El 19 de diciembre de 2000, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una moción que encargaba al gobierno el mandato de firmar un pacto de estabilidad con los diferentes sectores de la farmacia española. Casi un año después, en noviembre de 2001, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha firmado con la industria farmacéutica, la distribución, los médicos prescriptores, las asociaciones de consumidores, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y FEFE diferentes acuerdos que constituyen el Plan Integral de Medidas de Control del Gasto Farmacéutico y Uso Racional del Medicamento, vigente hasta 2004. Sus efectos económicos globales ascienden a casi 450.000 millones de pesetas, contabilizando la reducción del gasto y los mayores ingresos previstos. El pacto aúna, por vez primera, los criterios, los intereses y las voluntades de todas las partes que participan en la prestación farmacéutica pública.
Los pactos firmados convienen y benefician a todas las partes: garantizan un marco legislativo estable y previsible hasta el año 2004. Para las oficinas de farmacia, acostumbradas a una política de sobresaltos, la noticia es muy positiva. Las condiciones económicas de las farmacias no se verán modificadas durante el período 2001-2004, porque el pacto hace compatible la sostenibilidad del gasto farmacéutico con la rentabilidad de las oficinas.
El pacto también es beneficioso para la industria y la distribución, al establecer unas reglas de juego que no serán modificadas de forma unilateral por el Gobierno. El crecimiento del gasto farmacéutico público se hace compatible con el desarrollo tecnológico e industrial del sector, estimando la tasa de crecimiento de las ventas de especialidades farmacéuticas en el entorno de la evolución del Producto Interior Bruto Nominal. A cambio del compromiso gubernamental de mantener un marco regulador estable y predecible, la industria aportará un total de 105.000 millones de pesetas al sistema público. Además, la industria dedicará a proyectos públicos de investigación biofarmacéutica entre 8.300 y 16.700 millones de pesetas anuales, en función del crecimiento del gasto farmacéutico público. Los 16.700 millones se aportarán sólo en el caso de que el gasto farmacéutico público crezca tres puntos por encima del PIB nominal.
Durante el período de vigencia del pacto, las farmacias aportarán unos 120.000 millones de pesetas, involucrándose a las oficinas en el uso racional del medicamento. El Pacto de Estabilidad despeja dudas e incertidumbres, clarifica las reglas del juego y garantiza la sostenibilidad del gasto público en medicamentos sin que se lesionen los intereses de la industria, los almacenes y las farmacias. Hay que dar, sin reticencias, la bienvenida al pacto, que ofrece al sector lo que éste más necesita: estabilidad, seguridad y garantías jurídicas. Antes del pacto, las incertidumbres desestabilizaban al sector. Con el pacto, la estabilidad permitirá introducir mejoras y matices que contribuyan a la mejor gestión profesional y empresarial de las oficinas de farmacia. *