La actual elaboración por parte de las facultades de farmacia de sus nuevos planes de estudio para adaptarlos al espacio superior educativo europeo amenaza convertirse en una gran ocasión perdida. Por su propia naturaleza y funcionamiento, las facultades funcionan como institutos de investigación de ciencias químicas y biológicas más que como facultades donde se forma a los futuros farmacéuticos. El proceso de selección y promoción del profesorado y la competencia entre departamentos hace que tomen la delantera las materias más científicas en detrimento de las que más interés tienen para los profesionales. Un profesor sólo llega a serlo tras demostrar que es un investigador relevante en su área de conocimiento, capaz de causar impactos en la comunidad científica y de publicar en las más prestigiosas revistas internacionales. El problema es que la propia naturaleza de las materias que más interés práctico tienen para la profesión dificulta disponer del currículo que abre las puertas a la docencia. Las asignaturas más útiles para los profesionales, sea en la farmacia, en el hospital o en los departamentos de galénica de los laboratorios, no pueden competir, según los criterios universitarios, con las asignaturas de las ciencias básicas, como la química orgánica, la biología molecular o la fisicoquímica.
El resultado es inquietante: envejecimiento de la plantilla de profesores en los departamentos de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, presencia minoritaria de estos en los órganos de gobierno de las facultades de farmacia, dificultad en la realización de tesis doctorales al considerar que no se adecuan a los criterios de excelencia científica, reducción de la oferta de materias de interés para los profesionales (legislación, gestión, farmacia clínica, atención farmacéutica, formulación, dermofarmacia, productos sanitarios, historia, deontología, tecnología).
Las pocas asignaturas de interés prioritario para los profesionales que se salvan en las facultades de farmacia lo consiguen por imposición de la directiva europea pues, de no existir la obligación legal de impartirlas, acaso desaparecerían incluso las prácticas tuteladas o se propondría realizarlas también en industrias e institutos de investigación.
J. Esteva de Sagrera Director