En las últimas semanas no se ha hablado de otra cosa que de las enmiendas que iba a introducir el Grupo Popular al proyecto de Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud en su paso por el Senado. La que suscitó reacciones más numerosas y encendidas fue la 161, que en uno de sus apartados pretendía penalizar las bonificaciones e incentivos de la industria a médicos y farmacéuticos.
Tras muchos dimes y diretes, el PP decidió a última hora retirar ese apartado e introducir otras modificaciones. Una de ellas va encaminada a implantar un sistema de compensación económica de la industria a la distribución o a los farmacéuticos cuando el medicamento dispensado supere el precio de referencia al no existir genérico en su grupo. Si la persecución de las bonificaciones se nos antojaba cuanto menos ilógica, inviable o escasamente práctico serían los adjetivos que cabría aplicar a este nuevo sistema, si es que finalmente llega a implantarse.
Todos estos rumores, propuestas e informes contradictorios han provocado la indignación de los farmacéuticos, que de nuevo han tenido que verse en el ojo del huracán informativo, y no por su falta de profesionalidad o su incompetencia sino, una vez más, en relación a temas económicos.
Parece ser que en nuestro país no existen otros problemas más importantes que el que los farmacéuticos podamos comprar los medicamentos, con total transparencia fiscal, a mejor precio. En cualquier caso, la marcha atrás del Gobierno en su intención de sancionar las bonificaciones parece haber confirmado lo que todos sabíamos: que éstas además de legítimas, son legales, por más que desde ciertas instancias se quisiera presentar a los farmacéuticos que las aceptaban y a los laboratorios que las ofrecían en sus transacciones comerciales como vulgares proscritos. El tiempo pone a cada uno en su sitio.