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Inicio Estudios de Historia Novohispana El ocaso de la encomienda en Yucatán, 1770-1821
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Vol. 54. Núm. C.
Páginas 1-118 (Enero - Junio 2016)
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Vol. 54. Núm. C.
Páginas 1-118 (Enero - Junio 2016)
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DOI: 10.1016/j.ehn.2015.02.001
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El ocaso de la encomienda en Yucatán, 1770-1821
The decline of the encomienda in Yucatan, 1770-1821
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Laura Machuca Gallegos
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Peninsular, Ciudad de México, México
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Tabla 1. Encomenderos cabildantes entre 1785-1810
Tabla 2. Rentas de encomiendas: 1785, 1796, 1807 y 1810
Tabla 3. Pueblos pertenecientes a los encomenderos en 1815. En total 75
Tabla 4. Los encomenderos-hacendados
Tabla 5. Encomenderas, 1785
Tabla 6. Encomenderas, 1810
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Resumen

La encomienda en Yucatán sobrevivió hasta 1821 aproximadamente. Ya desde el siglo xvii la institución había entrado en crisis al empezar a decrecer las rentas, sin embargo era un título bastante buscado porque en esta provincia periférica de la América española era de los pocos títulos de “nobleza” que se podían obtener. Se ha trabajado muy poco el papel de esta institución en sus últimos años desde 1770 hasta el final, por lo que este artículo intenta llenar este hueco, poniendo un énfasis en las trayectorias de los encomenderos y las justificaciones esgrimidas por ellos para seguir gozando del título tan tardíamente.

Palabras clave:
Encomienda
Encomenderos
Élites
Yucatán
Siglos xviii I y xix
Abstract

The encomienda in Yucatan survived almost until 1821. Since the 17th century the institution fell into a critical state due to the decrease of its associated rents, yet it continued to be sought after by the elites as one of the few recognizable signs of “nobility” in this peripheral zone of Spanish America. Literature about the role of the encomienda during its last years (from 1770) is scarce. This article attempts to fill the gap by an emphasis on the careers of different encomenderos and the arguments put forward by them to continue enjoying their status during this late period.

Keywords:
Encomienda
Encomenderos
Elites
Yucatan
XVIII and XIX centuries.
Texto completo

Cuando desde finales del siglo xvi la encomienda entró en franca decadencia en varias partes del imperio español y desapareció en la mayor parte de la América española, hubo lugares que guardaron sus privilegios, tal fue el caso de Quito, Popayán, Nueva Granada o Yucatán (Altamirano Padilla, Arrellano López y Rodríguez González, 1977; Quiroga Zuluaga, 2010; Molino García, 1976; Ortiz de la Tabla Ducase, 1993). En este trabajo se analizarán los últimos años de la encomienda en Yucatán desde fines del siglo xviii hasta su desaparición después de la Independencia. Se trata de un periodo de cambios, que muestra las diligencias por parte de los interesados, para que la encomienda no se extinguiera. Se pondrá un énfasis en las trayectorias de los encomenderos y las justificaciones para que siguieran gozando del título tan tardíamente. Un acercamiento a la sociedad yucateca en este periodo de transición a través de este sistema resulta muy revelador de dinámicas sociales y económicas locales. Desarrollaremos nuestros argumentos a partir de cuatro ejes: el perfil y las rentas de los encomenderos, la vinculación entre hacienda, estancia y encomienda, y por último, el papel de las mujeres encomenderas.

Sin duda la encomienda ha sido objeto de gran atención académica, el libro de Silvio Zavala resta como una referencia indispensable para una visión de conjunto (Zavala, 1935). Para Yucatán se cuenta con dos libros clásicos de Cristina García Bernal, el primero dedicado a la época de los Habsburgo y el segundo centrado en la primera mitad del siglo xviii. Especial mención merece el artículo de Isabel Arenas dedicado a las mujeres encomenderas (García Bernal, 1972; García Bernal, 1978; Arenas Frutos, 1994). Otros trabajos como los de Pedro Bracamonte y Gabriela Solís o Martha Hunt también incluyen información (Hunt Espejo-Ponce, 1974; Bracamonte y Sosa y Solís Robleda, 1996). Sin embargo, a los últimos años de su existencia (de 1770 aprox. a 1821) se le ha prestado muy poca atención. Los libros de Alicia Contreras sobre los empréstitos, de Laura Machuca sobre los hacendados, de Isabel Campos Goenaga sobre los desastres, y de Melchor Campos sobre la historia política, entre los más sobresalientes, tocan algunos aspectos (Contreras Sánchez, 2011; Campos Goenaga, 2011; Machuca Gallegos, 2011; Campos García, 2004).

La encomienda en Nueva España fue una de las primeras y más importantes instituciones coloniales basada en el tributo indígena. Hernán Cortés asignó encomiendas a sus soldados como un premio a su labor durante la conquista, y fue su más firme defensor. En teoría era una institución que coadyuvaba a la integración de la población indígena, al fomentar su trabajo, su pago de tributos y su cristianización, pero en la práctica se prestó a múltiples abusos.

Tras fundar Campeche (1540-41), Mérida (1542) y Valladolid (1543), Francisco de Montejo, el Mozo, se encargó de implantar la encomienda en Yucatán. Esta facultad personal de asignación que Montejo se arrogó dio pie a varias prácticas de nepotismo, que no terminaron con el nombramiento del primer gobernador en 1565, ya que entre una de sus prerrogativas se encontraba el derecho a otorgar encomiendas. Por decreto de noviembre de 1717 el rey asumió esta facultad, pero solo por pocos años, pues en 1721 la devolvió al gobernador y capitán general como un privilegio especial. La Corona estaba convencida, por lo menos en un principio, de que en Yucatán la encomienda era clave para la colonización y cedió a las presiones de los vecinos. Como lo afirma Alicia Contreras: “a sus orígenes de carácter militar, como privilegio de españoles, se añadió la carencia de oportunidades para los hispanos, lo que, en cierto modo, hizo de la renta algo imprescindible” (Contreras Sánchez, 2011, p. 78), aunque esto solo se aplicó en los primeros siglos.

Con el paso del tiempo, a pesar de que varias veces se intentó limitarla, solo se consiguió que esta se fortaleciera más. Al ser el título más prestigioso en Yucatán, los encomenderos constituyeron la élite por excelencia, pues ningún otro grupo compitió con ellos, sino hasta muy tarde como serían los hacendados. Su preponderancia social y política era indiscutible (Arenas Frutos, 1994, p. 151; García Bernal, 1978, cap. 2). Más que las desfavorables condiciones económicas de la península que no daba pie a tener múltiples fuentes de recursos, la clave para su pervivencia fue el poco control real que podía haber sobre esta población blanca, y la cohesión que adquirieron sus miembros para defender sus derechos.

Los encomenderos y sus familias, para extender su influencia, monopolizaron el poder local, ocupando todos los cargos en el cabildo de Mérida (García Bernal, 1978, p. 433). Esto cambió poco a poco a lo largo del siglo xviii hasta que al final quedaron pocos encomenderos en el cabildo, al cual accedieron, en su lugar, los comerciantes y los hacendados emergentes, dueños de capital y quienes se aliaron por medio de matrimonios a algunas familias encomenderas. Por ejemplo, en 1785 de los 14 cabildantes, entre 12 regidores, un alférez y alguacil mayor, solo cinco eran encomenderos, después se incorporaron otros haciendo un total de 10 encomenderos entre el periodo de 1785 y 1810, pero en este último año solo quedaban tres: Juan José Domínguez, Joaquín Brito y José de Mendicuti (ver la tabla 1).

Tabla 1.

Encomenderos cabildantes entre 1785-1810

Nombre
Regidores perpetuos 
Renta 1785  Renta 1807 y 1810 
Manuel Bolio y Helguera  703.2   
José Joaquín Brito y Rubio    300 
Juan Nepomuceno Calderón y Bermejo  829.2   
José Canoa  702.7  1185 
Ángel de Castillo y Castrob  323.1  431.4 
Juan Francisco del Castillo y Solís  858.6   
Bernardino del Castillo y Aguirre     
Juan José Domínguez y Cárdenas  406  484 
Juan Antonio Elizaldec  407.7  683 
José de Mendicuti y Vergara    479 
a

Había muerto en 1808.

b

Se había retirado desde 1804.

c

Ya se había muerto desde ¡1796!

Fuente: E. O’Gorman (1938, pp. 456-569). “Expediente en que se trata de dónde se han de pagar las rentas de encomenderos de esta provincia de Yucatán, supuesta la extinción de tributos decretadas por S.M. en real orden de 10 de mayo de este año”, Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Tributos, v. 7, exp. 21, 1810.

El argumento de pobreza

Entre algunas de las explicaciones esgrimidas por los contemporáneos para justificar la existencia de la encomienda y que no varió durante los más de dos siglos que duró, estuvo la pobreza aunado a que en Yucatán no había injusticias contra los indios. En un informe de 1766 se anotaba:

…aún cuando el derecho de las encomiendas estuvo, en su primitiva libertad, portándose los encomenderos como verdaderos señores y usando de jurisdicción en sus pueblos, aun entonces no se tocaron los inconvenientes que se sentían en las demás partes de estos vastos dominios. Así tuvieron a bien los Sres. Reyes dejar subsistentes las encomiendas en Yucatán, donde no era notable el abuso…porque el país es por su constitución política tan pobre que solo con estos subsidios de la Real Munificencia pudieran mantenerse con decencia y amor a este suelo1.

Desarrollemos el argumento de la pobreza que resulta de bastante interés2. En 1778 los diputados “por la clase de encomenderos”, el conde de Miraflores (por cierto el único noble de toda la península), Francisco de Anguas y Manuel Peón hacían referencias a una carta de 8 de marzo de 1774 del gobernador y capitán general, Antonio Oliver, donde daba cuenta de la mortandad de los indios a raíz de la epidemia de langosta acaecida en 17703. Había acabado con la vida de al menos 23,830 indios tributarios, lo cual había traído como consecuencia que las rentas de encomiendas disminuyeran a su ínfimo valor. Los diputados mencionaban lastimosamente la miseria en que vivían los encomenderos, por tal razón solicitaban el goce de una vida más para todos sin otro gravamen que el de la media anata, y a los insolventes se les dieran dos años. Cabe recordar que las encomiendas se otorgaban por el goce de una vida, dos e incluso tres en algunos casos. Asimismo afirmaban que la mortandad de indios había afectado no solo en 1770 sino en 1769, 1772 y 1774 que “se seguía que muchas familias, especialmente las viudas, que no tenían facultades para su manutención vendrían a confundirse con la plebe, pues ya vivían muchas de limosna”. Esta frase de los encomenderos es muy importante porque hace referencia a un concepto de pobreza que iba más allá de la cuestión monetaria, es decir, a la pérdida de un estilo de vida, de un estatus, al cual ya no se podía acceder y eso era lo más grave4. Finalmente por cédula de 28 de enero de 1778 se les concedió prorroga de cinco años, la cual disfrutarían sus hijos o herederos5. Otro pleito también de 1778 resulta esclarecedor para nuestra discusión sobre la pobreza. Tres personas se peleaban el goce de las encomiendas de Baca, Yalcon y Tenabo: el regidor Pedro Calderón, el hijo de edad de ¡tres años! del regidor Gregorio José de la Cámara y Josefa Buendía, esposa del regidor Antonio Elizalde. Este último alegaba que si bien todos eran descendientes directos del conquistador Francisco de Montejo, doña Josefa era séptima nieta, por lo tanto la más próxima en descendencia, pero no solo eso, la consideraba ya “pobre de solemnidad”, no importaba que él mismo y la madre de ella poseyeran una encomienda pues cuando él muriera “viéndose pobre y sin suerte sea precisada a mendigar el preciso sustento”6. Al entrar en la categoría de “pobre de solemnidad”, por ser mujer y posible viuda, y ante solo la posibilidad remota de caer en la indigencia, tenía una alta probabilidad de que su demanda fuera tomada en cuenta, como en efecto lo fue.

De todas formas, la encomienda solo en unos cuantos casos era rentable y por tanto no sacaba de pobre a nadie, aunque los aspirantes creyeran lo contrario, entonces ¿por qué era importante tener el título? Una respuesta clave la ha dado Adriana Rocher quien explica que ante la falta de títulos nobiliarios y por tanto de demostrar un origen “noble”, ser “encomendero” era el único diferenciador que quedaba para distinguirse de la “plebe” y justificar la nobleza, independientemente del ingreso obtenido7.

Los encomenderos hallaron varias formas para no perder sus privilegios. Uno de los casos que se puede referir es el de Josef Cano. Él era regidor alguacil de la ciudad de Mérida y estuvo casado en primeras nupcias con doña María Rodríguez de la Gala encomendera de Timucuy, Chichimila y Chancenote y él fue nombrado heredero sucesor por cédula de 19 de abril de 1780. Ese mismo año murió su mujer y él volvió a contraer matrimonio con doña Josefa Roo y Gala, hija de Antonio Roo que poco tiempo después sería nombrado defensor general de los indios8. Se les recordó que una cédula de 1761 mandaba que los ministros empleados en el tribunal de protectoría de indios no podían tener encomiendas ni sus mujeres, hijos, hermanos ni parientes hasta el cuarto grado, por consecuencia Cano entraba en la disposición. Pidió ser exento de ella con el argumento de la utilidad que prestaba a la ciudad al ser alguacil, contador de tabacos y administrador de aguardiente, además resaltaba que ya existía un caso de dispensa en 1762, de Josef Domingo Pardío9.

La contaduría respondió en 11 de mayo de 1783 que no aplicaba la petición. Que en el caso de Domingo Pardío habían pesado “muy diversas y recomendables circunstancias”, para que se le permitiera seguir ejerciendo el cargo de escribano mayor de gobierno y protector de indios, siendo su hijo Juan Roque Pardío encomendero. Lo mismo argumentó el fiscal, proponiendo como única solución que entonces su suegro renunciara a la defensoría de indios, lo cual se le hizo saber por cédula de 178410. Ni el suegro dimitió ni Cano dejó de ser encomendero hasta su muerte en 1808. Luego la encomienda pasó a su hija Joaquina Cano. El mejor argumento que José Cano encontró para no obedecer la real orden fue que como la cédula databa de 1761 y dadas las nuevas condiciones (no explica claramente cuáles) ya no estaba en vigor en Yucatán. Cano representa entonces el mejor ejemplo de que en lugares lejanos y con el apoyo de todo un sistema, era muy fácil pasar por alto las órdenes reales.

Ser encomendero era toda una forma de vida. Por ejemplo, en épocas tempranas tenían la obligación de sostener armas y caballos y además elegir un escudero, un representante en caso de no vivir en el lugar de la encomienda, que era nombrado y pagado por el propio gobernador; este puesto en teoría dejó de existir en 1672 (García Bernal, 1978, p. 411; García Bernal, 1972, pp. 56-57). De hecho, en Yucatán existía una compañía militar de encomenderos, que se reactivó durante el gobierno del capitán general Arturo O’Neill (1793-1800), quien se caracterizó justo por sus expediciones militares. Si alguien no podía acudir personalmente, como las mujeres, nombraba escudero. Esta información se sabe gracias a que en 1818 el escudero de doña Juana García, Francisco Jiménez, aludía esto como uno de sus méritos, pues para ingresar a la dicha compañía se requería “gente noble de sangre limpia”11.

Había un grupo selecto de encomenderos que habían logrado varios privilegios; por ejemplo Pedro Elizalde –el hijo de Josefa Buendía “la pobre de solemnidad”– se vanagloriaba en 1817 que había recibido una renta de encomienda para su hija Gertrudis de 943 pesos, por tres vidas (iban en la última), sin pago de derechos incluyendo la media anata, y podían disfrutarla donde estuvieran sin necesidad de vecindad ni pagar escudero12. Como solicitaba un puesto en la real hacienda y asegurar el montepío para sus hijas, afirmaba que cedería esta renta cuando lograra lo anterior.

Como se ha podido corroborar en las líneas precedentes, si bien los encomenderos formaban parte del sector más prestigioso de la sociedad yucateca, no significaba que fueran los más ricos o con familias de linaje antiguo en la ciudad. Por ejemplo, Ignacia Ancona alguna vez tuvo que hipotecar su encomienda. Beatriz Montiel menciona en su testamento los sacrificios de la familia para comprar a su esposo Juan Díaz Baladón el título de regidor, quien a su vez era hijo del encomendero Juan Díaz de Castro. Jerónimo de Irigoyen y Bolio tuvo ocho años embargada su encomienda y vivió de los préstamos que le hizo el regidor Ignacio Rendón. Juana de la Cámara y Ancona obtuvo su encomienda gracias a los servicios que su esposo Juan José Escobedo prestó por años al regidor José de Marcos Bermejo, quien pagó el costo de la encomienda. Miguel Reyes decía vivir en la pobreza y necesitar del poco dinero de la renta para subsistir13. Solo algunos ejemplos que rompen el estereotipo del encomendero noble y rico.

El parte aguas de 1785

Una fecha crucial para las encomiendas en Yucatán fue precisamente 1785, por cédula real del 16 de diciembre el rey ordenaba lo siguiente.

«Por cuanto a fin de evitar los grandes daños que sufren los indios de Yucatán y Tabasco, por la continuación de sus Encomiendas, que están incorporadas a mi Corona, en todos los demás dominios de Indias, he resuelto por mi Real Decreto de diecisiete de octubre de este año, que desde luego se ejecute lo mismo con las de aquellas provincias, abonándose a los poseedores en mis Cajas Reales de Mérida y Campeche el producto liquido que gozan anualmente, rebajados todos los gastos y desfalcos que sufren en su cobranza, y que no se provean dichas Encomiendas en lo venidero, pues me reservo atender con otras gracias a los que tengan verdadero mérito para semejantes concesiones» (O’Gorman, 1938, p. 462).

Asimismo por cédula del 20 de agosto de 1794, las rentas de encomiendas fueron reducidas y el valor máximo fue fijado en 2,000 pesos. Francisco Ortiz, en representación de su mujer, María Mercedes Díaz, y como apoderado de Idelfonsa de Marcos Bermejo, condesa viuda de Miraflores, reclamaron que esta medida afectaba sus rentas (pues eran de los contados que recibían aprox. 2,100 anuales). Los oficiales de hacienda se mostraron muy firmes en su resolución, de hecho amenazaron con cobrarles los excedentes de todas las rentas que hubieran recibido de más de dos mil pesos14.

En teoría las encomiendas deberían desaparecer paulatinamente y no proveer nuevas, pero lo cierto es que la existencia de las segundas o terceras vidas era un problema, ya que los hijos o los nietos reclamaban su derecho y así era imposible cancelarlas. Además gracias a las listas con que se cuentan para los años de 1796 y 1810 se constata que se otorgaron encomiendas y pensiones nuevas15.

En el afán de beneficiar al mayor número de gente se hacían arreglos muy complicados. Por ejemplo, en 1805 la encomendera del pueblo de Cansacab Josefa Calderón y Velázquez había hecho todos los trámites necesarios para que su hijo Patricio Elizalde la heredara, pues tenía el privilegio de dos vidas. Se le autorizó su petición aunque se recordó que después esta encomienda debía pasar a la Corona. Lo más interesante de la historia es que se hace un resumen de cómo esta señora llegó a la encomienda. La recibió desde 1779 pero solo la mitad porque la otra estaba en manos de Luis Mendicuti. Fue la última vez que se permitieron esas divisiones, pues el Consejo de Indias recomendó al gobernador que ya no se hicieran. Mendicuti murió el 3 de septiembre de 1797 y en ella recayó la encomienda completa por cédula de 22 de junio de 1798, con la autorización de que pasara a su hijo en segunda vida y luego se extinguiría. Josefa Calderón seguía disfrutando de sus casi 468 pesos de renta todavía en 181016.

Rentas

Además del encomendero también existía la figura de pensionado. Fue una solución de la Corona para poder atender la demanda de un más amplio número de gente que solicitaba alguna renta. El objetivo no era fraccionar la encomienda sino solo compartir la renta (García Bernal, 1978, pp. 231-233). Algunos encomenderos aprovecharon esta vía para beneficiar a algún familiar de su propia encomienda o a una institución especial, solicitando la merced al rey. A veces sucedía que un encomendero de un pueblo era al mismo tiempo pensionario de otro. O podía ser encomendero de dos jurisdicciones (depender de la caja de Mérida y Campeche) y recibir doble renta, como lo hacía Francisco Cicero, quien además era pensionario; sus tres rentas en 1810 sumaban un total de 901 pesos. José de Lavallé y Juan Antonio Elizalde asimismo aparecen como encomenderos de ambas jurisdicciones (Mérida y Campeche), ¡solo que Elizalde ya se había muerto! Las familias buscaban así acaparar el mayor número de encomiendas y pensiones17.

Las pensiones eran por solo una vida, tenían la ventaja de que generalmente no pagaban los impuestos que la encomienda sí generaba (el montado, la alcabala, el real de mantas, la doctrina, los diezmos de manta, maíz, gallinas y el escuderaje), lo cual representaba una merma del 40% aprox. sobre la renta total18. Las pensiones se seguían solicitando muy tardíamente; un ejemplo claro lo tenemos en 1804 con el mismo gobernador y capitán general, Benito Pérez, quien solicitó una pensión de encomienda para su hija María de los Dolores Pérez, la cual solo tenía 6 años, al parecer la solicitud fue concedida, pero no se ha encontrado después a la niña en la lista de pensionadas (Contreras Sánchez, 2011, pp. 84-85).

Como lo ha apuntado Molino García para el caso de Nueva Granada, y que se puede aplicar a Yucatán, los encomenderos constituían “una aristocracia empobrecida, pero ilustre” (Molino García, 1976, p. 151). García Bernal muestra cómo en 1549 la media del beneficio anual de una encomienda era de 1,351 pesos; en 1607 de 1,390; en 1666 de 659 y en 1688 de 615 pesos (García Bernal, 1978, pp. 417-419). En 1810 las rentas totales incluyendo las encomiendas del convento de monjas concepcionistas, hospital de Mérida y Campeche, Nuestra señora de la Concepción y Nuestra Señora de Izamal sumaban 32,595.2 ½. Lo destinado solo a los encomenderos era de 29,366.5, siendo el promedio entregado a cada uno 625 pesos, es decir en poco más de 100 años la renta ya no varió19. Si hacemos una comparación con otros salarios tenemos que un capitán general ganaba a fines del siglo xviii unos 1,500 pesos anuales, el teniente general y auditor de guerra 687 pesos y el procurador de naturales 300 (García Bernal, 1972, pp. 76-77). En la tabla 2 de rentas de encomienda se observa que en 1785 la renta más baja era de 45 pesos de Josef Pérez de Arriaga y la más alta de 1,101 (de Idelfonsa de Marcos Bermejo, condesa de Miraflores); en 1810 la renta más baja era de 47 pesos de Bernardo Alonso de Echevarría (quien recibía esa cantidad desde 1785) y la más alta de 2,753 de Merced Díaz. Así que resulta muy difícil generalizar acerca de los beneficios de la encomienda ya que todo dependía de la persona y de cuánto recibía. Es lógico pensar que un encomendero con 45 pesos anuales debía buscar actividades alternativas.

Tabla 2.

Rentas de encomiendas: 1785, 1796, 1807 y 1810

Encomenderos  Renta 1785  Renta 1796  Renta 1807  Renta 1810 
Aguilar Francisco Javier de  319,7  469,7  427,2 ½  677,4 
Aguirre Felipe de  386       
Aguirre María Francisca de  481,0,6       
Aguirre María Magdalena de  399,1,6       
Ancona Agustina    300     
Ancona Josefa Ignacia  406,3,6    681,5  693,1 
Anguas Pedro de  245,3,0       
Aranda y Chanagucia Francisco  389,7  389,7  542,6  508,5 
Ayora y Carrillo Francisca (P)        300 
Ayora y Pardio Narcisa de  176,3,0       
Bautista Juana    202,5  345,7   
Bolio y Helguera Manuel  703,2  703,2     
Brito José Joaquín (P)      300  300 
Buendía Fernández Manuel (P de Francisca de Aguirre)  526,6  526,6  696,7  737,7 
Buendía María Josefa (2)  577,5, 6  540,6  238, 2 ½ +   
Calderón Cristóbal  259,0,6  259,1     
Calderón Pedro        431,4 
4 hijos de Pedro Calderón
(P de Josefa Buendía) 
  206  429,5   
Calderón Felipe      394,7   
Una hija de Pedro Calderón (P)        398,3 
Calderón de Marcos Bermejo Josefa  183,0  183  305,7  320,6 
Calderón y Bermejo Juan Nepomuceno, conde  829,2       
Calderón y Castillo Idelfonsa (hija de Juan Nepomuceno Calderón)        2342,5 
Calderón y Velásquez María Josefa
(P de Luis Mendicuti) 
161,4,6  161,4  422,3  467,7 
Calderón y Velásquez Juana  152,2  152,2    467,7 
Cámara y Ancona Juana de la  152,2       
Cámara Calderón José Joaquín    81     
Cámara y Domínguez Juana de la (2)  368  406,3     
Cano Joaquina (hija de José Cano)        832,3 
Cano José  702,7  702,6  1185,3   
Cárdenas y Díaz Mateo de (P de Joaquín Cárdenas)  269,6,0  1718,1     
Cárdenas y Díaz Juana de (P de Joaquín Cárdenas)  314,7,6  323,7     
Cárdenas y Díaz María Leonor (por sí y pensionaria ibidem)  290,6  290,6     
Cárdenas y Mezquita Joaquín de  00       
Cárdenas y Escobedo Juan Nepomuceno de      585, 7 ½  677 
Cárdenas y Puerto Mateo de  713,2,6       
Carrillo Mariana (P de María Francisca de Aguirre)  300  300  300   
Carrillo Raymundo (P de Antonia Salazar)  300       
Castillo y Castro Ángel del  323,1  223 ½  426,7  431,4 
Castillo y Solís Antonia del  81,0,6       
Castillo Felipe Santiago del  281,5  281,5     
Castillo Bernardino del (hijo de Juan Francisco)    3378     
Castillo Juan Francisco del  858,6       
Castillo Vicente del  124,1,6       
Castro Isabel  107,5,6       
Castro José Domingo  222,3,6  222,3  331,1  358,3 
Cavero y Castro Juana
(P de Juan Díaz de Castro) 
500       
Cavero Cayetano (P)      350  350 
Cepeda y Cámara José de  141,2  141,2  303,6  352,5 
Cervera y Díaz Juan  582,6      895,3 
Cervera María Josefa    176  259,3  216,1 
Cicero Jacinto Antonio (2)  435,0,6  226     
Cicero y Cárdenas Francisco
(P de Joaquín Cárdenas) 
269,6  277,4  300  901,6 
Cosgaya Francisco  364,7  364,6 (embargada)  530,7   
Cosgaya María Jacinta  364, 6       
Cosgaya y Castro José de  308,7       
Delgado y la Piedra Juana  236,4       
Díaz Baladón Juan
(hijo de Juan Díaz de Castro) 
  896,6 ½  1263,2  1225,1 
Díaz de Castro Juan  1079,6,6       
Díaz Montiel María Merced    1021,1  2727,4  2753,4 
Domínguez Juan José
(por él y P de Mateo de Cárdenas) 
406,2,6  406,2  489,2  484,6 
Echartea María Gertrudis de (2)  466,4       
Echevarría Bernardo Alonso de (P de Agustina Monsreal)  46,1,6    47,1  47,1 
Echeverría María Josefa de  171,5,6  170,5  309,3  387,1 
Echeverría Miguel de
(P de Agustina Monsreal) 
94, 2.6
 
     
Elizalde Juan Antonio  407,7,6      796,6 
Elizalde y Buendía Pedro de  495,1,6  495,1  778,2  683,1 
García de la Piedra Juana (hija de Juana Delgado y Piedra)    351,4  475,5  496,1 
Gómez José Felipe  361,3,6       
Gutiérrez de Cosgaya Juan  620,7      888,2 
Gutiérrez María Manuela (P)    144,3     
Irigoyen y Bolio Jerónimo José  826,3,6  827,1  1320,1  1371 
Lara Gabina      393,2   
Lastiri María Micaela  46       
Lavallé y Echartea José (hijo de Gertrudis Echartea)    560,4  877,3  995,1 
Maldonado María Josefa
(P de Joaquín Cárdenas) 
269,6  277,5  405, 1 ½  300 
Marcos Bermejo María Idelfonsa  1101,3  1201,4  2153,7   
Marín Gertrudis  97,7,6  97,7     
Marín José        263,2 
Mendicuti Bernardo (P)    300     
Mendicuti y Vergara Josep      472,2  479 
Mendicuti Luis de  161,4,6  161,4     
Menéndez Fernando  132,4,6  60 +     
Meneses y Valdez Tomasa  263  262  513,1  515,3 
Mezquita Tomás
(P de Agustina Mosreal) 
94, 2.6
 
94,2  94,2  94,2 
Milanés Juan Antonio (P)    500     
Mimenza Jerónimo    390     
Mimenza y Cosgaya Juana (P de Magdalena de Aguirre)  150  150     
Monsreal Agustina  89,2  393,4+     
Montiel y Cosgaya Beatriz  462,5,6       
Morales María Josefa (P)    219     
Montero Josefa (esposa de Antonio Tovar)        499,3 
Pardio José Ignacio  396,4       
Pérez de Arriaga Josef  45,4       
Pérez Montiel Esteban  351,1,6  351,1  536,4  552,4 
Puerto Antonio del (P de Felipe Aguirre)  300       
Puerto Francisca del  365,6       
Quijano María Josefa  255,4  255,4  438  373,2 
Quijano Mariano    916,6  1328,6  1360,2 
Reyes Miguel de los  398,4,6    687,5  651,5 
Rincón María  330,7       
Rosado Manuela(P de José Rosado Tenorio)  174,1,6  257+     
Rosado María (P de José Rosado Tenorio)  144,3,6       
Rubio Isabel (P de Felipe Aguirre)  300       
Saenz Jacinto  449,1       
Salazar y Solís Antonia  305, 5       
Salazar Carlota (P de Francisco Javier de Aguilar)  150       
Salazar Joaquín de  302,3  303,3     
Salazar y Ortíz Lorenza de (P de Josefa Ignacia Ancona)  150  150  150  150 
Saldivar, Josefa    399,1     
Saldivar Santiago (P)      150  150 
Santos Joaquín (P) +      150   
Sierra Antonio de  55,2,6       
Solís Alejandro  110,5,6       
Solís Barbosa Idelfonsa
Solís Barbosa Juana
(P de Mateo de Cárdenas y Puerto) 
812,6       
Sor María Josefa de san Agustín  169,6,6       
Sosa Isidro de  317,7,6       
Torres Blas de (P)    300  300  300 
Tovar y Rejón Antonio  228,0,6  228  377,6  424,3 
Velázquez Manuel Antonio (P)    100     
Vergara y Solís Juana  290,2  290,2     
Veytia Pedro  108,3       
Villajuana José Ignacio  479  679,6  900  930,6 
Zavalegui Agustín  349,3,6  349,3     
Zetina y Lara Petrona  552,6,6       

Fuente: E. O’Gorman (1938, pp. 456-569). “Expediente sobre encomiendas en Yucatán”, AGN, Tributos, v. 13, exp. 3, 1796 y 1807. AGN, Tributos, v. 7 exp. 14, 1810.

Yucatán desde finales del siglo xviii tuvo graves problemas fiscales pues ni el comercio ni la tributación eran suficientes para cubrir los gastos de real hacienda (Campos García, 2004, cap. 1). Por si esto fuera poco, el 22 de noviembre de 1810, los funcionarios de real hacienda, el contador Pedro Bolio, el tesorero Policarpo Antonio Echanove, junto con Justo Serrano, teniente auditor de guerra, José Martínez de la Pedrera, promotor fiscal, Agustín Crespo, protector de naturales, Pablo Moreno, procurador de los mismos, y Juan Francisco Barbosa, oficial mayor de la real contaduría, se reunieron para decidir sobre los arbitrios que debían tomarse para prepararse para la extinción de los tributos, decretada por el Supremo Consejo de Regencia de España e Indias del 26 de mayo de 1810, ya que los pagos a encomiendas todavía ascendían a 32,595 pesos 2 reales anuales. En el fondo de comunidad había la nada despreciable suma de 413,104 pesos repartidos en diversos rubros, a lo que se debía descontar una serie de cargas por lo que solo quedaban disponibles de 16 a 18 mil pesos que no alcanzaban a cubrir los 32,595 pesos20. Así que los funcionarios de hacienda solicitaron que el restante se pagara de la “redituación” de comunidades, es decir los sobrantes anuales de la administración de bienes de comunidad y de los réditos vencidos que se fueren devengando. Todo esto hasta que murieran los últimos poseedores. Se solicitaba a los ministros de las cajas generales que aumentaran el situado ordinario de Mérida de cuenta de los productos y réditos de los bienes de comunidad21.

Las autoridades de real hacienda aceptaron que se utilizaran los recursos de este ramo “que es muy justo”, con el argumento de que como las encomiendas estaban basadas en el ramo de tributos –que el rey había mandado cesar para alivio de los indios– era justo que estos contribuyeran para su sostenimiento; agregaron que a los indios no les afectaría pues tenían capital de sobra, y todavía les quedaría para atender al pago de sus obligaciones y necesidades; era un apoyo temporal que con el tiempo iría disminuyéndose hasta extinguirse22.

Aunque se había decidido hacer uso del fondo de comunidades, a varios encomenderos no se les pagó su renta por las “graves urgencias del erario”. Por ejemplo, el encomendero Miguel Reyes, escribió en 1812 a la Real hacienda para exigir su pensión, que era su única entrada financiera, y la cual le habían dejado de pagar hacía casi dos años. Se tiene el antecedente que el cura Pedro Faustino Brunet le había prestado ya desde el 3 de noviembre de 1793 100 pesos y como tenía que pagarlos a los 6 meses, resultó que se declaró insolvente. Es decir, que tenía 20 años arrastrando esa situación. Juan Barrera, su cuñado, prometió pagar pero murió antes de hacerlo23. El caso de Reyes era en realidad grave, totalmente caído en desgracia, sin ninguna red familiar que lo apoyara, nos muestra que el ser encomendero daba prestigio, pero de ninguna forma alcanzaba para mantener un estilo de vida de acuerdo con el título, quizá ni siquiera para comer. El fiscal de hacienda ordenó el 19 de julio de 1813 dar salida efectiva a la utilización de los bienes de comunidad para poder pagar a los encomenderos más necesitados. Por eso en carta del 29 de noviembre de 1815, el gobernador y capitán general Miguel de Castro y Araoz, se congratulaba de que hubiera sido aprobado el pago de tributos de los indios de nueva cuenta, justo promovido por los encomenderos, contribución que de hecho ya se había echado andar desde un año antes24.

Se suponía que desde 1785 los encomenderos habían pasado justo a ser renteros sin que se distinguiera el pueblo del que habían gozado. Esto solo era teoría. En 1815 aparece que los indios pagaban 13 reales anuales desde la edad de 14 años hasta los 60 y que había 75 pueblos que aún disfrutaban los encomenderos por mérito de descendencia de conquista. Es decir todavía se asociaba un encomendero a un pueblo25. Los datos presentados en la tabla 3 se han construido a partir de un inventario de pueblos de 1815 y se ha completado con una lista de 1807 que indica qué pueblo pertenecía a qué encomendero. La cantidad a pagar por encomiendas en lugar de disminuir iba en aumento26. Melchor Campos registra que todavía en 1819 se pagaban 43,610 pesos por concepto de encomiendas, es decir, habría aumentado la cifra (Campos García, 2004, p. 65). No hemos encontrado aún la fecha exacta en que se dejó de pagar la última renta.

Tabla 3.

Pueblos pertenecientes a los encomenderos en 1815. En total 75

Pueblos  Encomenderos relacionados  Pueblos  Encomenderos relacionados 
Abala, 2.a y 3.a partes  Hijos de Pedro Calderón  Sacalum  Mariano Quijano 
Bokoba  Esteban Pérez Montiel  Samahil  Jerónimo Irigoyen 
Bolon Tabi  Pedro Elizalde  San Luis Calkini   
Calkini Nunkini  Purísima Concepción  Santa Lucia Calkini   
Cansacab  María Josefa Calderón y Velázquez  Sotuta  Pedro Elizalde 
Cantamayec  Pedro Elizalde  Sucila  Josefa Echeverría 
Caucel  María Josefa Calderón  Sucopo  Antonio Tovar y Segura 
Chacsikin  Jerónimo Irigoyen  Suma  Juana García 
Chancenote  José Cano  Tabi  Josefa Echeverría 
Chichimila  José Cano  Tadzibichén  Juan José Lavallé y Echartea 
Chicxulub  José Joaquín Brito
Juan Nepomuceno de Cárdenas 
Tadzieu  Francisco Javier Aguilar 
Chiná San Pedro    Tahmek  Josefa Quijano 
Chocholá  José Cepeda  Tahmuy   
Chunhuhub  Josefa Echeverría  Tahtun  Juan Francisco Cosgaya
Esteban Pérez Montiel
Antonio Tovar y Segura 
Cuzama Aranda  Francisco de Aranda
José de Aranda
Ángel de Castillo 
Tecoh  Juan José Lavallé y Echartea 
Dzinum  Idelfonsa Marcos Bermejo  Tekumché   
Dzitás  Antonio Tovar y Segura  Telchac  Josefa Cervera 
Dzitbalché    Temax  José Cepeda
Hospital de San Juan de Dios Mérida
Monjas 
Dzonot Muxupip  Jerónimo Irigoyen  Tenabo  Hijos de Pedro Calderón 
Ecab    Tepakamillo   
Halachó  José Ignacio Villajuana  Tesoco  Esteban Pérez Montiel 
Hecelchakán    Teya  Manuel Buendía 
Homún  Francisco de Aranda
José de Aranda
Ángel de Castillo
Monjas 
Tiholop  Idelfonsa Marcos Bermejo 
Hopelchén    Timucuy  José Cano 
Ichmul    Tixcacalcupul  Tomasa Meneses 
Kanasin  Juan José Lavallé y Echartea  Tixculum (debe ser Tixcuyun)  Manuel Buendía 
Kaua  Miguel de los Reyes  Tixkochol (quizá Tinkunchel)  Josefa Maldonado por su esposo Ignacio Quijano+ 
Kimbilá  José Mendicuti y Vergara  Tixkokob  Hospital de San Juan de Dios Campeche
Jerónimo Irigoyen 
Mama  Ignacia Ancona
Lorenza Salazar 
Tzanlacat  Mariano Quijano 
Mopila Pakan  Juan José Domínguez  Tzemé  Manuel Buendía 
Nunkini    Uayma  Jerónimo Irigoyen 
Opilchen    Xocchel (debe ser Xocen)  Tomás Amezquita
Bernardo Alonso de Echevarría 
Oxkutzcab  María Merced Díaz
Josefa Quijano 
Yabucu  María Josefa Calderón 
Panaba  Juan José Lavallé y Echartea  Yalcom  Josefa Buendía 
Poxila  José Mendicuti y Vergara  Yalsiho (Alsihom)  Tomasa Meneses 
Popola Magaña  Felipe Calderón  Yaxa Oxkutzcab  Josefa Quijano 
Saban  Jerónimo Irigoyen  Yaxa San Diego  Idelfonsa Marcos Bermejo 
Sacalaca  Mariano Quijano
Miguel de los Reyes 
Yaxa Sotuta  Pedro Elizalde 

Fuente: AGI, México, v. 3033, n. 89, 28 de octubre de 1815. “Expediente sobre encomiendas en Yucatán”, AGN, Tributos, v. 13, exp. 3, 1807.

Encomienda, estancia y hacienda

Una característica general de los encomenderos (yucatecos o no) es que algunos no se conformaron con sus tributos y servicios personales. Desde temprana época instalaron empresas con los ingresos de sus encomiendas y con las concesiones reales obtenidas: el cultivo de palo de tinte, añil o la cría de ganado. Como bien lo ha mostrado José Miranda, el encomendero también fue empresario (Miranda, 1965, pp. 9-18). En Yucatán, la búsqueda de fuentes alternativas de recursos se volvió más imperiosa cuando en la segunda mitad del siglo xvii la encomienda entró en crisis por la disminución de la población indígena. La instalación de haciendas de ganado fue la mejor solución (García Bernal, 1978, cap. 3). Pero primero debieron hacerse de tierras.

Gibson señala que un método para la obtención de tierras fue el uso de los privilegios de la encomienda o de posiciones de autoridad política. Él encontró para el Valle de México varios ejemplos de esta situación, ya que los encomenderos poseían propiedades dentro del Valle y fuera de él (Gibson, 1981, p. 281). Para el caso de Chile, por ejemplo, en las primeras cédulas de encomienda se incluía una donación de tierras, que generalmente se usaban para actividades agropecuarias. Con el paso del tiempo la encomienda se equiparó con la estancia ganadera y los indios tributarios entraron a ser parte de la misma (Góngora, 1970, p. 103).

Los encomenderos también acudieron a medios legales (mercedes, compras o composiciones) para acaparar territorio dentro y fuera de sus encomiendas. Según Chevalier: “Todos los terrenos que poseyeron los encomenderos tienen como origen las mercedes de los virreyes, o compras hechas a los indios, o bien, en parte, el pago de “composiciones” a Su Majestad, esto es, títulos siempre diferentes de la encomienda propiamente dicha: la cosa es clara, indiscutible” (Chevalier, 1999, p. 210). Aunque varias autoridades eran conscientes del peligro que significaba que los encomenderos poseyeran tierras en su misma jurisdicción, estos encontraron los medios para adquirirlas, pues eran sus familiares, criados o deudos quienes solicitaban las mercedes para ellos. Sin embargo, las estancias y haciendas también fueron instaladas por los comerciantes y por todo aquel que tuviera un capital para hacerlo.

Un punto que quisiéramos desarrollar a continuación es la vinculación que se ha hecho entre encomienda, estancia y hacienda. Las encomiendas no se convirtieron ni en estancias ni en haciendas, ya que la encomienda no implicaba derechos sobre la tierra, incluso existe una cédula del 31 de marzo de 1631, donde se prohíbe a los encomenderos por sí o por persona interpuesta, tener estancias en los términos del pueblo de su encomienda (Zavala, 1945, p. 61). En realidad fue una cédula que no se cumplió, al menos en Yucatán y en otros lugares, pues aunque las encomiendas no llegaron a ser, en efecto, haciendas sí existieron varias en su jurisdicción territorial, tanto de los mismos encomenderos como de otros particulares.

Según James Lockhart, los encomenderos y los hacendados compartían características similares “eran patriarcas de un tipo especial que regían ambos el campo y la ciudad”, los dos mantenían casa en la ciudad pero vivían del trabajo del campo, había una tendencia a que el estado quedara en la familia y sentían que formaban parte de una aristocracia, cual fuera su origen, además los dos servían como enlace entre los dos mundos. Sostiene la idea que en las regiones había indudablemente más haciendas que encomiendas, hecho que se aplica en Yucatán a partir de la segunda mitad del siglo xviii. De hecho, para él (como para otros autores como García Bernal) el antecedente de la hacienda no es la encomienda sino la estancia (Lockhart, 1969, pp. 411-429).

Silvio Zavala hace años anotaba que no se sabía exactamente la frecuencia con la cual los encomenderos llegaron a ser estancieros y hacendados en las diferentes regiones, para saberlo invitaba a averiguar el parentesco entre las familias de unos y otros (Zavala, 1945, p. 61). A partir del recuento elaborado en el año 1785 y de una muestra de más de mil nombres de hacendados, se contabilizaron 97 encomenderos o pensionados (en realidad eran 105, pero se han exceptuado las órdenes religiosas) (O’Gorman, 1938, pp. 459-462)27. De ellos, solo 24 eran hacendados o estancieros, el 24.7% del total (tabla 4). Solo 8 encomenderos, es decir el 8.3%, no guardaron ningún nexo, o por los menos sus apellidos, con los poseedores de haciendas. Los apellidos de 65 encomenderos (el 67%) estaban relacionados con el de los hacendados en la misma época; en algunos casos eran sus cónyuges, hijos o hermanos. De hecho, los comerciantes hacendados trataban de casarse con mujeres encomenderas, tal fue el caso de los Peón, Quijano u Ortiz, entre otros.

Tabla 4.

Los encomenderos-hacendados

  Encomenderos 1785  Encomenderos 1810  Lazo 
Ancona Josefa Ignacia  Ancona Josefa Ignacia  Misma 
Anguas Pedro de     
Bolio y Helguera Manuel     
Buendía María Josefa     
Pedro Calderón     
Calderón y Marcos Bermejo Josefa  Calderón y Marcos Bermejo y Josefa  Misma 
Calderón Juana     
Cámara y Ancona Juana de la  Cárdenas Juan Nepomuceno de  Nieto 
Cámara y Domínguez Juana d la     
10  Cano José  Cano Joaquina  Hija 
11  Cárdenas y Mezquita Joaquín de     
12  Castillo y Castro Ángel del     
13  Castillo Juan Francisco del     
14  Cepeda y Cámara José de  Cepeda y Cámara José de  Mismo 
15  Cicero y Cárdenas Francisco (pensionario de Joaquín Cárdenas)  Cicero y Cárdenas Francisco  Mismo 
16  Díaz de Castro Juan     
17  Domínguez Juan José (por él y pensionario de Mateo de Cárdenas)  Domínguez Juan José  Mismo 
18  Elizalde Juan Antonio     
19  Elizalde y Buendía Pedro  Elizalde y Buendía Pedro de  Mismo 
20  Irigoyen y Bolio Jerónimo José  Irigoyen y Bolio Jerónimo José  Mismo 
21  Marcos Bermejo María Idelfonsa     
22  Mezquita Tomás (pensionario de Agustina Mosreal)  Mezquita Tomás  Mismo 
23  Quijano María Josefa  Quijano María Josefa  Misma 
24  Solís Alejandro  Quijano Mariano   
    Cervera María Josefa   
    Brito José Joaquín   
    Mendicuti y Vergara José de   
    Torres Blas de   

Fuente: E. O’Gorman (1938, pp. 456-569). “Expediente en que se trata”, AGN, Tributos, v. 7, exp. 21, 1810.

Muchas razones pudieron influir para que los encomenderos mismos no adquirieran haciendas, entre las que destacan recursos reducidos, falta de visión a largo plazo o quizá su carta de nobleza los limitaba o simplemente fue una estrategia. Al incursionar sus familias en las haciendas y no ellos, existía una alta probabilidad de que los encomenderos sortearan las leyes vigentes, que limitaban sus negocios, como la expresa prohibición de tener propiedades rurales en sus encomiendas, que nadie cumplía28.

Un ejemplo de familias hacenderas-encomenderas lo constituye los Cámara, los Marcos Bermejo y los Peón. La encomendera Juana de la Cámara y Domínguez –hija del capitán y alcalde Cristóbal de la Cámara, quien ya contaba con algunas estancias– estaba unida al teniente de corazas José Lara y por lo menos dos de sus tres hijos poseyeron haciendas: María Gabina y el bachiller José Ignacio Lara y Cámara. Su hermano, Juan de la Cámara y Domínguez, estaba casado con la encomendera Antonia del Castillo y Solís, ellos tuvieron dos hijos que adquirieron haciendas: el capitán José y el regidor Gregorio de la Cámara. Este último a su vez se casó con la encomendera Josefa Calderón, hija de la encomendera y hacendada Idelfonsa de Marcos Bermejo, condesa de Miraflores. Una nieta de la condesa, Idelfonsa Calderón y Castillo, se casó con Bernardo Peón Maldonado, convirtiéndose este último en el único conde yucateco en el siglo xix. Estas genealogías, aunque son un poco farragosas resultan importantes porque, por un lado, nos muestran la extensión de una red familiar y sus diferentes miembros asociados y aliados, y por otro, nos explican la formación de un grupo de hacendados encomenderos, en este caso unos de los más ricos de finales del siglo xviii.

Para 1810 se consignaron 47 encomenderos y pensionados29. De ellos 16 (34%) poseían haciendas, algunos que habían sido propietarios en 1785, en 1810 ya no lo eran, como Ángel del Castillo o Jerónimo Irigoyen. Otros habían muerto como el regidor Juan Antonio Elizalde, aunque esto no impidió que su familia siguiera cobrando sus 796 pesos anuales de renta. De los 46, encontramos a cinco hacendados-encomenderos nuevos: Joaquín Brito (hijo de regidor), Juan Nepomuceno Cárdenas (nieto de la encomendera Juana de la Cámara y Ancona), Joaquina Cano (hija del regidor y encomendero José Cano), María Josefa Cervera y Castro (hija del encomendero Juan Cervera y Díaz) y Blas Torres, a quien no le hemos encontrado vínculos con la vieja élite.

No obstante la constatación anterior, la vinculación directa que se había establecido entre encomienda y hacienda resulta débil. Es decir, aunque la hacienda fue el sistema económico más importante en el siglo xix, solo una minoría de encomenderos y sus familias accedieron a la misma (Machuca Gallegos, 2011, cap. 1). El núcleo fuerte de hacendados estuvo conformado por funcionarios de la administración (de todos niveles), eclesiásticos, y sobre todo un grupo emergente de grupos medios. Como ya no había restricciones para ser hacendado, una amplia gama de gente pudo acceder a ser propietario; la encomienda había sido restrictiva y selectiva, una hacienda la adquiría todo aquel que tuviera un pequeño capital, y fue una de las principales vías de movilidad social una vez que la crisis de la encomienda devino grave. Para fines del siglo xviii había varias familias de comerciantes, para las cuales el título de encomendero ya no interesaba, como los Quintana.

Mujeres encomenderas

Las leyes de encomienda permitieron que muchas mujeres llegaran a regentar una, por ejemplo casi nunca lo fueron en primera vida, pero predominaron en la segunda. Según las Leyes de Indias en una encomienda sucedería el hijo mayor varón, en caso de no haberlo seguirían las hijas y en último término la viuda. Si la hija tomaba la sucesión debía casarse en el plazo de un año para que el marido se hiciera cargo. La encomienda volvía a manos de la mujer por muerte del marido (Molino García, 1976, pp. 138-139). Los privilegios de las viudas eran múltiples, por eso muy pocas volvieron a contraer nupcias. Isabel Arenas define muy bien lo que significó poseer una encomienda para las mujeres:

«Esta sociedad, al tener un ámbito territorial con tan escasos alicientes económicos, como ya se ha comentado, no tuvo otra posibilidad que esa institución de la encomienda, para asegurar a sus mujeres algún ingreso, a la par que el mantenimiento de un estatus social ya adquirido. Ejemplo de esto último, serán las continuas alegaciones, de ser descendientes de antiguos conquistadores y pobladores de la provincia, algo tan remoto ya para estas fechas del xviii» (Arenas Frutos, 1994, p. 152).

Cuando las encomiendas pasaron a la Corona en 1785, de las 116 existentes, 43 estaban en manos de mujeres, 29 eran encomenderas y 14 pensionarias (tabla 5)30. En 1803 ya solo había 19 encomenderas y para 1810, el número se había reducido a 15: siete continuaban con sus rentas: Josefa Ignacia Ancona, Josefa Calderón y Bermejo, María Josefa de Echeverría, Josefa Maldonado, Tomasa Meneses y Valdez, Josefa Quijano y Lorenza de Salazar; y ocho eran nuevas: Francisca Ayora (pensionaria) Idelfonsa Calderón Castillo, María Calderón Velásquez, Joaquina Cano y Roo, Josefa Cervera y Castro, Merced Díaz Montiel, Juana García de la Piedra y Josefa Montero. La mayoría había heredado de sus padres o esposos el privilegio (tabla 6).

Tabla 5.

Encomenderas, 1785

    Esposo  Padres 
Aguirre María Francisca de  Pedro Manuel Escudero 
Aguirre María Magdalena de     
Ancona Josefa Ignacia  Manuel Argaiz y Arce  Esteban Ancona 
Ayora y Pardio Narcisa de     
Buendía y Solís María Josefa  Juan Antonio Elizalde  Jerónimo Buendía y Juliana Solís 
Calderón y Marcos Bermejo Josefa  Regidor Gregorio de la Cámara  Santiago Calderón
Idelfonsa Marcos B 
Calderón y Velásquez Juana  _ Capetillo  Cristóbal Calderón e Inés Velazquez 
Calderón y Velásquez Josefa (pensionaria de Luis Mendicuti)    Cristóbal Calderón e Inés Velázquez 
Cámara y Ancona Juana de la  Juan José de Escobedo 
10  Cámara y Domínguez Juana d la  Joseph de Lara y Carrillo  Cristóbal de la Cámara y Catarina Domínguez 
11  Cárdenas y Díaz Juana de (pensionaria de Joaquín Cárdenas)    Domingo de Cárdenas y Felipa Díaz 
12  Cárdenas y Díaz María Leonor (por sí y pensionaria ibidem)  Alonso Manuel Peón  Domingo de Cárdenas y Felipa Díaz 
13  Carrillo Mariana (pensionaria de María Francisca de Aguirre)     
14  Castillo y Solís Antonia del  Juan de la Cámara Domínguez  Juan del Castillo y Francisca de Solís 
15  Castro Isabel     
16  Cavero y Castro Juana (pensionaria de Juan Díaz de Castro)     
17  Cosgaya María Jacinta     
18  Delgado y la Piedra Juana     
19  Echartea María Gertrudis de     
20  Echeverría María Josefa de     
21  Lastiri María Micaela    Miguel González Lastiri e Isabel del Castillo 
22  Machin Ana     
23  Maldonado María Josefa (pensionaria de Joaquín Cárdenas)  Coronel Ignacio Peón y Cardenas   
24  Marcos Bermejo María Idelfonsa  Santiago Calderón de la Helguera  José Bermejo Magaña 
25  Marín Gertrudis     
26  Meneses y Valdez Tomasa  Contador Pedro Bolio Torrecilla   
27  Mimenza y Cosgaya Juana (p de Magdalena de Aguirre)     
28  Montiel y Cosgaya Beatriz  Juan Díaz Baladón   
29  Mosnsreal Agustina     
30  Puerto Francisca del (hija de María Domínguez)    María Domínguez 
31  Quijano María Josefa  1. Tomás Baldos 2. Fernando Quijano y Francisco del Castillo y Lopez  Juan Esteban Quijano
Petrona Zetina 
32  Rincón María     
33  Rosado Manuela(pensionaria de José Rosado Tenorio)     
34  Rosado María (pensionaria de José Rosado Tenorio)     
35  Rubio Isabel (P de Felipe Aguirre)     
36  Salazar y Solís Antonia    María Cabrera 
37  Salazar Carlota (pensionaria de Francisco Javier de Aguilar)     
38  Salazar y Ortíz Lorenza de (pensionaria de Josefa Ignacia Ancona)     
39  Solís Barbosa Idelfonsa (pensionaria de Mateo de Cárdenas y Puerto)     
40  Solís Barbosa Juana (pensionaria de ibidem)     
41  Sor María Josefa de san Agustín     
42  Vergara Juana     
43  Zetina y Lara Petrona  Juan Esteban Quijano y Dávila  Francisco Zetina y Bravo y Josefa de Lara y Carrillo 

Fuente: E. O’Gorman (1938, pp. 456-569). Diversos expedientes de AGEY, Archivo Notarial.

Tabla 6.

Encomenderas, 1810

  Esposo  Padres  Haciendas 
Ayora y Carrillo Francisca (P)       
Calderón y Castillo Manuela Idelfonsa  Conde Bernardo Peón Maldonado  Juan Nepomuceno Calderón y   
Calderón Velásquez María    Cristóbal Calderón e Inés Velazquez   
Cano y Roo Joaquina  Comerciante y hacendado Alonso Luis Peón  Regidor José Cano y Josefa Roo  Chuhcabchen, Mukuyche 
Cervera y Castro María Josefa  Mateo Cosgaya  Juan Cervera y Josefa Castro  San Antonio Antún 
Díaz y Montiel María Merced  Comerciante Francisco Javier Ortiz  Juan Díaz Baladón y Beatriz Montiel   
García de la Piedra Juana       
Montero María Josefa  Antonio Martín de Tovar (encomendero)     

Fuente: AGN, Tributos, v. 7, exp. 14, 1810.

Melchor Campos en su estudio sobre “las magnates” de Mérida realiza una observación importante: a partir de la reforma de encomiendas (que coincide con las borbónicas) más mujeres accedieron al privilegio como una forma de tener recursos extras. Varias de ellas ya no eran herederas de los conquistadores o beneméritos. Campos cita un informe del capitán general y gobernador Melchor Álvarez que en 1821 calculó que aún se pagaban 100 mil pesos por conceptos de encomienda, y las sumas más fuertes eran “unas remuneraciones que habían conseguido de los gobernadores antiguos ciertas mujercillas por premio de condescendencia…”31. Sin duda Álvarez en su informe exagera en cuanto al monto de la renta, pues prácticamente dobló la cantidad que habitualmente se pagaba, pero no deja de sorprender el menosprecio que tenía hacia los encomenderos y en particular hacia las mujeres.

Resultaría complicado hacer un perfil de la mujer encomendera, y no por falta de información sino porque aunque el simple título las introducía en un círculo privilegiado, había unas que dependían de su ínfima renta para sobrevivir (es decir eran casi pobres) y otras tan ricas como la condesa Idelfonsa de Marcos Bermejo.

Una encomendera de quien se tiene algunos datos es Josefa Ignacia Ancona y Bolio, viuda de Manuel Argaiz y Arce. Se sabe que fue su padre quien pagó los derechos por la encomienda que adquirió en 1777 por muerte de Lorenzo Villaelriego. Al enviudar quedó con muchos gastos y para saldar 1,300 pesos que debía a Josefa Solís tuvo que hipotecar su encomienda. Como era analfabeta siempre tuvo que contar, hasta donde pudo, con la ayuda de su padre32. Años después, en 1817, solicitaba que en atención a no tener hijos que la gracia de la segunda vida que gozaba de la encomienda de Mama se extendiera a sus tres hermanas huérfanas y solteras (María Manuela, Josefa de la Luz y María Magdalena). La real Hacienda visto que solo se trataba de 310 pesos 6 reales y que no gravaba el erario accedió a la petición33.

Desde el siglo xvi era común obtener autorización para unirse en matrimonio con miembros cercanos de la misma familia, incluso en grados prohibidos de ahí que se hable de un alto grado de endogamia. Aunque siempre con aperturas para evitar el riesgo de extinción (García Bernal, 1978, p. 469), esta situación no había cambiado en el siglo xviii. Se observa el matrimonio entre primos, casamiento con dos hermanas (una vez muerta la primera) e incluso la unión de tío con sobrina. El caso más sonado fue el de la encomendera Mercedes Díaz, pues a su tío Carnal, Manuel Díaz, le fue estrictamente negado el permiso para casarse con ella. Entonces Mercedes contrajo nupcias con un peninsular llamado Francisco Ortiz. Entre este y Manuel siempre existió una pugna, cuya verdadera dimensión apenas dejan entrever los documentos. Mercedes Díaz resulta de interés pues su abuelo paterno (Juan Díaz de Castro) había sido encomendero y sus padres también, el regidor perpetuo Juan Díaz Baladón y Beatriz Montiel. Ella logró la sucesión (más bien su marido) en vida de su padre, pues este enloqueció34.

El análisis de tres testamentos de estas mujeres (Agustina Mosreal, Juana de la Cámara y Ancona y, su homónima y seguramente parienta, Juana de la Cámara y Domínguez) es bastante revelador de su situación. Agustina Mosreal fue esposa de Joseph Calderón y no tuvieron sucesión, cuando se casaron ella aportó mil pesos de herencia de sus padres, que invirtió en el superávit de su casa que en ese momento habitaba su hermano el cura bachiller Pedro Monsreal. El capital de su marido se gastó y no subsistía nada de su fortuna. Ella dejó la encomienda de Xocen “y las alhajitas y muebles que se conozca pertenecerle”35.

Por otro lado, Juana de la Cámara y Ancona murió el mismo día que dictó su testamento, el 27 de enero de 1803. Cuenta que cuando se casó aportó poco más de 500 pesos y una casa, no menciona que su esposo Juan José Escobedo llegó con las manos vacías a su unión, pero él sí lo confiesa en su testamento36. Entre sus joyas declaró dos cadenas de oro y tres rosarios engastados, una docena de cubiertos sin cuchillos, dos candelabros, un cáliz con platillo, unas pesas, una tachuela de plata y otros objetos de valor como candelabros, platos y el ajuar de su casa. Solo le quedaba una hija, Josefa, quien había tenido varios hijos, entre ellos su nieto Juan Nepomuceno quien heredaría la encomienda. Por su esposo Juan José Escobedo también nos enteramos que gracias a que trabajó con el regidor de Mérida y conde José Marcos Bermejo, poniendo en orden sus papeles y actuando de intermediario con sus socios de México y Veracruz, en recompensa el conde le proporcionó los 3,300 pesos que costó la encomienda de Chicxulub, que obtuvo su esposa el 21 de julio de 1758. Él mismo asentó en su testamento que 2,500 pesos fueron para “obsequio” del gobernador, 500 para gastos y 300 para pagar la confirmación en España. Desde ese día y hasta 17 años después que siguió sirviéndolo “sin que entrara en mi casa de la suya, más que la fineza de un plato de comida que me mandaba todos los días y en todo el tiempo que corrió hasta su fallecimiento, jamás volvió a tratar de gastos de la encomienda”. Después cuando el conde José Marcos Bermejo murió, su hija la condesa Idelfonsa trató de cobrar la deuda de los 3 mil pesos de la encomienda, aunque Escobedo alegó que habían sido una indemnización por sus 17 años de trabajo. Como sea Escobedo no era tan pobre, había sido procurador y alcalde del cabildo de Mérida, además había tenido haciendas37. Lo que sí llama la atención es su posición de subordinación ante su antiguo patrón el conde, aun cuando él alcanzó también una posición importante dentro de la sociedad meridana.

En el caso de Juana de la Cámara Domínguez, su marido José Lara y Carrillo tampoco había aportado nada a su matrimonio, en cambio ella llegó con cien colmenas, 10,012 cabezas de ganado, y 80 y pico de pesos. Además de 600 pesos que utilizó en los gastos de obtención de la encomienda de Acanceh. Cuando dictó su testamento era dueña de varias estancias y sitios entre los que se encontraba la estancia Chich, los sitios, poblados de ganado, Xiol y Viza, la estancia Tomucay. Tuvo en total nueve hijos38.

Toda una línea de investigación se puede abrir para estudiar a las mujeres encomenderas, desde su posición social de viudas o solteras, o el capital social –e incluso a veces económico– que significaban para sus esposos. Es cierto, apenas representaban un espectro mínimo de la sociedad yucateca colonial, pero ocupaban un lugar de consideración, y esto no lo dejan mentir los varios expedientes dispersos en los archivos (sobre todo en Indias), de ahí que sea necesario seguir explorando desde la perspectiva de historia de mujeres y del género, el verdadero papel que jugaron.

Comentarios finales

Para acercarnos a los encomenderos y a la encomienda en este periodo entre siglos decidimos hacerlo desde cuatro perspectivas: Qué significaba en el Yucatán de fines del siglo xviii ser encomendero, el monto de las rentas, su relación con la estancia y la hacienda, y el papel de las mujeres, en un intento de dar varias imágenes de la institución tanto económicas, como sociales y culturales. En cuanto al primer tema no queda duda que el título era una carta de nobleza, solo en unos casos contados la renta era lo suficientemente alta como para ser la fuente de recursos única. Quien era encomendero obtenía carta de noble, independientemente de su origen, así que hubo un afán por llegar a serlo. Solo una familia, la de los Marcos Bermejo, pudo acceder a un título nobiliario en serio, el de conde. En época temprana los encomenderos también trataron de acaparar otra de las instituciones importantes en la ciudad: el ayuntamiento; de esa forma también tenían acceso al poder político local, pero con el tiempo y en la época que analizamos este lazo ya era muy débil también, teniendo que dar paso a los comerciantes y hacendados emergentes, sin embargo algunos de ellos no fueron del todo indiferentes a la encomienda y buscaron casarse con mujeres portadoras del título.

Todo un imaginario se debió haber construido alrededor de la figura del encomendero: respeto, honor, exclusividad, quizá incluso en sus primeros años también se le ligara con éxito económico. Lo cual nos lleva a los siguientes dos puntos, ya vimos que las rentas no eran significativas, algunos con sus 40 pesos no podían cumplir con las obligaciones que el título implicaba, otros incluso tenían problemas de manutención, razón por la cual debieron incursionar en otras actividades. Nos pareció importante entrar en la discusión de encomienda y hacienda, retomando los argumentos de los clásicos como Lockhart, Chevalier, Zavala y Gibson. Sobre todo porque cierta historiografía en Yucatán liga todavía la encomienda con la hacienda, como si en un proceso natural se hubiera pasado de un sistema a otro. Un análisis puntual de persona por persona nos llevó a mostrar que si bien no hubo gran relación de los mismos encomenderos con la hacienda sí la hubo de parte de sus familias, como sea el capital poco o mucho que venía de sus encomiendas les sirvió para arrancar. Aun así al ser el número de hacendados tan elevado, no puede decirse que los encomenderos y sus familias tuvieron un peso de importancia, al contrario la hacienda fue la vía de ascenso social de muchas familias que habían estado limitadas antes. En el siglo xix yucateco, hacendado fue el nuevo título de consideración social.

Una mirada por las mujeres fue interesante porque eran varias y fue posible completar la información de algunas de ellas a través de sus testamentos y otros documentos. Ellas accedieron a las encomiendas a través de sus padres o esposos; para algunas era solo cuestión de prestigio pero para otras, las viudas o solteras, sí debió ser una fuente de recursos importante.

Para cuando desapareció hacia 1820 la encomienda apenas funcionaba. Después de 1785 en que los administradores reales trataron de hacerla ir desapareciendo, solo lograron mermarla. Los intereses locales eran muy grandes y el imaginario de la encomienda era tal que hasta muy tardíamente se siguieron otorgando los títulos. Finalmente hemos visto que a pesar de los esfuerzos de la corona por acabarla desde el siglo xvi, en lugares como Yucatán nunca pudo contra ella.

Archivos

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AGI: Archivo General de Indias, Sevilla, España.

AGN: Archivo General de la Nación, México.

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Laura Machuca Gallegos. De nacionalidad mexicana, trabaja como profesora investigadora titular B en el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Peninsular. Se ha interesado en la historia colonial y decimonónica de dos grandes regiones: el Istmo de Tehuantepec y Yucatán. Autora de libros como Comercio de sal y redes de poder en Tehuantepec durante la época colonial (2007), Haremos Tehuantepec, una historia colonial (siglos XVI-XVIII) (2008) y Los hacendados de Yucatán, 1785-1847 (2011). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel 1.

“Discurso sobre la constitución de las provincias de Yucatán y Campeche, 1766”, en Rubio Mañe (1938, III, pp. 14 y 18).

La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En realidad el argumento de la pobreza fue utilizado por los encomenderos de otros lugares como los de Nueva Granada; véase Molino García (1976, p. 25).

Para más datos de esta epidemia ver Campos Goenaga (2011). “Los diputados por la clase de encomenderos solicitan prorroga en el goce de sus encomiendas”, en Archivo General de Indias (en adelante AGI), México, v. 3004, 28 de enero de 1778.

Sobre esta discusión ver el interesante texto de Cerutti (2005).

“Los diputados por la clase de encomenderos”, AGI, México, v. 3004, 28 de enero de 1778.

“Memorial de Antonio Elizalde reclamo sobre encomiendas”, AGI, México, v. 3021, doc. sueltos, 31 de octubre de 1778. Para la categoría de pobre de solemnidad ver Milton (2005, pp. 595-626).

Comentarios por escrito mayo de 2014.

Ella era hermana de Mariana Roo, esposa de Matías Quintana, y ambos padres de Andrés Quintana Roo.

“Don Josef Cano, alguacil mayor de Mérida Yucatán, solicita en la adjunta instancia por las razones que expresa no ser comprendido en lo dispuesto por la real cédula de 1761 y que no se le incomode por aquel gobierno en la posesión que está de las encomiendas de Timucuy, Chichimila y Chancenote”, AGI, México, v. 3064, 2 de mayo de 1783.

AGI, México, v. 3064, 12 de septiembre de 1783.

“Méritos de Francisco Jiménez”, AGI, México, v. 3035, f. 260-261, 1818.

“Acompaña a VE un memorial de don Pedro Elizalde y Buendía, en que solicita las gracias que expresa”, AGI, México, v. 334, n. 77, 12 de julio de 1817.

Ancona, Archivo General del Estado de Yucatán (en adelante AGEY), Archivo Notarial, v. 22, f. 554v-555, 1787; Montiel, AGEY, Archivo Notarial, v. 28, f. 150, 1790; Irigoyen, AGEY, Archivo Notarial, v. 51, f. 301-302, 1803. Escobedo, AGEY, Archivo Notarial, v. 21, f. 298-318v, 1785. Reyes, “Expediente en que se trata”, AGN, Tributos, v. 7, exp. 21, 1810.

“Los encomenderos de la provincia de Yucatán sobre los perjuicios que habían sufrido y se les continuaba en el abono del valor o producto liquido anual de sus encomiendas”, AGI, México, v. 3006, 18 de marzo de 1807.

O’Gorman (1938) y “Expediente sobre encomiendas en Yucatán”, AGN, Tributos, v. 13, exp. 3, 1796 y 1807.

“Sobre encomienda de María Josefa Calderón” AGI, México, v. 3006, 26 de junio de 1805; “Expediente en que se trata”, AGN, Tributos, v. 7, exp. 21, 1810.

Por ejemplo García Bernal menciona los casos de los Solís y los Castillo como principales acaparadores (García Bernal, 1972, pp. 72-73).

Sobre estos impuestos ver García Bernal (1972, p. 56); García Bernal (1978, pp. 231-235); también Campos Goenaga (2011, pp. 94-95).

“Expediente en que se trata”, AGN, Tributos, v. 7, exp. 21, 1810.

“El intendente capitán general de Yucatán da cuenta a VE haber trasladado a quienes corresponde la real orden de 26 de mayo último por la que S.M se ha dignado a probar el pago de contribuciones de los indios de esta provincia”, AGI, México, v. 3033, n. 89, 22 de noviembre de 1810.

AGI, México, v. 3033, n. 89, 14 de enero de 1811.

“Expediente en que se trata”, AGN, Tributos, v. 7, exp. 21, 14 de enero de 1811.

AGN, Tributos, v. 7, exp. 21, 23 de octubre de 1812 y 19 de julio de 1813.

“El intendente capitán general de Yucatán da cuenta”, AGI, México, v. 3033, 10 de noviembre de 1815.

AGI, México, v. 3033, 28 de octubre de 1815.

La fuente de 1807 también marca los siguientes pueblos que no están en la lista de 1815, quizá en el transcurso de los siguientes 8 años se recuperaron: Jobain a Juana Bautista, Baca a Josefa Buendía, Teabo a Manuel Buendía, a Mariana de Carrillo y a José Francisco Cicero, Izamal a José Cano, Tixhualantun a José Domingo de Castro, Peto y Dzoncahuich José Domingo de Castro, Hocaba a Cayetano Cavero y a Josefa Maldonado, Espita a Juan Francisco Cosgaya, Yaxcaba, Kinchil, Tekom, Cuncunil y Piste a Juan Díaz Baladón y Francisco Ortiz, Motul a Juan José Domínguez, Pencuyub, Hunucmá, Dzan y Dzizantún a Hospital de San Juan de Dios Campeche, Yaxcaba a Hospital de San Juan de Dios de Mérida y a la Purísima Concepción, Acanceh, Tixol y Tunkas a Gabina Lara, Conkal a Monjas, Dzonochel a Mariano Quijano, Kanxoc a Miguel de los Reyes y Chuburná a Santiago Saldívar. En el cuadro faltan sobre todo los encomenderos de Campeche, que quizá se anotaban en otro expediente; ver AGI, México, v. 3033, n. 89, 28 de octubre de1815. “Expediente sobre encomiendas en Yucatán”, AGN, Tributos, v. 13, exp. 3, 1807.

Para los resultados generales del trabajo ver L. Machuca Gallegos (2011).

Esta idea no es mía, agradezco al dictaminador anónimo esta observación.

“Expediente en que se trata”, AGN, Tributos, v. 7, exp. 21, 1810.

Aquí corregimos el trabajo ya citado de Arenas, pues ella solo computó 23, quizá no consideró a las pensionarias (Arenas Frutos, 1994, p. 156).

Melchor Álvarez “Informe sobre el estado de la provincia de su mando en todos sus ramos”, en Campos García (2006, p. 301).

AGEY, Archivo Notarial, v. 22, 1787, f. 554v-555.

“Instancia de doña Josefa Ignacia Ancona y Bolio”, AGI, México, v. 3006.

AGEY, Archivo notarial, v. 22, f. 553v-554, 11 de diciembre de 1787. Otro caso fue el del regidor Joaquín Quijano, su madre y dos de sus hermanos eran encomenderos, él sí logró casarse con su sobrina; ver Machuca Gallegos (2013, pp. 57-86).

“Testamento de Agustina Mosreal”, AGN, Tributos, v. 13, exp. 3, 8 de octubre de 1795.

AGEY, Archivo notarial, v. 21, f. 298-318v, 4 de diciembre de 1785.

AGEY, Archivo notarial, v. 51, f. 245v, f.248-249, 27 de enero de 1803.

AGEY, Archivo notarial, v. 28, f. 246-250, 27 de mayo de 1791.

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