La respuesta del sector ante el Real Decreto-Ley 4/2010 de racionalización del gasto público en medicamentos no se ha hecho esperar. Las medidas de contención recogidas en este texto han logrado poner de acuerdo a distintas patronales, unidas por la inquietud y la preocupación. Las conclusiones de su análisis sobre el impacto del decreto no son nada halagüeñas.
No resolverá problemas presupuestarios, destruirá tejido industrial, incrementará el paro en todo el sector y deteriorará el servicio prestado a los ciudadanos. Esto es lo que tanto para la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) como para la Federación Nacional de Oficinas de Farmacia (FENOFAR) conseguirá el RDL 4/2010.
A juicio de FENOFAR, Sanidad se ha precipitado con la aprobación de la norma, queriendo reducir a toda costa la factura sanitaria y en 1.500 millones de euros, sin tomar en consideración las propuestas que el propio sector le había trasladado.
«La experiencia del RD 5/2000, carente de medidas de carácter estructural, como el actual RDL 4/2010, debería haber hecho reflexionar sobre la inutilidad, incluso a corto plazo, de actuar sobre los precios de los medicamentos y de aumentar las contribuciones del sector», se apunta desde esta patronal.
UN HORIZONTE INCIERTO
Las conclusiones derivadas del análisis llevado a cabo por las distintas federaciones sobre el futuro impacto estatal de este RDL son más bien lúgubres. Los estudios realizados tanto por FEFE como por FENOFAR concluyen que las pérdidas de beneficio bruto afectarán a todas las farmacias en una cantidad muy superior a las mejoras conseguidas con la revisión de las escalas, la modificación del margen fijo de los medicamentos de mayor precio o la unificación de las escalas de deducción que se realizan a distintos colectivos.
Además, según FEFE, a estas pérdidas habrá que sumar las originadas por la imposibilidad de llevar a cabo una mejor gestión de compra de los genéricos.
Los cálculos realizados por FENOFAR concluyen que el ahorro previsto supondrá una reducción en las ventas de 68.181 euros y una reducción del margen bruto de 19.000 euros que, en términos generales, es el 80% del coste de un empleado. «Están en peligro 17.600 empleos en el sector de oficinas de farmacia», afirman.
Este dato no se aleja del manejado por FEFE tras el estudio realizado por su Observatorio del Medicamento, desde donde también se apunta que «se producirán pérdidas mensuales que equivalen al coste laboral de entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo». Desde este Observatorio se señala que «esto no sucedería si en lugar de actuar sobre la oferta se hubiese actuado sobre la demanda». De hecho, según este organismo, en el mes de febrero se produjo una importante contención del gasto debido, fundamentalmente, al descenso del crecimiento en el número de recetas, «lo que demuestra la efectividad de las actuaciones sobre la demanda», se afirma.
LOS CÁLCULOS DE FENOFAR CONCLUYEN QUE EL AHORRO PREVISTO SUPONDRÁ UNA REDUCCIÓN EN LAS VENTAS DE 68.181 EUROS y UNA REDUCCIÓN DEL MARGEN BRUTO DE 19.000 EUROS QUE, EN TÉRMINOS GENERALES, ES EL 80% DEL COSTE DE UN EMPLEADO
PEOR SERVICIO
Por otro lado, estas organizaciones denuncian que la nueva norma conculca el derecho a la libre elección de farmacia por parte de los ciudadanos, al crear nuevos espacios de dispensación en las farmacias de hospital para medicamentos que precisen visado. «Esto abre la puerta a que los pacientes, para que se les dispense su medicación, deban acudir a los hospitales, de manera que no gozarán de la misma accesibilidad al medicamento que ofrecen las farmacias», se añade desde FENOFAR.
Según FEFE, esto, sumado al hecho de que se limita la gestión de compras y, en algunos tramos de deducción, se dispensará a pérdidas en las oficinas de farmacia, implicará «un grave deterioro del servicio, dificultará el mantenimiento de las guardias y tener stock suficiente para satisfacer las demandas de los ciudadanos».
Sin olvidar, según apuntó FENOFAR, el riesgo añadido de que «es más que probable que desaparezcan determinados medicamentos del mercado español y tengan que ser importados, con un incremento de precio».
Ambas patronales coinciden en que este nuevo panorama rompe la trayectoria defendida por España en la Unión Europea y atenta contra las características de cercanía y excelente servicio de las farmacias españolas. «El perjuicio a los ciudadanos está asegurado, ya que tendrán que acceder a determinados medicamentos en condiciones muy diferentes a las actuales», insisten desde FENOFAR.
ACCIONES DE PROTESTA
FEFE celebró recientemente con carácter de urgencia una asamblea general extraordinaria en la que se acordó presentar una queja al Defensor del Pueblo para que solicite recurso de amparo por la conculcación de los derechos fundamentales del RDL 4/2010.
Asimismo, decidió canalizar recursos ante los Tribunales Superiores de Justicia en todas las comunidades autónomas sobre la constitucionalidad del RDL, a los que se podrán adherir aquellos farmacéuticos que se consideren afectados.
Paralelamente, promoverá la puesta en marcha de distintas campañas de información dirigidas a los farmacéuticos y a las asociaciones de consumidores, usuarios y pacientes.
Para FENOFAR, «lo que hay que hacer es cumplir con la Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobada hace sólo cuatro años y todavía no desarrollada en muchos puntos, y eliminar la táctica de los decretos que, como el RD 5/2000, están llevando a la ruina a las farmacias».
La Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC) también ha emprendido acciones reivindicativas, entre las cuales destacan la remisión a la consejera de Sanidad catalana, Marina Geli, y al secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, de unas 1.600 de cartas firmadas
por otros tantos farmacéuticos titulares catalanes en demanda de apoyo. Los sindicatos CCOO de Cataluña, UGT Cataluña y la Asociación Sindical de Auxiliares, Técnicos y Empleados de Farmacia de Barcelona (Asatef), se han sumado a esta reivindicaciones.
LA NUEVA NORMA CONCULCA, SEGÚN LAS PATRONALES, EL DERECHO A LA LIBRE ELECCIÓN DE FARMACIA POR PARTE DE LOS CIUDADANOS, AL CREAR NUEVOS ESPACIOS DE DISPENSACIÓN EN LAS FARMACIAS DE HOSPITAL PARA MEDICAMENTOS QUE PRECISAN VISADO
GENÉRICOS
Por otro lado, el presidente de la patronal de fabricantes de medicamentos genéricos en España, AESEG, Raúl Díaz-Varela, también comparte el pronóstico de FEFE y FENOFAR respecto al futuro del sector. Para Díaz-Varela «la sostenibilidad que plantea Sanidad no es en absoluto sostenible».
Según datos de AESEG, desde el año 2004, los precios de los medicamentos genéricos están bajando entre un 10% y un 15% anual, lo que implica tener que vender muchas más unidades para compensar esta bajada. Según Díaz-Varela, «sobre los 1.500 millones de euros anunciados de recorte por Sanidad, el impacto de los genéricos es superior a los 600 millones (un 40%), lo que manifiesta la inequidad de la medida, máxime cuando este sector representa menos de un 10% del mercado total farmacéutico».
Además, Díaz-Varela insiste en el riesgo de pérdidas de puestos de trabajo. «Estas medidas supondrán un duro golpe para todo el sector, que puede llegar a perder hasta 2.000 empleos y casi la mitad de su facturación anual».
Un informe a nivel internacional publicado recientemente por la consultora IMS Health confirma el papel de los genéricos en la contención del gasto. Este informe muestra que estos medicamentos han producido en Europa unos ahorros de más de 30 billones de euros anuales, y con la ampliación a los mercados de la UE esta cifra podría duplicarse.
En España, según AESEG, a pesar de su baja penetración en el mercado (menos de un 10%), durante los últimos 10 años estos medicamentos han supuesto ya un ahorro de 10.500 millones de euros para el SNS.
Según la consultora IMS, impedir el desarrollo correcto del mercado de genéricos podría traer consecuencias muy graves tanto para los pacientes, gobiernos y contribuyentes como para los fabricantes y proveedores del sector.
EL PRESIDENTE DE FEFE COMPARECIÓ EN LA SUBCOMISIÓN DEL PACTO DE ESTADO POR LA SANIDAD DEL CONGRESO
Fernando Redondo, presidente de FEFE.
El pasado 13 de abril, justo un día antes de que el Parlamento convalidara el Real Decreto-ley 4/2010, el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, Fernando Redondo, compareció en la Subcomisión del Pacto de Estado por la Sanidad del Congreso de los Diputados para hacer un análisis de la sostenibilidad del actual SnS, ofreciendo datos sobre el sector de oficinas de farmacia, comentando el impacto que sobre él tendría el nuevo decreto y proponiendo medidas alternativas. El nuevo texto legal fue, pese al notable esfuerzo de la patronal, finalmente aprobado, pero sus propuestas quedan sobre el tapete. En su comparecencia Redondo abogó, en síntesis, por:
Que se utilicen cada vez más los genéricos: cada punto de aumento en la cuota de mercado de éstos supone 50 millones de euros de ahorro.
Que se controlen más las recetas duplicadas y las que no toman los pacientes llevando un control de incumplimientos de tratamientos. Tan solo un 3% de reducción supone la enorme cantidad de 25 millones de recetas menos, que a 14 euros por receta, arrojan un total de 300 millones de euros.
Que se reflexione sobre la utilidad de financiar medicamentos para síntomas menores que no requieran prescripción médica.
Y que se baje el IVA de los medicamentos, ya que es un IvA que paga fundamentalmente la Administración y requiere presupuestar más para pagarlo.
SEFAC, CONTRA EL ECONOMICISMO EN LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL GASTO
La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) ha criticado, por su parte, en un comunicado, que el RDl 4/2010 básicamente incluya medidas economicistas y centradas en la disminución de los precios de los medicamentos (los más bajos de Europa, junto con Grecia y Portugal) y en las deducciones a los ingresos de las oficinas de farmacia, cuya única forma de remuneración se basa en un margen sobre los precios de los medicamentos. Rechaza también la reserva que se atribuye Sanidad en el RDl para poder limitar la dispensación de determinados fármacos a los pacientes no hospitalizados en los servicios de Farmacia de los hospitales «incumpliendo incluso el camino marcado por sentencias del Supremo que demandan la existencia de razones sanitarias objetivas para ello».
Según esta sociedad, «la universalidad del sistema sanitario es uno de los pilares básicos del estado del bienestar y mantener la red sanitaria capilar que constituyen las farmacias fomentando la calidad en la prestación farmacéutica tiene un coste. Ahorrar a costa de quien hace posible esta prestación (las oficinas de farmacia) tiene consecuencias que sin lugar a dudas dificultarán el desarrollo de servicios profesionales de calidad, porque entorpecerán desde la inversión en equipos que puedan prestar adecuadamente esos servicios hasta incluso la disponibilidad de los medicamentos». SEFAC también ha lamentado que la nueva norma suponga «un serio escollo para el impulso, necesario hoy más que nunca, de una auténtica carrera profesional en la farmacia comunitaria, que permitiría profundizar en el camino hacia una farmacia realmente asistencial y centrada en la prestación de servicios farmacéuticos orientados al paciente». Finalmente, la sociedad conminó a la Administración Sanitaria a «estudiar otras opciones de remuneración complementarias para los farmacéuticos comunitarios, no sólo para poder mantener la actual red farmacéutica sanitaria, sino también para incentivar la necesaria implantación generalizada de nuevos servicios destinados a fomentar el uso adecuado del medicamento, como sucede en Inglaterra, Australia o Canadá y solicitó que reserve para la dispensación a criterio del farmacéutico, y sin posibilidad de publicidad, determinados medicamentos que no están sujetos a prescripción médica. «Esta categoría intermedia es especialmente necesaria en el caso de moléculas que han estado tradicionalmente ligadas a prescripción y recientemente han pasado, o en el futuro próximo van a pasar, a no necesitarla», aseguró la sociedad en un comunicado.
PROPUESTAS DE LA INDUSTRIA DE GENÉRICOS
Entre las medidas remitidas a Sanidad desde AESEG para promover la sostenibilidad del SNS figuran:
La solicitud de que la rebaja lineal de precio aplicada más los descuentos permitidos no excedan en ningún caso del 25%, dejando al criterio de la Administración la distribución de estos dos conceptos, frente al 35% teóricamente propuesto.
La necesidad de eliminar el concepto del cálculo de precios, basado en el coste/ tratamiento día¿?, calculados en función de la dosis diaria definida en el actual sistema de precios de referencia.
Asegurar que los productos que marquen el precio de referencia estén comercializados y/o representen una mínima cuota de participación que garantice un mínimo abastecimiento y el normal funcionamiento de la cadena de distribución.
Mantener el umbral mínimo de precios de referencia en 3,12 euros tal y como estaba establecido actualmente.
Por último, impulsar medidas que incentiven la prescripción del medicamento genérico para alcanzar una cuota mínima de mercado del 50%.
