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Vol. 21. Núm. 1.
Páginas 8-13 (Enero 2007)
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Memoria de un año: 2006
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Enrique Granada
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El año que acabamos de dejar atrás es de los que podemos definir como irrepetibles en la historia de nuestra profesión. Nunca se habían unido hechos tan destacados y estresantes como la aprobación de una nueva ley del medicamento; elecciones en bastantes colegios y en el Consejo General y, para remate, un ataque en la línea de flotación de nuestra ordenación farmacéutica y del sistema de propiedad de las farmacias de mano de la Comisión Europea. Un año en el que se ha vivido con gran intensidad el suministro insuficiente de determinados medicamentos y en el que las instituciones han andado a la greña, excepto en la defensa del modelo de farmacia, en el que todas están de acuerdo, unidas y con firmeza. El gasto público en medicamentos ha vivido momentos de contención, aunque a partir del mes de mayo se detectó un cambio de tendencia y se anunciaron nuevas medidas para controlarlo. Ha sido, también, un año de congresos y reuniones varios, en los que dominó la política sobre la ciencia.

Las oficinas de farmacia han salido perjudicadas por la regulación de la venta por internet, la ausencia de bonificaciones, la prohibición casi absoluta de las sustituciones y, sobre todo, por un régimen sancionador que castiga, hasta con 90.000 euros, la entrega de medicamentos sin receta

Es inevitable iniciar esta crónica abordando la principal novedad de ámbito legal registrada en 2006: la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios.

Ley de Garantías

Aprobada su tramitación por el Gobierno en el año 2005, y presentado el primer anteproyecto en el mes de junio del mismo año, pronto comenzaron a llover informes críticos procedentes desde asociaciones de enfermos a organismos oficiales como el Consejo de Consumidores y Usuarios y el propio Consejo de Estado, al que se hizo caso en algunos detalles. En el texto del proyecto aprobado en el mes de diciembre, que se tramitaría en el Congreso, aparecía un conjunto de cuestiones que suscitaron la primera movilización organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid con apoyo del de Valencia y la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) el día 24 de febrero. Esta movilización --la I Conferencia Nacional de Oficinas de Farmacia-- reunió a 2.000 farmacéuticos en Madrid, procedentes de toda España, en un día particularmente frío, con un objetivo destacado: que los propios boticarios opinaran sobre un conjunto de cambios incluidos en la ley, que podían hacer cambiar el modelo vigente, en concreto los que tenían que ver con la consideración de las oficinas de farmacia como establecimientos ajenos a la atención primaria, la venta de medicamentos por internet, la trazabilidad, la imposibilidad de cualquier sustitución o la prohibición de bonificaciones. La reunión resultó un éxito.

Sin embargo, la Ley de Garantías continuó su andadura parlamentaria con incomprensibles escaramuzas como una importante reforma del texto aprobada en el Senado --donde se presentaron 288 enmiendas-- que es segada sin miramientos en su paso definitivo por el Congreso y su aprobación a finales del mes de julio. Las consecuencias de esta ley para los distintos sectores es variada, pero a todos afecta en mayor o menor medida. Comenzando por la industria, podemos decir que sólo favorece claramente al grupo de laboratorios multinacionales que han logrado imponer un sistema de trazabilidad para evitar las exportaciones paralelas, aunque tengan que soportar, como todos los demás, una aportación sobre las ventas al Sistema Nacional de Salud. El resto de la industria se ve perjudicada por la imposibilidad de ofrecer bonificaciones, tener que soportar el sistema de trazabilidad, que les obliga a efectuar cambios tecnológicos y tener que bajar los precios en cuanto los medicamentos «cumplan» más de 10 años, medida que equivaldrá, junto a las demás medidas económicas, a un retroceso del mercado próximo al 15%. Dentro de la industria, los laboratorios de genéricos son los que pueden sufrir más, porque la ley acepta la idea de los precios máximos de Andalucía, que se extiende como una mancha de aceite a otras comunidades y que consiste, en esencia, en permitir la sustitución sin ventaja alguna para los genéricos.

La distribución --que es quien menos ha protestado-- se enfrenta a cambios importantes, ya que no hay nada que le garantice el suministro y también se ve obligada a cambios tecnológicos e inversiones cuantiosas, a causa de la dichosa trazabilidad.

Las oficinas de farmacia han salido perjudicadas por la regulación de la venta por internet, la ausencia de bonificaciones, la prohibición casi absoluta de las sustituciones y, sobre todo, por un régimen sancionador que castiga, hasta con 90.000 euros, la entrega de medicamentos sin receta. Frente a todo esto, el mensaje oficial es que la ley es buena porque garantiza la continuidad del modelo de ordenación farmacéutica en beneficio del ciudadano e incorpora el concepto de atención farmacéutica, al que se refiere en 6 ocasiones.

Año electoral

Aunque la uniformidad ya no es la nota común en las elecciones de los colegios, los que todavía siguen el antiguo calendario y otros que se han adaptado tras varios cambios tuvieron convocatorias electorales, pero en muy pocos se llegaron a celebrar elecciones. Sólo han cambiado los presidentes de Castellón, Tenerife, Cádiz, Huelva y Jaén. En Álava, la junta presidida por Asunción Celigueta no consiguió encontrar a un candidato a sustituirla y en el momento de escribir este artículo no sabemos si continúa o se han convocado nuevas elecciones.

Donde sí se celebraron elecciones fue en el Consejo General. Un grupo de esforzados idealistas, encabezados por quien esto suscribe, decidimos dar una batalla para tratar de cambiar los estatutos y conseguir una renovación generacional. El resultado, de todos conocido, es que sólo nos votaran 6 colegios, pero también logramos la abstención de otros 7 --algo inusitado en estas elecciones-- y la ausencia de 2. Simplemente a título de anécdota, apuntar que se permitió votar al entonces presidente de Jaén, que llevaba varios años jubilado, y al de Segovia, que ejercía en León1.

Cuestión diferente fue la elección del presidente del COF de Madrid, Alberto García Romero, que se produjo por consenso, tras algunas tensiones, y que culminó en una junta en la que participan todas las tendencias. Se celebraron también elecciones en el Club de Opinión Farmacéutico de Málaga, en las que fue elegido Gerardo Mora, y en Farmaindustria, en las que por aclamación le tocó el turno a Antoni Esteve. Donde no hubo suerte fue en la elección de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, como directora general de la OMS, aunque resistió el primer corte, algo que ni los más avezados en el complejo funcionamiento de este organismo llegaron a imaginar.

El dictamen motivado

La prensa general y la profesional son las primeras en enterarse a finales de junio de que la Comisión Europea había preparado un dictamen motivado dirigido al Reino de España para que liberalizase el establecimiento de nuevas farmacias y cambiase la regulación de su sistema de propiedad. Quizá la primera sorpresa es que este dictamen no surge de la nada, ya que aproximadamente un año antes el Ministerio de Sanidad había recibido una carta de emplazamiento sobre estas mismas cuestiones que se había mantenido en el más absoluto secreto. Ni el Consejo General ni nadie parece saber nada de este hecho, aunque más tarde y por insistencia se FEFE se conoce incluso la contestación dada por el Ministerio al dictamen2. Durante el mes de julio --y en medio de los agobios de la aprobación de la nueva Ley de Garantías-- se tuvo noticia de que la Comisión Europea había enviado un segundo aviso al Reino de España para que modificase su legislación sobre ordenación farmacéutica y régimen de propiedad de las oficinas de farmacia3. A partir de ese momento, los mejores bufetes del país elaboraron, a toda prisa, pero a la vez con gran profundidad y claridad, informes jurídicos para oponerse a la pretensión de la Unión Europea. La verdad es que el dictamen motivado4 que se había recibido parecía concluyente y avisaba de que si nuestro país no modificaba su legislación, podría iniciarse un procedimiento sancionador o someterse la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, el análisis realizado por nuestros juristas indicaba todo lo contrario: Europa podía no tener razón en sus pretensiones y haber sido víctima de grupos de presión interesados en un rápido cambio de nuestro modelo de farmacia, algo que estaba empezando a suceder en Italia y en Portugal y que ha dado lugar a avisos parecidos al nuestro en la misma Italia y en Austria.

Respuesta oficial

Finalmente, a primeros de septiembre, el Ministerio de Sanidad daba respuesta al dictamen europeo y realizaba manifestaciones que podían resultar tranquilizadoras para algunos, pero que no alejaban definitivamente la amenaza, ya que cuestiones parecidas respecto a Italia se encuentran pendientes de sentencia en el Tribunal de Luxemburgo. Elena Salgado y la directora general de Farmacia, M. Teresa Pagés, no dejan lugar a dudas de que se ha defendido el modelo farmacéutico español hasta donde ha sido posible, pero mantienen que la respuesta no debe ser conocida para evitar polémicas. A pesar de estas explicaciones dadas a los directores generales de las comunidades autónomas, varios de ellos manifestaron su disgusto por no poder conocer el documento de respuesta en una cuestión que les afecta de forma directa como es la ordenación farmacéutica y el régimen de propiedad de las oficinas de farmacia.

La anécdota, en este caso, es que a mediados de noviembre el documento se filtró desde la propia Comisión Europea y todos pudieron comprobar que, efectivamente, en él se defendía el modelo con firmeza, si bien los fundamentos jurídicos empleados para ello --que son los únicos que valen-- son menos elaborados que los de algunos de los juristas consultados por distintos colegios y patronales.

El golpe parece frenado, de momento, pero planean amenazas importantes en el horizonte, ya que habrá que estar pendientes de las sentencias que se produzcan en el Tribunal de Luxemburgo referidas a otros Estados de la Unión Europea requeridos legalmente con anterioridad por cuestiones similares. Finalmente, destacar que en 2006 también se han ido tramitando nuevas leyes de ordenación farmacéutica en Andalucía, Extremadura y Asturias y se han promovido cambios en la de Galicia, lo que ha ocasionado tensiones entre los farmacéuticos de estas comunidades.

El mar de fondo

Quizá todos los acontecimientos que hasta aquí se han descrito tengan un nexo común: el pulso que viene manteniendo la industria farmacéutica con la Unión Europea para conseguir imponer un precio único a sus productos para todo el territorio comunitario.

Así ha sido un año en el que se ha vivido día a día las deficiencias en el suministro de ciertos productos; el inicio del suministro directo a las farmacias por parte de algunos laboratorios previo desabastecimiento, y la defensa de un sistema de trazabilidad contable para poder determinar con precisión si se exportan algunos medicamentos concretos. La Ley de Garantías deja las puertas abiertas a la indefensión contra estas cuestiones, ya que ni siquiera establece sanciones para los laboratorios que dejen de suministrar y permite la diferencia de precios entre los medicamentos vendidos en territorio nacional y los que se supone que han sido exportados. Una encuesta de Farmaindustria dice que el 68% de las farmacias ha padecido desabastecimientos. Ante la gravedad de estos hechos, ciertas comunidades autónomas como las de Valencia y Madrid comienzan a pensar en la necesidad de atajar el problema por medio de leyes autonómicas, pero el resultado a finales de 2006 es que la situación continúa y que una docena de laboratorios practica el suministro directo --por razones de urgencia-- cargando, en la mayor parte de los casos íntegramente, el margen de distribución como gastos de transporte.

Marejadas

Este es, sin duda, el mar de fondo de 2006, año que no se ha caracterizado por un gasto excesivo en medicamentos y en el que tampoco se ha observado nada que haga pensar en un cambio radical del modelo de ordenación farmacéutica o la propiedad de las oficinas de farmacia. Con respecto a esto último, hay que celebrar dos cuestiones: la primera es la aprobación definitiva de la directiva Bolkestein, que excluye a las farmacias, y la segunda, la aceptación de una enmienda transaccional de Convergència i Unió al Proyecto de Ley de Sociedades Profesionales, en virtud de la cual se seguirá permitiendo que las farmacias se rijan por su legislación especial. Este éxito hay que atribuirlo directamente a FEFE y al Colegio de Valencia, que no cejaron en su empeño hasta conseguirlo, aunque, como todo éxito, tendrá muchos padres.

Tampoco han faltado en 2006 las confrontaciones y los fracasos, como la pretendida unión entre Hefame y Cofares. La operación fue aprobada por los socios de Cofares --justo los que, en principio, podrían haberla rechazado-- y, en cambio, no consiguió la aquiescencia de los socios de Hefame, que hubieran sido los más favorecidos con la fusión.

También se consolidó la escisión de las patronales de Madrid y Cataluña de FEFE, con la creación de una nueva federación llamada FENOFAR, y menudearon las querellas entre dirigentes, como la que promueve Cofares contra la plataforma «Salvar Hefame» o la de Adefarma contra Isabel Vallejo, presidenta de FEFE.

El Colegio de Valencia, sin embargo, no recibió el más mínimo rapapolvo por la irrupción, a modo de «asalto», de un centenar de sus colegiados en el Consejo General tras la celebración de la I Conferencia de Oficinas de Farmacia en febrero5. La culpa se cargó --sin que nadie pudiera entender por qué-- sobre José Enrique Hours, que en esos momentos celebraba en un picoteo informal el éxito de la conferencia con su junta de gobierno. Hours anunció posteriormente, que su colegio dejaría de asistir a las reuniones del Consejo General, medida que fue aprobada también por la asamblea del COF madrileño.

Finalizado el año, todo sigue igual en lo que se refiere al abastecimiento y hay una sensación de desamparo y de «sálvese quien pueda» entre los farmacéuticos que favorece el avance del suministro directo pese a las protestas de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), que entiende que esta función no pueden realizarla empresas de transporte.

Crónica social

En el ámbito oficial, se produce el cese de la directora de la Agencia Española del Medicamento, M. del Val Díez, que es nombrada inmediatamente directora del Plan Nacional contra el Sida y sustituida por Cristina Avendaño, con gran alborozo de los funcionarios de la AEM, que tenían «atragantada» a la anterior.

En 2006 recibe una importante condecoración científica el historiador Ramón Jordi y se celebra con gran boato el cincuenta aniversario de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, que edita un libro conmemorativo y acuña una medalla para la ocasión. Pedro Malo continúa con su genial y bondadoso estilo, haciendo pasar buenos ratos a quienes leen sus artículos en la soledad de las guardias de sus boticas. Aquilino Corral deja la Presidencia de la Asociación de Farmacéuticos Formulistas y es nombrado académico de Santa María de Murcia.

Y mientras todo esto sucede, los farmacéuticos no hablan más que de dos cosas: del mal suministro y de las dificultadas para encontrar adjuntos y, en general, personal conocedor de la oficina de farmacia, en un país que ha declarado el pleno empleo para esta profesión. Los demás problemas quedan diluidos ante la importancia de los hechos que hemos relatado aquí y que se abordan en los numerosos congresos y reuniones celebrados durante el año, y entre los que destacan, como siempre, el Nacional, del Consejo General, y la Convención en Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacia, celebrados ambos en el mes de octubre con escasa diferencia de fechas.

Hasta aquí en lo a política se refiere, porque también durante el año se celebraron numerosas reuniones científicas de todas las especialidades de la farmacia, en las que se trató de dejar a un lado las «turbulencias» políticas, para atender a las principales funciones de nuestra profesión que son, y serán siempre, el progreso de nuestra ciencia y el servicio a la salud de nuestros conciudadanos. *

Notas

1. La Ley de Colegios Profesionales prescribe que los presidentes tienen que estar en ejercicio en el colegio respectivo.

2. La respuesta dada por el Ministerio de Sanidad en el año 2005 defendía de forma razonable nuestro modelo farmacéutico, aunque no habría estado de más que se hubiera conocido la carta de emplazamiento y se hubiera permitido participar a los farmacéuticos como parte interesada.

3. Mediante carta de 13 de julio de 2005, la Comisión envió a las autoridades españolas una misiva de emplazamiento con respecto a la normativa nacional relativa a determinadas restricciones al establecimiento de oficinas de farmacia en España, fijada en leyes de carácter estatal o normas de aplicación en algunas comunidades autónomas.

4. La denominación «dictamen motivado» corresponde a la segunda fase en el procedimiento sancionador que se fundamenta en el artículo 228 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Es lo que comúnmente de denomina en la jerga comunitaria, en francés, «avis motivé».

5. El «asalto» se produjo sin violencia en la noche del día 24 de febrero y consistió en convencer a un vigilante de Previsión Sanitaria de que quienes intentaban acceder a la sede del Consejo General eran asistentes a una reunión. En contra de lo que se ha podido afirmar, no hubo rotura de cristales y sólo se adhirieron pegatinas en la planta baja hasta que el vigilante amenazó con llamar a la policía.

Los farmacéuticos no hablan más que de dos cosas: del mal suministro y de las dificultadas para encontrar adjuntos y, en general, personal conocedor de la oficina de farmacia, en un país que ha declarado el pleno empleo para esta profesión

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