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Inicio Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México El Congreso Constitucional de la Insurgencia 1814-1815
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Vol. 51. Núm. C.
Páginas 1-18 (Enero - Junio 2016)
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Vol. 51. Núm. C.
Páginas 1-18 (Enero - Junio 2016)
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DOI: 10.1016/j.ehmcm.2016.03.005
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El Congreso Constitucional de la Insurgencia 1814-1815
The Insurgent Constitutional Congress 1814-1815
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Carlos Herrejón Peredo
El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán, México
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Resumen

Después de promulgar el Decreto Constitucional, en Apatzingán, el Congreso de Anáhuac perdió su carácter de Constituyente. Ni los propios diputados ni los historiadores han señalado con claridad que, a partir de octubre de 1814, aquella asamblea legislativa fue un Congreso Constitucional. El presente artículo ofrece un relato de las principales actividades de esa corporación hasta su disolución en diciembre de 1815, un periodo de suma importancia para la insurgencia mexicana, pero del que hay muy pocos documentos.

Palabras clave:
Insurgencia
Independencia
México
Congreso Constitucional
José María Morelos
José Álvarez de Toledo
Abstract

After enacting the Constitutional Decree in Apatzingan, the Mexican Congress ceased to be a Constituent assembly. Neither the deputies themselves nor historians have pointed out clearly that, from October 1814, that legislature was a Constitutional Congress. This article gives an account of the main activities of the corporation until its dissolution in December 1815, a period of great importance for the Mexican insurgency, but of which there are very few documents.

Keywords:
Insurgency
Independence
Mexico
Constitutional Congress
José María Morelos
José Álvarez de Toledo
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Estado de la cuestión

La historiografía en torno al constitucionalismo de la insurgencia se ha centrado, ya en presentar una idea general del Congreso de Anáhuac o sus circunstancias1, ya en analizar la Constitución de Apatzingán rastreando sus fuentes y ponderando su sentido2, asimismo se ha tratado de dar cuenta de la vida de los constituyentes o al menos de reunir datos que conduzcan a una prosopografía3; finalmente algo se ha avanzado en determinar la ruta y la cronología de su elaboración, así como en sus ediciones y repercusiones inmediatas4.

Sin embargo, el constitucionalismo referente a la etapa inmediata posterior a la promulgación, esto es, a la conformación y a las tareas del Congreso insurgente en el periodo que podemos llamar constitucional –para distinguirlo del que elaboró la constitución–, ha merecido escaso tratamiento. En términos generales los estudios se han centrado en dos temas: el poder judicial emanado de la constitución a partir de principios de marzo de 1815; y los intentos de alianza con Estados Unidos en junio del mismo año5. Se echa de menos una visión de conjunto que abarque la conformación, los tiempos y lugares, actividades y vicisitudes de ese Congreso Constitucional. El presente trabajo apunta hacia esta dirección, entendiendo que solo es un esbozo.

Una vez que se aprobó por el Congreso Constituyente la constitución llamada de Apatzingán comenzó a fungir un Congreso Constitucional. Es de advertir que los diputados y demás dirigencia insurgente no daban nombre a tal diferencia. Simplemente era el Congreso antes y después de la promulgación del Decreto Constitucional. Pero me parece conveniente dar el nombre apropiado a esa distinción, que implica tareas diversas. Este Congreso Constitucional funcionó de fines de octubre de 1814 a fines de diciembre de 1815. Podemos distinguir tres periodos en esta su breve historia de 14 meses. El primero va del 24 de octubre de 1814 al 5 de mayo de 1815, siendo los principales lugares de su residencia Apatzingán y sobre todo Ario. El segundo va del 5 de mayo al 5 de septiembre de 1815, teniendo como principal residencia la hacienda de Puruarán. Y el tercer periodo cubre del 6 de septiembre al 15 de diciembre de 1815, cuando el Congreso emprende la peregrinación de Uruapan a Tehuacán. Una actividad relevante del Congreso ocurrió en el segundo periodo: la ley fiscal; pero no se promulgó sino hasta el tercer periodo. Asimismo en ese segundo periodo se estableció una Junta Subalterna, cuya vida se prolongaría más allá de la del Congreso. Por tratarse en ambos casos de aspectos fundamentales de la insurgencia a lo largo de su historia, les dedicaré singular extensión.

Primer periodo, 24 de octubre de 1814 al 5 de mayo de 1815

Caractericemos cada periodo. En el primero, una de las principales tareas del congreso fue elegir nuevos diputados. Esto era una atribución consagrada en el artículo 60 del Decreto Constitucional, que a letra dice:

El Supremo Congreso nombrará por escrutinio y a pluralidad de votos, diputados interinos por las provincias que se hallen dominadas en toda su extensión por el enemigo.

Esta disposición, sin embargo, se atempera por el siguiente artículo 61, que dice:

Con tal que en una provincia estén desocupados tres partidos que compondrán nueve parroquias, procederán los pueblos del distrito libre a elegir sus diputados, así propietarios como suplentes, por medio de juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia.

Pero estimo que tal cosa nunca se cumplió, a pesar de que de octubre de 1814 a diciembre de 1815 la insurgencia aún contaba con territorios considerables en las provincias de Michoacán, Tecpan, Puebla y Veracruz, así como porciones no despreciables en las de México, Guanajuato, Guadalajara y alguna otra. Habría que hacer un estudio minucioso de la geopolítica de entonces a fin de verificar si efectivamente no hubo en ninguna un distrito completo libre de la dominación realista que permitiera llevar a cabo las elecciones detalladas en tres capítulos de la constitución, de los artículos 64 a 101.

A reserva de ese estudio, yo intuyo que a pesar de que en algunos casos se cumpliera el requisito para proceder a las elecciones, estas inmediatamente llamarían la atención del enemigo que se aprestaría a impedirlas. Como sea, en todo ese tiempo el Congreso Constitucional usó ampliamente de la facultad de nombrar diputados, bien que implicara la no aplicación de 38 artículos de la constitución.

Por otra parte el Congreso Constitucional dio una interpretación con carácter retroactivo al periodo de la gestión de cada diputado. Es decir, para los diputados electos o nombrados en septiembre de 1813, su tiempo corría desde entonces y no había fenecido por la promulgación del Decreto Constitucional. Incluso, para aquellos que desde antes de los fastos de Chilpancingo eran miembros de la Junta Gubernativa, su periodo ya había concluido en el momento de la promulgación. De esto no tenemos un documento expreso, que pudo haberlo; pero se infiere necesariamente por los cambios producidos y un comentario de Morelos. Así pues, en el Congreso Constitucional la mayor parte de los constituyentes seguiría fungiendo por un tiempo, pero en razón de diversas causas se fueron dando tantos relevos que a fines de 1815 el congreso tendría un rostro completamente distinto.

Así, pues, un primer cambio se dio de inmediato, puesto que tres de los diputados constituyentes habían pasado a ser los miembros del Triunvirato Ejecutivo, cuya primera tarea fue promulgar el Decreto Constitucional. Ellos fueron los tres José Marías: Liceaga, Morelos y Cos. No sé a ciencia cierta quiénes ocuparon sus lugares a raíz de la promulgación. Siete meses después, la diputación de Guanajuato la ocupaba el indio José Ignacio González; la de Nuevo León, Manuel Muñiz; y la de Zacatecas, Ignacio Ayala.

Por otra parte se consideró, conforme a lo dicho más arriba, que los otros dos miembros de la antigua Junta, incorporados al Congreso desde Chilpancingo, Ignacio Rayón y Sixto Berdusco, como diputados por Guadalajara y Michoacán respectivamente, ya habían cubierto su periodo. Morelos lo diría expresamente de Berdusco, pero vale igual para Rayón.

Tampoco en este caso puedo decir con certeza quiénes ocuparon sus lugares, ni la fecha precisa de su incorporación. Ciertamente siete meses después José Nicolás Pagola representaba a Guadalajara y José Mariano Anzorena a Michoacán.

La falta de certidumbre sobre los nuevos diputados que se incorporaron para ocupar los puestos de los elegidos para el Triunvirato y los que habían cumplido su periodo, se complica debido a que desde fines de 1814 ya se habían designado otros tres diputados, entre ellos el doctor José Ignacio Couto y el licenciado José María Sánchez de Arriola6, que absolutamente pudieron fungir en algunos de los escaños desocupados de los que hemos mencionado, y luego ocurrir otros cambios.

Por otra parte se dieron dos decesos: Sabino Crespo, el diputado por Oaxaca, había sido ejecutado en Apam por realistas el 14 de octubre de 1814 (de manera que su nombre escrito en la promulgación del Decreto Constitucional corresponde a un muerto), cuyo escaño sería ocupado por Pedro Villaseñor, pero hasta entrado el año 18157; al parecer en tiempo anterior quien lo tuvo fue José María Sánchez Arriola, quien ya desde fines de diciembre de 1814 renunciaba a su diputación para encargarse de ir formando el Supremo Tribunal. El otro deceso fue el de Manuel Alderete, diputado por Querétaro, quien fallecía por enfermedad en el fuerte de Chimilpa el 2 de diciembre de 18148. Su lugar sería ocupado por el licenciado José María de la Luz Izazaga, quien ya era diputado, incluso presidente del congreso en 20 de febrero de 18159.

Hubo otras renuncias. La más lamentable y temprana fue la de Andrés Quintana Roo, diputado por Puebla, uno de los miembros de la comisión de constitución, y que a pesar de ello no estuvo para su promulgación. Se fue alejando del congreso porque varios de sus colegas diputados lo hacían –dice él mismo– objeto de burletas y desprecios. Y dice algo más grave: que no quiere ver ya “las inepcias y juegos con que se divierten en las sesiones”10. Esto lo decía en carta privada a su amigo y padrino de casorio, José María Liceaga. Pero seguramente en la renuncia formal más bien hubo de alegar otra razón, precisamente su reciente matrimonio con Leona Vicario. De tal suerte desde el 1 de diciembre de 1814 estaba decidido a renunciar, cosa que seguramente ya había ocurrido en el mes de enero de 1815. Su lugar sería ocupado por Ignacio Alas, mas no sé a partir de qué fecha; ciertamente en marzo de 1815 ya estaba el relevo.

El diputado por México, Carlos María de Bustamante, físicamente se había alejado del Congreso desde enero de 1814, primero por licencia para ir a Oaxaca y luego por comisión para mediar en el conflicto entre Rayón y Rosains en la provincia de Puebla. Estuvo en Zacatlán y de ahí huyó en septiembre de 1814; luego de peripecias llegaría a Tehuacán a fines de 1814. Su periodo de diputado ya había fenecido.

De tal manera, de los diputados constituyentes, hacia enero de 1815 quedaban como constitucionales: José Manuel Herrera, por Tecpan; Cornelio Ortiz de Zárate, por Tlaxcala; José Sotero Castañeda, por Durango; José María Ponce de León, por Sonora; Francisco Argándar, por San Luis Potosí; Antonio Sesma, por Veracruz; Carlos María de Bustamante, por México, en comisión; y por Coahuila, Antonio José Moctezuma, el único indio. De todos estos no diré mayor cosa, puesto que recientemente otros colegas y yo nos hemos ocupado de ellos11. Prefiero en cambio referir cosas menos sabidas de los nuevos diputados constitucionales.

Respecto a estos nuevos diputados constitucionales, aun cuando no tenemos certeza sobre fechas precisas de incorporación ni en varios casos sobre la provincia que representaban en esos principios de 1815, sí podemos afirmar que para entonces ya se habían completado los correspondientes a las 17 provincias de que se componía la América Mexicana, conforme al artículo 42 del mismo Decreto, bien que no todos estuvieran presentes desde entonces.

Tratando de armar el rompecabezas, tenemos que había ocho constituyentes que permanecían, y nombrados hemos encontrado 10, que finalmente fueron nueve por el brevísimo periodo de Sánchez de Arriola, relevado pronto por Pedro Villaseñor. De tal suerte serían 17, siendo también 17 las provincias. El problema entonces parece reducirse a explicar el aparente aumento de un diputado, debido sin duda a los cambios ocurridos entre los inicios de 1815 y julio del mismo. Por lo demás es evidente el aumento de una provincia no representada en el constituyente, en que solo figuran 16, pero mencionada como parte integrante de la América Mexicana: Yucatán.

Así pues, los diputados nombrados en este periodo fueron: Ignacio Ayala, José María Sánchez de Arriola, José María de la Luz Izazaga e Ignacio Alas, todos ellos licenciados abogados; José Ignacio Couto, sacerdote doctor en teología; Manuel Muñiz, militar general; y sin profesión identificada: José Ignacio Pagola, Pedro Villaseñor, José María Anzorena, y José Ignacio González, indio como el constituyente Moctezuma.

El segundo rasgo del Congreso en este periodo, compartido con el Poder Ejecutivo, fue la estabilidad de que gozaron. Los triunfos obtenidos por insurgentes en la isla de Mezcala y en Cóporo, así como la preponderancia que seguía teniendo Osorno en los llanos de Apam y la tenaz guerrilla por otros rumbos, habían permitido una cierta seguridad a la dirigencia insurgente en Ario durante el primer cuatrimestre de 1815.

Poco antes, de octubre a diciembre de 1814, el enemigo había traído tanto al Congreso como al Supremo Gobierno de un lado para otro. En efecto, luego de haber permanecido en Apatzingán hasta el 30 de octubre, habían marchado a Tancítaro, donde estuvieron algunos días de la primera quincena de noviembre, para luego partir a Uruapan, lugar en que estuvieron al menos del 14 al 22. Mas luego regresaron a Apatzingán, donde ya se encontraban el 30 de ese noviembre. Ahí estuvieron hasta el 16 de diciembre, día en que recibieron la noticia de que el realista José Antonio Andrade se hallaba en Tancítaro y amenazaba con presentarse en Apatzingán. De tal suerte emigraron a Ario, a donde llegaron a fines de diciembre y estarían tranquilos, como dije, poco más de cuatro meses.

Tal estabilidad permitió la erección del Supremo Tribunal de Justicia, cosa que se había empezado a planear desde diciembre de 1814, cuando se formuló invitación a uno de los posibles miembros de ese Tribunal. Me refiero al licenciado José María Sánchez Arriola, que fue diputado breve tiempo por alguna provincia, tal vez Oaxaca, cargo al que renunció para consagrarse a preparar la creación del Tribunal y atender desde ya asuntos de justicia. Dijimos que su lugar fue ocupado por Pedro Villaseñor. El diputado por Sonora, José María Ponce de León, también fue nombrado para integrarse al Tribunal. Es posible que su lugar fuera ocupado por Mariano Francisco Ruiz de Castañeda.

Llama la atención de que a pesar del temprano nombramiento de Sánchez de Arriola y de la estabilidad de que gozó la dirigencia, la erección del Tribunal no haya tenido efecto sino hasta principios de marzo de 1815. Probablemente no fue fácil conformar todo el personal, que mínimamente habría de componerse, de acuerdo a los artículos 181 y 184 de la constitución, de cinco individuos, esto es, ministros, dos fiscales y secretarios. El nombramiento de todos ellos era facultad del Congreso, conforme al artículo 103. Fue, pues, una de las tareas del Congreso de diciembre de 1814 a principios de marzo de 1815. Lo cual no significa que no se administrara justicia por parte de la dirigencia antes de esa fecha12.

No se conoce el documento oficial de la erección, ni siquiera con absoluta certeza la fecha precisa. Por inferencia María Teresa Martínez Peñaloza ha señalado el 7 de marzo de 1815, en razón de lo siguiente: Ortiz de Zárate en carta a José María Ponce, fechada el 5 de marzo, le cuenta: “Se dice que el martes es la instalación” del Supremo Tribunal, lo que corresponde al día 713.

Es de suponer que en dicha instalación estuvo presente Morelos. Sin embargo, hay documento de esa fecha, 7 de marzo, conforme al cual el Generalísimo se hallaba entonces en el rancho de La Parota, donde estaba recibiendo unos herrajes y piloncillo que le remitía de Tomendán Antonio Conejo y le entregaba Antonio Basilio Vallejo14. Ese rancho muy probablemente corresponde al que se halla cerca de Atijo, lo que hace muy difícil que Morelos haya estado el mismo día en Ario. Es posible entonces que si Morelos estuvo en la instalación, esta haya ocurrido muy poco después del 7, esto es, el 8 o el 9. La afirmación de la carta de Ortiz de Zárate no es categórica ni sobre un hecho consumado.

Como sea, el evento ocurrió en Ario

arengando en el acto por el Congreso el señor Alas y por el gobierno el doctor Cos, presidiendo en dicho tribunal el señor Sánchez Arriola. La función que entonces se hizo costó ocho mil pesos, cantidad excesiva y que debió economizarse, aunque el acto mereciese una demostración pública de regocijo.15

Es seguro que hubiera baile, como lo suponía Ortiz de Zárate: “veo que con el motivo de la creación del Tribunal de Justicia y el de algunas accioncillas que se han ganado, se estarán armando bailes una semana entera. En tales circunstancias, son algo disculpables”16.

En su fase inicial el Supremo Tribunal de Justicia quedó integrado por José María Sánchez Arriola, como presidente; otro tres ministros que fueron José María Ponce de León, Antonio de Castro y Mariano Tercero; el secretario de lo civil, Pedro José Bermeo, y probablemente Juan Nepomuceno Marroquín como oficial mayor17. De tal manera no se pudo cumplir a cabalidad lo prescrito por la constitución.

A pesar de las limitaciones que imponía el estado de guerra, el Tribunal funcionaría, bien que reducido a atender casos principalmente de la cercana insurgencia, pues era muy difícil o imposible que se avocara juicios lejanos. Para Morelos la creación del Tribunal fue motivo de especial satisfacción, pues desde los lejanos días en que daba su punto de vista sobre los Elementos constitucionales de Rayón su constante propuesta había sido la elección de un quinto vocal dedicado a administrar justicia18, lo cual también corresponde al ideal que señaló la víspera de la instalación del Congreso de Chilpancingo: “Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”19.

Segundo periodo, 5 de mayo a 5 de septiembre de 1815

Pasamos al segundo periodo de la vida del Congreso Constitucional. La cúpula insurgente se sentía segura. Ya habían pasado cuatro meses, sin que sufrieran acoso, como lo habían padecido los últimos tiempos del año anterior por el realista José Antonio Andrade. Mas a fines de abril de 1815 Agustín de Iturbide con anuencia del virrey Calleja concibió un plan para acabar con las cabezas de la insurrección. En operación fulminante salió del Bajío y ya se encontraba en las inmediaciones de Ario el 5 de mayo. Por fortuna las corporaciones habían recibido aviso poco antes. De tal suerte, los individuos del Congreso y del Tribunal se dieron a la huida oportunamente desde la mañana. Morelos, Cos y Liceaga, que conformaban el Ejecutivo, permanecieron hasta la tarde, dando tiempo a sacar imprenta y archivos.

El resto de mayo de 1815 los individuos de los tres Poderes anduvieron dispersos. Tan grave fue la desazón que les provocara el sentirse presa del enemigo, que aunque no logró aprehenderlos, les infundió suficiente miedo para que no volvieran al desempeño tranquilo de los primeros meses del año.

A fines de mes y principios de junio varios diputados se fueron congregando en Huetamo y otros en Uruapan. Finalmente ellos y los miembros del Ejecutivo y del Tribunal se reunieron en la hacienda de Puruarán.

El principal motivo de reunirse los tres Poderes no era simplemente por reanudar el ejercicio ordinario de sus facultades. Había otra razón de trascendencia y apremio: responder a una propuesta de obtener la ayuda de los Estados Unidos, que partía de José Álvarez de Toledo. Era un cubano que siendo diputado a Cortes en Cádiz por Santo Domingo, se inscribió en la logia de Caballeros Racionales. Según el propio Álvarez, la diputación americana en Cortes, lo autorizó para revolucionar las provincias del norte de Nueva España, organizar un ejército, establecer un gobierno y preparar todo lo necesario para lograr estos objetivos. Por sospecha de tratar con potencia extranjera, el gobierno español ordenó su prisión; pero antes logró huir a Filadelfia en septiembre de 1811. Se entrevistó con James Monroe, a la sazón secretario de Estado, y al parecer le reveló su misión solicitando ayuda.

Posteriormente, en carta a la dirigencia insurgente solicitaba Álvarez su venia y el apoyo del gobierno insurgente para proseguir en una supuesta campaña que estaba llevando a efecto, a fin de penetrar en el norte de Nueva España. Adjuntó a la carta ocho anexos documentales20. En general los tres Poderes de la insurgencia le creyeron, bien que con algunas reservas, manifestadas especialmente por Morelos.

Entre las recomendaciones que hacía estaba la redacción de un manifiesto por parte del Congreso en que justificara el movimiento insurgente.

Así, el 28 de junio, en conformidad con la primera instrucción del 15 de febrero, publicaron un manifiesto a todas las naciones en 13 puntos. De ellos los seis primeros hacen una reseña de los sucesos de 1808 vividos en México haciendo ver los intentos del necesario cambio político por la vía pacífica, así como el golpe contra Iturrigaray la persecución contra criollos. El punto siete y el ocho dan breve cuenta de la Junta General de la Península, del Consejo de Regencia y de la convocatoria a Cortes. Casi hasta el final de este punto el manifiesto se había ceñido a la realidad de los hechos. Pero de pronto da cuenta del inicio de la guerra en forma extraña. Dice que

deseando dar a este último recurso, [esto es, el desempeño de los diputados novohispanos en Cortes] toda la eficacia de que lo contemplábamos susceptible, para que no se abusase impunemente de nuestra docilidad y moderación, levantamos en Dolores el Grito de la Independencia.

Según esto, el cura Hidalgo y compañeros se lanzaron a la lucha para que los diputados que partían a Cádiz tuvieran un desempeño totalmente eficaz y así ya no se abusara de nuestra docilidad y moderación. Tamaña distorsión de la realidad contradice los hechos del 16 de septiembre de 1810.

En el siguiente punto del manifiesto, el nueve, está la clave de la distorsión: “Nuestros designios, ya se ve, que no se terminaban a una absoluta independencia, proclamábamos, voz en cuello, nuestra sujeción a Fernando VII”. Esto no corresponde a Hidalgo ni a Morelos, aunque sí a Ignacio Allende y a Ignacio Rayón. En otras palabras, el manifiesto de Puruarán estaba dando una visión parcial de la historia del movimiento. Por ello trataba de hacer creer que el movimiento de Hidalgo había sido fortalecer el desempeño de los diputados en la integridad de la monarquía.

No obstante, en los siguientes puntos se abona la tendencia a la independencia absoluta por la cerrada conducta del gobierno peninsular. En efecto, el número 10 señala que las pretensiones de los diputados novohispanos no fueron atendidas y en cambio las Cortes, dominadas por el interés peninsular, “se empeñaron cruelmente en acallarnos por fuerza, enviando tropas de asesinos que mal de nuestro grado nos apretasen las infames ligaduras que intentábamos desatar”. El punto 11 da cuenta de la terrible represión del movimiento.

Y en el 12 al referirse a la restitución de Fernando VII, por fin lo elimina, “como si pudiéramos prometernos grandes cosas de este joven imbécil, de este rey perseguido y degradado en quien han podido poco las lecciones del infortunio, puesto que no ha sabido deponer las ideas despóticas heredadas de sus progenitores”. La lógica consecuencia:

hemos procedido a organizar e instalar nuestro gobierno libre, jurando por el sacrosanto nombre de Dios, testigo de nuestras intenciones, que hemos de sostener, a costa de nuestras vidas, la Soberanía e Independencia de la América Mexicana, sustraída de la Monarquía Española y de cualquiera otra dominación.

En consonancia el número final es una invocación a las naciones ilustres del mundo para que lleven a bien que la América Mexicana entre en su rango21.

No se necesita ser un lince para ver que el objetivo del manifiesto era explicar el porqué de la guerra insurgente, el porqué del inicial fernandismo y de su repudio final. Les parecía mal y peligroso a los autores del manifiesto que desde fecha tan temprana como septiembre de 1810 ya se pretendiera romper con una monarquía reconocida por las naciones ilustres del mundo. Es la visión de unos criollos que no habían compartido las metas independentistas de Hidalgo y Morelos, sino muy tardíamente. Esto les venía bien, a fin de quedar a cubierto de ser vistos como vulgares sediciosos.

Para entonces los diputados que suscribieron el manifiesto y un nombramiento del 3 de julio fueron los siguientes:

  • 1

    José Pagola, diputado por Guadalajara, presidente.

  • 2

    Antonio de Sesma, diputado por Veracruz.

  • 3

    Licenciado José Sotero de Castañeda, diputado por Durango.

  • 4

    Licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, diputado por Tlaxcala. No figura el 3 de julio; había sido destinado en la embajada a Nueva Orleans.

  • 5

    Manuel Muñiz, diputado por el Nuevo Reino de León.

  • 6

    Licenciado “José María de Isasaga”, diputado por Querétaro. El 3 de julio figura como secretario, en lugar de Herrera.

  • 7

    José Mariano de Anzorena y Foncerrada, diputado por Michoacán.

  • 8

    José Ignacio González, diputado por Guanajuato. No figura el 3 de julio.

  • 9

    Licenciado Ignacio Alas y Arnais, diputado por Puebla.

  • 10

    Pedro Villaseñor, diputado por Oaxaca.

  • 11

    Licenciado Ignacio de Ayala, diputado por Zacatecas.

  • 12

    Licenciado José Manuel Herrera, diputado por Tecpan. Secretario.

  • 13

    Doctor Francisco Argándar, diputado por el Potosí. Secretario. Etcétera22.

    Faltaban:

  • 14

    Licenciado Carlos María de Bustamante, diputado por México, de comisión en Zacatlán.

  • 15

    Antonio José Moctezuma, diputado por Coahuila, posiblemente de comisión o permiso en su tierra Tlalchapa.

  • 16

    Licenciado, Francisco Ruiz de Castañeda, diputado por Sonora y en comisión o con permiso23.

  • 17

    Doctor José Ignacio Couto, diputado por Yucatán y en comisión o con permiso.

De tal manera diputados constitucionales nombrados por el Congreso a partir de la promulgación de la Constitución fueron: diez de esta lista, más Sánchez de Arriola, que pasó a ministro del Tribunal.

Pronto habría que cubrir las vacantes, por partir en embajada, de Herrera y de Ortiz de Zárate; y a partir del 14 de septiembre, la vacante, por periodo cumplido de dos años, de Carlos María de Bustamante.

En la misma fecha del manifiesto, 28 de junio, el diputado licenciado José Manuel Herrera figura ya como Ministro Plenipotenciario “cerca del Soberano Congreso de los Estados Unidos del Norte de América”, lo cual significa que su nombramiento, cuyo texto ignoramos, haya sido o ese mismo día o antes. Ciertamente ese día el Congreso autorizaba a su ministro Herrera para que concediera honores y prerrogativas a oficiales beneméritos en el ejército de Álvarez de Toledo, así como gratificaciones a familiares de aquellos oficiales que ya hubieran fallecido24.

El 3 de julio el Congreso atendió otra indicación: la clase de bandera adoptada. Pero fue más lejos: creó tres banderas y el escudo nacional, persuadido de “aparecer en el mundo con todos los caracteres y señales que según el derecho de gentes indican un gobierno supremo y libre de toda dominación extranjera”25.

Algunos diputados, llevados de su convicción de conjurar todo caudillaje militar, tuvieron la ocurrencia de poner un freno corporativo al inmenso poder que se le estaba dando al cubano. O si se quiere, veían la necesidad de que la población civil de las provincias norteñas participara en la dirección del movimiento emancipador en el marco legal inaugurado por la constitución e interpretado por los diputados. De tal suerte el 4 de julio se expidió decreto con reglamento de 57 artículos, por el que se creaba la Junta Subalterna Gubernativa Provisional de las Provincias Internas, aduciendo como razón expresa y vaga, que esas provincias “estén regidas y gobernadas de una manera conveniente”.

Conforme a otra de las instrucciones de Álvarez, el Ejecutivo de la América Mexicana se dio a la tarea de redactar carta al Presidente de Estados Unidos, que a la sazón lo era James Madison.

Además, Álvarez había mandado, como condición de éxito, que le remitieran “inmediatamente todo el dinero que haya en efectivo”; además un millón de pesos en libranzas. El Congreso fue sumamente liberal en lo segundo y escaso en lo primero. El 14 de julio expidió decreto por el que autorizaba al Poder Ejecutivo, a fin de que empeñara fondos de la nación hasta por 25 millones de pesos. Ese mismo día Morelos y Liceaga, como Poder Ejecutivo, contraían esa letra en la persona del ministro José Manuel Herrera “para que haga de ella el uso conveniente con arreglo a las instrucciones que se le han dado”26.

En cuanto al efectivo, no le pudieron dar a Herrera por entonces más que 15 mil pesos en una primera partida, y luego en otra, 13 mil pesos. Pero no era el único que marchaba al extranjero. Como su secretario iba Cornelio Ortiz de Zárate y como capellán el dominico Tomás Pons, párroco de Cutzamala. Además se comisionó a Antonio Peredo para establecer una marina nacional y se le habilitó con mil pesos, en tanto que a Pedro Elías Bean se le autorizó para corso, dándole siete mil pesos, que con seis mil que él pondría, se haría de un barco, de modo que “de las presas que hiciere daría la mitad al Congreso, a más del casco de los buques y su armamento, que lo cedería por entero”27.

La reforma fiscal

Mucho tiempo y energías se gastaron en la ilusión de aquella alianza, habiendo otros pendientes graves, como la organización de la hacienda pública, cuyo estado a lo largo de la guerra había sido bastante complejo, pues por una parte se habían derogado varias contribuciones del régimen colonial, algunas habían disminuido su monto, pero otras siguieron vigentes, ahora en beneficio de la causa insurgente. Mas no hubo reglas fijas ni extensivas a todos los territorios dominados por los insurrectos. Después de Hidalgo, la regulación y su ejecución quedó, por una parte en manos de las máximas autoridades de la insurgencia, esto es la Suprema Junta o cada uno de sus miembros, y por otra, al arbitrio de algunos guerrilleros que solo en parte acataban a la Junta. La respectiva historia se halla en construcción28.

Voy a referir algunos pasos de las disposiciones de Morelos, primero como teniente general, luego como capitán general vocal de la Junta, en seguida como Generalísimo, y finalmente como miembro del Triunvirato emanado de la Constitución de Apatzingán. Como teniente general, en la primera campaña, dentro del bando de El Aguacatillo, 17 de noviembre de 1810, siguiendo a Hidalgo, suprimió el tributo, las cajas de comunidad y el estanco de la pólvora; mas por su parte mantuvo el estanco del tabaco y el pago de alcabalas “para sostener la tropa”29. Reiteró esto en la tercera campaña, Tehuacán, 14 de agosto de 1812, pero con una serie de precisiones: una, que la alcabala se rebajaba al cuatro por ciento y todos habían de pagarla, puesto que se había suprimido la distinción de calidades, y en todos los productos, incluidos los bienes de la nación; otra, que el sustento fundamental de las tropas se haría sobre los ramos de tabacos y alcabalas30. Mas al poco tiempo, 22 de septiembre de 1812, Morelos decretó un impuesto general: todos los hombres adultos habrían de contribuir a la nación con un peso anual31.

Los diezmos del territorio controlado por Morelos merecen estudio particular. Hay noticias aisladas: en las dos primeras campañas se cuidó su recaudación32; ocasionalmente se echó mano de ellos para socorro de tropas, como fue la disposición del caudillo en la segunda campaña, agosto de 1812, a favor de cantones de la Costa Grande33. Ya en la tercera campaña el intendente Sesma insistía en que Morelos aprovechara los diezmos34, pues que el enemigo los utilizaba en su contra, mas no parece se haya llevado a cabo, al menos como medida general. Pues tenemos el ejemplo relevante del Cabildo catedral de Oaxaca que siguió percibiendo su parte de diezmo, incluso aumentado por Morelos al incluir la grana.

Otro aspecto fundamental de la economía insurgente fue la moneda, asunto complejo del que ahora no trataremos, conscientes de que forma un sistema con la fiscalidad.

Estando Morelos en Oaxaca y siendo ya capitán general y vocal de la Junta, el 29 de enero de 1813, repite en lo sustancial el bando del Aguacatillo sobre supresión de “todas las pensiones, dejando solo los tabacos y alcabalas para sostener la guerra, y los diezmos y derechos parroquiales para sostención del clero”35. Durante la cuarta campaña, de camino hacia Acapulco arribó nave a Huatulco con bastante mercancía. Mediante Sesma, el caudillo supervisó a distancia la venta del cargamento justipreciando cada artículo y estableciendo impuesto fiscal de acuerdo a los sucesivos lugares de venta36.

En vísperas de ser electo Generalísimo, titular del poder Ejecutivo, 14 de septiembre de 1813, en los Sentimientos de la Nación, número 22, proyecta suprimir la infinidad de contribuciones, incluida la alcabala, y en cambio imponer un porcentaje, básicamente a la producción agrícola:

Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian y se señale a cada individuo un cinco por ciento de semillas y demás efectos, o otra carga igual, ligera.

Parece, pues que en lugar de gravar el comercio, se gravaba la producción. Sin embargo, no mucho después se corrigió tal Sentimiento, seguramente a solicitud de algunos diputados. Algo parecido aconteció con otros Sentimientos. La corrección en este caso consistió en hacer recaer el impuesto del cinco por ciento no sobre la producción, sino sobre las ganancias de los individuos, lo cual incluía también a los comerciantes: “se señale a cada individuo un cinco por ciento en sus ganancias u otra carga igual, ligera”37. Es bastante probable que el cambio haya sido promovido por la Comisión de Hacienda del Congreso establecida el 8 de noviembre de 1813 e integrada por Ignacio Rayón, José Manuel Herrera y Carlos María de Bustamante38. Debieron ser ellos, entonces, quienes se hallaban detrás de la apostilla que aparece al final de los Sentimientos, dando cuenta de los cambios: “Repuestas en 21 de noviembre de 1813. Y por tanto quedan abolidas estas, quedando siempre sujetos al parecer de su Alteza Serenísima”. En femenino ‘repuestas’ dando a entender que los Sentimientos tenían fuerza de disposiciones legales.

El poder del Ejecutivo, es decir Morelos, su Alteza Serenísima, a la sazón era inobjetable. El Congreso estaba ceñido por un Reglamento dado por el propio caudillo desde la gestación de ese cuerpo, el 11 de septiembre de 18113, y donde el Congreso está obligado a facilitar al Ejecutivo, encarnado en el Generalísimo “cuantos subsidios pida de gente o dinero para la continuación de la guerra”. Además tenía la facultad de vetar las leyes emanadas del Congreso que le parecieren “injustas o impracticables” (arts. 47 y 27)39.

Pero a raíz de las derrotas de Morelos, el Congreso, estando en Tlacotepec, 19 de febrero de 1814, asumió los tres Poderes, despojando a Morelos del Ejecutivo, gobernó la causa a su arbitrio y fue elaborando la constitución. La Comisión de Hacienda hubo de reestructurarse, pues Rayón y Bustamante se ausentaron, y Herrera estaba en la de Constitución. Seguramente la de Hacienda fue integrada entonces por Antonio Sesma y tal vez también por Antonio José Moctezuma. Todo apunta a que a lo largo de 1814 la disposición fiscal de los Sentimientos, aun corregida, se vino abajo y se volvió a la multiplicidad de pensiones.

La Constitución de Apatzingán, 24 de octubre de 1814, solo estableció facultades de autoridad en materia fiscal en los artículos 113, 170, 175 y 210, siendo amplias las del Congreso y muy reducidas las del Ejecutivo, recreado en la figura de Triunvirato, cuyos miembros, Liceaga, Morelos y Cos, conforme a esos artículos, enderezaron una de sus primeras providencias a que los intendentes provinciales siguieran exigiendo la contribución para la guerra (¿el peso anual?), así como que las tesorerías de cada provincia remitieran al Supremo Gobierno cortes de caja mensuales40. Poco después el mismo Ejecutivo determinó que se formara lista de administradores de fincas nacionales y que ellos fueran nombrados por los ministros de las cajas41. Volvió el gobierno al asunto ordenando se enlistaran las fincas nacionales con especificación de ramos de sus fondos, así como de su situación en arrendamiento y de cortes mensuales de caja42. También fue necesario que los párrocos enteraran la pensión conciliar, un tres por ciento de emolumentos y la tercera parte del producto líquido a las cajas nacionales43. Como se puede apreciar, persistían otras contribuciones análogas a las que exigía el gobierno realista.

El contexto en que el Triunvirato iniciaba su gestión no era halagüeño, pero tampoco desesperanzador. A pesar de las derrotas sufridas por Morelos y otros, la causa insurgente a fines de 1814 seguía apoderada de extensos territorios rurales que le permitían conservar varias intendencias a fin de recabar fondos, administrar esos territorios y continuar la guerra: Michoacán, Guanajuato, Tecpan y Puebla. A este propósito cabe recordar los testimonios del virrey Calleja y del obispo Abad y Queipo. Decía el primero en agosto de 1814:

La fuerza militar con que cuento es la muy precisa para conservar las capitales y varias principales poblaciones aisladas; mas entretanto, una infinidad de pequeños pueblos, están irremediablemente a merced de los bandidos [insurgentes]; los caminos no son nuestros sino mientras los transita una división, y lo que es más, los terrenos productivos son en la mayor parte de los bandidos.44

Por su parte el obispo Abad y Queipo aseguraba en julio del mismo año: “La mayor parte del pueblo, desde la raya de la Nueva Galicia a la raya de Guatemala, y desde San Luis Potosí hasta la mar del Sur, fuera de los pueblos que guarnecen las tropas del rey, sigue todavía la insurrección y abraza con gusto sus errores”45.

De ahí, que por ejemplo en Guanajuato, la insurrección contaba con cajas de hacienda nacional en Valle de Santiago, Salvatierra, Pénjamo y Dolores; en Acámbaro también hubo hasta fines de 181446.

Mas no obstante los esfuerzos, y en razón del escaso poder que tenía el Ejecutivo, la contracción de la insurgencia prosiguió a lo largo de 1815. De tal manera, el panorama de ingresos al término de ese año sería resumido por Morelos de la siguiente forma:

El sistema de economía y recursos para el mantenimiento de las tropas y demás gastos, ha estado reducido hasta ahora a lo que producen las haciendas de europeos y criollos que siguen su partido y de que están apoderados los rebeldes, cuyo producto podrá acercarse a un millón anual; a lo que exigen los comandantes de los que hacen el trajín o comercio, con lo que mantienen sus divisiones respectivas, que nunca les alcanza; a los impuestos sobre carnicerías que producen muy poco; y a la alcabala, que no puede regular lo que residirá el cuatro o seis por ciento que por ella se paga, pero sí que es poco; y a algún otro donativo que se ha de exigir. A que se agrega el botín, que se suele coger en las expediciones en que salen victoriosos.47

Es evidente que tal panorama no corresponde a todos los tiempos y lugares de la causa insurgente. Particularmente el producto de las fincas nacionales otrora había sido mayor. Únicamente de las haciendas detentadas por la insurgencia en el cantón de Tacámbaro se registraban 560,000 pesos entre septiembre de 1812 y septiembre de 1813, bien que integrados por renta, acreedores, mobiliario, equipo y ganado48. Por los datos, aunque incompletos, estimo que el importe de ingresos en efectivo o en especie, alcanzaba unos180,000 pesos. Faltaba, pues, para esos meses de 1812-1813, el importe de otros cantones de Michoacán, así como de los de Guanajuato, Tecpan, México y Puebla, que en total seguramente superaban con mucho el millón de pesos calculado por Morelos para 1815.

Pero ante las escaseces en aumento durante ese año, el Congreso volvió los ojos a lo que estaba sucediendo en el campo realista sobre la fiscalidad que imponía no solo la guerra, sino las orientaciones del liberalismo gaditano. Calleja, en efecto, había iniciado la ejecución de un nuevo sistema tributario al expedir el 15 de noviembre de 1813 el Reglamento de la contribución extraordinaria de guerra. Y no obstante la abolición de la constitución de Cádiz y de la mayor parte de sus disposiciones, el mismo virrey mantendría vigente dicho reglamento49.

De tal suerte, como asegura José Antonio Serrano, el Congreso insurgente reformaría el sistema tributario, siguiendo de cerca el establecido por la autoridad virreinal, mediante una ley fiscal, dada en Uruapan el 14 de agosto de 1815, por la que se suprimían todas las contribuciones anteriores y se establecía una contribución general “extraordinaria” en razón de la guerra y proporcionada. Para ello se dividió a la población en tres clases, conforme al monto de dinero manejable al año o de ingresos fijos con el correspondiente impuesto equitativo. La primera comprende a los propietarios de fincas rústicas, incluidos sus arrendatarios y comerciantes de “comercio conocido”. La segunda, a los empleados del Estado o de particulares con sueldo que llegue a 200 pesos en adelante. Y la tercera, a los artesanos, fabricantes, negociantes, propietarios y empleados, con sueldo inferior a 200 pesos. Esta contribución era general “a excepción de los soldados veteranos que pelean en campaña, de las mujeres que no tengan haberes, y de los que no tuvieren la edad de catorce años”.

La primera clase se subdivide en seis conforme a lo que “tengan o manejen” al año:

  • 1.

    de 200 a 500 pesos de ingresos, pagarán 4 pesos más 4 reales al año, a razón de 3 reales cada mes.

  • 2.

    de más de 500 hasta 2,000 pesos, pagarán 12 pesos al año, pagaderos 1 por mes.

  • 3.

    de más de 2,000 hasta 6,000, 36 al año, pagaderos 3 por mes.

  • 4.

    de más de 6,000 hasta 12,000, 72 al año, 6 por mes.

  • 5.

    de más de 12,000 hasta 25,000, 144 anuales, 12 al mes.

  • 6.

    de más de 25,000, 300 al año, 25 por mes.

La segunda clase, de empleados con sueldo fijo, también se subdivide:

  • 1.

    de 200 a 300 pesos, 6 pesos al año, 4 reales cada mes.

  • 2.

    de 300 a 500, 12 pesos, 1 por mes.

  • 3.

    de más de 500 a 1,000, 24 al año, 2 al mes.

  • 4.

    de más de 1,000 a 2,000, 60 al año, 5 por mes.

  • 5.

    de más de 2,000 a 5,000, 150 al año, 12 pesos más 4 reales por mes.

  • 6.

    de más de 5,000, 300 anuales.

La tercera clase, de artesanos, fabricantes, etc., todos, 3 pesos al año, 2 reales cada mes.

Se advierte de entrada que los ingresos fijos de empleados proporcionalmente están gravados en monto mucho mayor que el dinero manejado por propietarios y comerciantes. Explicable, porque este dinero manejado o manejable no representa ingreso fijo seguro e incurre en gastos para mantener el giro, sujeto a los vaivenes de la guerra, así como de la oferta y la demanda.

Para llevar a cabo en la realidad dicha clasificación, la ley incluía un reglamento de 18 puntos, en que se establecen dos juntas por cada demarcación, llamada ‘partido’. Primero una Junta de Padrón formada por el juez del lugar, por su gobernador, por dos vecinos honrados, electos, y por un juez que designaría el respectivo intendente de provincia. El cometido de esa Junta era precisamente hacer las listas concretas distinguiendo las clases de contribuyentes. La otra era la Junta de Recaudación, compuesta por el mismo juez del lugar y los dos vecinos electos, cuya tarea era recaudar la contribución respectiva mensualmente y enterarla a las cajas nacionales, recibiendo como pago el cinco por ciento de lo recaudado50.

Este impuesto proporcionado resultaba más equitativo, pero quizá pareció complicado a algunos y difícil de llevar a la práctica en las circunstancias. Por ello tardó en pasar al Ejecutivo y en que este lo publicara. No lo sería sino hasta el 14 de octubre de 1815, cuando Morelos y Antonio Cumplido, que se había integrado al Ejecutivo, pasaban por Huetamo de camino a Tehuacán, ya en el cuarto periodo que hemos propuesto.

La rebeldía de José María Cos

Tarea no grata para el Congreso fue enfrentar la desobediencia del doctor Cos que desde junio se había separado del Ejecutivo para tomar mando de armas, conculcando así precepto constitucional. No solo, cuando se consideró fuerte en Zacapu, lanzó manifiesto contra el Congreso exigiendo su disolución por ineptitud y tiranía, así como la vuelta de Morelos y Rayón a encabezar toda la insurgencia. El Congreso puso a prueba una vez más la lealtad de Morelos y le encomendó sujetar al sedicioso, pero dándole corta tropa. Morelos lo logró fácilmente sin disparar un tiro. La sentencia de muerte que pesaba sobre Cos fue conmutada por prisión en Atijo, gracias a la intercesión del cura de Uruapan51, el mismo que había dado trabajo a Morelos como preceptor y diácono hacía 17 años.

A pesar de su disciplina y apego a la unidad de la causa, Morelos internamente daba vueltas a las críticas de Cos sobre el excesivo poder del Congreso y su ineptitud en materia militar. Reiteró su aversión a la anarquía, pero comprobaba que se había tenido éxito gracias a una excepción de la regla ordinaria de la Constitución que le impedía el mando de tropa. Seguro pensó que la regla habría de ser a la inversa; y sin duda meditaba la escasa vigencia de la ley constitucional en las circunstancias de la guerra: “siempre le pareció mal por impracticable”52.

Tercer periodo, 6 de septiembre a 15 de diciembre de 1815

Al regreso de Zacapu Morelos se enteró de que el Congreso había decretado el 6 de septiembre la creación de una Junta Subalterna, que gobernase las provincias de Occidente; pues los tres Poderes pasarían a otras provincias.

Así fue que, estando en Uruapan, los miembros de los tres Poderes tomaron la resolución a principios de septiembre de partir hacia Tehuacán. Pero no iban a dejar a la deriva ni a la sola merced del caudillaje militar las provincias de Occidente que con tanto trabajo habían estado administrando y reconstruyendo política y militarmente. Por ello echaron mano de la figura que habían recomendado a Álvarez de Toledo: una Junta Subalterna. De tal manera el decreto y el reglamento para las Provincias Internas del Norte del 4 de julio les servirían de modelo para la Junta Subalterna Gubernativa creada el 6 de septiembre. El modelo sería superado, pues el perfil de la nueva Junta es con mucho mejor delineado.

Como se atravesó el asunto Cos y algún otro, la elección de los integrantes de la Junta Subalterna no se llevó a cabo sino hasta el 21 de septiembre. Este organismo, compuesto por cinco individuos tendría las mismas funciones del Supremo Gobierno, excepto en lo relativo a declaración de guerra y alianza internacionales. Además asumiría relevantes funciones en administración de justicia. Su jurisdicción se extendería a la insurgencia en las provincias de Michoacán, Guadalajara, Guanajuato, Zacatecas, Potosí, y parte de las de México y Tecpan53. De manera que la insurgencia en las provincias de Puebla y Veracruz, así como porción de Oaxaca, Tecpan y México, no caía bajo su mando.

Después de discutir si convenía partir en grupos por separado o todos juntos, se acordó que juntos y se programó la salida para el 29 de septiembre. Mas hete aquí que a la hora de salir los diputados no eran más que cuatro de los que habían suscrito el manifiesto de Puruarán: José Sotero de Castañeda, Ignacio Alas, Antonio Sesma y José Ignacio González; y uno más, Francisco Ruiz de Castañeda. De los demás, Herrera y Ortiz de Zárate andaban de embajada; algunos, como Francisco Argándar, y Pedro Villaseñor pidieron licencia temporal; otros, Ignacio Ayala, Manuel Muñiz y José Pagola, habían sido designados miembros de la Junta Subalterna; de Mariano Anzorena no sabemos; y de los últimamente nombrados, hay que agregar a Sánchez Arriola que de juez había vuelto a diputado y a un tal Arias; pero ambos se retiraron estando en Uruapan. José María Izazaga, también pidió permiso54.

Por parte del Supremo Tribunal iban José María Ponce de León, un licenciado Martínez y Antonio de Castro. Del Poder Ejecutivo marchaban Morelos, Antonio Cumplido y Liceaga, pero este a los 15 días partiría al Bajío. Además iban secretarios de los tres Poderes, y de capellán del Congreso, José María Morales. Al frente de todos el Congreso designó a Morelos, dándole incluso el mando de la tropa, que en ese momento no era mucha, pero se preveía completar al paso por Huetamo.

Bien se sabe que al pasar por Temalaca fueron alcanzados por Manuel de la Concha el 5 de noviembre; Morelos logró que las corporaciones escaparan mientras él presentó combate, pero uno de los jefes insurgentes se acobardó y provocó desbandada. Morelos cayó prisionero.

Llegaron las corporaciones a Tehuacán el 16 de noviembre; pasarían luego a puntos cercanos como Coxcatlán y la hacienda de San Francisco. Mandaba en aquella región Manuel Mier y Terán. En un principio las relaciones fueron cordiales; pero a poco se tensaron por la escasez de recursos y el celo del poder. El Congreso nombró nuevos diputados interinos en las personas de Juan José del Corral, Benito Rocha, y Juan Antonio Gutiérrez de Terán. De tal suerte con los que llegaron sumarían ocho diputados.

Tanto ellos como el Ejecutivo, al que se integró Ignacio Alas por nombramiento del Congreso, se dieron a la tarea de enterarse de los problemas de la región y empezaron a dictar providencias como remoción de curas y moderación de sus rentas, establecimiento de escuelas en las haciendas y abasto de alimentos en los pueblos. Sin embargo poco o nada se logró, porque las presiones aumentaron sobre Mier y Terán, quien disolvió las corporaciones el 15 de diciembre de 1815, una semana antes del sacrificio de Morelos. En su lugar creó una Comisión Ejecutiva compuesta por el propio Terán, el exdiputado Ignacio Alas y el exmiembro del Ejecutivo, Ignacio Cumplido. Funcionó algunos pocos meses. Mientras, Terán proponía una Convención Departamental, para las provincias insurgentes de Oriente. Mas no prosperó, ya que no pudo contar con el apoyo de jefes militares como Victoria y Guerrero55.

Carmen Saucedo ha descubierto que Guadalupe Victoria en agosto de 1816 hizo una contrapropuesta, la Convención de las Provincias Orientales, para lo cual encomendó a los exdiputados Antonio Sesma, Cornelio Ortiz de Zárate, José María Ponce de León, José Ignacio Couto y José Sotero Castañeda, así como a los insurgentes Joaquín Oropeza, José de Loyo y Patricio Fernández, la redacción del Reglamento para el Gobierno de las Provincias Orientales, mismo que le entregaron en Huatusco el 24 de agosto de 1816, y compuesto de 42 artículos, distribuidos en nueve capítulos56. No sabemos de su aplicación.

El resto que se negaba a desaparecer

El Congreso insurgente ya no resurgiría; de manera que la Junta Subalterna no puede considerarse como sucedáneo. Hubo de emigrar de Uruapan a Taretan, donde se encontraba ya el 23 de noviembre de 1815, luego al fuerte de Jaujilla, en la ciénaga de Zacapu por diciembre de 1816, lugar en que residió con el nombre de Supremo Gobierno Provisional Mexicano, bien que a menudo seguiría siendo llamada Junta; a este punto llegaría de fugaz visita Francisco Xavier Mina el 12 de octubre de 1817; ante la presencia de numerosa fuerza realista, la Junta huyó el 22 de diciembre para refugiarse en la hacienda de Zárate, cerca de Turicato, de donde hubo de partir el 21 de febrero de 1818 hacia algún paraje cerca de Huetamo; finalmente gracias a Vicente Guerrero se restableció en la hacienda de Las Balsas, en términos de Coahuayutla, donde ya se encontraba el 22 de septiembre de 1818. Todavía hay noticias de ella en junio de 1819. Para entonces Guerrero se lamentaba por la falta de una autoridad competente.

Las vicisitudes ocasionaron que en cada tramo sus vocales fuesen siendo diversos y que su número oscilara entre cinco y tres. Es de apreciar que entre los vocales sucesivos la mayor parte habían sido diputados del Congreso: Ignacio Ayala, Manuel Muñiz, José Pagola, Pedro Villaseñor y Mariano Ruiz de Castañeda; uno, Antonio Cumplido, del Poder Ejecutivo, y dos, José María Sánchez Arriola y Mariano Tercero, del Supremo Tribunal. José María Ponce de León había sido primero diputado y luego ministro del Tribunal. Quienes no formaron parte de esas corporaciones solo fueron Felipe Carvajal, Domingo García y José de San Martín57.

Tomando en cuenta que la mayoría habían formado parte de las máximas corporaciones de la insurgencia, se puede apreciar la Junta como una prolongación de ellas, aunque no su continuación en sentido estricto. Ejerció sus funciones gubernativas y judiciales apegándose al Reglamento creacional y dentro de lo que permitían las circunstancias críticas y el poder de los caudillos. A pesar de que gran parte de los guerrilleros la acataban, otros la desconocieron, como Ignacio Rayón. En todo caso la Junta significó un contrapeso a tal caudillismo militar. Representó el sentido civil de la insurgencia, así como el intento por encaminarse hacia un estado de derecho, un recordatorio de los principios fundamentales, la parte dogmática de la constitución. El perfil de los vocales lo acusa: casi en su totalidad no eran militares. Quizá su gobierno fue limitado en aspectos ligados directamente a la guerra, pero en otros aparece relevante: el nombramiento de funcionarios, la administración de justicia, la información y el debate de las ideas y su difusión, según lo muestra la Gaceta de ese gobierno en 1817. No se diga en la fiscalidad, con registros puntuales, conforme a lo investigado por Eugenio Mejía58.

De tal suerte, a pesar de la desbandada que promovió la política virreinal de indultos y no obstante las condiciones de vida cada vez más precarias, grupos insurgentes no despreciables seguían resistiendo, y otros, contados con los dedos de una mano, intentaban mantener la unidad en torno a la legitimidad constitucional. Uno de ellos, el vallisoletano José Pagola, diputado por Guadalajara, fue sacrificado en Huetamo el 25 de junio de 181859.

Conclusiones

Lo primero que emerge como nota general de esta breve historia es la intención permanente de que el Decreto Constitucional cobrara vida en su vigencia y aplicación, cosa que desde un principio en no pocos artículos las circunstancias adversas de la guerra impidieron, y en otros esa aplicación se fue recortando.

Sin embargo, lo más trascendente de la constitución, invocada constantemente por el Congreso Constitucional y por la Junta Subalterna o Gobierno Provisional, no fue tanto la parte orgánica, sino la dogmática. En la insurgencia de entonces no se trataba únicamente de ganar territorios y plantar un gobierno más formal que los anteriores, sino de asimilar y difundir principios que dieran el sentido correcto a la revolución y al gobierno. Tales principios eran los relativos a independencia, soberanía, derechos del hombre, representación, ciudadanía, y en principio, la división de poderes.

Precisamente esto último constituye el talón de Aquiles de esa constitución. Es evidente que si algo cuidó el Congreso Constitucional para que se aplicara celosamente, de la parte orgánica, fue su preponderancia al seno de la cúpula. El Ejecutivo quedó de tal manera avasallado en la letra y en la práctica, que tal régimen ha sido tildado como “despotismo colectivo”, diríamos mejor corporativo60. A fin de asegurarlo, los diputados constitucionales estuvieron muy pendientes de que todas las curules estuvieran siempre ocupadas. Fue la tarea principal durante el primer periodo, que nos parece les llevó más tiempo del necesario. La documentación disponible señala mayor actividad en este periodo por parte del Ejecutivo que del Congreso, no obstante la preponderancia indicada. Tal vez se haya debido a que los diputados dedicaron también demasiado tiempo a establecer el Poder Judicial.

Como sea, ese primer periodo significó una fase de cierta recuperación, propiciada por la relativa estabilidad de que gozó la dirigencia durante cuatro meses en el centro geopolítico de Ario. La sorpresiva llegada de Iturbide y la destrucción del fuerte de Chimilpa, aunque no implicaron el fin de los poderes constitucionales, sí les infirieron herida de gravedad. Detrás de ese relámpago estaba la honda preocupación del gobierno virreinal, que ya carecía de la legítima bandera de una constitución, de la que había renegado, y se enfrentaba ahora no a cualquier revolución, sino a una, que a pesar de su contracción, pregonaba frente al despotismo y de manera formal valores en ascenso de las revoluciones del mundo atlántico.

Rasgo común de esas y otras revoluciones, cuando atraviesan por momentos críticos, es buscar apoyos de otras naciones. La dirigencia de la insurrección había creído y seguía creyendo en que si las 13 colonias del Norte habían triunfado en su guerra de independencia frente a Inglaterra, gracias al apoyo de Francia y España, era de esperarse que brindaran apoyo a la América Mexicana. El renovado espejismo, planteado durante el segundo periodo, pareció alentar los ánimos, pero en realidad significó una pérdida de tiempo precioso, por los múltiples requerimientos y ambiciones de quien atizaba esa esperanza, Álvarez de Toledo.

Sin desprenderse aún de aquella ilusión, los diputados acometieron la reforma fiscal reseñada y que a la luz de la anterior fiscalidad insurgente representa un significativo avance de mayor equidad y organización sistemática, bien que hayan tomado el modelo del gobierno virreinal. Sin embargo, la progresiva desarticulación de la causa frustraría en gran medida esa reforma, regresando a la multiplicidad de pensiones.

En cuanto al tercer periodo, destacan la creación de la Junta Subalterna y sus primeros meses de existencia, bien que su jurisdicción no fue general, sino ceñida a las Provincias de Occidente. Más allá de haber contribuido al mantenimiento de la causa, la Junta o Gobierno Provisional destaca por su carácter civil y el conato encaminado a hacer valer principios de orden constitucional. Sin embargo, no faltaron guerrilleros y caudillos de primer orden, como Rayón, que no veían en ese Gobierno la mejor manera de proseguir la revolución.

La supresión del Congreso Constitucional en 1815 puso en tela de juicio la legalidad misma de la Junta Subalterna, que no fue creada como sustitución del Congreso, sino como organismo que funcionara simultánea y subordinadamente. Sin embargo, la Junta obtuvo legitimidad tácita después de la supresión del Congreso, por el acatamiento de la mayor parte de jefes del Occidente y aun de las bases, recomendable tanto por la necesidad de un centro rector, como por el origen inmediato de la mayor parte de sus miembros, que lo habían sido de las tres corporaciones directoras.

Pero otra consecuencia de la supresión del Congreso, esta irremediable de entrada, fue el gran vacío de poder institucional en las Provincias de Oriente. Ni Manuel de Mier y Terán, ni Guadalupe Victoria, los principales comandantes de aquel territorio, tuvieron la capacidad y el poder de convocatoria para crear efectivamente un organismo semejante al Gobierno de las Provincias de Occidente. Ambos comandantes podían haber dispuesto del modelo de la Junta Subalterna; en su lugar proyectaron una convención, que no junta. Quedó en el papel, puesto que a fin de cuentas incluso la convención vendría a ser un contrapeso a las amplias facultades de que había gozado cada uno en sus territorios.

Quedan muchas preguntas. Destaco una: cómo empalmar lo que venimos diciendo del Congreso Constitucional y la Junta con las investigaciones de Juan Ortiz sobre los pueblos de esas provincias en aquellos años61.

FuentesManuscritas

Archivo General de la Nación

  • Operaciones de Guerra

  • Infidencias

Museo Nacional de Historia

Periódicos

Gaceta del Gobierno Provisional de las Provincias de Occidente. [Fortaleza de Xauxilla]: Imprenta Nacional, núms. 1-10, 48 p., 20 de marzo a 30 de julio 1817 (a partir del 20 de julio, Teodosio López de Lara Impresor del Gobierno Mexicano); Gaceta Extraordinaria, 7 núms., s.p. 18 de junio a 16 de octubre de 1817.

Gaceta del Gobierno de México, México, del número 1 del 2 de enero de 1810 al número 131 del 29 de septiembre de 1821.

Referencias
[Alamán, 1968]
L. Alamán.
Historia de México.
Jus, (1968),
[Archer, 1985]
Archer, C. I. (1985). Los dineros de la insurgencia 1810-1821. En C. Herrejón Peredo (comp.), Repaso de la Independencia (pp. 39-55). Zamora: El Colegio de Michoacán.
[Bustamante, 1985]
Bustamante, C. M. de (1985). Cuadro histórico de la Revolución Mexicana, México, Comisión Nacional para la celebración del sesquicentenario de la proclamación de la Independencia nacional y del cincuentenario de la Revolución Mexicana, 8 vols.
[Castañón Rodríguez, 1964]
J. Castañón Rodríguez.
Los constituyentes.
Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, Universidad Nacional Autónoma de México, (1964), pp. 10-119
[González, 1963]
El Congreso de Anáhuac,
[Guedea, 1995]
V. Guedea.
Prontuario de los insurgentes.
Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios sobre la Universidad /Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, (1995),
[Guzmán Pérez, 2006]
Guzmán Pérez, M. (2006). Las economías de guerra en la independencia de México, 1810-1821. En M. Guzmán Pérez (coord.), Entre la tradición y la modernidad. Estudios sobre la Independencia (pp. 315-351). Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
[Guzmán Pérez, 2011]
M. Guzmán Pérez.
Publicistas, prensa y publicidad en la Independencia de Hispanoamérica.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, (2011),
[Guzmán Pérez y Sánchez, 2015]
La Constitución de Apatzingán. Historia y legado,
[Hernández y Dávalos, 1887-1882]
Hernández y Dávalos, J. E. (comp.). (1887-1882). Colección de documentos para la historia de la guerra de independencia de México. México: José María Sandoval, Impresor, 6 vols.
[Herrejón Peredo, 1985]
C. Herrejón Peredo.
Los procesos de Morelos.
El Colegio de Michoacán, (1985),
[Herrejón Peredo, 1987]
Herrejón Peredo, C. (comp.) (1987). Morelos. Documentos inéditos de vida revolucionaria. Zamora: El Colegio de Michoacán.
[Herrejón Peredo, 2014a]
Herrejón Peredo, C. (2014a). Autores de la Constitución. En S. Ortiz y Soberanes (coord.), La Constitución de Apatzingán. Edición crítica (1814-2014) (pp. 57-77). México: Universidad Autónoma de Tlaxcala /Universidad Nacional Autónoma de México.
[Herrejón Peredo, 2014b]
Herrejón Peredo, C. (2014b). Circunstancias de la Constitución. En S. Ortiz y Soberanes (coord.), La Constitución de Apatzingán. Edición crítica (1814-2014) (pp. 33-52). México: Universidad Autónoma de Tlaxcala /Universidad Nacional Autónoma de México.
[Herrejón Peredo, 2015]
C. Herrejón Peredo.
La administración de justicia en la insurgencia antes del Supremo Tribunal.
El Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana a 200 años de su instalación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2015), pp. 39-77
[Jiménez Codinach y Franco González Salas, 1987]
E.G. Jiménez Codinach, M.T. Franco González Salas.
Pliegos de la diplomacia insurgente.
Senado de la República, (1987),
[Lemoine Villicaña, 1965]
E. Lemoine Villicaña.
Morelos. Su vida revolucionaria a través de sus escritos y otros documentos de la época.
Universidad Nacional Autónoma de México, (1965),
[Macías, 1973]
A. Macías.
Génesis del gobierno constitucional de México: 1808-1820.
Secretaría de Educación Pública, (1973),
[Martínez Peñaloza, 2000]
M.T. Martínez Peñaloza.
Morelos y el Poder Judicial de la insurgencia mexicana.
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, (2000),
[Mejía Zavala, 2007]
E. Mejía Zavala.
La Junta Subalterna de la insurgencia, 1815-1820. Hacia la conformación de un gobierno representativo. Tesis de maestría.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, (2007),
[Mejía Zavala, 2014a]
Mejía Zavala, E. (2014a). La transición a un gobierno republicano. La Junta Subalterna de la insurgencia (1815-1820). En J. A. Serrano Ortega (coord.), El sexenio absolutista. Los últimos años insurgentes Nueva España (1814-1820) (pp. 347-368). Zamora: El Colegio de Michoacán.
[Mejía Zavala, 2014b]
Mejía Zavala, E. (2014b). Semblanza de los redactores de la Constitución de Apatzingán. En Quórum Legislativo 113 (pp. 99-139) (número especial: Constitución de Apatzingán 200 años).
[Morelos, 1927]
Morelos, J. M. (1927). Morelos Documentos inéditos y poco conocidos. México: Secretaría de Educación Pública, 2 vols.
[Moreno Gutiérrez, 2014]
Moreno Gutiérrez, R. (2014). Dineros armados. Fiscalidad y financiamiento de la insurgencia y la trigarancia. En A. C. Ibarra, M. A. Landavazo, J. Ortiz Escamilla, J. A. Serrano (coords.) (2014). La insurgencia mexicana y la Constitución de Apatzingán 1808-1824 (pp.135-153). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
[Ortiz Escamilla, 2014]
J. Ortiz Escamilla.
Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia de México, 1808-1825.
El Colegio de México /Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, (2014),
[Ortiz Ortiz y Soberanes Fernández, 2014]
Ortiz Ortiz, S. y J. L. Soberanes Fernández (coords.). (2014). La Constitución de Apatzingán. Edición crítica (1814-2014). México: Universidad Autónoma de Tlaxcala /Universidad Nacional Autónoma de México.
[Remolina Roqueñí, 1965]
F. Remolina Roqueñí.
La Constitución de Apatzingán.
Gobierno del Estado de Michoacán, (1965),
[Remolina Roqueñí, 1972]
F. Remolina Roqueñí.
Vigencia y positividad de la constitución de Apatzingán.
Federación Editorial Mexicana, (1972),
[Sánchez Santiró, 2012]
Sánchez Santiró, E. (2012). La irrupción del liberalismo fiscal en Nueva España. La contribución directa general y extraordinaria (1813-1815). En América Latina en la Historia Económica, n. 37, pp. 9-35.
[Sánchez Santiró, 2013]
Sánchez Santiró, E. (2013). Los mecanismos de financiamiento de la contrainsurgencia, 1810-1821. En L. Ludlow (coord.). El sustento económico de las revoluciones de México (pp. 116-121). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
[Saucedo Zarco, 2014]
Saucedo Zarco, C. (2014). La Convención de las Provincias Orientales. En J. A. Serrano Ortega (coord.). El sexenio absolutista. Los últimos años insurgentes Nueva España (1814-1820) (pp. 375-396). Zamora: El Colegio de Michoacán.
[Serrano Ortega, 2007]
J.A. Serrano Ortega.
Igualdad, uniformidad, proporcionalidad. Contribuciones directas y reformas fiscales en México, 1810-1846.
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/El Colegio de Michoacán, (2007),
[Serrano Ortega, 2008]
Serrano Ortega, J. A. (2008). El sistema fiscal insurgente. Nueva España, 1810-1815. En Relaciones, 115, pp. 49-83.
[Serrano Ortega, 2010]
Serrano Ortega, J. A. (2010). Insurgentes y realistas en pos de la igualdad tributaria. Nueva España, 1810-1821. En 20/10 Memoria de las revoluciones de México, 9, pp. 154-165.
[Supremo, 2015]
Supremo.
El Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana a 200 años de su instalación.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, (2015),
[Torre Villar, 1978]
E.de la Torre Villar.
La Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano.
Universidad Nacional Autónoma de México, (1978),

Carlos Herrejón Peredo. Es Licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y Doctor en Historia por L’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Actualmente es profesor-investigador del Centro de Estudios de las Tradiciones de El Colegio de Michoacán y Nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus muchas publicaciones, se cuenta Hidalgo: maestro, párroco e insurgente, México, Fomento Cultural Banamex-Clío, 2011.

La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Guedea (1995 [introducción y notas], p. 531). A principios de 1815 Villaseñor, siendo intendente de Tecpan, presentó su renuncia a la diputación, pero seguramente se le persuadió a que la retirara, pues en junio de 1815 seguía fungiendo: Archivo General de la Nación (AGN), Infidencias, vol. 133, f. 11.

De esto me he ocupado en el capítulo “La administración de justicia en la insurgencia antes del Supremo Tribunal” (Herrejón Peredo, 2015, pp. 39-77).

AGN, Operaciones de Guerra, vol. 942, exp. 244, fs. 338-339.

Martínez Peñaloza (2000, p. 75). AGN, Operaciones de Guerra, vol. 942, exp. 244, fs. 338-339.

Lemoine Villicaña (1965, pp. 520-524). Álvarez ignoraba que Nautla había caído en poder de los realistas desde diciembre de 1814, pero en su lugar la insurgencia, principalmente Guadalupe Victoria, se había instalado en otro portezuelo: Boquilla de Piedra: Alamán (1968, vol. iv, pp. 138-139).

Texto del manifiesto: Lemoine Villicaña (1965, pp. 549-558). Este autor califica el manifiesto como “cima del más avanzado pensamiento revolucionario”. No pensamos así, entre otras cosas, por la distorsión que hace el manifiesto del objetivo de Hidalgo y Morelos, suponiendo equivocadamente que el fidelismo impregnó del todo a todos los próceres de la primera insurgencia.

Combinación de datos de dos documentos: Palacio del Supremo Congreso Mexicano en Puruarán, a 28 de junio de 1815: Museo Nacional de Historia, México, 10-151841. Y nombramiento del primer oficial de la embajada ante los Estados Unidos, Puruarán, 3 de julio de 1815: Herrejón Peredo (1987, p. 361).

En 11 de marzo de 1815, a raíz del nombramiento de José Antonio Ponce de León, diputado por Sonora, a ocupar magistratura en el Supremo Tribunal, se tramitan fondos para que el licenciado Mariano Francisco Ruiz de Castañeda se traslade “a ése”, entendemos al lugar del Congreso: Guedea (1995 [introducción y notas], p. 522).

Jiménez Codinach y Franco González Salas (1987, pp. 398-403). El Poder Ejecutivo trasladó el decreto a Álvarez de Toledo el 15 de julio. Probablemente hasta entonces el mismo Poder publicó el nombramiento de Herrera en documento que ya llevaba el escudo nacional, creado hasta el 3 de julio.

Lemoine Villicaña (1965, pp. 560-561). Publicación por el Ejecutivo, el 14 de julio.

Lemoine Villicaña (1965, pp. 162-163). El saqueo que practicaron las turbas de Hidalgo y otros guerrilleros posteriores no tuvo cabida en Morelos: “siempre se había opuesto a los saqueos”. Sin embargo, “por su orden se embargaban los bienes que se encontraban de europeos o criollos que seguían su partido”.

El Veladero, 10 de enero de 1811: Herrejón Peredo (1987, p. 104). Nueva Ciudad de Guadalupe (Tecpan), 2 de septiembre de 1811: Herrejón Peredo (1987, p. 117). Tixtla, 13 de agosto de 188: Herrejón Peredo (1987, pp. 113-114).

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