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Vol. 57. Núm. C.
Páginas 1-122 (Julio - Diciembre 2017)
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Vol. 57. Núm. C.
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DOI: 10.1016/j.ehn.2017.07.002
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Guillermina del Valle Pavón, Donativos, préstamos y privilegios: los mercaderes y mineros de la Ciudad de México durante la guerra anglo-española de 1779-1783, México, Instituto Mora, 2016, 227 p.
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Luis Aguirre
Freie Universität Berlin/Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
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El desarrollo más reciente de la historiografía novohispana del sigloxviii ha tenido un gran impulso, entre otros factores, gracias al juego de escalas entre los diversos niveles de análisis. Otro elemento de avance ha sido la renovación de las hipótesis sobre temáticas consolidadas a la luz de las aportaciones de un trabajo de fuentes más minucioso y que ha ampliado la tipología de la documentación consultada. Estos dos rasgos son parte fundamental del libro Donativos, préstamos y privilegios: los mercaderes y mineros de la Ciudad de México durante la guerra anglo-española de 1779-1783 de Guillermina del Valle Pavón, en el que logra un análisis profundo y bien fundamentado de la coyuntura específica de la guerra anglo-española desde la óptica del comercio que confluía en la Ciudad de México y el financiamiento de las fuerzas españolas por parte de los aportes novohispanos.

El libro resalta el papel de la Ciudad de México como eje que articuló el tráfico de bienes europeos y asiáticos que eran remitidos a los puertos del Pacífico, lo que permitió enlazar diferentes espacios de los virreinatos americanos. Se parte de considerar el comercio del Imperio hispano en el marco del mundo Atlántico como un todo integrado e institucionalmente organizado, para mostrar cómo se posibilitó la realización de intercambios informales que dinamizaron la circulación por el Pacífico de manera notable, en especial durante los años del conflicto bélico. Otro de los núcleos argumentativos del libro que estudia la coyuntura de los años de la guerra anglo-española 1779 y 1783 son los mecanismos con los que la administración imperial logró extraer recursos de la Nueva España para satisfacer las necesidades económicas que generó el enfrentamiento bélico. Considerando la estructura corporativa sobre la que funcionaba el arreglo imperial, se dilucida la participación que en este proceso tuvieron las principales corporaciones de la Ciudad de México, fundamentalmente del Consulado de Comerciantes y del Tribunal de Minería. Ambas corporaciones son analizadas a partir del papel que desempeñaron como donadores e intermediarios financieros para obtener los recursos que desde la metrópoli eran demandados.

La Nueva España tuvo un papel central en la aportación de recursos para las urgencias bélicas, sobre todo por su posición geográfica respecto al Caribe, adonde se trasladó el teatro de la guerra, lo cual fue posible por el incremento en la recaudación fiscal y la expansión de la producción minera. Los recursos fiscales ordinarios fueron superados por los gastos de la conflagración, lo que orilló a la Corona a solicitar recursos extraordinarios por medio de donativos y préstamos. Estos tuvieron su contraparte en el otorgamiento de privilegios y concesiones a las corporaciones o individuos protagonistas de este relato. De esta manera es posible observar los beneficios que obtuvieron los comerciantes involucrados en el tráfico en el Pacífico, donde además de plata andina se comerciaba con el cacao de Guayaquil, en contrapartida de las mercaderías asiáticas y europeas. Asimismo, es posible observar la interacción de las corporaciones e individuos con los dos niveles de gobierno, el metropolitano y el virreinal, durante la complicada coyuntura de la guerra.

Los efectos de la conflagración bélica modificaron los intercambios que Nueva España mantenía con la Península, con Filipinas y con los diferentes espacios del Pacífico Hispanoamericano. La autora rastrea los primeros cambios comerciales que se presentaron en el comercio del Mar del Sur a partir de su apertura formal en 1774, e identifica las transformaciones que se agudizaron con el estallamiento de la guerra. Expone también que, al fin de la guerra, la prohibición del tráfico de géneros europeos y asiáticos por el Mar del Sur y el cese de la demanda de recursos extraordinarios no significaron la solución de los problemas económicos de la monarquía. La investigación se desarrolla con base en documentación de múltiples repositorios, tanto españoles como mexicanos, proporcionando así una imagen integral del arreglo colonial que funcionaba de cara al fin del siglo.

La obtención de recursos para sufragar los conflictos imperiales que tuvo que enfrentar la monarquía hispánica en el sigloxviii es un tema de la historiografía más actual, ya sea visto desde la metrópoli o desde Nueva España. El respaldo que brindaron a las autoridades reales los cuerpos económicamente poderosos ha suavizado la visión que se tenía sobre el «absolutismo» en América, acercándose a una visión más realista en la que la negociación resultó mucho más trascendental que la imposición. Sin embargo, se conoce muy poco sobre los mecanismos a través de los cuales se lograba la obtención de recursos, así como sobre los actores puntuales en los diversos momentos y procesos. Este vacío es encarado por el libro, que va más allá de evidenciar el compromiso de las corporaciones con las necesidades metropolitanas, al mostrar la forma en que los individuos y corporaciones negociaban contraprestaciones a cambio de los servicios pecuniarios que otorgaban.

El libro se organiza a partir de una introducción, tres capítulos, las conclusiones y tres índices: onomástico, geográfico y analítico. En la introducción se abre la problemática y se sientan las bases historiográficas, metodológicas y el contexto sobre el que se desarrolla. En los tres capítulos se analiza la interacción de los personajes y corporaciones con la administración imperial metropolitana y virreinal, delineando los mecanismos precisos a través de los cuales se obtuvieron recursos y en compensación se otorgaron contrapartidas. Finalmente, en la sección de conclusiones, donde se recogen los hallazgos, se proponen líneas de comunicación con estudios que, desde otras aristas, se han ocupado de la organización política y económica de la organización imperial hispánica.

El primer capítulo se centra en los donativos que otorgaron los cuerpos de comercio y minería para armar la flota española y auxiliar a los Príncipes de Asturias, así como en el papel que desempeñó el Consulado para recaudar las contribuciones del comercio de México al «Donativo Universal» de 1781. Se plantea cómo los donativos y préstamos a la Corona estuvieron presentes ya desde la administración de los Austrias, armando todo un aparato jurídico y moral para justificarlos. Los Borbones mantuvieron más o menos la misma dinámica, pero cuidaron de no comprometerse demasiado con las corporaciones que ya gozaban de gran poder; por ejemplo, el Consulado sevillano.

Se inicia con el análisis del donativo para fortalecer la real armada ante lo posibilidad de enfrentar una guerra con Gran Bretaña a raíz de la declaración de Independencia de las colonias angloamericanas. Primero se analiza el episodio con el Consulado mercantil de Ciudad de México en 1776. Ante la solicitud del donativo que el virrey planteó a la corporación, esta alegó tener sus arcas agotadas. Sin embargo, una disputa en las elecciones consulares por los cargos de representación entre las dos facciones que controlaban el Consulado dio lugar a la denuncia de la existencia de un «fondo secreto» creado con los recursos sobrantes de la administración de la renta de alcabalas, el cual había sido manejado y ocultado por los priores. El fondo era bastante cuantioso, por lo que se abrió un proceso para aclarar las cuentas del origen y administración de dichos recursos. En medio del proceso, el Consulado se vio obligado a hacer un donativo por 300,000 pesos a la Corona que se utilizó para construir navíos de guerra en la Península. Este donativo derivó en la decisión de la Corona para decretar que nada había que reprochar sobre los recursos en cuestión, los cuales evidenciaban los servicios que los priores hacían a la «nación», y el asunto debía darse por zanjado, silenciando a la parte acusadora.

El donativo para la construcción de buques de guerra sirvió de ejemplo para que la Corona pudiera obtener cuantiosos recursos de otros sectores de la sociedad, como lo era el gremio minero. A diferencia del Consulado de Comerciantes, los mineros no se encontraban integrados de manera formal, no tenían cabeza, ni dirección. Tampoco poseían recursos «propios» como el cuerpo mercantil, e incluso estaban en mucho subordinados a los mercaderes consulares, ya que dependían del avío que les otorgaban para la explotación argentífera. Desde décadas antes se había tratado de erigir un cuerpo minero que atendiera las necesidades de la producción e incluso gozara de justicia privativa, pero la resistencia del cuerpo de comerciantes había frenado la iniciativa. Por empuje de José de Gálvez se había integrado una junta representativa del gremio minero con diputados de diferentes regiones, la cual insistía en la erección de una corporación propia, privilegio que fue finalmente otorgado en 1776 ante la promesa de un donativo de 300,000 pesos a la Corona, aunque no se concedió la creación de un tribunal privativo. La nueva corporación minera tuvo bastantes problemas para conseguir los recursos para satisfacer el donativo, por lo que tuvo que recurrir a préstamos comprometiendo los propios fondos con los que había sido dotada para su manutención.

Es de resaltar el papel que la Corona otorgó al cuerpo de comerciantes como «ejemplo» de patriotismo y fidelidad, con lo cual presionó a otras corporaciones, como bien se puede observar en el caso del cuerpo minero. Se obtuvieron otros donativos importantes para armar navíos de guerra y dar mantenimiento a los astilleros imperiales, algunos de los cuales resaltaron por su cuantía, como lo fue el proveído por Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, quien de su bolsa otorgó 200,000 pesos a la Corona, con lo cual consiguió títulos nobiliarios para su segundo y tercer hijos. También otorgaron donativos algunos cuerpos eclesiásticos, ayuntamientos, y los agentes comerciales gaditanos que se encontraban en Nueva España en ese momento.

Otro donativo analizado es el que proveyeron los cuerpos del Consulado y Minería en auxilio a los Príncipes de Asturias, quienes habían solicitado a los Cinco Gremios Mayores de Madrid 200,000 pesos. El ministro de Indias, José de Gálvez, mandó al virrey novohispano reunir esa suma en 1780, para lo cual recurrió a los cuerpos de minería y comercio, aunque la negociación se realizó mediante los personajes que habían sido protagonistas en los donativos anteriormente analizados.

El último episodio estudiado en el primer capítulo es el llamado «Donativo Universal» en 1781. En un inicio fue planteado como una contribución de un peso a indios y castas, y de dos pesos a españoles y nobles; sin embargo, la autora muestra cómo, al ser recaudado por las corporaciones, se consiguió que sus miembros ofrecieran contribuciones más cuantiosas de acuerdo con su riqueza y patriotismo. El gran recaudador fue el Consulado de Comerciantes, sobre todo a la luz de los registros de personajes y montos que proveyeron y que se encuentran detallados en este apartado. Se exploran también los motivos que diferentes personajes y grupos tenían para cooperar con la Corona, sobre todo a la espera de conseguir algún privilegio o beneficio que los favoreciera en términos económicos o sociales.

El segundo capítulo hace un doble giro en la óptica del análisis: por una parte, vuelca su mirada hacia el comercio realizado por el Pacífico, sobre todo entre los puertos hispanoamericanos, y por otra, concentra la mirada hacia dos actores del entramado comercial imperial que en mucho ilustran las formas de hacer negocios entre diversos espacios económicos coloniales; se trata de Francisco Ignacio de Yraeta e Isidro Antonio de Icaza, poderosos mercaderes de origen vizcaíno. De esta manera, Guillermina del Valle nos muestra una imagen bastante completa de la relación entre estos dos personajes, sus nexos económicos y sus vinculaciones con las autoridades coloniales. La autora se basa en la exploración de diversos tipos documentales, como los registros notariales, documentación comercial e incluso correspondencia personal.

El capítulo plantea la conformación de los vínculos entre los mercaderes vizcaínos Icaza e Yraeta en el contexto del comercio por el Pacífico Hispanoamericano. Formalmente prohibido, en la práctica este tráfico había funcionado por el respaldo e interés de los principales miembros de los Consulados de Ciudad de México y Lima, que habían operado en connivencia con las autoridades virreinales. Resaltan los grandes niveles de cacao de Guayaquil que habían sido traficados hacia Nueva España, sobre todo por el precio menor que tenían con respecto a los granos venezolanos, su rendimiento más alto al mezclarlo con azúcar, y porque se utilizaba como moneda de cambio en operaciones al menudeo. A partir de 1774, cuando se abrió formalmente el comercio por el Mar del Sur, los mecanismos comerciales se reorientaron y el cacao comenzó a ser directamente despachado desde Guayaquil, sin la intermediación de los comerciantes limeños y en detrimento del circuito de Caracas y Maracaibo. En este contexto, los hermanos Icaza se trasladaron a Guayaquil, desde donde articularon sus negocios a través de los vínculos que Isidro Antonio de Icaza estableció en México con Yraeta, con cuya hija terminó casándose.

A continuación se exploran los intercambios de géneros orientales y europeos que se realizaban desde la ciudad de México con los puertos del Pacífico Hispanoamericano. Estas mercaderías habían inundado el mercado novohispano antes de comenzar la guerra, pero a raíz del conflicto bélico se redujo al mínimo el comercio de la Península con sus puertos coloniales. En consecuencia, las posesiones del Pacífico Hispanoamericano sufrieron de un desabasto crítico de mercaderías europeas, lo que dio lugar a que fueran autorizados para intercambiarlas por sus productos locales. Esta oportunidad fue aprovechada por los comerciantes de Ciudad de México, en donde confluyeron agentes del comercio de Cádiz, mercaderes de China y apoderados de diversas casas comerciales. En este contexto es posible observar el éxito que tuvieron Yraeta e Icaza gracias a los vínculos comerciales que articularon, y a las relaciones personales que tenía el primero con las autoridades virreinales, los cuales fueron reforzados a través del otorgamiento de donativos, suplementos y préstamos.

A través del análisis del tráfico que mantuvieron los protagonistas mencionados, la autora constata la relevancia que tuvo el tráfico del cacao guayaquileño y la plata peruana en los intercambios de géneros europeos y orientales. Los vaivenes de la coyuntura bélica ofrecieron a los mercaderes de México grandes oportunidades que supieron aprovechar valiéndose de sus vínculos relacionales, y a la ampliación de su influencia a través del otorgamiento de recursos a las arcas gubernamentales. Ante el cese del conflicto, los comerciantes peninsulares estaban ávidos de cobijarse en la apertura comercial decretada en 1779, la cual había sido puesta en suspenso. El comercio por el Mar del Sur fue vedado oficialmente a la espera de poder beneficiar al comercio peninsular; sin embargo, también les generaba beneficios, pero mucho menores de los que obtenían los mercaderes de Ciudad de México.

Finalmente, el tercer capítulo trasciende el nivel de los donativos otorgados a la Corona para analizar los préstamos, es decir, aquellos recursos que el gobierno imperial debía devolver, con o sin intereses, en plazos determinados. Para negociar los recursos a título de préstamos o suplementos (préstamos otorgados sin intereses y normalmente a corto plazo) el gobierno virreinal recurrió a los personajes con los que mantenía vínculos estrechos. Resalta que estos individuos y las corporaciones de los mercaderes y los mineros fungieron no como prestamistas, sino como intermediarios para reunir la suma requerida.

La exposición de los mecanismos de préstamo va acompañada de manera sobresaliente por las hipótesis, bastante fundamentadas, de las razones de los diversos actores para prestar los caudales, es decir, la contraprestación social y económica esperada. Resalta el grupo de prestamistas que eran comerciantes con vínculos en la producción agropecuaria, por lo que se puede presumir que esperaban ser favorecidos en los contratos de abasto a la Ciudad de México. También se rescata la influencia que se podía ganar ante las decisiones de política virreinal, como puede ser la construcción del camino Ciudad de México-Veracruz por un derrotero conveniente. En una dimensión menos material, pero no por eso menos relevante, resalta el prestigio social y el favor real, factores básicos en la sociedad de Antiguo Régimen.

Guillermina del Valle analiza a fondo la forma en que el virrey negoció dos préstamos por un millón de pesos cada uno con el Consulado y el Tribunal de Minería. Ambos tuvieron diferentes mecanismos para su captación, y la autora muestra como el Consulado tuvo una mayor facilidad para colectarlo y respaldar el pago de intereses mediante la imposición de un incremento al derecho de avería con que se cargaba a las mercancías que se introducían por mar al virreinato, cuyo producto formaban parte de su patrimonio. Por otro lado, el recién fundado cuerpo minero tuvo mayor dificultad para reunir los fondos y se vio obligado a recargar los derechos por amonedación de plata para poder respaldar los intereses. El cuerpo minero negoció la entrega del empréstito con el virrey, y consiguió así que las autoridades reales sancionaran sus ordenanzas y lo autorizaran a instaurar un tribunal privativo. Finalmente se analizan los depósitos que recibió la Real Hacienda mediante la hipoteca de la renta del tabaco, que era la más productiva del virreinato, lo que minó sus ingresos futuros.

El libro de Guillermina del Valle toma relevancia a la luz de la nueva historiografía económica y social, y aporta detalles pormenorizados sobre los mecanismos de captación de recursos extraordinarios de los gobiernos imperial y virreinal. Por el juego de escalas en el análisis, la metodología de la investigación y el acercamiento a las diversas fuentes, esta obra constituye una lectura obligada para todos los estudiosos e interesados en el entramado político, social y económico del Imperio hispánico de las últimas décadas del sigloxviii. Al centrarse en la coyuntura específica de la guerra, y en las corporaciones comercial y minera, el libro logra ampliar más allá su análisis y capacidad explicativa, constituyendo así un referente básico para las investigaciones venideras.

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