La noticia de que las farmacias obtienen bonificaciones de los laboratorios y mayoristas en función de su volumen de compras ha suscitado críticas en las que el rigor ha brillado por su ausencia. Se ha argumentado que los farmacéuticos no deberían obtener bonificaciones y que, de hacerlo, deberían repercutirlas a sus clientes. Como es habitual, se ha organizado un escándalo por algo que es habitual en los demás sectores y, como también es habitual, se ha ofrecido una imagen negativa del farmacéutico, como si éste obtuviera algún tipo de beneficio ilícito, olvidando que las bonificaciones son habituales en todas las operaciones comerciales y que la adquisición de medicamentos por parte de las farmacias a sus proveedores es un acto comercial. Se ha dicho también que las farmacias aumentan de forma fraudulenta sus beneficios y que causan un gravamen adicional e injustificado a la financiación pública de los medicamentos.
Las críticas, así planteadas, carecen de todo fundamento. Se olvida que las farmacias ya están autorizadas a realizar descuentos cuando dispensan especialidades farmacéuticas publicitarias, que es el mercado en el que se produce el mayor número de bonificaciones, sin que resulte afectada la financiación pública de los medicamentos, puesto que las especialidades farmacéuticas publicitarias no son reembolsables. Pero se olvidan otras dos cosas todavía más importantes. En primer lugar, que la legislación impone a las farmacias una serie de funciones sanitarias de las que no obtiene beneficio alguno, y que deben ser financiadas con los beneficios obtenidos mediante la dispensación de medicamentos. La atención farmacéutica, la farmacovigilancia, el consejo farmacéutico, la colaboración en las campañas de educación sanitaria, suponen un gasto para el farmacéutico y es él quien financia esos servicios, que tendrían un coste muy elevado si fuesen realizados por la sanidad pública. Pero se olvida también otra cosa, que la Administración ha impuesto a las farmacias un sistema obligatorio de descuentos, por lo que es un sarcasmo argumentar que las farmacias no deberían hacer descuentos, cuando por ley se le aplican de forma inmediata. Los descuentos se hacen en función del precio de los medicamentos y del volumen de facturación a la Seguridad Social, y hay casos en que la conjunción de ambos descuentos reduce el beneficio a cero y la dispensación puede resultar incluso lesiva para el farmacéutico, a pesar de lo cual está obligado a realizarla. Sería difícil encontrar otro caso en que un empresario es obligado por la Administración a realizar una prestación profesional y la entrega de un producto sin beneficio alguno e incluso resultando perjudicado. Si a este hecho se añade que los farmacéuticos ya realizan, si lo creen oportuno, descuentos en las EFP, y que las farmacias prestan unos servicios sanitarios de forma gratuita, sorprende que siga afirmándose que las farmacias, llevadas de su afán de lucro, obtienen beneficios ilícitos que perjudican la economía de los españoles. No estaría de más calcular el coste que supondría a las administraciones públicas organizar un servicio farmacéutico como el existente, que incluya los servicios que ahora se prestan de forma gratuita y desinteresada. Hágase primero esto, y luego háblese con propiedad sobre el perjuicio que ocasionan las farmacias con las bonificaciones. Calcúlese el descuento que las farmacias realizan, por imperativo legal, a la Seguridad Social, y compárese con las bonificaciones que las farmacias obtienen con la adquisición de medicamentos con receta. Hágase todo esto en vez de sembrar el ruido y la confusión con noticias manipuladas y sesgadas.