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Vol. 24. Núm. 9.
Páginas 26-27 (Octubre 2005)
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El reto de la farmacia española ante la polémica Ley del Medicamento
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Fernando Paredes Salido
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El anteproyecto de la nueva Ley del Medicamento, que ha presentado recientemente el Gobierno para adaptarla a la nueva legislación europea, me lleva a las siguientes consideraciones. En primer lugar, supone un claro menosprecio a la profesionalidad del farmacéutico, universitario legalmente capacitado para la dispensación del medicamento y elaborador oficinal de éste, ya que la Administración ha omitido, de manera desdeñosa, su participación, así como la de sus órganos de representación desde las fases iniciales de la redacción del anteproyecto, lo que es intolerable, pues el medicamento es la razón de la existencia del farmacéutico y la clave de su labor profesional. No ha habido diálogo, cosa que aún se puede subsanar con buena voluntad y talante por parte de nuestros gobernantes.

Se observa que en el citado documento no se valora en absoluto a la profesión farmacéutica, a pesar de los grandes esfuerzos que ha realizado en los últimos años en campos como la atención farmacéutica, las inversiones en tecnología informática, en formulación magistral y en receta electrónica, que representan un considerable impulso a la sanidad española y al servicio de los ciudadanos, colocando la atención personalizada de nuestra farmacia en uno de los primeros lugares del mundo, junto a la red de distribución y alarmas, altamente competitiva.

Por otra parte, una figura consolidada por el prestigio y los conocimientos del boticario, como es la sustitución de los medicamentos, se ve limitada exclusivamente a los casos de urgente necesidad, lo que supondrá tener que disponer de un elevado stock de especialidades, hecho que muchas oficinas de farmacia no podrán soportar, pues implicará disponer de todas las presentaciones de una misma forma farmacéutica y de dosis existentes en el mercado, aun siendo galénica y farmacológicamente iguales.

El anteproyecto fomenta, además, la desconfianza del paciente hacia el farmacéutico, al tener que firmar su conformidad a la sustitución.

Esto supone dar una bofetada simbólica al colectivo farmacéutico, con un desprecio absoluto de sus conocimientos y aptitudes, relegándolo a un papel que pasa de dispensadores del medicamento a meros despachadores de éste.

Por otra parte, entiendo que la eliminación de los precios del cartonaje de los medicamentos o la aparición de nombres de fantasía para las especialidades genéricas (EFG) no viene sino a confundir aún más al usuario y a inducir su desconfianza con relación al cobro del precio justo de un bien de primera necesidad como es el medicamento.

No se valora en absoluto a la profesión farmacéutica, a pesar de los grandes esfuerzos que ha realizado en los últimos años en campos como la atención farmacéutica, las inversiones en tecnología informática, en formulación magistral y en receta electrónica

Pero lo que me parece demencial es la prohibición de las bonificaciones, una práctica comercial comúnmente admitida que no hay que entender como un descuento, que prima el hecho de que favorezca el consumo de un determinado medicamento. Esta medida sólo puede contemplarse en el marco de una política de acoso y derribo hacia el farmacéutico, pensando erróneamente que se lucra en demasía. Además, representa un agravio comparativo con relación a otros empresarios, a los que sí se les permite esta práctica e incluso se la fomenta.

Da la sensación, como afirma Alfonso Pedrosa en la revista Farmacéuticos del Sur, que «para la Administración, los farmacéuticos seguirán siendo los tenderos necesarios de la prestación pública de medicamentos, por mucho que a la letra over the counter le pongan música sinfónica de atención farmacéutica».

Por otra parte, se contempla una rebaja del precio del 20% para los fármacos con más de 10 años en el mercado que no cuenten con EFG. Todo esto unido a la trazabilidad o control total de los medicamentos, desde que se fabrican hasta que llegan al paciente, con la excusa de evitar el desabastecimiento, dan pie a la instalación del precio libre por parte de la industria, que irá acompañada de más declaraciones burocráticas de existencias por parte de almacenes y de oficinas de farmacia, lo que viene a restar tiempo a la labor de atención al paciente. De esta manera se está atacando indirectamente al modélico sistema cooperativo de distribución farmacéutica, propiciando la entrada de operadores logísticos ajenos al sector, o aliados de las potentes multinacionales, que no actuarían con los mismos criterios de solidaridad interna que privan en el sistema actual.

El anteproyecto ignora las demandas de los fabricantes de especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP) y deja al sector en la misma situación que la ley anterior. En opinión de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP), se deben aprobar las «marcas paraguas» o fármacos de prescripción que puedan dispensarse también como medicamentos sin receta para síntomas y dolencias leves, lo que permitiría al sistema sanitario ahorrar hasta 227 millones de euros.

Con todas estas premisas, entiendo que se debilita el modelo de oficina de farmacia tradicional, al tiempo que no se aborda la prohibición de la venta de medicamentos a través de internet; como tampoco se toca la situación de los medicamentos de uso veterinario, vendidos sin control a cooperativas, tiendas de animales, o directamente a los profesionales del sector.

En suma, el texto del anteproyecto se deduce un panorama ciertamente no muy esperanzador en el futuro inmediato, al que los farmacéuticos deberemos hacer frente con todas nuestras fuerzas, con las armas de la unión, la profesionalidad y el coraje.

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