En 2003 se aclararon muchos interrogantes farmacéuticos y se inició un entendimiento entre una parte de la industria, la distribución y las oficinas de farmacia, que tuvieron que enfrentarse a la actividad desbordante y poco meditada de la Administración. En el año de la guerra de Irak hubo otras «guerras» en el sector farmacéutico, especialmente las relacionadas con los precios de referencia y las bonificaciones. Pero, ante todo, 2003 es el año en que se cierra un largo ciclo de incertidumbres con las sentencias del Tribunal Constitucional sobre las leyes de ordenación farmacéutica de Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.
El 5 de junio de 2003, el Tribunal Constitucional dicta sentencia acumulando tres recursos interpuestos: dos de ellos por el presidente del Gobierno, frente a la Ley de Atención Farmacéutica de Extremadura y la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha; y otro procedente del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha contra la ley que hizo el ministro Romay en 1996 tras la fenomenal catástrofe que supuso un decreto ley por el que se pidieron miles de farmacias en toda España, y que hubo que arreglar deprisa y corriendo publicando la Ley 16/97. Lo que se discute fundamentalmente es el criterio de transmisibilidad a favor de otros farmacéuticos, y lo que se declara inconstitucional es precisamente la intransmisibilidad que imponían las leyes de Extremadura y Castilla-La Mancha, pero hay algunas otras cuestiones que tienen un tratamiento menos estricto, como la caducidad de las autorizaciones y, sobre todo, la caducidad por edad, siempre que no impidan la transmisión previa. De igual forma, el Tribunal Constitucional aclara definitivamente que no es posible prohibir la cotitularidad, y marca doctrina hacia otras cuestiones del máximo interés, como la interpretación del artículo 35.1 de la Constitución, en el sentido de que éste no garantiza a desarrollar cualquier actividad, sino a elegir libremente profesión y oficio, por lo que la regulación del ejercicio profesional, en cuanto no choque con otros preceptos constitucionales, puede ser hecha por el legislador en los términos en que crea conveniente.
Si han hecho falta casi 7 años para conocer las sentencias del Tribunal Constitucional, quizá hagan falta otros 7 para interpretarlas adecuadamente
Un poco más tarde, el 17 de julio, aparece la sentencia que juzga el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 5/1999 de Ordenación Farmacéutica de Galicia. Declara constitucional la dispensación de fármacos a domicilio para pacientes crónicos que previamente hubieran recibido una dispensación de éste fármaco, en la misma oficina de farmacia, lo que parece estar en contra de otra sentencia dictada posteriormente por el Tribunal de la Unión Europea en el sentido de que solo sería legal la venta de fármacos por correo e Internet en el caso de especialidades publicitarias.
Si han hecho falta casi 7 años para conocer estas sentencias, quizá hagan falta otros 7 para interpretarlas adecuadamente. Entretanto, es probable que surjan nuevas cuestiones en las que se discuta la constitucionalidad de las normas autonómicas, como ha ocurrido en Navarra donde el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma ha planteado una cuestión previa de constitucionalidad sobre los módulos que impuso la Ley Foral de Atención Farmacéutica.
En España, aunque hubo signos de crisis, casi no se notaron sus efectos; tanto es así que la Bolsa acaba con una subida del 28% después de 2 años de bajas ininterrumpidas
De forma mucho más clara, en 2003 también dictó sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor de los módulos de población españoles. Se trataba de una demanda presentada por una farmacéutica murciana que tachaba el sistema de módulos de «medieval» y que atentaba contra la libertad de empresa. Con esta sentencia tiene poco futuro una turbia asociación denominada INDECOF que aparece en escena con finalidades nada claras en momentos en que se discuten otras cuestiones, y cuyo principal objetivo es atacar la limitación de las farmacias y a los propios colegios. Propugna INDECOF una liberalización que cada vez parece alejarse más tras la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, que declara legal la planificación en aras del interés público y el servicio a la sociedad que ofrecen las farmacias en su actual configuración.
Un mundo agitado
La teoría de la guerra preventiva y el eje del mal avanza, por lo que en España nuestro Gobierno se apunta el carro de los vencedores como punta de lanza en la particular guerra que mantiene el presidente Bush con los países díscolos pero que tienen petróleo. El terrorismo de Al Qeda es la gran excusa, sin que los atentados de Casablanca, Arabia Saudí y Estambul parezcan tener nada que ver con Irak, pero se elabora la teoría de la guerra preventiva y se invade fácilmente Irak con pocas bajas. Lo peor habría de venir después, porque aparece una resistencia difícil de dominar, incluso tras la detención de Saddam Hussein y la eliminación de sus temibles hijos Uday y Qusay. La verdad es que la población española se había manifestado mayoritariamente en contra de la postura del Gobierno ante la guerra, pero no lo puso de manifiesto en las elecciones municipales y algunas autonómicas que se celebraron después, con lo que se demuestra que el voto está cada vez más ligado a la economía individual.
En el mundo sanitario se declara una epidemia del llamando SRAS (síndrome respiratorio agudo severo) que moviliza al mundo occidental para defenderse de una enfermedad respiratoria que viene de China pero que se propaga por todo Oriente. La economía no se recupera hasta el final, pero aun así algunos países de la Unión Europea no terminan de despegar, como Francia y Alemania, que piden que se flexibilice el pacto de estabilidad para poder superar la tasa de déficit público impuesta por la entrada en vigor del euro. La economía de Estados Unidos presenta un déficit acusado en sus cuentas públicas, pero a partir de la guerra de Irak el consumo se dispara y aumenta el crecimiento. Las bolsas se recuperan también y, aunque el dólar llega a valer un 25% que el euro, a final de año todo el mundo estima que la crisis económica ha terminado, mientras en España, aunque hubo signos de crisis, casi no se notaron sus efectos; tanto es así que la Bolsa acaba con una subida del 28% después de 2 años de bajas ininterrumpidas.
Precios de referencia
La verdadera guerra del sector farmacéutico estuvo en los precios de referencia. Todo comenzó en Semana Santa, cuando el Partido Popular introduce una enmienda en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la ya tristemente famosa enmienda 161 que acababa con la bonificaciones y diseñaba un sistema de cálculo para los precios de referencia que, si no hubiera sido modificado posteriormente, hubiera terminado con todas las especialidades pediátricas y las de menor precio. Aun con las modificaciones introducidas en la orden que desarrolla la disposición final tercera de la ley, que es en lo que se convirtió la enmienda 161, el panorama que diseña para los medicamentos genéricos es muy triste y augura un crecimiento desbordante de las especialidades no incluidas en el sistema y de las supuestamente innovadoras. En pocas ocasiones la industria --o una parte de ella--, la distribución y las oficinas de farmacias han estado tan unidas y han trabajado por un mismo objetivo como en este año lo han hecho contra el sistema de precios de referencia que trata de imponer el Ministerio; un sistema plagado de errores y despropósitos. Se ha sabido que el sistema se «coció» en círculos políticos, sin contar con los sensatos y experimentados técnicos con que cuenta el Ministerio, y así salió. Durante la tramitación aparecieron tres informes de la FEFE y otros tres informes coincidentes del COF de Valencia, con el respaldo de la Fundación Ciencias Farmacéuticas y de la Naturaleza, que hicieron morder el polvo a los políticos en muchas cuestiones. A estos informes hay que atribuir la retirada de las especialidades pediátricas del sistema y de los medicamentos de precio inferior a 2 euros. Pero en otras muchas cuestiones los informes no fueron atendidos, de modo que finalmente apareció una orden ministerial en octubre que se modificó pocos días después y se adelantó su aplicación en el mismo mes de diciembre.
En pocas ocasiones se han preparado tantos informes contra una disposición legal que, además, sufrió un terrible varapalo en el Consejo Económico y Social, y que incluso el Consejo de Estado se permitió criticar entre líneas. Al final, la orden ha sido recurrida por un grupo de laboratorios, por el COF de Valencia y por ADEFARMA, la asociación empresarial de farmacéuticos madrileños. Pero su entrada en vigor era un hecho el 31 de diciembre, sembrando un terrible desconcierto en las farmacias y en la distribución. El Consejo General de COF, mientras todas las demás instituciones trataban de defenderse, se limitó a señalar errores materiales en los listados y trabajó en la modificación del RD 5/2000, consiguiendo lo que a decir de todos ya estaba conseguido por la intervención del Defensor del Pueblo: evitar la doble imposición en las especialidades de precio superior a 78 euros. En otras cuestiones, los representantes del Consejo General de COF fueron más diligentes, como cuando forzaron una dimisión anunciada y la convocatoria de elecciones, que volvió a ganar ampliamente el equipo de Pedro Capilla, demostrándose una vez más que mientras cada presidente detente un voto las cosas no podrán cambiar.
Se ha sabido que el sistema de precios de referencia se «coció» en círculos políticos, sin contar con los sensatos y experimentados técnicos con que cuenta el Ministerio
Elecciones farmacéuticas
Tiene poco interés para esta crónica decir que Pedro Capilla, el eterno presidente, ante un voto en contra de algunos presidentes por una cuestión nimia, decidió dimitir --eso sí, para volver a presentarse--. Recogió el guante José Enrique Hours, presidente del COF de Madrid, que formó un buen equipo con Francisco Martínez como secretario y la incorporación de personas valiosas, entre las que se encontraba Beatriz Carbonell, antigua contrincante de Joan Duran en Barcelona. Pero pasó lo que tenía que pasar estando vigentes los estatutos de 1957, que la candidatura de Hours obtuvo 19 votos de los 53 presidentes. En última instancia, al aspirante le falló algo que sólo después de muchos años se puede entender: que los farmacéuticos no se movilizan y que los presidentes, en la mayoría de los casos, lo son porque no hay nadie que quiera serlo.
Pasó lo que tenía que pasar estando vigentes los estatutos de 1957, que la candidatura de Hours obtuvo 19 votos de los 53 presidentes
Hay que reconocer que los programas electorales de ambas candidaturas eran razonablemente buenos. ¿Pero quién lee los programas electorales? Y también hay que reconocer que casi un 80% de los farmacéuticos de toda España se quedaron sin enterarse de que había elecciones en el Consejo General de COF (es posible que todavía hayan muchos que no sepan que las hubo, porque pocos presidentes quisieron condicionar su voto convocando asambleas). El hecho es que los estatutos del Consejo General de COF, que se presentaron a la aprobación de los correspondientes ministerios, siguen durmiendo el sueño de los justos, y que aun si se aprobasen, tienen tantas ataduras que nada puede cambiar en la cúpula farmacéutica, por mucho que algunos lo intenten.
Casi un 80% de los farmacéuticos de toda España se quedaron sin enterarse de que había elecciones en el Consejo General de COF (es posible que todavía hayan muchos que no sepan que las hubo porque pocos presidentes quisieron condicionar su voto convocando asambleas)
Aunque el panorama pueda parecer desolador, de vez en cuando un colegio reacciona. Así, en 2003 se forzó la dimisión de Gloria Martínez, presidenta del COF de Asturias, que es sustituida por Lourdes Berguillos tras una asamblea terrible en la que la antigua presidenta trata de expedientar al secretario, Antonio Tienza. Otras reacciones se produce en ADEFARMA, en la que vence ampliamente Antonio López Domínguez tras haberse descubierto algunas irregularidades en la anterior junta. También gana en Murcia la candidatura a la patronal de Miguel Chamorro, sin el consentimiento de su respectivo colegio.
Panorama de disposiciones legales
El año es intensísimo en disposiciones legales de todo tipo, desde las leyes pendientes desde hace años, como el Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud, hasta la Ley de Cohesión y la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en la que se pinta a la profesión farmacéutica muy disminuida de sus tradicionales funciones en otros campos diferentes a la oficina de farmacia o la preparación de medicamentos.
Las dos disposiciones de carácter económico más importantes son, como ya hemos comentado, la orden ministerial de 23 de octubre que aprueba los precios de referencia y que supondrá una caída del mercado de más de 500 millones de euros, y el real decreto por el que se modifica la forma de cálculo de los descuentos en las especialidades de mayor precio, que supone una mejoría de unos 14 millones. Pero éstas no son las únicas disposiciones con trasfondo económico, ya que la gran industria consigue que se apruebe un real decreto de muy difícil cumplimiento, por el que se desarrolla el artículo 100 de la Ley del Medicamento. La finalidad, no declarada, es impedir las exportaciones paralelas al imponer una trazabilidad de todos los lotes por parte de la distribución. Y aún hay otro real decreto que adapta la clasificación anatómica de los medicamentos, que es a juicio de muchos el paso previo para sacar de la financiación muchos fármacos; o las modificaciones introducidas a final de año a través de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para impedir la imposición de visados por parte de las comunidades autónomas, facilitar la dispensación de tratamientos individualizados en las farmacias o preparar la llegada de la receta electrónica.
El año es agobiante en desarrollos legales, por lo que los equipos de asesores de los colegios y de las empresariales se ven desbordados a la hora de hacer alegaciones
Los tratamientos individualizados se convierten en una obsesión por parte de la ministra Ana M. Pastor, que no se arredra por los fracasos de las pruebas piloto realizadas en Extremadura o ante las negativas de los farmacéuticos de Madrid y Valencia a realizarlas. En un plano más técnico, se aprueba una importante orden el 26 de noviembre por la que se modifica el sistema de registro de medicamentos. También aparece un real decreto, muy esperado por un sector que vive desde hace años en una situación alegal, que permite el registro de complementos alimenticios que contienen pequeñas cantidades de vitaminas y minerales. Aquí también el Gobierno, en este caso el Ministerio de Agricultura, se lleva el disgusto de ver cómo el organismo correspondiente de las Naciones Unidas dictamina que no puede llamarse yogur a los productos pasteurizados y, por tanto, con bacilos lácticos muertos. Una disposición largamente esperada es la que aprueba el Formulario Nacional, que produce una enorme insatisfacción por sus grandes limitaciones y, sorprendentemente, no se aprueba ninguna ampliación de la lista de principios activos que pueden formar parte de especialidades publicitarias, como viene siendo tradicional, lo que ocasiona que Rafael García Gutiérrez, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP), llegue a decir que el Gobierno no está interesado en el crecimiento del mercado de especialidades publicitarias por motivos políticos, y para no dar la sensación de que se impulsa el mercado con financiación privada.
Entre las disposiciones de menor rango está la convocatoria de oposiciones para unas plazas de farmacéuticos titulares, algo que sorprende a todos, ya que la función de la mayor parte de estos profesionales han sido transferida a las comunidades autónomas y ocupan plaza en otros cuerpos creados por éstas.
En conjunto, el año es agobiante en desarrollos legales, por lo que los equipos de asesores de los colegios y de las empresariales se ven desbordados a la hora de hacer alegaciones. No hay forma de parar una maquinaria que produce páginas del Boletín Oficial del Estado a mucha más velocidad que la que los interesados pueden asimilar.
Las dos disposiciones de carácter económico más importantes son la orden ministerial de 23 de octubre que aprueba los precios de referencia y que supondrá una caída del mercado de más de 500 millones de euros, y el real decreto por el que se modifica la forma de cálculo de los descuentos en las especialidades de mayor precio, que supone una mejoría de unos 14 millones
Crónica de sociedad
En la sociedad española, ya bastante harta de reality shows, el anuncio de la boda del príncipe Felipe con Letizia Ortiz llena todas la páginas del corazón y es motivo de toma de posturas. A mucho menor nivel, pero también con su morbo correspondiente, son épicas las comparecencias de la comisión de investigación formada en la Asamblea de Madrid con motivo de la espantada de los tránsfugas Tamayo y Sáez, o la moción de censura del alcalde de Marbella, Julián Muñoz, unido sentimentalmente a la tonadillera Isabel Pantoja.
En el sector farmacéutico se produce el relevo de Mariví de la Cuesta como directora general de Farmacia por Fernando García Alonso, que deja su anterior puesto de director de la Agencia Española del Medicamento a Carlos Lens. También se remueven subdirectores de toda la vida como José Felix Olalla, que es sustituido por M. Teresa Millán, o Carmen Abad, que llevaba desde 1987 como subdirectora de productos sanitarios y es sustituida por Concha Grau.
En el ámbito colegial, Javier Climent sustituye a Rafael Borrás en el COF de Valencia, recuperando íntegramente el espíritu de Salvador Ibáñez. En la FEFE se consolida Isabel Vallejo como una magnífica presidenta, con capacidad de diálogo, pero también con una firmeza que no se conocía desde hace años en la federación empresarial.
Los augurios para el nuevo año apuntan a un crecimiento incontenible del gasto al eliminarse los medicamentos genéricos como medida estructural de contención
Junto a este movimiento de personas hay que reseñar la aparición de nuevas instituciones farmacéuticas, comenzando por el Instituto de Estudios Farmacéuticos, que impulsa el COF de Madrid; la Fundación Abbot, que elige como director general a Federico Plaza, o la ya mencionada Fundación de Ciencias Farmacéuticas y de la Naturaleza, que alcanza un gran protagonismo con sus primeros trabajos sobre la orden de precios de referencia y que se presenta en sociedad ante la presencia de la ministra Julia GarcíaValdecasas, que es farmacéutica y había sido nombrada ministra de Administraciones Públicas en la última remodelación del Gobierno de Aznar cuando designa como sucesor a Mariano Rajoy. También inicia su actividad pública ASUSALUD, la primera asociación de consumidores y usuarios del sistema de salud, que preside el farmacéutico almeriense Juan José de Torres, y cuyo director general es el periodista Carlos Nicolás, viejo conocido en el sector farmacéutico tras su prolongada labor en el Departamento de Comunicación de Farmaindustria.
Al ser año impar se celebra en Barcelona el congreso-muestra de especialidades publicitarias Infarma'03. Pero el acto social de mayor trascendencia es el VII Congreso Nacional de Oficinas de Farmacia, organizado por la FEFE y celebrado en Tenerife, al que acude lo más granado de la profesión y un buen plantel de políticos. Su organización, a cargo de Cristóbal Saavedra, con la ayuda de José M. Recalde, Manuel Feria y otros representantes de las empresariales, resulta perfecta. Además, el contenido de sus ponencias supone un giro importante para la farmacia, tanto desde el punto de vista técnico como político.
En 2003 se celebra, además, el 25 aniversario de la Constitución, que coincide precisamente con el 25 aniversario de estas crónicas. Se cierra, pues, un importante ciclo para la farmacia con las sentencias del Tribunal Constitucional, la publicación de leyes que llevaban dormidas muchos años y con una nueva forma de administrar las cuestiones sanitarias impulsada por Ana M. Pastor, en la que el Ministerio de Sanidad y Consumo, que ya parecía abocado al cierre, vuelve a resurgir; aunque en bastantes ocasiones lo haga con precipitación y sin la autoridad de otros tiempos. Sin embargo, otras incógnitas siguen quedando para el futuro, como la regulación de las plantas medicinales o el propio gobierno de la profesión, que no se resolverá ni siquiera con unos estatutos como los que están también dormidos y que, sin cambios, seguirán produciendo una farmacia que se debate entre la autocomplacencia, la burocracia y el servilismo de los poderes públicos, sin que nadie parezca querer remediarlo. Mientras, los augurios para el nuevo año apuntan a un crecimiento incontenible del gasto al eliminarse los medicamentos genéricos como medida estructural de contención, además de la amenaza de nuevas medidas económicas, tan frecuentes después de la toma de posesión de un nuevo Gobierno.
En la sociedad española, ya bastante harta de reality shows, el anuncio de la boda del príncipe Felipe con Letizia Ortiz llena todas las páginas del corazón y es motivo de toma de posturas