El Dictamen Motivado de la Comisión Europea (CE) que cuestiona el modelo de planificación farmacéutica española ha suscitado un rechazo casi unánime entre los farmacéuticos españoles. La profesión ha unido sus filas y sus representantes están realizando una activa labor en defensa del modelo español. Los argumentos son contundentes: los Estados miembro no pueden en modo alguno perder su capacidad de ordenar su espacio sanitario y no se les pude imponer un modelo homogéneo contra su voluntad, que cree un modelo farmacéutico único, artificial y arbitrario. El modelo español puede ser modificado, pero a instancias del Parlamento español, no por la CE para imponer una concepción mercantil de la farmacia, en perjuicio de los servicios que reciben los ciudadanos.
El problema es que se convence a los previamente convencidos, a los que están de acuerdo en mantener la situación actual, pero se avanza muy poco en persuadir a quienes tienen realmente la capacidad de decidir. A pesar de todos los esfuerzos realizados, las noticias que llegan de Bruselas no son optimistas. La CE no ha variado un ápice sus puntos de vista, y los expertos predicen que el Tribunal de Justicia, si se pronunciara, lo haría a favor de los argumentos de la Comisión, que sigue impertérrita abriendo expedientes a más países.
No se trata de convencer a quienes están de acuerdo, sino de persuadir a los reticentes y a los adversarios de las tesis españolas, a quienes sostienen que la planificación es contraproducente y que es preciso establecer un mercado abierto y único. Aunque no se esté de acuerdo con ellos, los argumentos de la CE también son contundentes: los Estados miembro tienen derecho a regular la farmacia, pero no deben hacerlo de forma que se creen sectores incomunicados; la normativa autonómica española contiene artículos de muy difícil justificación desde el punto de vista del interés público; la calidad de los servicios se garantiza por los requisitos establecidos por la regulación, no por la propiedad. La CE acepta que los Estados miembro puedan regular los servicios sanitarios, pero considera que las farmacias son también establecimientos detallistas que venden productos y que, como tales, están sujetos a la normativa europea de mercado interior. Es el viejo debate de siempre: las farmacias, ¿son establecimientos sanitarios o son comercios que despachan medicamentos? Los partidarios de la liberalización esgrimen en favor de sus argumentos que así, como ellos quieren, funciona la farmacia en Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Reino Unido.
Empecinarse y echarle un pulso a la CE pudiera ser imprudente. Cuando se produce un litigio, las dos partes suelen tener algo de razón. El apoyo de quienes quieren mantener el modelo español ya está obtenido, ahora hay que negociar con los partidarios de un mercado farmacéutico liberal en el que esté ausente el corporativismo, con quienes no ven claro el papel asistencial de las farmacias ni los beneficios de su limitación, con quienes sonríen cuando se les dice que es ventajoso abrir las farmacias en función del número de habitantes y de las distancias. Contra lo que muchos opinan, esta tarea no será fácil.
