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Rev Esp Med Legal 2017;43:166-72 - DOI: 10.1016/j.reml.2017.06.001
ARTÍCULO ESPECIAL
Agresiones a profesionales sanitarios: tratamiento a partir de la reforma del Código Penal de 2015 de las lesiones y las antiguas faltas
Aggression towards healthcare professionals: treatment due to the reform of the spanish penal code of 2015 of injuries and the old faults
Ana Isabel de Juan-Mazuelas, , Carmen Sánchez-Benito, Camino Martínez-León, Mercedes Martínez-León
Área de Medicina Legal y Forense, Universidad de Valladolid, Valladolid, España
Recibido 30 marzo 2017, Aceptado 07 junio 2017
Resumen

Con la entrada en vigor de la reforma del Ordenamiento penal español de julio de 2015 (LO 1/2015, de 1 de julio), el Código Penal vigente desde 1995ha tenido una serie de modificaciones.

Este artículo valora los cambios más representativos que esta reforma ha introducido en las lesiones y otras figuras delictivas anteriormente consideradas «faltas» y ahora «delitos leves». El objetivo es determinar la repercusión de estos cambios en el tratamiento penal y jurisprudencial de las agresiones contra los profesionales sanitarios.

El análisis se realiza desde una triple perspectiva: la doctrina, la normativa penal y la interpretación de la jurisprudencia al juzgar supuestos de agresiones a estos profesionales.

Se concluye que, al menos en cuanto a las lesiones (tanto las consideradas delito, como las antiguas «faltas» ahora «delitos leves»), el maltrato de obra, las injurias leves y las vejaciones, en la práctica se ha rebajado su punición.

Abstract

With the entry into force of the reform of the Spanish penal system of July 2015 (Organic Law 1/2015), the Criminal Code in force since 1995 has had a number of changes.

This article considers the most representative changes that this reform has introduced in injuries and other criminal offenses formerly considered “faults” and now “minor offences”. The objective is to determine the impact of these changes on the criminal and jurisprudential treatment of attacks against health professionals.

The analysis has been made from a triple perspective: the opinion of academic writers, criminal legislation, and the interpretation made by the jurisprudence when judging cases of aggressions to this professional group.

It is concluded that, at least in where it refers to injuries (both those that were considered as a crime, and the old “faults”, now considered “minor offences”), abuse, minor injuries, and humiliations, their punishment, in practice, has been lowered.

Palabras clave
Violencia, Profesionales sanitarios, Agresiones
Keywords
Violence, Healthcare workers, Aggressions
Introducción

El 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma del ordenamiento penal1, introduciendo en el Código Penal diversas modificaciones, algunas de las cuales afectan al tratamiento de las agresiones contra profesionales de la sanidad, especialmente a los que pertenecen al ámbito público (delito de atentado).

Además de las modificaciones introducidas en la regulación del delito de atentado, uno de los cambios más llamativos y de mayor relevancia en el reformado Código Penal es la supresión íntegra del Libro III: las faltas se eliminan. En su lugar, las conductas así tipificadas o bien se derivan hacia la vía administrativa o la vía civil, o pasan a llamarse «delitos leves».

Teniendo en cuenta que los tribunales venían calificando muchas de las agresiones como faltas2–3, ha de concluirse que la reforma en este aspecto es de gran trascendencia.

¿Qué opina la doctrina sobre esto?

González Cussac4 considera que la supresión de las faltas es simplemente «propaganda o publicidad engañosa». Piensa además que las faltas, en realidad, no se han despenalizado porque la mayoría han pasado a ser delitos leves, con lo que, desde su punto de vista, se han penalizado todavía más.

Con esta opinión está de acuerdo Vives Antón5, y también Faraldo Cabana6, quien entiende que no es cierto que las faltas desaparezcan porque la mayoría de ellas han pasado a ser consideradas como delitos leves y menos graves.

Y en cuanto a las faltas contra las personas, Fernández Hernández dice: «el legislador justifica las reformas operadas en este grupo de faltas señalando que “en su mayoría se trata de conductas tipificadas ya como delitos que pueden incluirse cada uno de ellos como subtipo atenuado aplicable a los supuestos en los que las circunstancias del hecho evidencian una menor gravedad”. Y eso es precisamente lo que hace»7.

Dejando a un lado cuestiones generales, lo que nos proponemos analizar es la incidencia de esta innovación en el enjuiciamiento de agresiones al personal sanitario que antes se tipificaban dentro de estas figuras delictivas.

Material y metodología

Este artículo se ha elaborado desde una perspectiva triple:

  • 1.

    La interpretación de la doctrina, a partir de la opinión de una serie de autores que consideramos suficientemente significativa, por sostener posturas diversas en relación con el tema objeto de nuestro estudio.

  • 2.

    La normativa existente y de aplicación al tema, entendiendo por tal: legislación y Codificación Penal, tanto en su redacción de 1995 como la resultante de la reforma penal en vigor a partir del 1 de julio de 2015, la posición de la Jurisprudencia (Juzgados de Instrucción y de lo Penal, Audiencias Provinciales, Tribunal Supremo) al proceder al enjuiciamiento de algunos supuestos sometidos a la jurisdicción penal y que guardan relación con el tema que aquí se analiza, así como documentos emanados de la Fiscalía General del Estado.

Para la obtención de las resoluciones judiciales se han utilizado diversas bases de datos, en especial: Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ), Aranzadi y Tirant lo Blanch.

Las lesiones

Los delitos de lesiones, siguen ubicados en el artículo 147 y lo que cambia es la reducción del límite inferior de la pena de privación de libertad a imponer (de 6 meses a 3 años según el CP 1995; de 3 meses a 3 años en la nueva redacción). Se añade la posibilidad de castigar alternativamente con una multa de 6 a 12 meses, algo que, en la redacción de 1995, solo era aplicable a determinados supuestos.

Continúa requiriéndose una de las cuestiones que ha generado amplia discusión doctrinal antes de la reforma: el requisito de precisar tratamiento médico o quirúrgico posterior, no bastando con una primera asistencia facultativa, ni con el seguimiento de la evolución de las lesiones por un profesional cualificado. En el anteproyecto de ley se consideró la posibilidad de cambiar este criterio, eliminando las referencias a la primera asistencia y al tratamiento médico-quirúrgico, atendiendo únicamente al medio empleado y al resultado producido. Finalmente, no se llevó a efecto esa opción. La razón esgrimida fue que se trataba de un criterio objetivo y aquilatado ya por la Jurisprudencia y que, de sustituirse por el nuevo, favorecería «la aparición de sentencias dispares en supuestos idénticos o semejantes, en atención al órgano judicial del que emanase la resolución»8, con la consiguiente falta de seguridad jurídica.

La exigencia de ese requisito ha llevado a veces a los tribunales a estimar de poca entidad (es decir, como faltas), las lesiones que no van seguidas de tratamiento médico o quirúrgico, a pesar de que su curación requiera 30, 50 o más días y de haber sido estos impeditivos para el trabajo, en todo o en buena parte de ellos, incluso dejando secuelas en ocasiones. Al ser calificadas como faltas se penalizaron con multas de cuantía diversa mientras que daños de entidad menor en cuanto a su persistencia temporal, pero que requirieron algún tipo de tratamiento, fueron considerados como delito de lesiones, lo que supone condena a prisión3.

A todo lo anterior se une la reticencia de los jueces a considerar como ilícitos penales los daños psicológicos, que pocas veces son tenidos en cuenta en sí mismos, a pesar de que puedan acompañarse de graves consecuencias para la víctima9. Es más, a veces ni se valora como tratamiento posterior el tratamiento psicológico y, sobre todo, farmacológico, que estas lesiones psíquicas requieren durante períodos de larga duración, que son, por otra parte, frecuentes en el ámbito sanitario y repercuten indudablemente en el buen funcionamiento de los servicios3.

No obstante, podría percibirse un cambio de tendencia en la actuación de los tribunales a la hora de apreciar tanto los tratamientos de tipo psicológico y farmacológico (Sentencia del Tribunal Supremo 546/2014, de 9 de julio) como lo que se entiende como tratamiento médico quirúrgico (STS 519/2016, de 15 de junio), que considera tratamiento quirúrgico la utilización de puntos de aproximación de los bordes de una herida mediante cinta adhesiva.

Hasta la entrada en vigor de la reforma, la mayoría de las agresiones llevadas a cabo contra los profesionales de la sanidad en las que se producían lesiones, acababan siendo calificadas como faltas3. Ahora este tipo de conductas pasan a ser «delitos leves», como ya hemos señalado.

Así, las lesiones de menor gravedad (las que no requieren tratamiento médico o quirúrgico, que se regulaban en el art. 617.1), se sancionarán con el tipo atenuado del art. 147.2, castigándose con la pena de multa de 1 a 3 meses. En el CP 1995 las penas eran de localización permanente de 6 a 12 días o multa de uno a dos meses. Al contemplarse ahora únicamente la pena de multa, entendemos que se está disminuyendo la punición, puesto que la localización permanente supone una pérdida de libertad que, aunque no suponga reclusión, se considera en general más onerosa que la condena pecuniaria. Así lo afirma la Fiscalía General del Estado en su Circular 3/2015 sobre Régimen Transitorio de la Reforma10.

Estas lesiones de menor gravedad pasan a ser perseguibles mediante necesaria denuncia de la persona agraviada o su representante legal, lo que puede suponer una menor perseguibilidad de muchas conductas, cuya persecución se iniciaba de oficio con anterioridad. Vela Mouriz11, sin embargo, valora positivamente el cambio: «…con ello se evita la situación actual, en la que un parte médico de lesiones de escasa entidad obliga al juez de instrucción a iniciar todo un proceso judicial…».

De la misma opinión son Castro Corredoira y Guinarte Cabada8, así como Rodríguez Lainz12, que coincide básicamente con los postulados defendidos en el Libro Blanco del Ministerio Fiscal del año 2013, presentado el 8 de abril de 201413, donde se recomendaba la supresión de las faltas, en atención a que se estaban empleando demasiados recursos en este tipo de procedimientos, porque muchas de las sentencias finalmente son absolutorias, debido a las deficiencias del material probatorio o por incomparecencias de quien planteó la denuncia o por problemas en la testifical (a causa, entre otros factores, del tiempo transcurrido entre los hechos y la celebración del juicio). Incide aún más en su valoración positiva este autor entendiendo que de este modo serán las víctimas quienes decidan si acudir o no al procedimiento penal, cuando entiendan que la ofensa ha sido suficientemente grave como para ello.

Jaén Vallejo y Perrino Pérez14 consideran además que así se descargará considerablemente la labor del Ministerio Fiscal, especialmente en casos en los que, por perseguirse de oficio, se llegaba al juicio oral sin que hubiera habido denuncia por parte del perjudicado.

Por el contrario, Galdeano Santamaría15 sostiene la posición opuesta. Opina que este requisito es desproporcionado e injustificado, porque lo que se protege es la integridad corporal y este es un bien jurídico indisponible, que no puede dejarse a la voluntad del sujeto pasivo, aunque los daños inferidos sean mínimos.

Para las agresiones no causantes de lesiones, maltrato de obra (antiguo 617.2), se prevé una pena de multa de 1 a 2 meses (Art. 147.3). En la redacción del Código anterior a la reforma la pena era de localización permanente de dos a seis días o multa de diez a treinta días. Como ya hemos señalado al hablar de las lesiones, entendemos que la eliminación de la posibilidad de localización permanente supone en general una disminución en la punición de estas conductas.

Otros ilícitos anteriormente considerados como faltas

Las amenazas y coacciones leves (art. 620 CP de 1995) se tipifican ahora como delitos leves en los artículos 171.7 y 172.3, castigándose con multa de uno a tres meses.

Pérez Rivas16 señala que la conversión de la antigua falta de amenazas en delito leve obedece al interés del legislador, puesto de manifiesto en la Exposición de Motivos, en cuanto a que no queden impunes infracciones merecedoras «de suficiente reproche punitivo como para poder incluirlas en el catálogo de delitos, configurándose en su mayoría como delitos leves castigados con penas de multa». El Consejo Fiscal, en su Informe al Anteproyecto de Reforma del Código Penal17, interesaba por el contrario que se despenalizara esta figura, atendiendo a su escasa trascendencia. Pérez Rivas16 critica que se haya producido un incremento de la punición sin haberse modificado la conducta delictiva. Es de la misma opinión Brage Cerdán18, respecto al incremento de la punición sobre las coacciones leves.

Al igual que las lesiones, todos los delitos leves anteriormente mencionados son perseguibles únicamente si media denuncia de la persona agraviada o su representante legal, aunque ya el CP, en su redacción de 1995, así lo estipulaba.

Las injurias consideradas como delito se contemplan en el artículo 208.2. Las injurias leves y las vejaciones (excepto en lo concerniente a lo que estipula el artículo 173.4, en relación con las personas que determina el art. 173.2), antes contempladas en el art. 620.2 (CP de 1995), y que con tanta frecuencia ocurren en el ámbito sanitario, pasan a considerarse ofensas de carácter privado y la reparación puede exigirse mediante la vía civil o a través de los actos de conciliación, quedando por tanto fuera del ámbito penal.

Hay que hacer notar que la LO 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (que se ha dado en llamar «Ley Mordaza»)19, se refiere a la conveniencia de la despenalización de ciertas faltas, entre las que se encuentran las faltas de respeto a la autoridad. Y la reforma del CP de 2015, de hecho, deriva este tipo de conductas al ámbito del Derecho administrativo sancionador.

Esto puede tener consecuencias en las agresiones al personal sanitario si, como ocurría con el derogado artículo 634 del CP en su redacción de 1995, aunque los funcionarios (y, por tanto, los profesionales de la sanidad pública) están excluidos literalmente de esta infracción, en una lectura extensiva se puedan entender incluidos, como en ocasiones hizo la Jurisprudencia3.

Véase, entre otras, la sentencia que dicta el Juzgado de Instrucción 11 de Valencia (de 14/05/2015) que condenó por falta de desorden público del artículo 634 la actuación violenta de una mujer a una médico pediatra en un centro médico, en enero de 2015. En este caso, la defensa de la acusada en su recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia (sentencia 570/2015, de 27 de julio), combate la decisión del Juzgado entendiendo que ese artículo no es de aplicación a los funcionarios y, por consiguiente, a la facultativa víctima de la agresión.

Sin embargo, en ocasiones las partes intervinientes continúan reclamando la aplicación del artículo 634 (faltas contra el orden público), pese a no estar ya en vigor tras la reforma. Eso ocurre, por ejemplo, en la sentencia 627/2015, de 26 de octubre, dictada por la AP de Granada, al recurrir los acusados la resolución del Juzgado de lo Penal 4 de dicha ciudad (de 24/11/2014), que había tipificado como delito de atentado su agresión a una enfermera en el área de Traumatología de un hospital público. Lo que se solicita en el recurso es que los hechos no sean calificados como constitutivos de delito de atentado sino, en todo caso, como falta contra el orden público del artículo 634.

Resultados y discusión

Pretendemos reflexionar sobre las consecuencias penológicas que la reforma del CP efectuada en el año 2015 supone en los casos de agresión a profesionales de la sanidad.

Partiendo de las opiniones de la doctrina y de las disposiciones del CP, nos interesa comprobar el estado de la cuestión una vez que la reforma ha comenzado a aplicarse por los tribunales.

Estableceremos una visión comparativa de las consecuencias que parecen desprenderse de una lectura literal del Código y lo que se aplica en la realidad.

En general, el CP en su redacción actual ha modificado los límites de las penas pecuniarias a imponer a las figuras delictivas antes consideradas como faltas, excepción hecha del ilícito de lesiones. Las multas se modifican en el límite inferior, pasando a ser de 10 días a 30; el límite superior pasa de 20 días a 90. En las lesiones solo queda afectado el límite superior, que también se eleva de 2 meses a 3 en la actualidad.

Esto quiere decir que, en principio, de la lectura literal del Código, se desprende un incremento punitivo. Una línea de interpretación que, como hemos expuesto, apoyan diversos autores.

Pero a la vista de los resultados, nuestra opinión es diferente. En el caso de las lesiones si, como ya hemos indicado continúa aplicándose con más frecuencia el límite inferior, la penalidad respecto a ellas en principio no cambia pues esa punición no ha sido modificada3. Pero, con la entrada en vigor de la reforma, pueden quedar incluso sin penalizar, por aplicación de las disposiciones transitorias a casos ya juzgados, aunque en fase de recurso.

Dice la disposición transitoria 1.ª: «Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigor de este Código se juzgarán conforme al cuerpo legal y demás leyes penales que se derogan. Una vez entre en vigor el presente Código, si las disposiciones del mismo son más favorables para el reo, se aplicarán estas»1.

Según esto, al aplicarse las disposiciones más favorables al reo, puesto que en el Código de 2015 ya no existen las faltas, alguien que hubiera sido condenado por ellas antes de entrar en vigor la reforma, podría ser absuelto al aplicársele en recurso las disposiciones del nuevo Código, ya que en él no existen esas figuras delictivas y, por consiguiente, si no hay ilícito no puede haber punición.

Ya hay resoluciones judiciales en este sentido como puede verse, entre otras, en la sentencia 509/2015, de 6 de julio, de la AP de Madrid que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del Juzgado de lo Penal 2 de Getafe (de 22/4/2015). El Juez había apreciado delito de atentado y tres faltas de lesiones, en la agresión que el acusado llevó a cabo en un hospital público, contra dos enfermeras y un celador. Por aplicación de las disposiciones transitorias, la Sala deja sin efecto penal las tres faltas de lesiones.

Lo mismo ocurre en la Sentencia 417/2016, de 1/7/2016, de la AP de Murcia, a causa del recurso de apelación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Penal 5 de Murcia (fecha 15/12/2015), en la que se condenaba por delito de atentado y delito leve de lesiones al agresor de un médico en un Centro de Salud. Al estimar las disposiciones transitorias citadas, la Audiencia deja sin efectividad penal el delito leve de lesiones.

Es más, incluso como recoge la disposición transitoria 5.ª, esto puede afectar no solo a resoluciones en fase de recurso sino a sentencias ya firmes, es decir, las que ya no admiten recurso. Por su interés al respecto, reproducimos parte de esta disposición:

«Dichos Jueces o Tribunales procederán a revisar las sentencias firmes y en las que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código. Se exceptúa el supuesto en que este Código contenga para el mismo hecho la previsión alternativa de una pena no privativa de libertad; en tal caso, deberá revisarse la sentencia. […]Tampoco se revisarán las sentencias en que, con arreglo al Código derogado y al nuevo, corresponda, exclusivamente, pena de multa»1.

Esta disposición, por consiguiente, no sería de aplicación a la mayor parte de las antiguas faltas, pues en ambos ordenamientos tienen exclusivamente pena de multa. Pero sí a las faltas de lesiones y a las de maltrato, puesto que para estos ilícitos el Código de 1995 admitía dos tipos de penalización posibles: la pecuniaria y la localización permanente. La nueva redacción reconoce para los delitos leves, incluidas lesiones y malos tratos, únicamente la imposición de multa.

A esto se añade que los delitos de lesiones, como ya hemos anticipado, pueden ser sustituidos en algunos casos por penas pecuniarias y, sobre todo, que las antiguas faltas de lesiones ya no se persiguen de oficio. Al margen de las opiniones de la doctrina que hemos señalado «supra», desde una perspectiva real, en muchas ocasiones no se llegará siquiera al procedimiento penal, por el fenómeno de la «infradenuncia», que diversos autores3,20 señalaban ya incluso cuando estos ilícitos podían ser perseguibles de oficio. Los profesionales víctimas de agresiones no suelen denunciar sino las agresiones graves y sobre todo si se han producido lesiones físicas, pero en mucha menor medida los daños físicos leves y, sobre todo, las agresiones no físicas9.

En este sentido Montero Prego21 considera que si no hay «noticia criminis» no puede haber represión, siendo la denuncia una de las formas más importantes para luchar contra el delito y evitar que los agresores entiendan que sus conductas pueden quedar impunes.

Hay muchos motivos por los que los agredidos no denuncian. Martínez-Jarreta22 destaca los siguientes: problemas de conciencia para llevar al terreno judicial a su paciente, temor a sufrir una victimización secundaria, no sentirse apoyado por la Administración y tener cierta prevención hacia la imagen que puede proyectar de ser un mal profesional incapaz de hacerse respetar por los pacientes. Finalmente, señala esta misma autora que «no sabe si el resultado será tan poco sancionador que no merezca la pena todo lo que conlleva».

Otra de las razones por las que se produce la «infradenuncia», es que los profesionales tenían miedo a denunciar por la posible reacción de los agresores3 y siguen teniéndolo, como se recoge también en la propia jurisprudencia.

Así se dice expresamente en la sentencia 297/2015 del Juzgado de lo Penal 3 de Málaga (de fecha 1/07/2015), que confirma posteriormente la Audiencia de dicha ciudad (sentencia: 120/2016, de 23/02/2016), reconociendo cómo los profesionales sanitarios de un hospital (donde se producían de forma reiterada una serie de actos violentos cometidos por el mismo agresor), habían puesto en conocimiento de la Dirección del Centro «la situación de terror en que han de desarrollar su labor asistencial debido a las amenazas y agresiones físicas que sufren, así como el temor a denunciar por miedo a las represalias».

En este escenario, resulta fácilmente predecible que la exigencia de que el ofendido interponga denuncia va a determinar que el número de agresiones que llegan a los tribunales será aún menor que hasta ahora.

Desde nuestro punto de vista, esta novedad supone una carga extra para la víctima y una disminución de la protección penal contra estos actos violentos. Quizás sería el momento de que Administraciones y empresas se encargaran de denunciar sistemáticamente los incidentes de esta naturaleza que sus empleados les comunican, en cumplimiento de su deber de protección del trabajador. De este modo, la víctima debería únicamente comunicar la agresión a sus superiores.

Además, recordemos cómo agresiones muy frecuentes en el ámbito sanitario (injurias leves y vejaciones) han perdido la protección penal. Y así lo recoge ya la jurisprudencia.

Citemos como ejemplo la sentencia 315/2015, de 3/7/2015, de la AP de Santa Cruz de Tenerife que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra resolución del Juzgado de Instrucción 2 de San Cristóbal de la Laguna (de 30/3/2015), que había estimado como falta de vejaciones la agresión llevada a cabo por dos mujeres contra una enfermera en un hospital público. La Audiencia deja sin efecto la sentencia, por no formar parte ya esa figura del ordenamiento penal.

No es de extrañar que la propia Organización Médica Colegial (OMC) manifieste su crítica al respecto:

«A los médicos se les sigue vejando, se les sigue insultando, y ante ello no se dispone todavía de la protección del Código Penal»23.

En lo referente a las demás faltas (amenazas y coacciones leves), ahora consideradas delitos leves, en principio sí puede apreciarse un incremento en la punición, puesto que, aunque se aplique en su mayoría el límite inferior, este ha aumentado. Sin embargo, el sector sanitario parece no valorarlo así: no faltan manifestaciones de los propios profesionales de la Sanidad en las que opinan que estos ilícitos puedan llegar a salir prácticamente «gratis» al agresor, en el ámbito de la pública pero también de la privada24. Opinión que también manifiesta la OMC:

«La reforma del Código Penal ha dejado un vacío para las agresiones verbales y las amenazas que pueden salir “gratis” al agresor»25.

Bien es verdad que este sentimiento de gratuidad respecto a estos ilícitos puede entenderse mejor si se tiene en cuenta que la reticencia a denunciar que hemos denominado «infradenuncia» afecta sobre todo a aquellas agresiones que no se acompañan de violencia física, como es el caso de este tipo de agresiones verbales.

Por otra parte, el Código Penal mantiene el criterio de la necesidad de tratamiento posterior para que las lesiones sean consideradas delitos (no es el caso de las antiguas faltas, ahora delitos leves).

Nuestra opinión es que se ha perdido una buena oportunidad de eliminar la exigencia de tratamiento médico para considerar delito a las agresiones con resultado de lesión. Este es un criterio que ha generado y genera no pocos problemas interpretativos y que ha sido cuestionado repetidamente. Podría haberse optado por sustituirlo por un sistema similar al de valoración del daño corporal, que evalúe objetivamente la gravedad de las lesiones producidas.

En todo caso, la complejidad del problema exige que las medidas no solo se centren en el endurecimiento de las penas, sino en un abordaje integral en que participen todas las instancias implicadas, porque el recurso al Derecho sancionador, con ser importante, no resuelve por sí solo el problema. Además, el Ordenamiento Penal debiera utilizarse únicamente como «ultima ratio» para buscar solución a los conflictos3,26.

Conclusiones

Frente a la opinión de un amplio sector de la doctrina y de lo que parece desprenderse de la lectura literal del Código, con la reforma del ordenamiento penal de 2015 en la práctica disminuyen las consecuencias penológicas de los ilícitos antes denominados «faltas» (excepción hecha, en principio, de las amenazas y coacciones leves).

Este es el caso de los ilícitos que, como las injurias leves o las vejaciones, pasan a la vía civil, por haber sido expulsadas del ordenamiento punitivo. El poder coercitivo de este ámbito es menor que el del ámbito penal.

Las lesiones (figuras delictivas que llegaban y continúan llegando en mayor número a los tribunales), aumentan el límite superior de la pena pecuniaria a imponer, pero mantienen el mismo nivel inferior, siendo este el que con mayor frecuencia venía siendo aplicado por los tribunales, tónica que parece mantenerse después de la reforma. Por esto, en la práctica, cabe concluir que se impondrán penas de menor gravedad a partir de ahora.

Tal vez hubiera sido deseable que, como figuraba en el Anteproyecto de Ley, se hubiera prescindido de la necesidad de tratamiento médico para apreciar un delito de lesiones. Este criterio ha suscitado numerosos problemas interpretativos y podría haber sido sustituido por otro sistema de evaluación de la gravedad de las lesiones producidas, similar al que se utiliza en la valoración del daño corporal.

Otro problema sustancial se incardina en la obligatoriedad ahora requerida respecto a la denuncia de parte, no siendo perseguibles ya de oficio. La cuestión se agrava al aplicarse las disposiciones transitorias del Código Penal reformado en los supuestos ya juzgados, pero en trámite de recurso (Disposición transitoria 1.ª) e, incluso, a los que ya no admiten recurso por ser firmes (Disposición transitoria 5.ª). Esto puede suponer su despenalización.

Esta necesidad de presentar denuncia para que la agresión sea perseguible va a incidir en un aumento del fenómeno conocido como «infradenuncia». Se está añadiendo un obstáculo más a lo que para muchos profesionales agredidos constituye una decisión difícil: denunciar la agresión. En nuestra opinión, este cambio es negativo, al exigir al afectado una actuación adicional a la que anteriormente se requería. Sería deseable que estas denuncias se interpusieran directamente por parte de la Administración o la empresa (en el ejercicio de su deber genérico de protección al trabajador) y que la persona agredida únicamente debiera comunicar el suceso a estas últimas.

La disminución en la punición se manifiesta también al eliminarse, para los delitos leves de lesiones y maltrato, la posibilidad contemplada en el CP en su redacción de 1995 de que fuera impuesta condena a multa o bien localización permanente, teniendo lo segundo una carga penológica mayor puesto que, en general, suele considerarse más gravosa la limitación de la libertad que las penas de tipo pecuniario.

Esta consideración puede hacerse extensible a los delitos de lesiones, en los que también se contempla la posibilidad de sustituir la condena a prisión por la imposición de una multa, además de rebajarse en esas condenas el límite inferior, que es el que más suelen aplicar los tribunales.

De cualquier forma, la complejidad del problema exige medidas no únicamente centradas en el endurecimiento de las penas: sería deseable un abordaje integral en que participen todas las instancias implicadas. Aunque es importante una respuesta desde el Ordenamiento Jurídico, en todo caso el Derecho Penal debe ser utilizado como «ultima ratio» en la búsqueda de la solución de los conflictos.

Conflicto de intereses

Las autoras declaran no tener ningún conflicto de intereses.

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Autor para correspondencia. (Ana Isabel de Juan-Mazuelas aidjmaz@gmail.com)
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