La valoración funcional es uno de los principales ejes de la valoración geriátrica integral, y su importancia radica a nivel individual en que permite identificar estados de enfermedad y de riesgo de eventos adversos, optimizar los planes de cuidados, mejorar la toma de decisiones, controlar los cambios y evaluar los efectos de una intervención, y a nivel general en su utilidad para planificar políticas de salud pública, asignar recursos equitativamente y determinar la población que se puede beneficiar de la atención geriátrica1.

La valoración funcional debe incluir dos grandes dominios: la evaluación de la limitación funcional entendida como la dificultad para realizar tareas motoras individualmente, y la discapacidad entendida como la limitación en el funcionamiento o desempeño de roles sociales definidos y tareas dentro de un entorno físico y sociocultural2,3. Las limitaciones funcionales actúan como «los ladrillos de las actividades»4, ya que son los elementos básicos motores y no motores que permiten desempeñar las funciones complejas del ser humano (movilidad, otros movimientos corporales, aprendizaje, recuerdos, visión, audición y comunicación), aunque no son suficientes por sí solas para explicar toda la funcionalidad puesto que no contemplan la interacción entre individuo y entorno5. Se ha demostrado la importancia de evaluar ambos dominios en la valoración funcional para identificar ancianos en riesgo, caracterizar la progresión hacia la dependencia y comprender los momentos idóneos para instaurar intervenciones eficaces4.

Aunque la relevancia de la valoración funcional en ancianos es incuestionable, no existe unanimidad entre los geriatras españoles en el empleo de las herramientas necesarias, existiendo gran heterogeneidad incluso entre las unidades acreditadas para la docencia posgrado6. Más aún, no existen datos normativos poblacionales en nuestro país de los principales instrumentos empleados7.

El estudio FRADEA es una cohorte concurrente representativa de la población de personas con edad igual o mayor a 70 años de Albacete capital8 entre cuyos objetivos se encontraba el que se presenta en este manuscrito, describir los valores normativos de las principales herramientas habitualmente empleadas en la valoración funcional de personas mayores en España.

De los 993 sujetos que componían la muestra, 212 estaban institucionalizados y recibieron la valoración en su institución correspondiente, mientras que de los 781 que residían en la comunidad, 596 fueron evaluados en el Hospital Perpetuo Socorro y 185 en su domicilio. Las medias y proporciones de las variables sociodemográficas y funcionales con sus valores de dispersión y su intervalo de confianza del 95% se presentan en la tabla 1. Las mujeres presentaron mayor edad media que los hombres y presentaron una mayor tasa de institucionalización. Así mismo, los mayores de 80 años, los institucionalizados y las mujeres presentaron mayor discapacidad y peor rendimiento en todas las pruebas de ejecución analizadas (tabla 1).

Las tablas 2 a 5 presentan los valores normativos de las variables funcionales determinadas en la población global, así como en los subgrupos analizados.

Este es el primer estudio de base poblacional realizado en España que presenta valores normativos de algunos de los cuestionarios de discapacidad y pruebas de ejecución para evaluar limitación funcional más empleados y contrastados en la literatura geriátrica. La relevancia de los datos presentados radica en que permitirá a partir de ahora establecer puntos de corte o valores de referencia para las variables funcionales descritas con una base poblacional. Estos puntos de corte son imprescindibles para diseñar estudios clínicos o epidemiológicos, e incluso para su aplicación en la práctica clínica diaria en nuestro medio.

Nuestro trabajo viene a rellenar un vacío ya descrito por otros autores7,16 dentro de la valoración geriátrica integral, que es la necesidad de tener valores normativos de los tests funcionales que empleamos o emplearemos en nuestra práctica clínica e investigación. Además de los cuestionarios tradicionales Barthel y Lawton, decidimos incluir el SF-LLFDI por ser uno de los pocos cuestionarios que evalúa discapacidad y función, mejorando el efecto techo de los 2 primeros. También nos pareció importante analizar no solo discapacidad, sino también diferentes pruebas de ejecución para valorar la limitación funcional. El cambio de tipología de los ancianos españoles y de los países industrializados, los avances en valoración y la aparición de nuevas poblaciones en riesgo de discapacidad como es el caso de los ancianos frágiles17 hacen cada vez más necesario el uso de estas herramientas que nos ayuden a detectar discapacidad preclínica1, identificar poblaciones en riesgo17 y cribar síndromes geriátricos como la sarcopenia18.

Aunque los valores se describen para la población global, también nos ha parecido relevante presentarlos por subgrupos que puedan ser empleados en diferentes poblaciones y ámbitos. Por ello se describen de manera diferenciada los hombres y mujeres de manera global y por grandes grupos de edad (menores de 80 y con edad igual o mayor a 80 años), así como aquellos que residen en la comunidad frente a los que están institucionalizados. No son sorprendentes pero sí relevantes las enormes diferencias entre los valores de las variables funcionales de estos subgrupos, aunque en el caso de la comparación entre algunos subgrupos los valores deben ser tomados con cautela por el reducido tamaño de los mismos, especialmente en el caso de los sujetos institucionalizados.

Aunque la metodología de recogida de datos fue minuciosa, todos los entrevistadores recibieron entrenamiento específico, y las herramientas empleadas (cuestionarios, cronómetros, dinamómetros) estaban validadas, el principal reto que se plantea con nuestros datos es el garantizar su generalización a la población de mayores española. Para ello, se comparó la cohorte FRADEA con el padrón municipal del INE de 200819 (tabla 6). La población del municipio de Albacete tenía una tasa de personas con edad igual o mayor a 70 años ligeramente inferior a la de España (10,2 frente a 12,5%), pero con una distribución por sexo y grupos de edad (mayores y menores de 80 años) muy similar. Ambas poblaciones estuvieron conformadas por un 60% de mujeres, y una proporción de mayores de 80 años sobre el grupo total de mayores de 70, del 36,7% en España y del 36,9% en Albacete. Al consultar la Encuesta de discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia de 2008 del INE20, en España el 4,7% de aquellos con edad igual o mayor a 70 años tuvieron discapacidad en comer, frente al 5,5% de la cohorte FRADEA. Para la discapacidad en vestirse, los porcentajes fueron 12,1% en España y 12,0% en nuestra cohorte, y para el lavarse, fueron 16,2% y 12,2%, respectivamente. Sin ser idénticos, los datos de ambas poblaciones no presentan diferencias extremas, por lo que con toda la cautela del mundo y siendo necesarios nuevos trabajos en otros ámbitos que lo corroboren, pensamos que los datos de nuestra cohorte podrían ser aplicables en la población española.

Existen pocos trabajos en nuestro medio que permiten contrastar nuestros datos. Un estudio en 55 mayores en Terrassa encontró que la media del TUG en sujetos sin caídas fue de 12,35s, por 15,60s de aquellos con caídas21, mientras que en nuestra cohorte la media fue de 12,7s. En un estudio poblacional transversal sobre 228 mayores de 70 años no institucionalizados de la provincia de Cáceres, la media del índice de Barthel fue 90 puntos y la del índice de Lawton 4 en hombres y 6 en mujeres22, valores no muy lejanos de los de nuestra muestra. En otra cohorte de ancianos con alto nivel funcional de la comunidad en Albacete, la media del TUG fue 9,84s, la fuerza prensora 23,27kg, y Lawton 7,323, que también recuerdan los de nuestra cohorte actual.

Cuando se comparan los valores de nuestra cohorte con los de otras poblaciones internacionales, estos últimos presentan velocidades de marcha más rápidas que los de Albacete, con valores entre 1,07 y 1,18 m/s de media17,24,25, frente a los 0,79 m/s de la nuestra. En el Health, Aging, and Body Composition Study24, se clasificó a los sujetos como de alto riesgo para presentar episodios adversos cuando la velocidad de marcha fue menor o igual a 1 m/s, lo que implicaría que el 75% de nuestra cohorte lo estaría. Así mismo, un reciente consenso europeo propone que los sujetos con velocidad de marcha menor a 0,8 m/s deberían recibir un cribado de sarcopenia. Con estas recomendaciones, el 50% de la cohorte FRADEA debería recibir este cribado18. Más recientemente, un análisis combinado de 9 cohortes con un total de 34.485 mayores de 65 años de la comunidad encontró que el valor de velocidad de marcha que otorgaba la media de supervivencia a 10 años fue 0,8 m/s, mientras que aquellos con velocidad inferior a 0,6 m/s estarían en riesgo26. También los mayores de nuestra cohorte presentaron valores medios de fuerza prensora claramente inferiores a los de cohortes norteamericanas15.

A la hora de presentar los datos de las pruebas de ejecución, se decidió no incluir a los sujetos que no podían realizar la prueba, habitualmente grandes discapacitados, en las medidas de tendencia central o dispersión. La utilidad real de estos tests es identificar dentro de la población autónoma a aquellos sujetos en riesgo de discapacitarse, por lo que la inclusión en las medias o percentiles de sujetos muy discapacitados, casi siempre incapaces de deambular, provocaría un sesgo a la baja en los valores normativos.

Este proyecto ha sido financiado con una ayuda de la fundación FISCAM de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, n° PI2006/42.

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.