en todo caso a una particular lógica de acción colectiva y de atención de los problemas sociales contemporáneos.

Este “nuevo” y crecientemente complejo escenario de la acción colectiva rural y la ampliación del tejido asociativo en las regiones no urbanas del país demanda la atención de analistas y tomadores públicos de decisiones en la medida en que, de manera amorfa y ubicua y sin una dirección definida, los nuevos actores de lo social organizado rural mexicano tienen mayor incidencia y participación en la atención de los asuntos públicos y la problemática social. Por ello, se considera pertinente la discusión del concepto de sociedad civil rural en México, debido a que es una categoría que permite distinguir con mucha mayor claridad la fisonomía y características de un conglomerado asociativo que se plantea la búsqueda del bien común, no sin contradicciones, a través de su participación en el espacio público. Esta visibilización resulta fundamental, sobre todo, tomando en cuenta que hasta hace pocos años, la organización campesina había sido considerada, casi por completo, como una parte integral del régimen autoritario y un mecanismo de control de las grandes masas rurales.

Precisamente, en este número de la revista Acta Sociológica reunimos trabajos sobre la presencia heterotópica de organizaciones de la sociedad civil en el medio rural que, con muchos problemas y obstáculos, han contribuido a erosionar esta realidad, que parecía inamovible. Cada autor(a) analiza las condiciones de posibilidad de una acción colectiva diferente, hasta cierto punto desinteresada, algunos partiendo de una reflexión teóricoabstracta y otros exponiendo estudios de caso en Oaxaca, Puebla, Tamaulipas o Guerrero. La suma de estas evidencias relativas a la existencia de una sociedad civil rural es útil indudablemente para ampliar las perspectivas de análisis tanto de la acción colectiva en el campo mexicano.

En el primer texto titulado “Reflexiones teóricas en torno a la sociedad civilr rural en México”, se abre la discusión sobre la acción colectiva rural a partir del análisis con ojo crítico en la teorización del concepto sociedad civil, y aterriza con el concepto sociedad civil rural para pensar la actualidad del campo mexicano. En seguida, el texto de Bruno Lutz nos ofrece una amplia reflexión sobre la oposición ciudad-campo en materia de los objetivos perseguidos por las organizaciones de la sociedad civil rural y sus formas de acción colectiva. Artemisa López aborda, con un estudio de caso, el análisis sobre las características de la sociedad civil en la región agroproductora de Tamaulipas y la narcoviolencia fronteriza. A continuación, aparece el trabajo de Evelyn Mejía con un estudio sobre procesos de violencia y conflictos no violentos en el caso del pueblo ikojt de San Dionisio del Mar en Oaxaca, contrastando éste con la visión general de los estudios sobre la sociedad civil. El siguiente artículo, titulado “Organización civil de pueblos negros en Oaxaca” de Heriberto Ruiz Ponce, ofrece una postura crítica respecto al clásico enfoque que hace la literatura sobre sociedad civil, y a su vez, propone reflexionar sobre la base de nuestras propias percepciones raciales. Para cerrar con la temática del dossier, Silvia Jurado nos comparte el ejemplo de una organización campesina autónoma, con su estudio de caso sobre la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, en el cual nos explica algunas de las implicaciones de la sociedad civil actualmente en el espacio rural en México.

Sirva esta contribución para abrir un necesario debate sobre lo “otro” rural organizado en México, con el fin de ampliar el espectro analítico y profundizar en la construcción de nuevas perspectivas para el campo mexicano.

Por último, incorporado a este número, se encuentra el texto de Esteban Torres, que brinda una profunda reflexión en los aspectos centrales de la visión sociológica del Estado en Castells, desde la interpretación conceptual del autor en las obras sobre teoría del Estado de Max Weber y Michel Foucault.

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