Entre los elementos que mejor configuran el entorno actual de la atención sanitaria, en prácticamente todos los países desarrollados, la preocupación de los gobiernos, las sociedades y la comunidad sanitaria por el crecimiento del gasto y la sostenibilidad de los sistemas de atención de salud ocupa un lugar importante. En el caso del Sistema Nacional de Salud (SNS) español, enredado en la crisis económica y de legitimidad política más profunda y duradera que hayamos conocido desde la instauración de la democracia, la inquietud por la sostenibilidad financiera ha adquirido carta de primer orden. En realidad, en muy poco tiempo hemos pasado del problema de la «sostenibilidad» al de «salvar los muebles».

La atención sanitaria tiene un enorme protagonismo en la distribución competencial. Mientras Sanidad tiene un peso mínimo en el gobierno central, para las comunidades autónomas (CCAA) supone entre el 35 y el 45% de sus presupuestos reales (los presupuestos «formales» apenas disfrutan de unos días de vida antes de que la realidad los alcance y –más allá de constatar el otro gran problema español, el deterioro de un sistema político que no vacilaría en aprobar las cuentas del Gran Capitán– no vale la pena considerarlos). Abrumadas por el endeudamiento, con la tesorería rendida, exhausta la confianza de sus prestadores y fiadores, con gobiernos del Estado que las culpabilizan del gasto (en buena parte para eludir sus propias responsabilidades), las CCAA buscan desesperadamente aumentar sus ingresos y reducir sus gastos. Así que era esperable que los servicios regionales de salud –al margen de que también desarrollaron su propia burbuja y cuentan con su propia crisis endógena– sean radiografiados una y otra vez buscando oportunidades de reducir el gasto público.

Entre las opciones posibles para mejorar el balance entre ingresos y gastos en el sector sanitario, los (sucesivos) gobiernos, siempre a regañadientes, han optado por aplicar (también sucesivos) recortes en los salarios de los trabajadores y profesionales (en algunas CCAA incluyen recortes sanitarios específicos, adicionales a los aplicados al resto de empleados públicos), en los precios de los medicamentos y de alguna cosa más, y por trasladar parte de estos precios a los usuarios. El porqué no es difícil de entender. Los recortes son relativamente fáciles de implantar. Y a los ministros y consejeros de Hacienda que −no nos engañemos, del sector sanitario saben poco más que las cifras del gasto total− les parecen ahorros claros. Euros contantes y sonantes.

Pero los recortes, pese a ofrecer cierto alivio inmediato a las haciendas públicas, son una pobre solución a medio-largo plazo. Tienen suelo. Se agotan en sí mismos. No actúan sobre los factores subyacentes en el crecimiento del gasto (tanto los salarios como los precios de los medicamentos no eran especialmente altos en España). Penalizan a los centros y a los profesionales más eficientes. Generan malestar en los sanitarios y, especialmente cuando se hacen como se están haciendo, deterioran la posible colaboración con los clínicos, incrementando la entropía del sistema. Olvidan que los costes sanitarios están directamente relacionados con las decisiones clínicas. Dificultan extraordinariamente los esfuerzos necesarios para mejorar la coordinación de la atención, reducir duplicaciones e ineficiencias y disminuir los cuidados innecesarios. Hoy es más difícil establecer estrategias cooperativas para salvaguardar el SNS. Y cuando se cava en múltiples direcciones, el agujero acaba por ser más ancho y profundo.

Reducir (si se prefiere, recortar) el despilfarro es una estrategia básica de supervivencia de las organizaciones empresariales. Se trata de salvaguardar los procesos, productos y servicios que ofrecen mayor valor a sus clientes (mayores retornos a la firma) y reducir los que no aportan valor o su valor relativo es menor. Las oportunidades de reducción del despilfarro en atención sanitaria son, simplemente, enormes. En la tabla 1 se ofrece un ejemplo con estatinas e inhibidores de la bomba de protones1. Solo el uso del equivalente terapéutico de menor precio en estos 2 grupos habría permitido un ahorro cercano a los 1.000 millones de euros en 2010 (superior a la estimación de recaudación de los copagos realizada por el Ministerio). La reducción de la prescripción inadecuada de ambos fármacos –probablemente superior a la tercera parte del total– aún incrementaría estas cifras de ahorro potencial.

Pero el despilfarro sanitario no proviene solo, ni principalmente, del uso de medicamentos con precios más altos que otros equivalentes. En un reciente trabajo Berwick y Hackbarth señalaban –y cuantificaban para Estados Unidos– 6 categorías (no exhaustivas) de gasto evitable2: a) problemas en los cuidados prestados, incluyendo los relacionados con la no adopción de sistemas de seguridad de los pacientes o de prácticas de prevención efectivas que se traducen en gastos por complicaciones; b) problemas relacionados con la coordinación de la atención, especialmente en los pacientes crónicos; c) sobreutilización de tratamientos y pruebas diagnósticas, incluyendo los antibióticos, algunos tipos de cirugía electiva, densitometrías, uso de atención intensiva en pacientes en los últimos meses de vida, etc.; d) complejidad administrativa, incluyendo la pérdida de tiempo profesional en la cumplimentación de formularios que no aportan valor al manejo de los pacientes ni se utilizan para mejorar la gestión; e) problemas con los precios de pruebas y tratamientos en ausencia de un mercado realmente competitivo, y f) problemas de fraude y abuso. El trabajo cifra el gasto derivado de estos problemas entre el 21 y el 34% del gasto sanitario de Estados Unidos2.

En España no existen trabajos de este tipo, pero diversos datos apuntan un importante derroche en medicamentos (antibióticos, inhibidores de la bomba de protones, estatinas, antiosteoporóticos, coxibs, psicotropos, etc.) no exento de efectos adversos3, en pruebas diagnósticas4, descoordinación de la atención a crónicos y otros problemas que sugieren que estamos combinando el sobretramiento en pacientes leves (gasto sin beneficios) con subtratamiento en prevención secundaria y pacientes de alto riesgo (gasto por descompensaciones y complicaciones)5.

Para los clínicos, reducir el despilfarro no es una opción, sino una obligación. Para los profesionales, malgastar recursos nunca fue opcional, pero ahora lo es menos aún. Cuando los recursos están exhaustos los pacientes que se quedan sin algún tipo de cuidado efectivo son reales, no estadísticas. Y los médicos también debemos lealtad a estos pacientes6. Pero la reducción del despilfarro es una responsabilidad compartida en los diversos niveles del sistema. En un primer nivel, Ministerio y CCAA deben desarrollar estrategias y mecanismos prácticos para decidir qué medicamentos, tecnologías y servicios entran y salen de la cartera de servicios del SNS, y qué precio estamos dispuestos a pagar en función de su valor7. Estas políticas se han agrupado bajo el epígrafe de desinversión (o reinversión) y recientemente se han publicado excelentes trabajos en español que revisan su marco conceptual y sus limitaciones8–10. Las decisiones de desinversión deberían estar guiadas por la evidencia científica sobre la efectividad comparativa y la eficiencia relativa de las actuaciones preventivas, los tratamientos y las pruebas diagnósticas11 (antes que volver a asistir a espectáculos como la toma de decisiones sobre la exclusión de medicamentos en función de que más de 3 CCAA coincidan en solicitarla). Y deben ser lo suficientemente transparentes para que las partes implicadas conozcan y comprendan las decisiones tomadas (aunque no las compartan) y puedan trazar sus propias estrategias de desarrollo12.

Un segundo nivel afecta a las organizaciones sanitarias. Parece sensato que los hospitales de las mismas CCAA empiecen a homogeneizar sus guías fármaco-terapéuticas. Que acuerden qué procedimientos o pruebas no deben realizarse en según qué condiciones. Y en qué plazos y condiciones toca repetirlas. Que auditen los tratamientos inadecuados y dudosos que indican sus clínicos (incluyendo la consulta externa, las urgencias hospitalarias y las prescripciones al alta). Que instauren indicadores que no fomenten los tratamientos innecesarios, la solicitud de pruebas sin más valor que cumplir el indicador o las derivaciones protocolarias sin considerar el estado clínico del paciente. La organización sanitaria debe ser justa en este terreno e identificar y actuar sobre quienes despilfarran, debe ayudar a que el descuido de unos pocos no malbarate el esfuerzo de muchos.

Un tercer nivel pasa por los centros sanitarios. Un centro de salud puede revisar la evidencia sobre un aspecto concreto de la atención y decidir no ofrecer un servicio inefectivo. O puede desarrollar sus propios criterios para favorecer los medicamentos más baratos entre los de similar efectividad. En un cuarto nivel, el del clínico individual, la gestión responsable de sus pacientes se favorece y estimula con el uso de guías basadas en la evidencia. Tratamientos útiles en algunos subgrupos de pacientes pueden ser inefectivos o de efectividad marginal mínima en otros. Que no se retiren de la cartera de servicios no quiere decir que estén indicados en todos los pacientes con una condición concreta. Los tratamientos antiosteoporóticos en mujeres jóvenes (en las que despilfarramos la mitad de los aproximadamente 400 millones de euros que dedicamos a estos fármacos) o los análisis rutinarios son ejemplos arquetípicos. A este nivel puede ser complejo retirar tratamientos poco útiles (fármacos antidemencia, SYSADOA, etc.) o incluso los peligrosos (hipnóticos, barbitúricos, antiinflamatorios y coxibs, etc.) y la existencia de políticas claras a nivel general y de centro puede ser de gran utilidad.

Los pacientes también comparten responsabilidades en la reducción del despilfarro. Aunque probablemente es poco realista que los pacientes (actuando como lobbies en busca de recursos para un grupo específico de enfermos o como individuos) quieran considerar los costes sociales, como ciudadanos están implicados en la asignación de recursos. El despilfarro sanitario compite con el gasto sanitario efectivo y con el gasto en otros sectores esenciales para su salud (educación, pobreza, dependencia, desempleo, pensiones, entre otros). Pacientes y ciudadanos deben ser conscientes de que no puede mantenerse el despilfarro sanitario sin negar la atención a otros pacientes (incluso a ellos mismos en el futuro), sin reducir los subsidios de dependencia o desempleo, sin empeorar la educación, sin empeorar como sociedad.

Las sociedades científicas españolas no deberían tardar en seguir iniciativas como la campaña «Choosing Wisely» (elegir con prudencia)13,14 y «Promoting Good Stewardship in Clinical Practice» (promoviendo la gestión responsable en la práctica clínica)15 en la que diversas sociedades profesionales de Estados Unidos (incluyendo la American Academy of Family Physicians que desarrolló la lista de las «top 5» actuaciones a reducir en atención primaria [tabla 2])15 han desarrollado listas de pruebas diagnósticas o tratamientos habituales en su especialidad cuya indicación debería ser reevaluada por el elevado despilfarro que supone su uso en indicaciones sin valor clínico. Dar difusión a otras iniciativas como las recomendaciones «do not do» (no hacer) del NICE británico también puede ayudar.

Aunque en un entorno de irritación y desconfianza –y en el que empieza a ganar demasiado terreno la irracionalidad– colaborar para reducir el despilfarro puede ser complejo, los profesionales sanitarios estamos en una situación privilegiada para trasladar el debate a este terreno, al terreno sanitario. Nuestro terreno y el único terreno en que podemos usar nuestros conocimientos para ayudar a nuestros pacientes y a nuestra comunidad. Y probablemente nos toca liderar este cambio. Entre otras cosas porque no podemos confiar en que otros lo hagan. Entre otras cosas porque salvaguardar la atención efectiva para nuestros pacientes y nuestras comunidades es salvaguardarnos a nosotros mismos.

El autor declara no tener ningún conflicto de intereses.