El panorama al que se enfrenta la distribución farmacéutica tras la aprobación de la Ley de garantías y las acciones emprendidas por determinados laboratorios y la propia Administración puede llevar, en un plazo más breve del que ellos mismos piensan, a la quiebra de un modelo que ha sido altamente satisfactorio para los farmacéuticos y los pacientes. En este artículo se hace una última llamada de atención para encontrar soluciones --algunas de ellas de urgencia-- a una situación en la que los farmacéuticos tendríamos mucho que perder, no sólo en el plano económico y de servicio a nuestros clientes, sino también porque representa una alteración en el poder de decisión, ya que lo que verdaderamente se sustancia es un cambio de modelo.
Ya no es momento de identificar a los culpables de la situación esbozada, que los ha habido, sino de hallar soluciones. De no encontrarlas, convendrá que el colectivo farmacéutico vaya preparándose para un futuro indudablemente peor que el conocido.
Los farmacéuticos han reaccionado ante los problemas de desabastecimiento de muy diversas formas: con la creación de grupos de compra, dándose de alta como clientes privilegiados de los laboratorios que suministran directamente o, no sabiendo qué hacer, denostando a la distribución que, en muchos casos, es de su propiedad
En estos últimos años hemos vivido un cambio lento pero inexorable, dirigido a acabar con el modelo de distribución que había dado tan buenos resultados a farmacéuticos y pacientes. La causa, repetida de forma machacona por parte de un determinado grupo de laboratorios, radica en que la distribución exporta sus medicamentos, lo que les ocasiona perjuicios económicos e impide su desarrollo. Pero hay algo más: se trata de acabar con un poder que se les escapaba en manos de los farmacéuticos, y era una dificultad añadida a la imposición del precio libre y máximo, que es lo único que desean para el monopolio de sus patentes. Para ello, este grupo de laboratorios ha ido poniendo en práctica una serie de estrategias, entre las que cabe destacar la asignación de cuotas por países, el doble precio obtenido mediante contrato que obligaban a firmar a los distribuidores bajo pena de no ser suministrados, el suministro directo a las farmacias, el desabastecimiento selectivo y, finalmente, una trazabilidad que les proporcione información sobre cualquier movimiento de los medicamentos ajeno a su dispensación con receta.
Víctimas
Por su parte, los farmacéuticos, que han sido víctimas finales de estas estrategias, han reaccionado de muy diversas formas: con la creación de grupos de compra, dándose de alta como clientes privilegiados de esos laboratorios o, no sabiendo qué hacer, denostando a la distribución que, en muchos casos, es de su propiedad. Y todas estas cuestiones se han agravado últimamente con la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, promulgada el pasado día 26 de julio, que no distingue entre desabastecimiento y mal suministro, lo que permite a la industria suministrar los medicamentos de forma insuficiente para las necesidades de la población, sin incurrir en la figura de desabastecimiento prevista en la ley, y sin las sanciones que esto podría acarrearles. La osadía de algunas empresas alcanza incluso cotas de cinismo no contempladas hasta ahora en el sector: atribuyen directamente el mal suministro a las exportaciones paralelas, cuando se ha sabido que la cuota de medicamento reservada a España se había enviado a otros países que tienen unos precios superiores, por puro interés económico y con desprecio de los pacientes que lo necesitan.
Todo esto tiene consecuencias en la distribución, consecuencias funestas como se verá, ya que está viendo decrecer su cifra de negocio de forma espectacular, situación agravada ahora por el retroceso del mercado que determinan los nuevos precios de referencia este mismo mes, y con un panorama legal muy desfavorable desde la aprobación de la Ley de garantías, como se explica a continuación.
Cambios de la Ley de garantías
Los cambios que introduce la ley publicada el pasado mes de julio sobre la situación anterior se refieren fundamentalmente a las nuevas reglas relativas a la trazabilidad de los medicamentos, el reconocimiento del derecho del mayorista a ser suministrado, la fijación del precio que se recoge en el artículo 90, y las normas sobre importaciones y exportaciones. Sobre la nueva regulación de la trazabilidad se ha dicho que es «una solución que busca un problema»1. Desde luego, sirve para varias cosas, pero quizá la principal, que es el control del comercio paralelo, se oculta cuidadosamente porque iría en contra de la normativa comunitaria en esta materia. Seguidamente se analizan por separado estas cuestiones.
Trazabilidad
El objetivo declarado en la Ley es lograr un adecuado abastecimiento del mercado y establecer garantías de seguridad para el ciudadano2. Sin embargo, establece un sistema muy prolijo de declaración, cuya finalidad resulta inconfesable, porque busca determinar las ventas en territorio nacional, precisamente para identificar los medicamentos que hayan podido ser objeto de exportación. En este sentido, se ha hecho público un proyecto de Real Decreto3 que, finalmente, va a quedar limitado exclusivamente a productos con problemas de abastecimiento. El Ministerio, por su parte, prepara un sistema informático (SEGUIMED) cuya función será cruzar los datos de laboratorios, mayoristas e incluso farmacias para los productos que presentan dificultades de abastecimiento. Las últimas noticias que se tienen en este sentido es que se pretende una revitalización del antiguo decreto de trazabilidad4, no derogado, y hacer uso de la encomienda de gestión al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para facilitar la información necesaria a quien la solicite5.
Derechos de la distribución
La Ley ha querido regular de manera mucho más definida que la anterior el derecho de los laboratorios a llevar a cabo por sí mismos la actividad de distribución6. Está claro que no se puede negar el derecho de distribución directa a los laboratorios, pero no es menos evidente que los laboratorios carecen de la capacidad logística para proceder a estos suministros. Entonces, ¿por qué esta insistencia? Pues, simple y llanamente, por limitar los derechos de la distribución y atenuar lo que aparece a continuación en la ley7, cuando se habla de que el Gobierno velará por preservar el derecho a ser suministrado, algo que no deja de ser una declaración de buenas intenciones, ya que nadie piensa en que el Gobierno deje de dormir porque los almacenes reciban adecuadamente sus pedidos.
Fijación del precio
Aunque parece que esta cuestión poco tiene que ver con la distribución de los medicamentos, hay una definición en el artículo 90 de la ley que es objeto de controversia. En efecto, este artículo dice que corresponde al Ministerio fijar el precio industrial máximo para los medicamentos financiados con cargo a fondos públicos y que se dispensen mediante receta en el territorio nacional, añadiendo que los precios industriales de los medicamentos serán libres para aquellos medicamentos que no se financian con fondos públicos, lo que puede dar lugar a varias interpretaciones y plantea un nuevo intervencionismo: ¿por qué no son también los márgenes libres en los productos que no se financian?
Todo esto se traduce en una desproporción de derechos entre la industria y la distribución. Además, la industria promueve la lectura de que el precio está fijado sólo para lo que realmente está cubierto con recetas de la Seguridad Social, por lo que las ventas libres de esos mismos medicamentos podrían tener otro precio, lo que estaría en contra de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea, ya que es contrario al artículo 81.1 de la Constitución Europea.
Está claro que no se puede negar el derecho de distribución directa a los laboratorios, pero no es menos evidente que los laboratorios carecen de la capacidad logística para proceder a estos suministros
Importaciones y exportaciones
Aunque las importaciones y exportaciones8 están reguladas en la Ley de garantías para no incumplir la normativa comunitaria, se matizan indicando que la función prioritaria de los distribuidores es el abastecimiento a las farmacias legalmente autorizadas. Realmente la ley introduce todos los elementos necesarios para hacer difícil la importación y exportación de medicamentos o, al menos, hacer que parezca una actividad no deseada.
Expectativas
A continuación se revisará lo que han hecho y siguen haciendo los farmacéuticos y la distribución ante la magnitud de este problema. Antes de hacer cualquier afirmación, hay que decir que nadie con cabeza desea la situación actual, en la que nuestra distribución ha comenzado a ofrecer un servicio deficiente y aumentar sus costes, que carga normalmente en la parafarmacia, restándole competitividad. Como reacción, los farmacéuticos han elegido cualquier camino alternativo --creación de cadenas virtuales; suministro directo por los laboratorios y cambio de distribuidores--, sin pensar en las consecuencias de sus decisiones para ellos mismos y para el conjunto de nuestro modelo. La distribución --propiedad de los farmacéuticos-- no ha dado muchas explicaciones. Se ha limitado a insistir en la idea de que hay una distribución «solidaria», para indicar que otros distribuidores ajenos al sector, que están apareciendo, no cumplen con las obligaciones que impone la ley. Pero tampoco han cogido el toro por los cuernos, esperando un final, no por menos anunciado, más real.
A esa misma distribución le esperan momentos muy difíciles, que pasan por la pérdida de un 20% del mercado por lo que suponen, en conjunto, los 5 laboratorios que han iniciado el suministro directo; un 7% a causa de la bajada ocasionada por los precios de referencia; un mínimo del 3% --pero con una aportación muy importante al margen-- derivado de las exportaciones paralelas, y un porcentaje indeterminado pero creciente, que tiene su origen en la creación de grupos de compra, cadenas virtuales o marketplace. Todo el mundo entenderá que una pérdida de más del 30% de las ventas en cualquier actividad empresarial puede abocar a un desastre inmediato. Sin embargo, estas cifras se siguen ocultando pudorosamente a los legítimos propietarios de la distribución, que son quienes deberían adoptar soluciones. Al menos esto es lo que ocurre en las grandes cooperativas, que además pueden ser las más afectadas. Los farmacéuticos y el conjunto de laboratorios de capital nacional deberían también estar muy preocupados por esta situación, ya que el papel de la distribución es imprescindible desde el punto de vista operativo, e incluso sanitario, porque es impensable que 350 laboratorios suministren directamente a más de 20.000 farmacias, o incluso a los centenares de cadenas virtuales y grupos de compra que se encuentran funcionando o a punto de hacerlo. La solución a este problema no es fácil y, además, quienes lo han ocasionado con apoyo de la nueva ley no van a ponerla fácil.
Pasar a la acción
Quizá puede ocurrírsele a alguien que tanto los farmacéuticos como la distribución cuentan con sus propios representantes, que deberían velar --éstos sí-- porque no se materialicen los malos presagios a los que parecemos abocados inexorablemente. Su papel, no obstante, parece ahora secundario, ya que no han demostrado capacidad para impedir la estrategia de determinados laboratorios, han colaborado activamente con la Administración para propiciar medidas que no les favorecen ni a ellos ni a nosotros y se limitan a esperar el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Distribuidoras
FEDIFAR, la patronal de la distribución, agrupa, además de cooperativas y centros de capital farmacéutico, a distribuidoras que potencialmente se verían beneficiadas con la desaparición del sistema cooperativo y la integración de nuestro país en los grandes grupos europeos de distribución independiente.
Corporaciones farmacéuticas
Por su parte, las corporaciones farmacéuticas --colegios y Consejo General-- a excepción de unos pocos, no son conscientes de la magnitud del problema y siguen colaborando en operaciones contrarias a la supervivencia de nuestros distribuidores como, por ejemplo, la trazabilidad. Algún colegio, como el de Murcia, se ha dado cuenta de la gravedad del problema pero ya es tarde. Ahora ya no se trata de fortalecer a nuestras mayores distribuidoras facilitando alianzas para aumentar de tamaño. Es probable que quienes sobrevivan sean precisamente las pequeñas cooperativas y centros de ámbito provincial o local, que pueden mantener una importante fidelización de las oficinas de farmacia y al mismo tiempo plantear verdaderos problemas sanitarios si no tienen un suministro regular por parte de los laboratorios. Son precisamente esas cooperativas y centros los que se están enfrentando al problema con la única arma conocida: poner en conocimiento de la situación a sus legítimos propietarios y adoptar las soluciones que procedan, acordadas por consenso entre todos.
Farmacéuticos
Entre los farmacéuticos, el desconcierto es tan grande que buscan cualquier solución para recibir los medicamentos. Algunos piensan incluso que la situación les favorece, porque pueden acabar con la actividad de las farmacias menos competitivas, por la vía de estar abastecidos, ya sea mediante grupos de compra, cadenas virtuales o suministro directo por parte de los laboratorios.
Muchos farmacéuticos bienintencionados y obsesionados por dar buen servicio a sus clientes han aceptado que ciertos laboratorios les suministren directamente, cargando de forma ilegal el margen de distribución o el equivalente como gastos de transporte.
Conclusión
La situación descrita en este artículo no es de simple riesgo, aquí lo que se anuncia es un verdadero siniestro, cuyos perjudicados serán casi todos los farmacéuticos y, por supuesto, los pacientes, que verán degradado el servicio que reciben. No se trata de aceptar las condiciones que se le van imponiendo a la distribución para que no exporte medicamentos, algo por otra parte lícito en el ámbito del mercado interior de la Unión Europea, sino de una cuestión de mayor calado: se trata de un cambio en el modelo de la distribución para que deje de ser, en su mayor parte, propiedad de los farmacéuticos. Ante esto sólo cabe mantener un adecuado nivel de información de sus legítimos propietarios y adoptar las soluciones que lícitamente caben ante la crisis que se avecina. Entre esas soluciones puede estar el acabar con los sistemas de distribución menos competitivos, reforzar o incluso blindar la distribución local --ya que el farmacéutico sí tiene derecho a elegir a sus proveedores-- y plantear problemas ante cualquier suministro insuficiente.
Otra cuestión que podría valorarse es si conviene o no que nuestros distribuidores sigan siendo miembros de las mismas asociaciones patronales que integran quienes desean acabar con la distribución llamada solidaria.
También cabría sopesar la conveniencia de iniciar una ofensiva firme, con denuncias a las comunidades autónomas, y un alejamiento de las propuestas del Ministerio sobre trazabilidad y otras cuestiones, ideadas por quienes tratan de hundirnos. Por último, y no menos importante, es necesario establecer los adecuados canales de comunicación con un numeroso grupo de laboratorios farmacéuticos que también se vería muy afectado por un cambio de modelo en la distribución, ya que éste implicaría una posición de dominio de los suministradores directos o la necesidad de buscar una vía de distribución propia para sus productos.
La situación actual no es de simple riesgo; lo que se anuncia es un verdadero siniestro, cuyos perjudicados serán casi todos los farmacéuticos y, por supuesto, los pacientes, que verán degradado el servicio que reciben
Administraciones públicas
Finalmente, las que parecen enfrentarse al problema son algunas comunidades autónomas que, como en el caso de la valenciana, se disponen a promulgar leyes para garantizar el suministro, aunque con tales cautelas hacia la industria que pueden acabar en papel mojado si no llegan a establecerse sanciones efectivas hacia los laboratorios que practican un suministro insuficiente, que la ley estatal no califica de desabastecimiento. La Comunidad de Madrid prepara también medidas que implicarían eliminar de los sistemas de prescripción asistida que manejan los médicos los medicamentos en los que se observe desabastecimiento. Los laboratorios deberían tener esta posibilidad muy en cuenta por la pérdida de ventas que podría ocasionarles.
Lo que está claro es que si el desabastecimiento continúa, serán las administraciones responsables de la asistencia sanitaria a los pacientes las que llegarán a tomar medidas, pero esto no será suficiente para salvar a la distribución o llegará demasiado tarde.