La farmacia latina tiene muchas virtudes, pero también importantes defectos. Entre las virtudes, cabe destacar el enfoque sanitario de la profesión y la garantía que representa el que todos los medicamentos sean dispensados en las farmacias y ninguno salga del circuito sanitario. La planificación realizada por las administraciones competentes convierte a las farmacias en establecimientos que colaboran en el ejercicio del derecho a la salud recogido en la Constitución española. Pero los defectos deslucen este panorama que en principio parece magnífico. El principal defecto es el intervencionismo excesivo, las dificultades puestas a la adquisición, traslado, transmisión y funcionamiento de las farmacias, así como las trabas a su crecimiento y expansión. La propiedad está estrictamente limitada a una farmacia, y la exigencia de la presencia del farmacéutico le ubica en su farmacia, una farmacia que no puede ampliar, fusionar ni expandir. Las normativas autonómicas han incrementado la rigidez y la inflexibilidad de una profesión intervenida en exceso, hasta el punto de que la iniciativa de los profesionales queda inhibida y desalentada.
Los países latinos, a pesar de su fama de individualistas y anárquicos, son reglamentaristas, mucho más que los anglosajones. Compárese nuestra Constitución con la británica, nuestra normativa farmacéutica con la suya, nuestro sistema judicial con el de ellos. Es fácil que un latino, a la que ocupa un cargo, dicte un minucioso reglamento, aunque a veces no se preocupe de su cumplimiento. Se acumulan disposiciones, reglamentos, contraviniendo la ley de oro del derecho administrativo, la que dice que deben dictarse el menor número de normas para regular un sector, no las máximas. Así nuestro sistema judicial está colapsado, la universidad languidece en un océano de minucias burocráticas y la farmacia queda maniatada, sin margen de maniobra. Ninguna ley de ordenación farmacéutica autonómica ha escapado a esta maldición, y todas son intervencionistas en exceso, aunque muchos están tan acostumbrados al intervencionismo que ni siquiera imaginan un panorama menos asfixiante. Cada solución que se propone aumenta la intervención y disminuye el componente liberal de la profesión, que casi ha desaparecido ahogado en un mar de reglamentos y prohibiciones.
La única ley de ordenación farmacéutica que se proclama liberal, la navarra, es otro mal ejemplo, pues lejos de estimular a las farmacias, las colapsa. La normativa sobre farmacias debiera combinar las garantías sanitarias con el estímulo empresarial, el fomento de la iniciativa, la competitividad y la eficiencia, como sucede con los laboratorios o los distribuidores. ¿Por qué la farmacias han de permanecer en una especie de limbo, al margen de la realidad del mercado y ajenas a los estímulos y motivaciones del resto de sectores? Se corre el riesgo de involución y parálisis, por culpa de una telaraña de normas innecesarias. Hace falta luz, y abrir las ventanas.