El fallo energético que sufrió Barcelona a finales del pasado mes de julio puso evidencia, entre otras muchas cosas, la precariedad de la implantación de las nuevas tecnologías en materia sanitaria.
La caída del suministro eléctrico ocasionada por unas infraestructuras obsoletas tuvo su consecuencia inmediata en el fallo múltiple de la actividad económica, sanitaria y social de la ciudad. En concreto, en el ámbito sanitario, la situación sigue teniendo repercusiones a medio y largo plazo, ya que se aplazaron pruebas diagnósticas, preparatorias y quirúrgicas, cientos de visitas médicas programadas, revisiones, etc. Si a ello añadimos el desajuste en la tramitación de la medicación de los pacientes con enfermedades crónicas a través de la receta electrónica, las proporciones del desaguisado son muy considerables.
Las farmacias situadas en la zona cero estuvieron dos días sumidas en el caos más absoluto, porque ni siquiera pudieron dispensar los medicamentos legalmente por falta del precio en los envases. Sólo pudieron dispensar con normalidad las recetas de pensionistas. El resto de prescripciones, ya fueran de médicos del Sistema Nacional de Salud, de mutuas o particulares tuvieron que aplazarse o adelantarse sin cobrar. Tanto despropósito tendría que hacer reflexionar a los responsables.
Aunque, en principio, se trate de una noticia local, cabe analizarla críticamente y desde una perspectiva más amplia porque, al fin y al cabo, un «accidente» de esta magnitud puede pasar en cualquier punto del país (de hecho, no ha sido un problema aislado; tenía precedentes y, posteriormente, también ha habido réplicas de menor gravedad en otros puntos de España). Así las cosas, no puedo evitar preguntarme: ¿realmente nuestro sistema sanitario dispone de unas infraestructuras capaces de hacer frente a todo lo que implican los avances tecnológicos (y legales)? Cuando la información sólo es accesible por vía digital (ya sea porque las historias clínicas sólo existen en los discos duros de los ordenadores o porque la ley dispone que los medicamento no han de llevar el precio en el envase), alguien debe velar porque toda esa información esté siempre disponible, sin excusas. No hay accidentes que valgan.
Ningún usuario español se queda sin sus medicamentos por la falta de previsión o inversión empresarial de un farmacéutico: si no tenemos una marca, tenemos otra y si algo nos falta por la mañana, lo tenemos por la tarde, (gracias por supuesto, a nuestros aliados de la distribución). Modestia aparte, si hay un fallo en la cadena de suministro siempre está más arriba. Nosotros actuamos con responsabilidad porque somos empresas privadas que damos un servicio de interés público. Y lo damos. Otras empresas de nuestra misma condición --también privadas y de servicio público--, no parecen tan comprometidas con su responsabilidad, y a las pruebas me remito. Es curioso, porque estas empresas han sido «agraciadas» en los últimos meses con agradables revisiones de sus precios al público, para paliar el «déficit tarifario». Lo mismo que las farmacias, vaya.
