La política española se ha instalado en una peligrosa dinámica de confrontación y descalificación. De forma irresponsable, los políticos se pronuncian para satisfacer a sus seguidores e irritar a sus oponentes. Proliferan las opiniones ácidas y corrosivas, sumamente perniciosas, pues satisfacen a quienes están de acuerdo pero desagradan al resto de ciudadanos y terminan abriendo una brecha irreparable entre los grandes partidos políticos, que ya son casi incapaces de colaborar en nada, ni siquiera en aquellos aspectos que por concernir a los intereses generales del Estado debieran estar más allá de la confrontación partidista.
Es cierto que la política no es un lance caballeresco, pero tampoco debería ser un sumidero. Los políticos olvidan que no son más que representantes de sus electores, de quienes reciben el encargo de gestionar los asuntos públicos, de legislar y gobernar. Lo olvidan para constituir un universo cerrado, una burbuja en la que actúan según sus propios intereses. El resultado es un divorcio que empieza a ser inquietante entre los ciudadanos y los políticos que se refleja en las encuestas, según las cuales las personas con menos credibilidad son los segundos. Nos hemos acostumbrado a ello, pero sigue siendo asombroso: en quienes menos confían los ciudadanos es en sus representantes políticos.
No se legisla para las mayorías, sino que la aritmética parlamentaria impone su modelo a sus contrincantes, aunque sea por un escuálido voto, y con tan escaso apoyo se aprueban textos fundamentales que debieran dar cabida a las más amplias capas de la población, en vez de satisfacer a una mitad contrariando a la otra.
En el mundo de la farmacia también está proliferando la descalificación, el ataque personal, las declaraciones demagógicas, las convocatorias populistas en las que un reducido número de personas escenifican una dinámica supuestamente asamblearia para promover sus intereses y aparentar un apoyo del que realmente se carece. La farmacia precisa representantes que defiendan los intereses de los profesionales y es perfectamente legítimo que obtengan réditos de esa defensa, pero lo que no pueden hacer es buscar su exclusivo beneficio. Si lo hicieran, los farmacéuticos españoles les darían rápidamente la espalda, perderían el apoyo que justifica sus cargos y las cañas se volverían lanzas.
