EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015, la imagen de un niño de pocos años ahogado al borde de una playa turca mientras intentaba huir con su familia del conflicto sirio golpeó fuertemente nuestras conciencias de ciudadanos del mundo. La foto resultaba aún más dramática, porque Aylan Kurdi aparecía apaciblemente tumbado boca abajo, como dormido, con su ropa y sus zapatitos conservados, y podía parecer el hijo de cualquiera de nosotros. Desde entonces, mientras el número de adultos varones que ha intentado alcanzar el continente europeo a través de la costa griega ha disminuido a la mitad, desde el verano pasado, el número de mujeres y niños no ha hecho más que aumentar, y en la actualidad, estos últimos constituyen el 40% de los refugiados según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Pero siendo esta una realidad que nos conmueve como ciudadanos, la vulnerabilidad que rodea a los procesos migratorios, sean causados por la guerra, la crisis económica o la persecución ideológica, no nos puede dejar indiferentes como enfermeras.
Las migraciones se han convertido en planetarias en el siglo xxi, y han alcanzado la cifra de 214 millones de personas en 2009. En la actualidad, 1 de cada 35 personas es migrante. Entre las múltiples y complejas dimensiones de la migración cabe señalar no solo la inestabilidad económica o emocional, sino también el riesgo de deterioro de la salud de las poblaciones migrantes, que en sí mismas pueden tener una salud con especiales necesidades de protección, como es el caso de las mujeres y los niños. Esto no solo se produce en situaciones de emergencia humanitaria, como la que sucede en el caso de los desplazados, sino en los procesos migratorios más estables, en los que los países de acogida deben poner en marcha políticas y mecanismos para garantizar la salud de los migrantes. Si entendemos que la salud es un recurso básico para la vida, un derecho humano y uno de los motores del desarrollo económico y social, la protección de la salud de las personas migrantes debe ser una prioridad en cualquier proceso de acogida.
Legislaciones que se limitan a controlar el flujo migratorio o que, peor aún, limitan la salud como un derecho universal, como fue el caso español del Real Decreto-Ley 16/2012, no contribuyen desde luego a garantizar este derecho, sino que contribuyen a agrandar las desigualdades sociales en salud. La propia Organización Mundial de la Salud nos indica que factores como la pobreza, la exclusión y la discriminación social, unas malas condiciones de vivienda, unas condiciones poco saludables en los primeros años de vida y una profesión no cualificada son determinantes importantes de la mayoría de las desigualdades en enfermedad, muerte y salud que existen entre distintos países y dentro de un mismo país. Las poblaciones desplazadas están en riesgo de ser mucho más vulnerables a esta realidad y, por eso, las administraciones deben establecer políticas que den respuesta a estas desigualdades.
La Organización Internacional para las Migraciones plantea la necesidad de afrontar los retos que supone el cuidado de la salud de los migrantes en tres grandes áreas: la salud mental y el apoyo psicosocial para migrantes vulnerables, como son las víctimas de desastres, conflictos y trata de personas; las enfermedades emergentes y reemergentes donde la prevención es un elemento fundamental para contrarrestar los efectos de la movilidad de enfermedades como la tuberculosis o el sida; y la dedicación a los riesgos de salud asociados a esta movilidad, como son la violencia intrafamiliar y sexual y los riesgos asociados a las condiciones socioeconómicas de la migración (vivienda, trabajo, escolarización).
Y en este marco, las enfermeras formamos una parte sustancial del sistema que debe garantizar la protección de la salud de las poblaciones, sean estas nacionales o migrantes. Este es un reto especialmente complejo en el segundo caso, porque las personas que proceden de contextos socioculturales diversos y con estructuras sanitarias diferentes se enfrentan, especialmente durante los primeros años de estancia, con normas de convivencia, uso y organización de unos servicios sanitarios diferentes a los que conocían hasta entonces. Las enfermeras son agentes de sensibilización e integración de estas poblaciones, a través de las intervenciones comunitarias o la educación para la salud, o atendiendo a las especificidades culturales en las concepciones de salud de estos grupos en los diferentes contextos en los que les prestamos asistencia directa. Nuestro objetivo prioritario, por tanto, es que el cuidado de su salud no sea un factor más de vulnerabilidad dentro de la precariedad que lleva implícita su condición de desplazados.