En noviembre de 2001, importantes líderes políticos del mundo firmaron la Declaración de Doha, un compromiso que supone un importante paso adelante en el conflicto entre los derechos de las patentes de los fármacos y los derechos de los enfermos de los países pobres. Según ese histórico acuerdo, en caso de conflicto de intereses, los países en desarrollo pueden anteponer la salud de las personas a los beneficios económicos de las empresas. Han transcurrido 5 años desde un acuerdo que hizo concebir muchas esperanzas, pero que no está siendo aplicado en la práctica y que se ha convertido en papel mojado. En este sentido, poco o nada se ha avanzado, a pesar de que en la Declaración de Doha se afirma que los países en desarrollo pueden anteponer las garantías de salud pública a las reglas de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio para asegurar a su población el acceso a medicamentos genéricos más baratos.
El problema consiste en que las declaraciones, protocolos y convenios internacionales de nada sirven ni pueden aplicarse sin la voluntad política de articular medidas que permitan su desarrollo, y los países ricos, en la práctica, adoptan medidas que vulneran el espíritu de la Declaración de Doha e impiden que ésta se traduzca en acciones concretas. Desde 2001, la situación ha empeorado para las personas enfermas en los países en desarrollo: más de 4 millones de personas se contagiaron en 2005 de sida, una enfermedad en la que el 74% de los medicamentos está controlado por monopolios, por lo que el 77% de los africanos no tiene acceso a un tratamiento eficaz.
Estados Unidos presiona a los países pobres para que acepten reglas más estrictas sobre la propiedad intelectual, en beneficio de las compañías farmacéuticas innovadoras, lo que se traduce en un menor consumo de medicamentos genéricos, más baratos. La presión ejercida para limitar el consumo de genéricos y conservar los derechos de la patente conduce a subidas de precio espectaculares, que no pueden ser asumidas por los sistemas de seguridad social ni por la mayoría de la población.
Varias asociaciones de enfermos de cáncer de la India utilizaron las leyes nacionales de propiedad intelectual para frenar el intento de una compañía farmacéutica de patentar un novedoso anticancerígeno. Esta iniciativa permitió a las empresas indias seguir produciendo un medicamento genérico que cuesta 2.700 dólares por paciente y año, frente a los 27.000 dólares por paciente y año del medicamento patentado. El asunto está en los tribunales y un fallo favorable a la compañía farmacéutica supondría un importante aumento de precio de la medicación anticancerosa en la India.
Acaso la política no tenga otra función que levantar puentes entre las partes en conflicto, llegar a acuerdos entre ricos y pobres, fabricantes, consumidores y gobiernos, para conseguir un pacto que evite la ruptura social y la confrontación entre países en función de su desarrollo. Los derechos de las compañías han de ser conciliados con los de los enfermos de los países pobres. Que esto sea todavía una quimera muestra el lado poco amable de la farmacia, el gran atraso en que ésta se encuentra desde un punto de vista global y desde una perspectiva política. *