Parecía que la noticia de este verano no podía ser otra que la aprobación de la nueva Ley del Medicamento, centrada en la serie de procedimientos administrativos que garantizan que los usuarios dispongan de medicamentos seguros, eficaces, de calidad y correctamente identificados. Ha sido una ley que ha seguido un camino azaroso, el más complicado de la actual legislatura, y que ha mostrado una vez más el disenso absoluto entre el gobierno y la oposición, e incluso entre las dos cámaras. El Congreso, controlado por el PSOE, ha impuesto su anteproyecto sin atender las enmiendas del PP, que consiguió aprobarlas en el Senado, donde el PSOE carece de mayoría. Pero como el Senado es una figura poco menos que decorativa y sus enmiendas no vinculan al Congreso, éste hizo caso omiso de las enmiendas que el PP introdujo en el Senado y restableció el texto original. Es una ley con varios puntos discutibles, que durante su larga tramitación ha corregido sus mayores desaciertos y que posiblemente contentará a muy pocos, lo que quizá la convierta en una buena ley, por aquello de que el mejor trato es el que deja insatisfechas a las partes, lo que quiere decir que se llegó a un término medio en el que nadie impuso por completo su criterio.
Julio de 2006, que debía ser el mes de la aprobación de la nueva Ley del Medicamento, se ha convertido en un mes de vértigo, en un mes caliente para la farmacia española, como consecuencia de la intervención de la Comisión Europea exigiendo al gobierno español una nueva legislación sobre farmacias que suponga una liberalización del modelo actual. Los cambios producidos en Portugal e Italia dejan a España como única representante del modelo mediterráneo y el vértigo se apodera de los farmacéuticos: está en litigio la exclusividad en la venta de EFP, la unión de la titularidad con la propiedad, la planificación por habitantes y distancias y la prohibición de tener más de una farmacia. Si todo eso aconteciera, la Unión Europea habrá asestado la estocada mortal a un modelo que funciona bien en nuestro país y que no exigía cambos semejantes por parte de los usuarios ni de las administraciones.
Habrá que estar a la espera de los acontecimientos, pero está claro que hará falta pragmatismo, imaginación e incluso audacia a raudales para reconducir los cambios de modo que no se vean gravemente perjudicados los usuarios y los profesionales. Acaso una página se está cerrando y esté naciendo un nuevo escenario. En él, si se confirmase el cambio, disminuirá el enfoque colectivo de la profesión para primar el individual y cada farmacéutico habrá de afrontar en solitario la incertidumbre y dispondrá de dos posibilidades hasta ahora bastante improbables: enriquecerse o arruinarse.
J. Esteva de Sagrera