Trabajar como farmacéuticos comunitarios es, desde hace unos años un auténtico calvario desde el punto de vista económico. A las continuas medidas de contención del gasto farmacéutico hay que añadir la bajada constante del precio de los medicamentos hasta valores irrisorios (es difícil dar el valor que se merece a un medicamento cuando vale menos que un botellín de agua, un refresco o un café). Y lo último consiste en “no cobrar o cobrar tarde y mal” las facturas que presentamos a la Administración. Una Administración que tiene el deber y la obligación de pagar lo que sus administrados consumen en materia de medicamentos y que las farmacias compramos para suministrarlos a quienes los necesitan.
A pesar de esta verdad indiscutible, los farmacéuticos seguimos empeñados en preparar una cartera de servicios esperando que esta misma Administración que no cumple sus compromisos aunque estén por escrito –léase Concierto–, como ocurre, como he comentado antes, con el impago sistemático a las boticas españolas, se comprometa a pagar dicha cartera de servicios cuyos resultados (en materia de ahorro) son difíciles de cuantificar en dinero. Y aunque se comprometiera, tampoco podemos estar seguros de que cumpliría con este compromiso.
Las Administraciones tienen problemas de tesorería, y pensar que puedan pagar más es impensable. Hoy en los foros farmacéuticos se habla de “riesgo compartido” con la Administración porque estos servicios se pagarían en función del ahorro que la Sanidad pública consiguiera con este nuevo sistema de prestaciones. Personalmente no me gustaría asumir este riesgo porque, tanto en lo personal (horas de trabajo) como en lo económico, el riesgo sólo sería asumido por una parte, el farmacéutico.
Creo sinceramente que una cartera de servicios debería ofertarse a quién de verdad puede valorarla, a las personas que la necesiten. Porque quien de verdad puede apreciar la bondad de algunas medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los enfermos son los propios enfermos. Ellos sí pueden cuantificar en términos de ahorro de enfermedad o mejora de calidad de vida lo que podemos hacer y hacemos por ellos. Y del mismo modo que hoy están dispuestos a pagar por los servicios que ya les estamos ofreciendo desde nuestras oficinas de farmacia, como son la medida de la tensión arterial (acompañada o no de una revisión de la medicación antihipertensiva que toman), con consejos de salud y hábitos de vida saludable, o la medida de determinados parámetros sanguíneos como la glucosa, el colesterol o los triglicéridos, etc. o la utilización de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) que ayudan realmente a los enfermos polimedicados a tomar correctamente los medicamentos que su médico de cabecera les ha prescrito, evitando además duplicidades o errores en la manipulación de los mismos. Estos sí conocen exactamente qué les supone el disponer de estos servicios.
Por tanto, a mi entender, la estrategia debería ser diferente. Y no hablo de estrategia mercantil basada en crear necesidades y después ofrecer la manera de subsanarlas, sino encontrando aquellos servicios que sean beneficiosos para los enfermos aunque pueda ser difícil cuantificar cuanto ahorro proporcionan a la Administración.
MERCÈ PRATS
Directora