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Debate Feminista 2014;50:280-320 - DOI: 10.1016/S0188-9478(16)30139-6
¿Las políticas carcelarias representan la justicia de género? La trata de mujeres y los circuitos neoliberales del crimen, el sexo y los derechos1
Elizabeth Bernstein

“¿Qué queremos? ¡Una ley dura contra la trata de personas! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora mismo!” —Llamado y respuesta durante una manifestación de la Organización Nacional de Mujeres (now, por sus siglas en inglés) en favor de la ley contra la trata de personas del estado de Nueva York, la cual incrementaría los castigos contra los clientes de las prostitutas. 1° de febrero de 2007, Nueva York

“La trata de personas no es una cuestión de pobreza, sino un problema de cumplimiento de la ley.” —Gary Haugen, director de la Misión Internacional de Justicia (apud.Landesman, 2004: 30)

“Cuando gobernamos, mediante la criminalización hacemos que el crimen y las formas de conocimiento que históricamente se asocian a él —el derecho penal, la narrativa criminal popular y la criminología— estén disponibles fuera de sus limitados terrenos originales como herramientas poderosas con las cuales es posible interpretar y enmarcar todas las formas de acción social como problemas de gobernanza.”

—Jonathan Simon (2007: 17)

En años recientes, un diverso despliegue de teóricos sociales ha emprendido la tarea de explicar el incremento de encarcelamientos masivos en Estados Unidos (y, en menor medida, en Europa occidental) desde los años 70, al vincular las estrategias carcelarias contemporáneas de gobernanza social con la expansión de los intereses económicos neoliberales; a las culturas de control modernas, con las nuevas modalidades de dominación racial y con el surgimiento de nuevos paradigmas políticos degobierno mediante la criminalización.2 En su innovador texto de 1992, “The New Penology”, los especialistas en derecho y sociedad Malcolm Feeley y Jonathan Simon (1992) identificaron por primera vez las series de cambios en la ideología penal vinculados entre sí que empezaron a ocurrir en los años 70 y 80, con particular énfasis en el aumento de apoyo social al encarcelamiento de grupos enteros de poblaciones consideradas peligrosas, en contraste con la aprehensión y rehabilitación de individuos específicos. Desde ese entonces, varias olas sucesivas de académicos han buscado entender la amplia trascendencia del encarcelamiento masivo como una estrategia de control social, coincidiendo con la predicción que hiciera Michel Foucault de que la institución penitenciaria moderna probablemente daría paso a formas más difusas de gobernanza (Foucault 1979). Independientemente de los argumentos que usen para explicar el sorprendente panorama que han trazado las modalidades de castigo, la mayoría de los teóricos tienden a coincidir con la afirmación general de Foucault de que el estudio de la política penal es de fundamental importancia para entender la organización del poder en términos más amplios, y que por lo tanto debe trasladarse de los márgenes al centro de la teoría social contemporánea.

En concordancia con esta valoración, varias teóricas feministas han empezado a rastrear una historia paralela de la evolución de los castigos, la cual pone en primer plano el papel desempeñado por el sexo y el género en los procesos de transformación penal. Han descrito las implicaciones sociales del incremento cada vez más veloz de encarcelamiento de mujeres infractoras (Sudbury 2005; Schaffner 2005; Haney 2004), así como el mayor control que se ejerce a nivel cultural sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres por medio de un miedo al crimen, generizado y ubicuo (Madriz 1997; Wood 2005).3 Curiosamente, también han explorado las formas peculiares en las que el propio activismo feminista —sobre todo en su presentación hegemónica estadounidense— ha servido para facilitar, en lugar de contrarrestar, el brazo carcelario controlador del Estado neoliberal. Por ejemplo, las especialistas en violencia doméstica y violación sexual han rastreado el surgimiento de las políticas carcelarias dentro del feminismo de la segunda ola (Gottschalk 2006; Bumiller 2008; Coker 2001; Guber 2007; Halley, 2008a, 2008b), y han descrito cómo las campañas feministas contra la violencia sexual no solo han sido cooptadas, sino que también han sido ingredientes integrales para la evolución de la justicia penal como aparato de control.

Este artículo retoma trabajos recientes de sociología, jurisprudencia y teoría feminista para evaluar de qué manera el feminismo y, en términos más generales el sexo y el género, se han entretejido de forma intrincada con los intereses punitivos de la política estadounidense contemporánea (y, por extensión, de las políticas mundiales). Mediante una mezcla de discusiones teóricas existentes sobre las tendencias penales con ideas tomadas de mi propia investigación etnográfica del actual movimiento estadounidense contra la trata —el ámbito más reciente del activismo feminista en el que ha prevalecido un marco penal sobre los modelos de justicia social—, examino de qué formas se han entretejido el neoliberalismo y las políticas sexuales y de género para producir un giro carcelario en los movimientos de reivindicación feminista que antes se organizaban para luchar por la liberación personal y la justicia económica. Tomando como estudio de caso el movimiento en contra de la trata de personas, demuestro que el discurso de los derechos humanos se ha vuelto un vehículo clave tanto para la transnacionalización de las políticas carcelarias como para la reincorporación de dichas políticas al terreno local bajo una apariencia feminista benevolente.

La discusión del feminismo carcelario que presento a continuación no pretende sugerir que todos los feminismos existentes —y mucho menos las feministas— están comprometidos en la agenda carcelaria. Por ejemplo, aun dentro del feminismo estadounidense contemporáneo dominante sigue prevaleciendo una visión liberacionista en relación a los derechos reproductivos, el tema emblemático del extremo izquierdista liberal del espectro político.4 Sin embargo, en lo relativo a cuestiones de violencia sexual, que incluyen pero no se limitan a la trata de personas, es indiscutible que ha prevalecido la agenda carcelaria. Como observa el teórico cultural Roger Lancaster en uno de sus libros más recientes, Sex Panic and the Punitive State, desde los años 60 las feministas y otros grupos liberales se han ido desplazando de forma constante hacia la derecha en cuestiones punitivas y de justicia penal, en particular en lo que respecta a las cuestiones sexuales (Lancaster 2011: 211).

El siguiente análisis deriva de un repaso a la bibliografía sociológica y feminista sobre el sexo, el género y la tendencia carcelaria, así como de mi propia investigación etnográfica multicéntrica realizada en seminarios políticos, congresos y sesiones estratégicas financiadas tanto por el Estado como por activistas. Entre 2005 y 2009, asistí en Nueva York y en Washington DC a 72 eventos ideológicamente diversos tanto de feministas seculares como de activistas cristianos que están en contra de la trata y realicé 28 entrevistas en profundidad con las y los líderes de estos movimientos. Aunque la atención en este ensayo está puesta principalmente en los grupos feministas seculares que han tenido una mayor influencia en la reformulación del comercio sexual en términos de trata de mujeres, el análisis que presento también deriva de mi largo involucramiento académico y político con trabajadoras sexuales activistas que rechazan la perspectiva de la trata y que abordan el trabajo sexual migrante bajo distintas rúbricas políticas (véase, por ejemplo, Agustín 2007; Ahmad 2005; Jagori 2005).5 Finalmente, mi argumento está fundamentado en una década de investigación etnográfica previa que realicé con una muestra amplia de trabajadoras sexuales, clientes y funcionarios estatales a finales de los 90 y principios de la década de los 2000 (Bernstein, 2007b). Dicha investigación demuestra que el término de trata es inadecuado para describir las experiencias sumamente diversas de trabajo y explotación de las trabajadoras sexuales, lo cual coincide con un corpus cada vez mayor de investigación científica social (véase, por ejemplo, Brennan 2004; Kempadoo 2005a; Cheng 2010).

En las secciones siguientes, empiezo por rastrear las fuertes conexiones entre las políticas carcelarias y el neoliberalismo que han sido articuladas en varios textos recientes e influyentes de teoría sociológica y jurisprudencial. Posteriormente, extraigo las poco teorizadas dimensiones sexuales y de género contenidas en estos argumentos a través de la discusión de las contribuciones de una nueva ola de académicas socio-legales feministas y de mi propio trabajo etnográfico sobre el movimiento estadounidense contemporáneo contra la trata, para mostrar el surgimiento de lo que denomino feminismo carcelario: una formación cultural y política en la que las luchas de las generaciones anteriores por la justicia y la liberación se reformulan en términos carcelarios.6 Concluyo instando a que en los análisis dominantes de los modos de castigo contemporáneos se preste una mayor y más matizada atención a las intervenciones del género y de las políticas sexuales, así como a que se haga una reflexión más detenida del Estado carcelario neoliberal en las discusiones feministas sobre el género, la sexualidad y la ley.

Las políticas carcelarias como una forma de gobernanza neoliberal: un panorama de la teoría

Aunque existen numerosos trabajos en buena parte del espectro de ciencias sociales que han situado las transformaciones recientes de la justicia penal en términos de la gran importancia social de estas tendencias, para los propósitos de la discusión de este artículo, comienzo por tomar en cuenta tres textos muy influyentes de la teoría social contemporánea que interpretan el giro carcelario de finales del siglo xx en la política estadounidense y de Europa occidental: La cultura del control: crimen y orden social en la sociedad contemporánea, de David Garland (2005); Castigar a los pobres, de Loïc Wacuant (2010); y Governing Through Crime, de Jonathan Simon (2007). Mientras que otros especialistas se han enfocado sobre todo en las consecuencias políticas y sociales del aprisionamiento masivo (Western 2006; Manza y Uggen 2006; Garland 2001), en el encarcelamiento masivo como un proyecto de dominación racial (Peterson, Krivo y Hagan 2006; Davis 2003; Tonry 1995) o en la articulación y promoción de políticas alternativas (véase, por ejemplo, Jacobson 2005; Petersilia 1998; Davis y Rodríguez 2000), en lo personal he elegido enfocarme en los tres volúmenes ya mencionados porque cada uno de ellos aspira a hacer una teorización amplia de la relación entre las formas de castigo contemporáneas y otras tendencias más generales dentro de la cultura y la economía política del capitalismo tardío, incluyendo aquellas que conciernen al género y la sexualidad.

El libro de David Garland de 2005 sigue figurando entre los trabajos más ambiciosos e influyentes en ese campo al hacer la audaz afirmación de que la pauta de relaciones sociales, económicas y culturales que emergió en Estados Unidos, Gran Bretaña y en otros lugares durante las últimas tres décadas del siglo pasado “trae aparejados una serie de riesgos, inseguridades y problemas de control que han jugado un papel crucial a la hora de dar forma a nuestras nuevas respuestas frente al delito” (Garland 2005: 9). Garland toma como objeto multifacético de análisis el derecho, el discurso y la política, y entre sus contribuciones clave está catalogar de manera exhaustiva las tendencias similares en dos contextos nacionales distintos —el estadounidense y el británico—, desafiar las suposiciones que prevalecen sobre la excepcionalidad estadounidense y clarificar los patrones compartidos y subyacentes de transformación estructural. Según Garland, un conjunto de dislocaciones sociales comunes a la modernidad tardía ha provocado un gran desorden y más crímenes, así como una rigurosa reorientación de las tendencias penales para distanciarlas de las soluciones sociales y acercarlas a las versiones políticamente conservadoras de la “justicia expresiva”. En la visión del mundo que caracteriza esta tendencia, y que está en auge, el delito no se considera un problema generado por las carencias económicas, sino por controles sociales inadecuados, y los seres humanos se inclinan naturalmente a cometer crímenes a menos de que las autoridades se lo impidan. Es esta compartida concepción conservadora de las causas fundamentales del crimen la que ha dispuesto a los políticos y al público a favor de un resurgimiento de sanciones punitivas como la pena de muerte, así como hacia formas de justicia expresiva, tales como las campañas públicas de señalamiento y difamación que en la actualidad rodean en particular los crímenes sexuales (Garland 2005).

La discusión de Garland presta especial atención a las clases medias profesionales que han abandonado su lealtad hacia el welfarismo7 penal rehabilitador, y señala que quienes solían ser sus defensores incondicionales han hecho poco por oponerse al giro contemporáneo hacia las políticas punitivas. Garland entiende que las reconfiguradas normas de género y de sexualidad desempeñan un papel significativo en este cambio, incluyendo la privatización de la vida familiar de clase media y la entrada de las mujeres de clase media al ámbito de la fuerza de trabajo remunerada. Estos cambios no sólo han producido una nueva y objetiva vulnerabilidad al crimen, desde el punto de vista de Garland (pues las casas vacías y aisladas incrementan las oportunidades de que se gesten delitos), sino también una sensación clasemediera de precariedad, “inseguridad ontológica” y el deseo de que haya formas compensatorias de control social (Garland 2005: 258). Aunque las afirmaciones que hace en este texto son discutibles (en lo cual ahondaré más adelante), su análisis se enfoca provechosamente en las bases culturales de las políticas punitivas y en la aceptación cada vez mayor de la cosmovisión carcelaria, sobre todo entre las clases medias pudientes.

Al tiempo que busca explicar un conjunto similar de tendencias en la cultura contemporánea y en los paradigmas emergentes de la justicia penal, Castigar a los pobres, de Loic Wacquant (2010), desarrolla un argumento causal más incisivo sobre las raíces políticas de estas amplias transformaciones recientes. Según este autor, lo que sostiene las tendencias punitivas y carcelarias contemporáneas no es la multitud de atributos culturales que Garland asocia con la modernidad tardía, sino más bien el neoliberalismo como estrategia política y económica específica en la que el Estado carcelario suplanta a los regímenes previos que se organizaban en torno al suministro de bienestar social material. Para Wacquant, el neoliberalismo no representa la reducción del aparato del Estado, como suele asumirse, sino un cambio en las formas y funciones predominantes del Estado, en las cuales las nuevas políticas penales son una característica esencial. Puesto que las estrategias económicas neoliberales redirigen los presupuestos públicos lejos de la provisión de bienes y servicios, requieren de un aparato penal acrecentado que contenga a las poblaciones recién privadas de derechos. Es por esta razón que, según argumenta Wacquant, en donde el neoliberalismo vaya dominando con más fuerza, las políticas carcelarias también irán tomando fuerza; su análisis ayuda a explicar el surgimiento de las políticas carcelarias a lo largo de buena parte de Europa y en Estados Unidos.8

Wacquant sostiene que se trata de un cambio con implicaciones sociales amplias que se extienden más allá de lo económico, siendo un componente clave de su argumento la naturaleza generizada de la transición de una forma estatal a otra. Desde su perspectiva el neoliberalismo puede ser descrito como una remasculinización del Estado, en la que el suave “seno social” se transforma en un duro “puño penal”, que dicta que las mujeres pobres se desplacen del esquema del welfare (programas de asistencia pública) al del workfare (subsidio al desempleo) mientras sus contrapartes masculinas son reubicados de los guetos a la prisión. Además de tomar en cuenta los destinos divergentes de los cuerpos de distintas razas, clases y géneros bajo las condiciones del neoliberalismo, Wacquant también considera las operaciones del género de maneras tanto simbólicas como materiales. Para el autor, la producción discursiva del delincuente sexual en la cultura y la política contemporáneas —una figura demoniaca cuya amenaza a los ideales de domesticidad familiar juega un papel fundamental en la legitimación del nuevo orden penal— ejemplifica lo anterior, así como los aspectos productivos del discurso criminal contemporáneo, en términos más generales. Según argumenta, el espectro del depredador sexual logra reubicar con éxito la amenaza sexual fuera de los confines de la familia nuclear, “[l]a execración hiperbólica del pedófilo desconocido en la escena pública sirve tanto para purificar simbólicamente a la familia como para reafirmar [su papel] [...] como refugio contra la inseguridad, incluso cuando la aceleración de las tendencias neoliberales en la cultura y la economía [lo socavan]” (Wacquant 2010: 332). En un capítulo dedicado por completo a la eficacia simbólica de los crímenes sexuales, Wacquant busca demostrar cómo la abyección moral del depredador sexual “proporciona un motivo [...] [insistente] y perpetuamente renovado para [...] [el giro] a la [feroz] neutralización y [vengativa retribución] [...] que ha caracterizado a la política penal estadounidense desde fines de los setenta” (Wacquant 2010: 307).

Mientras que los modelos explicativos de Garland y Wacquant enfatizan la relación entre las políticas económicas neoliberales, la creciente privación de derechos sociales de los pobres y el aumento en las tasas de encarcelamiento, la teorización que hace Jonathan Simon de las políticas penales contemporáneas subraya el impacto que tienen dichas políticas en las vidas de la gente blanca de clase media que se recluye a sí misma cada vez más al interior de comunidades amuralladas que parecen fortalezas y dentro de camionetas que asemejan vehículos militares blindados. Simon resalta las similitudes estructurales que rebasan los límites de la raza, la clase y la etnicidad para justificar las estrategias carcelarias de control social, ya sea que el confinamiento ocurra dentro de los muros del hogar propio en los suburbios o literalmente dentro de la cárcel. Desde esta perspectiva, el encarcelamiento masivo no es precisamente una estrategia social novedosa para dominar a los afroestadounidenses o para disciplinar a la fuerza laboral (que deberían considerarse efectos y no causas de las políticas penales actuales), sino más bien “como una solución política a los dilemas políticos que conlleva gobernar criminalizando” (Simon 2007: 159). Para Simon, es de primordial importancia que los teóricos sociales reflexionen en torno al surgimiento del acto gobernar criminalizando como estrategia política; la construcción de prisiones, así como la obtención de cuerpos específicos para llenarlas, son fenómenos más bien secundarios y derivativos.

Al igual que Wacquant, Simon subraya las dimensiones simbólica y productiva (y no solo la represiva) de las políticas contemporáneas de control del delito, y discute la afirmación de Garland de que los crecientes índices de encarcelamiento se deben al aumento real de delitos. A diferencia de Wacquant, Simon sostiene que la criminalización y la gobernanza no se tratan del control ni de la dominación de una clase baja racializada. En vez de eso, al cuestionar las perspectivas sobre el poder que se extienden en formas claras y directas del centro social hacia la periferia (Simon 2007: 18), el autor argumenta que las nuevas versiones de la “libertad” liberal y clasemediera no están aseguradas en contra del dominio de las políticas penales contemporáneas sino precisamente a través de ellas. Como señala Simon, un medio importante de la gobernanza vía la criminalización ha sido el aumento del paradigmático sujeto víctima. Al subrayar la centra- lidad política creciente del movimiento contemporáneo de los derechos de las víctimas, Simon arguye que la víctima del delito ha suplantado al ciudadano de derechos como el sujeto legal idealizado de nuestro tiempo.

Finalmente, Simon señala que el feminismo ha desempeñado un papel activo en el fomento de la nueva perspectiva de mano dura contra el delito, en especial en torno a las cuestiones de violación y de violencia doméstica. En este contexto, Simon incorpora la postura de la teórica jurídica Ada Gruber de que la mujer violada, como víctima de un delito, ha emergido “como el sujeto político idealizado del feminismo de la segunda ola” (Simon 2007: 108). Siguiendo a Gruber y a otras críticas feministas, Simon hace notar que los movimientos feministas en contra de la violación y la violencia doméstica, que con anterioridad se orientaban hacia la organización de base y las medidas sociales, se dirigen cada vez más hacia el terreno de la justicia penal (como lo puso en evidencia la emblemática aprobación en Estados Unidos de la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres de 1994) para lograr sus objetivos políticos.

Aunque el análisis que hace Simon es provocativo en cuanto a su sintonía con la interacción entre las políticas de género y las políticas carcelarias contemporáneas, su conclusión de que las estrategias carcelarias son simultáneamente una reacción a las transformaciones sociales del feminismo de la segunda ola (perspectiva que comparten Garland y Wacquant), así como un objetivo por el cual las feministas han luchado activamente, plantea interrogantes interesantes. ¿Por qué habrían las feministas de responder de forma reaccionaria a los cambios sociales que su propio activismo provocó, según las interpretaciones de Simon y de Garland? ¿Y por qué, si se ve a través de la lente teórica de Wacquant, defenderían las feministas el cambio del suave seno materno al estado penal masculinizado? Dicho de otro modo, ¿cuál es la apuesta de las feministas en las políticas sexuales y carcelarias del neoliberalismo?

Aunque Simon, Garland y Wacquant identifican correctamente el género y la sexualidad como factores galvanizantes importantes de los modos cambiantes de gobernanza que describen, no logran teorizar sus elaboraciones de modos sistemáticos o suficientemente matizados. A pesar de las perspectivas diversas que ofrecen estos teóricos, en los tres textos, el advenimiento del Estado penal remasculinizado está representado como una reacción neoliberal al conjunto vago de ansiedades sociales provocado por las nuevas condiciones económicas, así como por el feminismo, interpretación que encaja con la evidente nostalgia de estos autores por las relaciones económicas y sociales de género que caracterizaban una época previa de capitalismo industrial moderno. Aunque cada uno de los tres teóricos comentados observa que las políticas carcelarias contemporáneas son posibles gracias al espectro de violencia sexualizada (ya sea que le otorguen o no a las feministas un papel crucial en la construcción de estas estrategias), no logran explicar por qué la amenaza de la violencia sexual es un vehículo cultural de una eficacia única para guiar esta transición. A pesar de la vasta contribución teórica que hacen estos autores al poner en primer plano el papel de las políticas carcelarias en las reconfiguraciones neoliberales del poder estatal, y no obstante su franco reconocimiento de que las nuevas configuraciones sexuales y de género también son integrales a estas transiciones, aún hay mucho que explicar acerca de cómo y por qué se intersectan las transformaciones sexuales y político-económicas contemporáneas.

Para llenar los vacíos que han dejado sus trabajos, es necesario hurgar más profundo en las intersecciones del neoliberalismo, el Estado carcelario y las políticas sexuales y de género. ¿Por qué las estrategias carcelarias feministas han ido ganando prominencia, mientras que las visiones feministas liberacionistas y welfaristas previas se han ido debilitado? ¿Cómo es que se unen las versiones feministas de las políticas sexuales y carcelarias para ahogar otras visiones sociales? Para desenmarañar estos dilemas, haré referencia ahora a un corpus emergente de trabajos académicos sobre el giro carcelario en el feminismo de la segunda ola, así como a mi propia investigación etnográfica sobre las campañas contemporáneas contra la trata de mujeres, el campo de acción más reciente del activismo feminista en donde cierta perspectiva criminalizadora ha adquirido preponderancia, tanto en Estados Unidos como a nivel transnacional.

El feminismo carcelario confronta la trata de mujeres

En febrero, una tarde fría y con mucho viento me dirijo a la quinta de una serie de manifestaciones realizadas a la hora del almuerzo a favor de una ley estatal neoyorquina que endurecería los castigos penales, de 90 días a un año en prisión, contra los hombres condenados por frecuentar a una prostituta.9 Cuando llego a Foley Square, me encuentro a un grupo de cincuenta o más mujeres (en su mayoría blancas o asiáticas, todas ellas sospechosamente de clase media, como lo indica su atuendo sofisticado y su lenguaje culto), así como una congregación cada vez más grande de periodistas y espectadores. También están presentes varias figuras políticas locales y estatales influyentes a quienes las organizadoras invitaron a hablar.

Las mujeres de las dos organizaciones feministas convocantes (now-nyc y Equality Now), así como algunas feministas de otros grupos, están reunidas en los escalones detrás de las bocinas, sosteniendo pancartas de sus respectivas organizaciones y entregando boletines de prensa. Periódicamente, incitan al resto del público para que grite consignas a coro: “¿Qué queremos? ¡Una ley dura contra la trata de personas!¿Cuándo la queremos? ¡Ahora mismo!”, o “¡Elliot Spitzer, toma el mando! ¡Necesitamos una ley dura contra el tráfico!”.10

En sus descripciones de la industria del sexo, las y los oradores de la manifestación despliegan el nuevo vocabulario de moda en contra de la trata (víctima, depredador, perpetrador, explotador), junto con un repertorio de anécdotas trilladas sobre mujeres inocentes a quienes les fueron confiscados sus documentos, las obligaron a vender sus cuerpos y las engañaron y atraparon. Las narraciones de victimización de las mujeres van de la mano con la insistencia en que se necesita “enfocarse en la demanda” y perseguir enérgicamente a los perpetradores de la violencia sexual. La ley penal es vista como un freno sorprendentemente poderoso y efectivo para el comportamiento delictivo de los hombres: “Necesitamos tener leyes que hagan que los hombres se lo piensen dos veces antes de involucrarse en el negocio de la explotación sexual comercial”, explica de forma apasionada una integrante del ayuntamiento.

La última oradora del evento es Angela Lee, del Centro de Mujeres Asiáticas de Nueva York, una mujer elegante de cuarenta y tantos años que viste chaqueta negra de cuero y pantalones ajustados. No menciona el papel que desempeña la pobreza mundial en las dinámicas de la trata o la prostitución, y en vez de eso enmarca el problema en términos de la integridad sexual de las familias. “Es una cuestión familiar”, declara abiertamente, “sobre todo conforme se acerca el año nuevo chino y hay muchas familias de víctimas que no podrán celebrar”.11 Después Lee vincula los peligros que enfrentan las víctimas de trata con la falta de éxito que ha tenido el estado de Nueva York hasta el momento para crear una ley que imponga castigos lo suficientemente severos contra los tratantes y los proxenetas. Concluye su discurso con la declaración emotiva de que “Necesitamos castigar a los tratantes y liberar a las víctimas” (tomado de mi investigación de campo, febrero de 2007, Nueva York).

Aunque toda una década de investigación y activismo feministas ha abordado el papel del Estado neoliberal en la criminalización de las estrategias de supervivencia de las mujeres pobres, en particular de las de color (véase Davis y Shaylor 2001; Davis 2003; Schaffner 2005; Sudbury 2005; Haney 2010), apenas empieza a ponerse de manifiesto la relevancia de la aceptación cada vez mayor que hace el feminismo del Estado carcelario neoliberal. Dos genealogías recientes de la segunda ola del feminismo elaboradas por las politólogas Marie Gottschalk (2006) y Kristin Bumiller (2007) han buscado esclarecer esta trayectoria al aportar fundamentos y una mayor explicación a la observación de Jonathan Simon de que el feminismo —y en particular el activismo feminista reciente en torno a cuestiones de violencia sexual— ha sido un facilitador crucial del giro carcelario del capitalismo tardío. “El movimiento de mujeres contemporáneo en Estados Unidos ayudó a facilitar el Estado carcelario”, explica Gottschalk, quien además señala que algunos de los mismos factores históricos e institucionales que hicieron que el movimiento estadounidense de mujeres fuera relativamente éxitoso en ganarse la aceptación pública (incluyendo su firme punto de apoyo en la política de la elite, la ausencia de corrientes marxistas en competencia y una fuerte tradición nacional de liberalismo político) también fueron elementos importantes en la construcción del Estado carcelario que surgió en varios lugares simultáneamente en los años 70 (Gottschalk 2006: 115). Cuando argumenta que el imperativo carcelario neoliberal ha tenido un efecto devastador en la manera en que se ha ido enmarcando el involucramiento feminista con cuestiones de violencia sexual, Bumiller (2006) sugiere que lo contrario también es cierto: una vez que el feminismo se vio fatalmente modulado por las estrategias neoliberales de control social, pudo servir como una inspiración eficaz para otras campañas más amplias de criminalización (como la guerra contra las drogas).

Mientras que Gottschalk y Bumiller destacan el caso del feminismo estadounidense por considerarlo excepcional, autores como Ticktin (2008), Kempadoo (2005b) y Kulick han señalado tendencias similares dentro de una variedad de contextos nacionales distintos. Por ejemplo, al escribir sobre la confluencia del feminismo francés y el sentimiento de rechazo a los inmigrantes, Miriam Ticktin hace notar que la preocupación feminista contemporánea por cuestiones de violencia sexual “solo suele reconocerse a través del marco de las diferencias raciales, culturales y religiosas” (Ticktin 2008: 865). Como demuestra Ticktin, al “combatir el sexismo con racismo”, las campañas feministas en torno a la violencia sexual se han vuelto cómplices cada vez más poderosas de los intereses estatales franceses de control y vigilancia de la frontera (Razack apudTicktin 2008: 865).

Otro ámbito reciente del activismo feminista en el que el giro carcelario se ha vuelto evidente ha sido en atraer la atención política y cultural hacia la trata de mujeres. Hasta mediados de los 90, un movimiento incipiente de derechos de las trabajadoras sexuales había buscado despenalizar y desestigmatizar el trabajo sexual de las mujeres y obtener derechos y protección para las trabajadoras sexuales dentro de un marco laboral. Sin embargo, en años más recientes estos esfuerzos se han visto socavados por una bandada de nuevas leyes federales, estatales e internacionales que equiparan toda la prostitución con el delito de trata de personas y que imponen castigos penales severos contra los traficantes y los clientes de las prostitutas. Como ha señalado la jurista Alice Miller, a finales de los 90 este giro ocurrió en primera instancia en el contexto de la coordinación feminista trasnacional en Naciones Unidas que trajo consigo “un enfoque en los métodos de control del crimen y en el rescate, en detrimento del fomento de todo el rango de derechos que necesitan las personas traficadas”. Según Miller, el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas del año 2000 creó leyes internacionales “en el contexto del control del delito, no de los derechos humanos ni de la protección laboral” (Miller 2004: 32). Dentro de Estados Unidos, aunque algunas activistas que luchan contra la trata se declaran a favor de despenalizar el trabajo sexual y de garantizarles derechos económicos a las trabajadoras sexuales, el abrumador impulso de la atención feminista actual se ha orientado de forma similar hacia la ampliación —más que hacia la eliminación— de la esfera de intervención de la justicia penal en la industria del sexo.

Aunque la definición actual de trata en los protocolos internacionales y en las leyes federales podría incluir el trabajo en la maquila y en el campo, o las prácticas laborales inescrupulosas en las bases militares en Irak, los casos menos comunes de las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual son los que han generado mayor inquietud entre las activistas feministas, el Estado y la prensa. Por ejemplo, en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas del año 2000, se entiende que trata incluye “la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (United Nations Office on Drugs and Crime). No obstante, como señala Miller con respecto a la definición del protocolo, “la prostitución ocupa un lugar asimétrico en la lista”, en contraste con los criterios específicos de fuerza o coerción que califican otras formas de trabajo. Miller demuestra cómo aparecen dos temas entrelazados en este contexto: “el lugar de intercambio sexual como una prioridad para la intervención estatal y una reacción penal como respuesta principal a la explotación” (Miller 2004: 32).

Las activistas feministas en contra de la trata han reconocido que enfocarse en la violación sexual más que en las condiciones estructurales de la explotación laboral en general —además de su asociación estratégica en esta cuestión con grupos cristianos evangélicos— ha sido crucial para transformarla en un marco legal con efectos materiales y simbólicos poderosos (Bernstein, 2007a; Bernstein 2010; Chuang 2010). En eventos como la manifestación en contra de la trata realizada en la Foley Square de Nueva York en febrero de 2007, se hizo evidente la eficacia política de combinar la amenaza de la violencia sexual con los llamados a expandir el un aparato estatal carcelario, pues líderes políticos y activistas feministas coincidían fuertemente en que la trata de personas era primordialmente una cuestión de valores familiares, depredación sexual y mujeres y niñas victimizadas.

Los comentaristas que han evaluado de manera crítica el surgimiento del movimiento en contra de la trata en Estados Unidos con frecuencia han atribuido su influjo a lo que perciben que es la política sexual moralista de los dos principales grupos que lo conforman: las feministas radicales y los cristianos conservadores.12 Argumentan que ambos grupos albergan “visiones arcaicas y violadas de la feminidad y la sexualidad” (Saunders 2005), una ideología sexual “pro matrimonio” y “pro familia” (Weitzer 2007), y comparten una antipatía hacia el sexo sin fines de procreación (Soderlund 2005). Como han demostrado las politólogas Dorothy Buss y Didi Herman (2003), a finales de los 90, las feministas y los evangélicos estaban preparados para forjar alianzas trasnacionales en torno a esta cuestión; además, la creciente dependencia de la ONU en las ONG alentó la entrada de las ONG evangélicas de reciente formación a la refriega política internacional.

Otros críticos han señalado los fuertes paralelismos entre los actuales levantamientos feministas en torno a la trata con fines de explotación sexual y aquellos que rodearon el miedo a la esclavitud sexual “trata de blancas” en los años de posguerra del siglo pasado, los cuales impactaron de forma similar por medio de tropos de feminidad violada, inocencia destrozada y victimización de “mujeres y niños” (véase Kepadoo 2005a; Foerster 2009; Agustín 2007; Doezema 2010). Roger Lancaster (2011) y Carol Vance (2010) han situado las movilizaciones contemporáneas contra la trata en términos de las olas sucesivas de pánicos sexuales que se han suscitado a intervalos periódicos en Estados Unidos durante los siglos xx y xxi. Asimismo, se ha explorado la marcada resonancia histórica entre la actual campaña estadounidense contra la trata y las audiencias antipornografía de la Comisión Meese que se llevaron a cabo en los años 80 —en las cuales los cristianos conservadores y un segmento del movimiento feminista unieron fuerzas de nueva cuenta por el bien de la reforma sexual— (Weitzer 2007; Vance 1997; Duggan y Hunter 1995).

Aunque se ha dedicado bastante atención crítica al legado conservador de las políticas sexuales feministas que apuntala las campañas contemporáneas contra la trata, la mayoría de los recuentos se han quedado cortos al momento de examinar otro vínculo sociológicamente significativo entre los contingentes de activistas feministas y de cristianos evangélicos que han catapultado la trata de mujeres a su posición actual de prominencia política y cultural — y en particular, que la ha insertado dentro de un paradigma carcelario de involucramiento estatal, tanto a nivel local como internacional, que dista mucho de ser históricamente inevitable—. La mayoría de los comentaristas no aborda la interrogante de por qué una visión de la política sexual que se apoya en una versión de los valores familiares (feministas) va en ascenso en este momento histórico específico, o de cómo estos valores se suman a conjuntos más amplios de intereses políticos y económicos. Teóricos como Garland, Wacquant y Simon describen con sagacidad el surgimiento del Estado carcelario, a pesar de que ofrecen apenas un esbozo parcial de las dinámicas sexo-genéricas que han facilitado su surgimiento. De igual forma, los análisis de políticas sexuales que no toman en cuenta de forma adecuada la insistencia casi ubicua y muy novedosa de las activistas feministas en las versiones carcelarias de la justicia de género adolecen de un déficit igual de significativo.13 En las campañas contemporáneas en contra de la trata, así como en la gobernan- za neoliberal en general, los extremos de izquierda y derecha del espectro político se juntan en un intrincado nudo de valores sexuales y carcelarios. Sin embargo, examinar el surgimiento del feminismo carcelario junto con otras dimensiones de la gobernanza neoliberal nos permitirá desenmarañar este revoltijo de factores.

Los valores familiares (feministas) del neoliberalismo

En los años 70, nuestra meta feminista era la liberación: liberación de la discriminación en el trabajo, liberación de las prohibiciones sexuales, liberación del sexo forzado, del embarazo forzado y del trabajo doméstico forzado [...] Nuestro objetivo era la reducción de la violencia per se, más que la función de la violencia en nuestra opresión. Las marchas feministas [...] no tenían el fin de castigar a los hombres ni de proteger a las mujeres; en todo caso, lo que denunciábamos era el castigo a las mujeres y la protección a los hombres. Estábamos decididas a ocupar nuestras ciudades, nuestros empleos, nuestros hogares y nuestras vidas, en un acto de valiente desafío a los controles y toques de queda punitivos —o protectores—. Sabíamos que nuestro movimiento era transgresor y, por lo tanto, peligroso, pero no teníamos ilusiones sobre la santidad ni sobre la seguridad del hogar (Pheterson 2008).

Como ha señalado recientemente la teórica feminista Gail Pheterson, la anterior (y hegemónica) crítica feminista de la familia y el hogar ha retrocedido en el preciso momento en el que ha aumentado la aceptación del movimiento de la política carcelaria, con un desplazamiento hacia controles y toques de queda punitivos o protectores. Aunque este último giro podría explicarse simplemente como la “nueva punición clasemediera” descrita por David Garland, la aceptación feminista generalizada de los valores familiares y su enfoque primordial en las formas extrafamiliares de violencia sexual es significativa en sí misma. Esta tendencia establece un marcado contraste con los análisis presentados en obras sociológicas clásicas como Abortion and the Politics of Motherhood, de Kristin Luker (1985), y The Stranger Next Door, de Arlene Stein (2002), así como con el célebre recuento periodístico de Thomas Frank What's the Matter with Kansas? (2005), el cual planteó diversas formas en las cuales la adhesión derechista a valores familiares podía leerse como una reacción de clase a las culturas sexuales hegemónicas de las élites. En estos libros, los compromisos ideológicos de las activistas aparecen respaldados por sus circunstancias materiales, con los intereses conservadores en las políticas sexuales atribuidos a las estrategias de clase generizadas de quienes han sido abandonadas por la economía mundial.

Sin embargo, como han observado Garland, Wacquant y Simon, y como lo demuestra mi propia investigación sobre el movimiento contemporáneo contra la trata, las políticas carcelarias neoliberales y las políticas sexuales conservadoras que las acompañan también se sitúan cada vez más dentro de las clases medias profesionales de tendencia liberal. En un artículo anterior (Bernstein 2010), argumenté que, irónicamente, en las campañas contemporáneas contra la trata son las feministas seculares quienes defienden los valores familiares, junto con un contingente de cristianos evangélicos de clase media que están comprometidos con un proyecto de modernización sexual que los transporta hasta los confines más lejanos de la industria mundial del sexo. Dos cambios recientes en las políticas sexuales feministas y cristianas conservadoras han hecho posible la alianza de ambos grupos en contra de la trata con fines de explotación sexual: el giro del anterior enfoque del feminismo secular en los hombres malos dentro del hogar (esposos y padres que abusan sexualmente) al enfoque actual en los depredadores sexuales que están fuera de él (tratantes, proxenetas y clientes), y el cambio de una nueva generación de cristianos evangélicos amigables con el feminismo que se distancia de las mujeres sexualmente inapropiadas (como sugieren las inquietudes previas con cuestiones como el aborto) y se concentra en los hombres sexualmente inapropiados. Para ambos grupos, las instituciones masculinistas —las grandes empresas, el Estado y la policía— se reconfiguran como aliados y salvadores, en lugar de ser enemigos de las trabajadoras sexuales migrantes. Así, la responsabilidad de la trata deja de recaer sobre los factores estructurales y las instituciones dominantes para serle adjudicada a delincuentes de sexo masculino (por lo regular codificados racialmente). Si reformulamos un poco la famosa afirmación de Gayatri Spivak con respecto a las lógicas generizadas de las políticas poscoloniales, en las campañas contemporáneas contra el tráfico son las mujeres blancas quienes han unido fuerzas con sitios clave del poder institucional para salvar a las mujeres morenas de los hombres morenos (Spivak 1988).

Aunque sin duda las feministas seculares se han visto atraídas a la defensa del movimiento en contra de la trata por las oportunidades de crecimiento profesional y de viaje que esta labor conlleva (véase Halley 2006; Grewal 2005; Agustín 2007), también es importante el potencial que las feministas contemporáneas perciben para aumentar simbólicamente su propio poder en las relaciones heterosexuales en la esfera doméstica, el cual se supone que la industria mundial del sexo erosiona. “Ver prostitutas moldea la visión que tienen los hombres sobre qué es el sexo, quiénes son las mujeres y cómo se les debe tratar”, señaló una activista blanca de clase media en un evento reciente en contra de la trata financiado por la ong feminista antitrata por excelencia: la Coalición contra la Trata de Mujeres (catw, por sus siglas en inglés). “Es iluso creer que es posible limitar el sistema de valores de la prostitución y pensar que solo afectara a esas mujeres o a las mujeres de aquel país y que no se desparramará a toda la sociedad”, sugirió otra. Como ha escrito la teórica cultural británica Jo Doezema en relación al vínculo herido de las feministas occidentales con la prostituta del tercer mundo “en los debates feministas internacionales en torno a la trata de mujeres el cuerpo herido de la víctima tercermundista de trata funciona como una metáfora poderosa para fomentar ciertos intereses feministas, que no podemos asumir que son propiamente los de las trabajadoras sexuales del tercer mundo” (Doezema 2001: 16; también véase Brown 1995).

El vínculo entre la trata con fines de explotación sexual a nivel mundial y las relaciones de poder generizadas de la domesticidad heterosexual también se pone de manifiesto en una colección reciente de ensayos, publicada por una ong feminista en contra de la trata, que se titula Pornography: Driving the Demand in International Sex Trafficking. En uno de estos ensayos, la activista Chyng Sun enfatiza el daño que el sexo comercial le hace a las relaciones heterosexuales en la esfera privada pues funge como el nuevo estándar de cómo todas las mujeres “deben verse, escucharse y comportarse” (Sun 2007: 245). En otra colección feminista reciente, titulada Not for Sale, la autora, Kristen Anderberg (2004), condena la industria mundial del sexo tras describir cómo ver videos pornográficos con su pareja del sexo masculino derivó en una desmoralización por cuestiones corporales y en el hundimiento de su autoestima. Así como un conjunto de intereses materiales y simbólicos de los matrimonios heterosexuales afianzó las batallas sexualmente puritanas de las feministas decimonónicas contra la trata de blancas, el derecho al aborto e incluso contra el control de la natalidad (véanse Gordon 1982; Walkowitz 1982), de la misma manera las activistas feministas contemporáneas hacen una serie de inversiones en los valores familiares y en el hogar que son descifrables en términos de las interconexiones globales de la cultura consumista del capitalismo tardío. Aunque las discusiones contemporáneas sobre el impacto de la industria del sexo en las relaciones heteronormativas tienen vastos antecedentes históricos, el alcance expansivo del comercio sexual bajo las condiciones de la globalización, o lo que una influyente activista antitrata ha denominado “la prostitución de la sexualidad” (Barry 1995), ha servido para impulsar y acelerar las inquietudes feministas.

Para las activistas antitrata contemporáneas, una ambición clave es hacer que la institución del matrimonio heterosexual sea más igualitaria y segura al restablecer una ética sexual amorosa a las relaciones sexuales. Aunque las activistas antitrata provienen tanto de estirpes feministas liberales heteronormativas como de tradiciones lésbico-feministas más radicales (como lo ilustra, por ejemplo, la alianza entre las ong now-nyc y Equality Now en la manifestación de 2007), lo que las une entre sí y con sus contrapartes cristianas evangélicas es el compromiso compartido con una ética sexual relacional, contraria a una ética sexual recreativa (Bernstein, 2007b). La convicción de que la sexualidad debe mantenerse dentro de los confines de la pareja romántica sirve para cementar una alianza política entre contingentes con ideologías dispares y es más esencial que la división heterosexual/lesbiana-feminista de las generaciones pasadas (véase Bunch 1972; Morgan 1973; Echols 1989), Como me explicó una activista feminista al relatar cómo se fraguó en un inicio la alianza entre los grupos divergentes que constituyen la coalición en contra de la trata:

Todo un consorcio, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, estaba a favor de tomar toda la prostitución como trata [...] Lo que era más interesante era la coalición de gente [...] la cual incluía al Ejército de Salvación y al grupo lésbico-feminista Equality Now, así como a catw en Nueva York y a Michael Horowitz, quien es muy conservador [...] Así es la nueva política. Nunca antes había visto un grupo así.14

Desde la perspectiva de las feministas que luchan contra la trata, no son los “roles de género cambiantes” derivados de las transformaciones sociales feministas los que han creado nuevas inseguridades sociales (en contraste con lo afirmado por Garland, Wacquant y Simon), sino más bien las revoluciones sexuales de los años 60 y 70 las que han alterado el equilibrio de poder de las relaciones de género al crear tentaciones sexuales extrafamiliares para los hombres. Por eso la renombrada activista Donna Hughes atribuye la existencia de la trata de personas no solo a la prostitución, sino también al advenimiento de una actitud hacia el sexo culturalmente liberal y permisiva que genera que los hombres demanden servicios sexuales (May 2006).15 Otra activista que entrevisté con respecto a su involucramiento en el tema esbozó su percepción del dilema sexual de las feministas en términos generales, explicando que “a través de los comerciales de tele, los anuncios espectaculares y la mercadotecnia, la sexualidad se sigue incrementando continuamente donde ya no hay protección sobre nuestros cuerpos físicos, donde ya no hay parámetros, donde todo es aceptable”. Una tercera comentarista feminista que participa de forma activa en los debates en contra de la trata ha atribuido de manera expresa la trata de mujeres a la masificación de la prostitución, la pornografía y los medios masivos sexualmente explícitos (Clarke 2004). Estas activistas no se equivocan al identificar un nuevo paradigma consumista de la sexualidad que ha emergido junto con otras transformaciones culturales del capitalismo tardío y cuya ética subyacente podría calificarse de recreativa, en lugar de relacional. Lo irónico y sorprendente es la forma en que, para combatir esta tendencia, las activistas feministas en contra de la trata han incorporado una estrategia pro familiar entretejida de forma intrincada con los compromisos neoliberales al capitalismo y la penalización.

En lugar de considerar que la familia nuclear heterosexual es otra institución de dominación masculina que debería abolirse (además de ser una encarnación clave de la trata de mujeres),16 el actual discurso contra la trata sitúa a la familia como una esfera privatizada de seguridad para las mujeres y los niños que el sistema de justicia penal debería estar obligado a proteger. En ese sentido una oradora invitada a otro evento de la catw contra la trata, una mujer joven que había trabajado en la industria del sexo y que se describía a sí misma como sobreviviente de la trata con fines de explotación sexual, le atribuyó su experiencia a la combinación de “ausencia de una figura paterna” y a la abundancia de medios masivos sexualizados. Luego expresó que había logrado sobreponerse con éxito a su difícil experiencia al señalar que ahora estaba casada y tenía un “trabajo real y bien pagado” de tiempo completo. A diferencia de una visión anterior de las políticas sexuales feministas radicales, que buscaba vincular la explotación sexual de la prostitución con la violencia hacia las mujeres en términos generales, incluida la violencia dentro del hogar (véase Morgan 1970; Barry 1979; MacKinnon 1989), en las actuales campañas contra la trata, las formas no familiares de heterosexualidad se han convertido en el objetivo político específico.

Este compromiso con el hogar como un refugio seguro afianza lo que la teórica feminista Inderpal Grewal ha descrito como “el género de la protección” a principios del siglo xxi en Estados Unidos (Grewal 2006). Al igual que también ha sido evocado por teóricos como Jonathan Simon, Grewal identifica como emblema generizado de las vidas clasemedieras secuestradas la figura de la mamá guardiana,17 aquella que busca emplear el poder de un aparato estatal de seguridad para protegerse a sí misma y a sus hijos. En sintonía con el análisis de Grewal, mis observaciones etnográficas con activistas feministas antitrata muestran su conjunto de inversiones en el estado carcelario neoliberal entretejido de manera intricada con las posiciones sociales de ellas mismas en tanto mujeres de clase y raza privilegiada. En los encuentros con las activistas antitrata a los que asistí, el entrelazamiento de múltiples estructuras de privilegio con una inclinación procesal se manifestaba de varias formas: desde los escenarios profesionales de los encuentros en la American Bar Association, en las oficinas centrales de la New York County Lawyers’ Association, en alguno de los bufetes de abogados estadounidenses más tradicionales y poderosos hasta la serie de conexiones interpersonales que las activistas tomaban en cuenta en sus sesiones de planeación estratégica. “¿Hay juezas que estén de nuestro lado?”, preguntó una activista en la reunión en la Lawyers’ Association de Nueva York. “¿Conocemos a la esposa del gobernador?”, preguntó otra. La orientación profesional de clase media alta de las activistas antitrata que observé en mi investigación también es consistente con la investigación de perfiles de clase de las y los activistas contra la prostitución en otros contextos nacionales (véase Ho 2005; Jeffrey 2002), y, en términos más generales, del activismo feminista transnacional contemporáneo (Eisenstein 2009; Desai 2005).

Como integrantes de la fracción de clase que es más probable que coseche recompensas materiales y simbólicas sólidas del matrimonio, las activistas antitrata están profundamente comprometidas con el mantenimiento y la reproducción de este estatus, y están listas para incorporarse a las filas al aparato estatal en nombre de los intereses sexuales y de género que son más pertinentes para ellas: una versión de los valores familiares feministas que se fundamenta en la manera liberal de entender la igualdad formal entre hombres y mujeres, así como la contención firme de la sexualidad dentro de la pareja comprometida.18 Al igual que la mamá guardiana que analiza Grewal, estas mujeres utilizan y promueven el Estado carcelario para preservar las fronteras sexuales de sus hogares.

La aceptación feminista de las políticas carcelarias y la articulación de estas políticas a través de un ideal pro familia del género y la sexualidad se pusieron en evidencia en los encuentros de las fracciones antitrata de now-nyc y la aauw a los que asistí entre 2006 y 2008. En un congreso de 2006 sobre violencia contra las mujeres que fue financiado en conjunto con la aawu y otras organizaciones feministas, varios cientos de mujeres profesionistas, en su mayoría blancas, pasaron el día discutiendo la necesidad de abolir la prostitución para alcanzar la igualdad de las mujeres, mientras entre ellas circulaban docenas de mujeres latinas y negras con uniformes de meseras que acomodaban las mesas y las sillas, y servían bebidas. La conferencista magistral era una abogada de la ong feminista Equality Now, quien subió al podio después de haber sido presentada con un toque de humor como “antigua fiscal contra delitos sexuales y orgu- llosa madre de familia”. Con un notorio embarazo, un llamativo anillo de diamantes en el anular izquierdo y un peinado y atuendo dignos de una abogada de su talla, les recordó a las presentes la importancia de los efectos disuasivos de la ley penal, y retrató los horrores de la trata de personas de la siguiente manera:

Quisiera contarles la historia de Christina quien [...] fue víctima de trata de personas. Llegó aquí siendo una mujer de 19 o 20 años, en respuesta al que parecía ser un anuncio para un trabajo de niñera. Cuando llegó al aeropuerto jfk [...] se le informó que el trabajo de niñera ya no estaba disponible [...] Como era de esperarse [...] la obligaron a trabajar en un burdel. Ella describe la experiencia con las mismas palabras que cualquiera de nosotras usaría para describirla. Califica el sexo de la prostitución como algo desagradable, degradante y profundamente traumático para ella. De lo que quiero hablarles aquí es de algunas de las consecuencias permanentes que ha tenido esto en ella después de haber escapado de esa circunstancia. Christina es infértil. Nunca podrá tener hijos (tomado de mis notas de campo, noviembre de 2006).

Durante el transcurso de mi trabajo de campo, asistí a otros congresos antitrata en donde se presentaron narraciones casi idénticas cuya única diferencia significativa era el nombre de la víctima.19 No obstante, hay mucho que examinar de esta exposición de los daños ocasionados por la trata y presentados en la historia de Christina, la cual, por su generalidad, sugiere que ha sido ficcionalizada, al menos en parte, y es, a lo mucho, un caso construido de manera estratégica con fragmentos de otros casos. Es notable en particular la legitimidad moral y política que se le otorga al servicio de cuidado doméstico como un empleo informal del capitalismo tardío,20 la invocación de una experiencia de género única (y uniformemente negativa) del sexo de la prostitución,21 y la interpretación del fracaso reproductivo como el peor daño posible que podrían padecer las víctimas del sexo femenino. Aunque los elementos de este relato sin duda pueden y llegan a ocurrirle a personas reales, como representación de la trata de personas el escenario descrito se aleja del tipo de caso más predominante a nivel empírico (Feingold 2005; Kempadoo, 2005a; Bales 1999). Más curioso aún es que, según los expedientes compilados en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, nunca se ha procesado un caso que encaje con esta descripción (US Department of Justice 2011). Los compromisos simultáneos de la abogada con el Estado carcelario, el sector de servicios en el capitalismo y la ideología de los valores familiares feministas establecen un paralelismo perfecto con la lógica neoliberal subyacente que conjuntó estos ámbitos. Así las inequidades sociales provocadas por la globalización son legítimas siempre y cuando sea posible mantener las fronteras sexuales de la familia clasemediera.

En marzo de 2007 asistí en Naciones Unidas a una discusión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer enfocada en ponerle fin a la demanda de trata de personas con fines de explotación sexual, y el vínculo entre políticas sexuales y carcelarias se hizo evidente una vez más. En esta reunión, dedicada a problematizar la demanda de los servicios de las trabajadoras sexuales por parte de los hombres, las intervenciones aprovecharon la ocasión para resaltar cómo podría emplearse el Estado carcelario de forma efectiva para lograr tener familias nucleares igualitarias en términos sexuales y unidas por el amor. La oradora inaugural de la Coalición contra la Trata de Mujeres (catw) alabó explícitamente a los cinco hombres blancos de clase media presentes por considerarlos ejemplos de un nuevo modelo de masculinidad ilustrada, e instó a las asistentes a “traer a sus esposos, hijos y hermanos” a futuras reuniones. El modelo de prostitución y trata que las panelistas de la catw invocaban no asume la conexión con los factores económicos ni estructurales, y adjudica por completo la prostitución a las acciones de hombres viles: esposos con familia que buscan los servicios sexuales de mujeres fuera de ella, u hombres viles sin familia (señalados como no blancos y extranjeros) que engañan a mujeres y niñas para que abandonen las suyas.22 A pesar de que la catw se considera a sí misma una organización feminista progresista, sus integrantes no dudaron en absoluto en mostrar su inclinación por un aparato estatal punitivo. Como enfatizara en repetidas ocasiones la coordinadora del panel durante su presentación condenatoria de la compra de sexo por parte de hombres heterosexuales, “Lo único que previene la recurrencia es el temor al arresto”.

Aunque numerosos estudios han demostrado que el arresto de los clientes provoca que la prostitución se traslade a locales cerrados en lugar de erradicarla (O’Connell Davidson 2003; Brock 1998; Bernstein, 2007b), lo que para las activistas de la catw estaba en juego eran los efectos simbólicos más amplios que podía ofrecer una política de penalización, no solo al convertir la figura del depredador sexual en una parodia grotesca, como ha señalado Wacquant, sino también en términos más generales al deslegitimar los mercados de trabajo sexual femenino y la comercialización de la sexualidad. Como he argumentado en otro texto (Bernstein, 2007b), el Estado es capaz de asumir entonces un razonamiento feminista para arrestar a quienes se atraviesan en el camino de los intereses neoliberales de reestructuración urbana y de quitar del espacio público a los Otros de distinta raza y clase.

En mi trabajo de campo con activistas feministas, la utilidad del Estado carcelario para salvaguardar a la familia de clase media —y más específicamente para domesticar a los hombres heterosexuales— también se manifestó en las frecuentes referencias al caso de Suecia como ejemplo a seguir de una política ilustrada contra la trata. La penalización de los hombres que compran sexo —modelo político implementado por primera vez en Suecia en 1998—, suele ser llamada “plan Sueco” por las activistas feministas transnacionales para comunicar su origen y su impacto feministas, ya que Suecia es considerado por muchas personas el país más equitativo del mundo en cuestiones de género. Fue entonces que en un panel subsiguiente de la catw al que asistí, titulado “Abolishing Sex Slavery: From Stockholm to Hunts Point” (véase nota 19), la política sueca de penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales fue respaldada por oradoras que no solo aplaudían a Suecia su reputación como país con equidad de género, sino que explícitamente aludieron al compromiso del Estado de bienestar sueco de “promover que los hombres estén en casa con sus hijos pequeños”. No obstante, en la diseminación transnacional de esta estrategia carcelaria no se señaló que Suecia misma no la incorporó sino hasta después de que su distintivo Estado de bienestar (que le ganó su reputación feminista en primera instancia) se vio seriamente debilitado en los años 90 (Bernstein, 2007b; Hobson 1999).23

En ese mismo sentido, algunas teóricas feministas del neoliberalismo, como Lisa Duggan (2003) y Kate Bedford (2009), han señalado de qué formas la ideología de los valores familiares se vuelve especialmente importante cuando otras opciones de relaciones sociales han sido eclipsadas. El matrimonio como institución “se fundamenta en la privatización de la reproducción social, junto con el cuidado de las necesidades de dependencia humana, a través de la responsabilidad personal ejercida en la familia y en la sociedad civil, transfiriendo así los costos de las agencias estatales a las personas y los hogares” (Duggan 2003: 14). El fin del Estado de bienestar y el ascenso de las políticas de ley y orden —ambos fenómenos basados en el fomento a la responsabilidad personal y la condena al desorden público— se correlacionan directamente no solamente como alternativas institucionales para manejar a los pobres racializados (como ha sugerido Wacquant), sino a través de “las densas interrelaciones” entre los proyectos económicos y culturales (de género) del neoliberalismo (Duggan 2003). Mientras que Wacquant identifica mas no explica el desplazamiento al Estado penal masculino o de las políticas sexuales pro familia que lo acompañan, Duggan y Bedford demuestran que el surgimiento de las políticas de los valores familiares es necesario para llenar los vacíos de cuidado que deja la anulación del Estado de bienestar. También ellas plantean que el Estado neoliberal puede usarse para la domesticación de los hombres, la cual opera en dos niveles a la vez: se insta a los hombres, en especial a los pobres y los de clase obrera, a realizar más trabajo de cuidados dentro del hogar y a aceptar las cargas de la reproducción social que surgen cuando las mujeres se trasladan a la esfera del trabajo remunerado. Al mismo tiempo, se insta a los hombres profesionistas de clase media a restringir su consumo comercial de maneras compatibles con la domesticidad heterosexual y con el amor tradicional.

Los circuitos neoliberales de delito, sexo y derechos

Los ejemplos anteriores sirven para ilustrar cómo el surgimiento de una postura feminista carcelaria se conecta con el colapso del Estado de bienestar social de varias maneras: tanto como una nueva estrategia social para regular a los Otros de distinta raza y clase, como parte de una estrategia neoliberal de género que le da seguridad a la familia y le otorga primacía moral al matrimonio. Desde esta perspectiva, queda claro que, a medida que las políticas económicas neoliberales extienden su alcance por todo el mundo, servirán para diseminar una nueva agenda social enfocada en la justicia penal (como bien ha demostrado Wacquant) emparejada con un nuevo paradigma político del género y la sexualidad que se fundamenta en el valor familiar (feminista) de las parejas enamoradas y sexualmente igualitarias. Este nuevo paradigma ha sido diseminado por los medios más dispares como leyes y controles reforzados contra los delincuentes sexuales (que incluyen la propuesta de hacer un registro paneuropeo de delincuentes sexuales), la inserción de los hombres en las labores de cuidado de la esfera privada a través de las políticas de desarrollo oficiales del Banco Mundial y las pujantes campañas internacionales contra la trata de mujeres.24 Sin duda, una de las razones por las cuales las campañas en contra de la trata se han convertido en una cuestión tan provocativa para las feministas, los evangélicos y otros activistas es porque los compromisos sexuales, carcelarios y económicos entrelazados que las componen pueden inscribirse en el ahora hegemónico discurso internacional de los derechos humanos de las mujeres. Como ha observado la politóloga Kristin Bumiller, “las convenciones de los derechos humanos intentan mejorar las condiciones de las mujeres al presionar a los Estados para que promuevan una aplicación seria y efectiva de las leyes penales contra la violencia interpersonal” (Bumiller 2008: 136). Dado que se entienden los derechos humanos de las mujeres como aquellos que conciernen exclusivamente las cuestiones de violencia sexual y de integridad corporal (mas no las dimensiones de género de los problemas sociales, económicos y culturales más extensos), el modelo de derechos humanos en su manifestación mundial se ha convertido en un medio muy efectivo para la diseminación de las políticas carcelarias a escala mundial (véase Grewal 2006; Miller 2004).

En el contexto de las campañas para combatir la trata de mujeres a nivel mundial, esta eficacia se ha puesto de manifiesto en la clasificación y en la sanción económica que impone Estados Unidos a países que no han aprobado leyes contra la prostitución lo suficientemente punitivas, en el empuje activista transnacional para penalizar la demanda de servicios sexuales por parte de los clientes de sexo masculino, en el endurecimiento de las fronteras internacionales con la finalidad de proteger a las potenciales víctimas de trata y en la implementación de nuevas restricciones de viaje para las mujeres migrantes (Chuang 2010; Kempadoo, 2005b; Ticktin 2008; Chapkis 2005). Las activistas feministas que están en contra de la trata han ejercido bastante presión para implementar estas medidas, además de respaldar sólidamente el compromiso antiprostitución del gobierno estadounidense, el cual estipula que las ONG que no toman una postura condenatoria explícita contra la prostitución pierden la posibilidad de recibir financiamiento estatal (Chuang 2010; Saunders 2005; NSWP 2006). Dichas feministas también han ofrecido apoyo en las redadas justicieras a burdeles que han hecho los grupos cristianos evangélicos como la Misión Internacional de Justicia en países como India y Camboya, en colaboración con la policía local.25 Aunque Wacquant, Garland y Simon no identifican la eficacia política del discurso de los derechos humanos para extender los intereses carcelarios de origen nacional que describen, Bumiller (2008), Halley (2008), Grewal (2006) y otras académicas feministas críticas han observado que este se ha convertido en una herramienta indispensable para difundir el paradigma cada vez más dominante del feminismo como mecanismo de control del delito a nivel internacional.

Desde la perspectiva de las defensoras del movimiento contra la trata estadounidense, el giro discursivo hacia el campo de los derechos humanos internacionales también ha sido crucial para reubicar un conjunto anterior de debates políticos intestinos entre feministas sobre el significado de la prostitución y de la pornografía (que dividió el movimiento feminista estadounidense durante los años 80 y principios de los 90, y del cual salieron triunfantes las tendencias liberacionistas) a un terreno humanitario en el que la corriente antiprostitución tenía más posibilidades de imponerse.26 Como me explicó una de las fundadoras de una prominente ONG feminista antitrata durante una entrevista, enmarcar los daños de la prostitución y la trata como cuestiones políticamente neutras de interés humanitario que afectan a las mujeres del tercer mundo —y no como cuestiones que impactan de forma directa las vidas de las feministas occidentales— fue esencial para emprender una batalla exitosa contra la sexualidad comercial.

Hubo una ola de conciencia previa sobre la explotación que tomaba tanto la pornografía como la prostitución como una especie de explotación sexual de las mujeres. Pero fue derrotada por personas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (aclu) [...] que eran las mismas que estaban en contra de la persecución de la violación por considerarla un tipo de acusación discriminatoria contra la gente de color. [...] No era nada más una cuestión de prioridades. En realidad era solo una comprensión básica de los derechos humanos. Después de eso, mantuvimos un perfil bajo [...] y luego la trata trajo de vuelta estas cuestiones (tomado de mis notas de campo, 3 de diciembre de 2008).

Otra activista defensora de los derechos humanos que entrevisté señaló también que, para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), las perspectivas en torno tanto a la trata como a la prostitución habían cambiado irrevocablemente: “Beijing fue donde la trata como una cuestión laboral se transformó por primera vez en un asunto de violencia y esclavitud sexuales”. Según estas activistas, las feministas que habían participado en olas previas de lucha nacional por la restricción estatal de la prostitución y la pornografía de inicio fueron obstaculizadas por otras corrientes liberales (incluyendo tendencias feministas divergentes y la aclu) que se oponían a los efectos potencialmente discriminativos de la perspectiva de justicia penal. Sin embargo, al reformular sus inquietudes en términos de la trata de mujeres del extranjero y de la violación de acuerdos internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres, lograron pelear estas mismas batallas sexuales sin oposición alguna.

El giro más reciente en la campaña feminista transnacional contra la trata de personas es la atención generada hacia las denominadas formas domésticas de trata con fines de explotación sexual. La reautorización en 2005 de la Ley de Protección a las Víctimas de Trata de Estados Unidos (tvpra, por sus siglas en inglés) colocó el delito de trata doméstica a la par moral y legalmente de concepciones previas sobre el cruce de fronteras del delito de trata (United States Department of State 2005). Con el objetivo de dirigir las prioridades legales hacia la prostitución callejera en zonas urbanas, la tvpra destinó cinco millones de dólares en subsidios federales para organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel local que investigaran y procesaran casos de trata con fines de explotación sexual al interior de Estados Unidos.27 Algunas comentaristas han especulado que el cambio de enfoque en la política estadounidense contra la trata de una perspectiva internacional a una nacional se debe a que el gobierno estadounidense ha fracasado consistentemente al tratar de precisar las abrumadoras cifras de víctimas transfronterizas que afirmaba que existían (véase Brennan 2008).28

Según estimaciones de 2 515 investigaciones sobre trata de personas realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos entre 2008 y 2010, de las 389 víctimas confirmadas, 85% eran casos de trata con fines de explotación sexual, 83% de las víctimas eran ciudadanas estadunidenses y 62% de los sospechosos de trata con fines de explotación sexual eran afroestadounidenses (mientras que 25% de todos los sospechosos eran de origen hispano/latino) (US Department of Justice 2011). El impacto racial de las leyes contra la trata también se ve intensificado por el hecho de que los hombres jóvenes que son condenados por el delito de trata pueden recibir sentencias de hasta 99 años por considerárseles “tratantes domésticos” (cuando antes lo habitual eran sentencias a prisión de unos cuantos meses), mientras que las trabajadoras sexuales migrantes son arrestadas y deportadas con mayor frecuencia por su propia seguridad (Chapkis 2005; Bernstein, 2007b; Urban Justice Center 2009). Tanto a nivel nacional como internacional, las políticas antitrata de Estados Unidos han contribuido a la implementación sin precedentes de medidas policiacas más severas contra la gente de color involucrada en la economía sexual callejera (tanto los proxenetas como los clientes y las trabajadoras sexuales por igual). Esto ha facilitado que se revierta la tendencia hacia la mayor legitimidad del trabajo sexual que prevaleció hasta finales de los años 90 (véase Day 2010). De este modo, las campañas antitrata contemporáneas pueden verse como la eficaz encarnación feminista de los proyectos carcelarios y sexuales del neoliberalismo, los cuales abren paso a la agenda de los valores familiares y del control del delito al tiempo que reafirman nuevas formas de entender la justicia de género y los derechos humanos de las mujeres.

Conclusión

Si la política posmaterialista tiende hacia el bien y el mal, el delito es una metáfora natural del mal (Theodore Caplow y Jonathan Simon, apudGottschalk 2006: 11).

Este artículo ha buscado sintetizar e impulsar argumentos sostenidos recientemente por teóricos y teóricas sociales sobre el surgimiento del Estado carcelario y su relación con pautas más generales de transformación cultural y política. A partir de diversos recuentos de la relación entre el neoliberalismo y el giro hacia modos punitivos de justicia en las políticas sociales contemporáneas, he resaltado las dimensiones de género implícitas en este desplazamiento, así como su impacto diferenciado en términos de la raza y la clase social, mezclando teorías de criminalización carcelaria con ideas tomadas de mis propias investigaciones empíricas sobre las campañas contra la trata con fines de explotación sexual. He tratado de demostrar que la comprensión de las transformaciones recientes al interior del feminismo —y de las políticas de sexo y género en términos más generales— es fundamental para los análisis extensos del Estado carcelario neoliberal que han formulado teóricos como Garland, Wacquant y Simon. A través de las codificaciones sucesivas en la ley penal internacional de cuestiones como la violación, el acoso sexual, la pornografía, la violencia sexual, la prostitución y la trata, las feministas predominantes han proporcionado un apoyo ideológico crucial para dar paso a las transiciones carcelarias contemporáneas (Halley 2006: 21). En tiempos más recientes, el pujante discurso de los derechos humanos de las mujeres ha servido para redirigir la atención feminista puesta en las esferas domésticas del hogar y la nación hacia el escenario internacional en expansión, reivindicando así las versiones carcelarias del feminismo a escala mundial.

Es importante entender las dinámicas sexuales y de género subyacentes que han inspirado este cambio en la estrategia y el énfasis feministas. Suposiciones como las de Garland, Simon y Wacquant sobre que las condiciones de flujo de género de la modernidad tardía han derivado en una incorporación reactiva de las políticas carcelarias por parte de las clases medias que alguna vez fueron liberales, no toman en cuenta los intereses de género que apuntalan la defensa feminista del Estado carcelario neoliberal. Aunque Garland afirma con mucha razón que las transformaciones sociales del capitalismo tardío han desestabilizado ciertos aspectos de la vida de clase media y han fomentado la disposición punitiva clasemediera, se equivoca al momento de identificar la realidad de la amenaza criminal y las inestabilidades sexuales y de género que representan la fuente de esta tendencia. En las campañas antitrata contemporáneas, no son los roles de género cambiantes en abstracto sino más bien las reconfiguradas normas de sexualidad masculina las que se perciben como la mayor amenaza para las activistas feministas de clase media y los cristianos evangélicos, quienes consideran que tanto la justicia penal como los valores familiares son remedios. Aunque Wacquant demuestra con astucia la correlación entre la desaparición del Estado de bienestar y el advenimiento del Estado penal (así como el papel fundamental que desempeña el delincuente sexual para abrir paso a estas transiciones), no logra registrar las inversiones que hacen las propias feministas para facilitar este cambio. Mi propia investigación etnográfica, en combinación con otras críticas feministas a la sexualidad y al neoliberalismo, ayuda a esclarecer esta postura al mostrar cómo las posiciones de raza, clase y género de un contingente prominente de feministas occidentales ha colocado de forma sustantiva su apuesta política en el Estado de seguridad contemporáneo y en el modelo de la familia de clase media.

Por último, Simon explica de manera muy provechosa de qué forma el Estado de seguridad contemporáneo no solo sirve para vigilar a los pobres, sino también para crear una concepción clasemediera de libertad con seguridad al señalar el importante papel que desempeña el feminismo al apoyar este proyecto. Mi investigación sobre el movimiento antitrata contemporáneo sirve para explicar precisamente cómo y por qué las feministas han reorientado sus objetivos políticos hacia fines carcelarios, situando las transiciones ideológicas en términos de los nuevos horizontes político-económicos que confrontan. El aparato estatal neoliberal en el que las vidas de las personas pobres y de clase media se rigen cada vez más a través de la criminalización y en el que la familia privatizada ha sido designada como la institución óptima para recibir apoyo social, favorece los compromisos feministas contemporáneos tanto con los valores familiares como con la agenda de ley y orden. Bajo esas circunstancias, el ímpetu de hallar medios no económicos para igualar las dinámicas de poder sexual al interior de la familia —como por ejemplo gobernar a través del delito— se vuelve imperativo para muchas defensoras feministas (y cristianos evangélicos) de la justicia social. En lugar de buscar estrategias redistributivas en lo material, las tendencias del feminismo que han sobrevivido y prosperado son aquellas que despliegan las estrategias sexuales y carcelarias (que se refuerzan entre sí) y que es probable que un reconfigurado Estado neoliberal apoye.29

En términos más generales, este articulo ha planteado cómo la atención a las disposiciones carcelarias de los actores sociales son fundamentales para entender las políticas que han juntado en cuestiones sexuales a la izquierda con la derecha y a las feministas con los evangélicos. He utilizado el estudio de caso de la trata de personas para explicar cómo las políticas sexuales neoliberales y las políticas carcelarias trabajan en conjunto, y para subrayar los posicionamientos que cruzan las ideologías en materia de cuestiones sexuales y delitos. Como ya argumentaron de forma convincente teóricos como Garland, Wacquant y Simon, en el actual momento histórico el sexo suele ser el vehículo que vincula a la izquierda y a la derecha en torno a la agenda de la justicia penal. Mi propio análisis de las campañas antitrata contemporáneas muestra que también lo contrario es cierto: con frecuencia la justicia penal ha sido el medio más efectivo para unir a las feministas y a los evangélicos en torno a ideales histórica y socialmente específicos de sexo, género y familia. Para entender de lleno el surgimiento del Estado carcelario y su relación con las transformaciones sociales del capitalismo tardío, necesitamos un análisis feminista del neoliberalismo que sea consciente de cómo han llegado a circular juntas las estrategias sexuales y carcelarias que se refuerzan entre sí 30

Traducción: Ariadna Molinari Tato

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Oxford University Press, (2007)

Este artículo se publicó en su versión original en Theory and Society (2012; 41: 233-259). Se reproduce con permiso de la autora.

Véase, por ejemplo, Wacquant (2009a; 2009b), Garland (2001a), Sudbury (2005) y Simon (2007). A excepción de Garland, la mayoría de los teóricos parten de la premisa de que la tasa de encarcelamientos se ha incrementado de manera sustancial, mientras que los índices de crimen y victimización han disminuido. Véase Zimring (2007) para una articulación potente de estas tendencias dispares

Las mujeres, en particular las del Sur y las mujeres no blancas, son el segmento de población encarcelada que crece a mayor velocidad, sobre todo por delitos relacionados con las drogas (Haney, 2004; Sudbury, 2005; Bohrman y Murakawa 2005).

No obstante, como han argumentado comentaristas como Saletan (2003), incluso en este caso hasta los intereses políticos sobre las libertades reproductivas, los cuales solían ser amplios, se han ido inclinando hacia la derecha al verse reducidos y privatizados.

Para una mayor discusión de la lucha contra la trata emprendida por grupos cristianos evangélicos, véase Bernstein (2007a; 2010), Chuang (2010) y Weitzer (2008).

Véase Bernstein (2007a; 2010) para una discusión previa de este concepto.

Máximo Sozzo, traductor al español del libro de Garland, opta por el calco "welfarismo" para welfarism, pues argumenta "que [welfarism] hace alusión específicamente a la racionalidad política que encarna y expresa ese conjunto de intervenciones sobre la ’cuestión social’" (2005: 33), y que ninguna de las traducciones existentes es capaz de comunicar esa misma idea (n. de la t.).

Aunque el modelo teórico de Wacquant sobre la relación entre neoliberalismo y el Estado punitivo ha sido debatido ampliamente (véase, por ejemplo, Cambpell 2011; Mayer, 2011; Lancaster, 2011), en lo personal me interesa menos criticar su teoría por su determinación económica que explorar las conexiones que plantea entre neoliberalismo, carcelariedad, sexo y género.

La ley New York SB 5902 fue aprobada con amplio apoyo de las organizaciones feministas de Nueva York el 6 de junio de 2007.

Irónicamente, Spitzer era un fuerte aliado del movimiento feminista neoyorquino antes de renunciar a su puesto el 13 de marzo de 2008, tras desatarse el escándalo de que frecuentaba a una prostituta (Powell y Confessore 2008).

Dichas afirmaciones ignoran todo un corpus de investigación científica social que ha descubierto que las mujeres y las niñas suelen entrar a la prostitución por mandato de sus familias, de modo que puedan proveer mejor a sus padres e hijos. Véase Mongomery (2001), Agustín (2007) y Bernstein (2007b).

El término feminista radical puede ser en gran medida un nombre inapropiado que se le otorga a una trayectoria política que ha llevado buena parte del activismo original asociado con este punto de vista a puestos prominentes de gobernanza nacional e internacional, incluida la Casa Blanca de George Bush (véase Bernstein 2010).

En este sentido, Lancaster (2011) constituye una excepción importante.

Horowitz, quien es empleado del Hudson Institute, think tank de corte neoconservador, fue una figura central en la consolidación de la coalición contra la trata durante la presidencia de Bush (véase Hertzke 2004).

Hughes tiene la cátedra Eleanor M. y Oscar M. Carlson de Estudios de la Mujer en la Universidad de Rhode Island y ha publicado diversos informes sobre "trata de mujeres” en el contexto nacional e internacional. También es colaboradora asidua del diario conservador The National Review.

En su ensayo clásico sobre trata, titulado "Traffic in Women", la antropóloga feminista Gayle Rubin parte de las obras de Marx y Engels, Claude Lévi-Strauss y Jacques Lacan (así como de una gran variedad de datos interculturales) para argumentar que el eje de la opresión de las mujeres reside en las convenciones sociales del matrimonio y las relaciones familiares (Rubin 1975).

El concepto de security mom surge a principios de siglo xxi para describir a las sucesoras de las populares soccer moms, o mamás futboleras de clase media suburbana. Las security moms eran las madres de familia informadas de la situación política nacional e internacional, y preocupadas por la seguridad de sus hijos, cuya inquietud las hacía un grupo de votantes indecisas que teóricamente podía inclinar la balanza de la elección presidencial de 2004 a favor de uno u otro candidato (n. de la t.)

Las investigaciones demográficas demuestran que, mientras que el alto nivel educativo y la capacidad de independencia económica solían ser frenos maritales para las mujeres, ahora son las mujeres blancas con alto nivel educativo quienes es más probable que estén casadas (véase Martin 2006; Goldstein y Kenney 2001).

Otros eventos en donde se relataron historias muy parecidas incluyen la conferencia "End Demand” (poner fin a la demanda), organizada por la catw en el marco de los encuentros de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas e impartida el 2 de marzo de 2007; la conferencia de la catw “Abolishing Sexual Slavery from Stockholm to Hunts Point” (abolir la esclavitud sexual desde Estocolmo hasta Hunts Point), que se impartió en la New York City Bar Association el 6 de noviembre de 2008; y la conferencia sobre ”Sex Trafficking and the New Abolitionists” (trata con fines de explotación sexual y el nuevo abolicionismo), llevada a cabo en el Brooklyn Museum el 13 de diciembre de 2008.

Aunque según algunas estimaciones la trata en el servicio doméstico ha resultado ser más prevalente que la trata con fines de explotación sexual (véase Feingold 2005), la primera es más compatible con los intereses domésticos y de género de las mujeres profesionistas.

Hay gran cantidad de investigaciones feministas críticas que demuestran lo contrario; véase, por ejemplo, Berstein (2007b); Agustín (2007); Chapkis (1997); Brennan (2004).

Agustín (2007) ha descrito las ansiedades que rodean la trata en términos de inquietudes desplazadas sobre mujeres que "abandonan el hogar” por sexo. En este punto, resalto las preocupaciones feministas sobre las aventuras sexuales extrafamiliares de los hombres, en particular de aquellos que están casados.

Desde entonces, varios países, desde Noruega hasta Islandia, Corea del Sur, las Filipinas y Chile, han implementado algunos componentes del modelo sueco de penalización. Aunque la ley sueca penaliza específicamente solo a los clientes de las prostitutas (mas no a las trabajadoras sexuales), las activistas feministas trasnacionales y los Estados nación que reivindican el modelo sueco lo han usado para ampliar la esfera de la penalización e incluir en ella tanto a las trabajadoras sexuales como a sus clientes (Bernstein, 2007b).

Con respecto a la propagación de leyes penales severas contra los delincuentes sexuales en Europa, véase ”Sex laws: Unjust and ineffective” (2009). Con respecto al apuntalamiento heteronormativo de las políticas de desarrollo del Banco Mundial, véase Bedford (2009).

La Misión Internacional de Justicia es la organización cristiana evangélica antitrata más grande de Estados Unidos, con más de ochenta empleados de tiempo completo que operan en 14 países. Para mayor discusión sobre la Misión Internacional de Justicia, véase Bernstein (2007a; 2010) y Thrupkaew (2009).

Con respecto a los debates feministas sobre la pornografía durante los años 80 y 90, véase Vanee (1993; 1997) y Duggan y Hunter (1995).

La tvpra del año 2000 define la "trata con fines de explotación sexual” en términos amplios como “el reclutamiento, alojamiento, traslado, suministro u obtención de una persona con la finalidad de que realice actos comerciales sexuales” (United States Department of State 2000).

Desde la aprobación de la tvpra del año 2000, el gobierno estadunidense ha ido disminuyendo sus estimaciones de víctimas transfronterizas, de 50 000 a entre 14 500 y 17 000 personas al año (us Government Accountability Office 2006). En los casos de trata interna, se dispensan las necesidades operacionales si las mujeres en cuestión son menores de edad.

En el caso de las campañas antitrata, dichas estrategias de orientación material incluirían en un principio desafíos a las actuales políticas internacionales de deuda y préstamo, a los mercados mundiales de mercancías y a las políticas de desarrollo económico que crean iniciativas para que las mujeres se vean implicadas en un proceso de migración riesgosa o sean explotadas sexualmente.

Quiero agradecer a Raewyn Connell y a dos revisores anónimos por sus valiosos comentarios sobre una versión previa de este artículo. También agradezco a Kerwin Kaye, Nicki Beisel, Lauren Berlant, Linda Zerilli y a miembros del seminario académico del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Chicago realizado durante la primavera de 2011 por su retroalimentación.

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