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Vol. 23. Núm. 9.
Páginas 11 (Octubre 2004)
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1989
J Esteva de Sagrera
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La propuesta de la Generalitat de Catalunya de cobrar un euro a los usuarios por cada consulta médica ha sido recibida con reticencias. Los partidos políticos y los agentes sociales han destacado el carácter regresivo e insolidario de esta propuesta. Sin embargo, otros países de la Unión Europea cobran un importe parecido por consulta o una cantidad fija por trimestre. Se trata de medidas impopulares, que difícilmente podrán aprobarse mientras no se asuma la realidad: el crecimiento de la factura pública sanitaria es insostenible y no puede financiarse exclusivamente a través de los impuestos, que por otra parte los ciudadanos también son reacios a pagar. Es imprescindible que los usuarios, con las excepciones pertinentes según su situación económica, asuman una parte del coste de las prestaciones que reciben y que no acudan de forma no justificada a las consultas. Ello no es insolidario, sino simplemente racional: ese euro que no se quiere pagar por consulta médica se gasta luego muy alegremente por parte de los mismos usuarios de la sanidad pública en cosas menos necesarias. Por otra parte, el país ha dejado atrás la miseria y esa cantidad no podría ser asumida sólo por estratos muy minoritarios de la sociedad.

Si se quiere mantener la calidad de la asistencia sanitaria pública e incluso mejorarla, es necesario que se haga un uso racional de esos servicios. Puede ser un euro u otra cantidad, o establecerse un copago en función de la renta, pero es evidente que para preservar la sociedad del bienestar, el mejor invento de la Europa del siglo xx, es necesario que se arrinconen los discursos demagógicos de los tiempos de escasez.

El copago de los usuarios del Sistema Nacional de Salud es inferior al de otros países de nuestro entorno. La aportación que realiza el beneficiario español al adquirir un medicamento es la más baja de Europa. Ello no es un síntoma tan positivo como parece, pues puede poner en peligro la sostenibilidad del sistema. El usuario ha de ser consciente del precio de los servicios públicos que recibe, que son financiados por todos los españoles. Lo importante es que el servicio funcione, que sea excelente y que su coste sea soportable para el Estado, pero la gratuidad absoluta no es un bien en sí mismo. Es mejor pagar una pequeña cantidad por un buen servicio que ofrecer prestaciones gratuitas deficientes. La polémica sobre el euro debería abrir los ojos a todos: el país de Jauja, donde todos reciben lo mejor sin pagar nada a cambio, no existe. Jauja somos todos.

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