A mediados de 2012, la revista Avances en Diabetología dedicaba un número extraordinario al análisis de las ventajas potenciales de la insulina aspart en distintos contextos clínicos1. A los firmantes no nos pareció adecuado por diversas razones y creímos útil expresar nuestra opinión en forma de carta al editor2. A poco de verla impresa, tenemos la desagradable experiencia de encontrarnos la repetición aproximada del mismo hecho, en forma de monografía dedicada a linagliptina, en este caso en la revista Endocrinología y Nutrición, órgano de expresión de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. En ambos casos, la diabetes de fondo. Pese a que tomamos buena nota de las consideraciones expuestas por el comité editorial de la revista Avances en Diabetología como respuesta a nuestra carta de protesta3, creemos que vuelven a asistirnos las mismas razones.
Nos sentimos obligados, pues, a retomar el párrafo final de la carta antes mencionada y reescribir: «Otra cuestión que no es menor es el empleo del órgano oficial de una sociedad científica para hacer una monografía de producto patrocinada por su respectiva compañía. Los abajo firmantes pensamos que tal tipo de publicación −legítima, por otra parte− pertenece a la propaganda. El mecanismo de mezclar las actividades de sociedades científicas con los de compañías farmacéuticas no es nuevo. Ahí está la base del patrocinio de los congresos científicos. Y una de las razones de su relativo −pero progresivo− descrédito. Duele, sin embargo, que la misma enfermedad sistémica alcance el corazón de una sociedad científica y a su órgano de expresión. Porque, entonces, mejor que vayamos directamente a inscribirla en el registro de sociedades mercantiles.»
Tras la publicación de nuestra primera carta y de su mencionada respuesta, al ver que a los 6 meses la historia se repite dolorosamente −cimentando un hábito de dudosa calificación−, los abajo firmantes insistimos en cuestionar la publicación de una monografía financiada de un producto dentro del órgano oficial de expresión de una sociedad científica. Creemos y sostenemos que cuando un producto no se analiza en su contexto ni con sus competidores nos aproximamos a la propaganda, sea expresa o subliminal. Y ello no es el concepto que tenemos y defendemos del órgano de expresión de una sociedad científica. Entre otras cosas, porque se presta a interpretaciones extrañas o bastardas, que seguro todos estamos interesados en evitar. Y porque, dada la entidad sociosanitaria del problema en cuestión, el liderazgo que deben ejercer las sociedades científicas y sus órganos oficiales de expresión o está fuera del alcance de toda duda o no será liderazgo alguno. Nos gustaría que nuestra sociedad científica no termine encajando en la triste categoría de pieza adicional dentro de la cadena de consumo.
En lo que respecta de modo concreto al monográfico sobre linagliptina, nos llama además la atención el enfoque propuesto para la monografía: dado que la prevalencia de diabetes es alarmante y ante la frecuente coexistencia de enfermedad renal crónica, se hace particularmente oportuno debatir sobre fármacos hipoglucemiantes adecuados en insuficiencia renal. Parece un escenario planteado ex profeso en el que queremos pensar que de un modo involuntario se minimizan cuestiones cardinales como la valoración coste-eficiencia. Con demasiada frecuencia se atribuye el aumento del gasto sanitario a cuestiones demográficas, obviando que son factores aún más importantes el desarrollo económico del territorio y el aumento del gasto tecnológico (entendido este en el sentido más amplio del término)4. Nos gustaría resaltar a modo de ejemplo que en los 3 primeros trimestres de 2012, en Extremadura se gastaron casi 12,5 millones de euros en hipoglucemiantes –excluyendo insulinas−. De ellos, el 80% corresponden a diferentes presentaciones de fármacos inhibidores de la enzima DPP-IV o análogos de GLP-1, pudiendo afirmar que en los últimos años se ha incrementado el gasto en este campo entre un 200 y 300%. En esta época, en la que comprobamos a diario cómo se ejecutan recortes de partidas presupuestarias incluyendo gastos en personal y prestaciones sanitarias que condicionan en ocasiones la dificultad o imposibilidad de acceso a los servicios, ¿está sustentado en resultados clínicamente relevantes este incremento de esta partida del gasto farmacéutico? Si como sospechamos no es así, ¿qué otros factores han influido en esta modificación de la prescripción?
En este sentido, solo queremos hacer patente que, como en la misma introducción del monográfico se explicita, el estado de bienestar está «en amenaza evidente» y nuestra propia sociedad científica se ha adherido recientemente al manifiesto «Debate ante el riesgo de deterioro irreversible de la Sanidad Pública española»5. ¿Hemos recapacitado si además de ciertas decisiones políticas cuestionables una prescripción insuficientemente fundamentada podría ser cómplice de dicho proceso?