El autor explica la actual situación del comercio paralelo de medicamentos en nuestro país, a la luz de las últimas novedades en materia legal, y opina sobre
su impacto en la economía de los distintos actores del sector farmacéutico, incluido el Sistema Nacional de Salud.
La publicación de dos reales decretos1, uno en el año 2000 y otro el pasado mes de junio, cierra el cerco a los importadores paralelos convirtiendo a nuestra Administración en baluarte de la defensa de los intereses de las empresas multinacionales en Europa. Este hecho, que difícilmente llegará a la opinión pública por su complejidad técnica, es la expresión de una política que perjudica extraordinariamente los intereses de los farmacéuticos y de la distribución dependiente de ellos, y conviene que sea conocido con detalle para que nadie pueda verse confundido cuando se traten estas cuestiones, ya que hasta ahora se ha transmitido un cúmulo de medias verdades, e incluso mentiras, sobre el mismo. Al ser una cuestión técnicamente compleja, resulta más fácil transmitir aseveraciones sobre la falta de ética del comercio paralelo, que son difíciles de rebatir de una forma rápida y directa, y es fácil también recurrir al tópico de que afectan a la innovación y al estado de salud de la población, o son la causa de desabastecimiento de medicamentos, sugiriendo que la codicia de los distribuidores puede ocasionar verdaderos estragos sanitarios. Nada de esto es cierto, y conviene que los farmacéuticos conozcan la verdad, sepan quiénes tratan de confundirles, con qué fines, y los perjuicios que les acechan si no adoptan una postura clara en defensa de sus intereses y los de los pacientes, a los que también llega una parte del perjuicio.
¿QUÉ ES EL COMERCIO PARALELO?
Si un medicamento está registrado en dos países de la Unión Europea, cualquier persona física o jurídica que cuente con los necesarios permisos sanitarios puede llevarlo de un país a otro sin que pueda oponerse el propietario de la marca o la patente. El concepto es muy sencillo: Europa es un mercado único como lo son dos comunidades autónomas en España. Si alguien vendiera un medicamento más caro en Cataluña que en Galicia, nadie puede impedir que un almacén autorizado lo compre en Galicia para llevarlo a Cataluña y poder ofertarlo allí a un menor precio, obteniendo además un beneficio por su gestión. Esta es la esencia del comercio paralelo dentro del mercado único europeo que se produce en muy diversos sectores de la economía y que cuenta con el apoyo del Tratado y de la Comisión Europea. Es lícito, es ético, es legal, y además es muy conveniente, porque en la mayor parte de los casos disminuye los precios en el país que recibe el producto y beneficia a los consumidores y a los sistemas sanitarios2.
Frente a esta realidad surge la oposición --cómo no-- de los propietarios de los productos con marca, que esgrimen toda clase de argumentos para impedirlo, y que cuando ya no tienen argumentos actúan, bien mediante acciones, que en la mayor parte de los casos son finalmente declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, o bien forzando leyes y reglamentos cuyo sustento en la defensa del interés público deja mucho que desear y que, en algún caso, están llamados a su derogación.
LA POLÍTICA DE LAS MULTINACIONALES
El caso de España es especialmente ilustrativo. Somos el quinto mercado de la Unión Europea y el séptimo mundial. Nuestros medicamentos son bastante baratos. Hay limitación de precios y el comercio paralelo, principalmente con el Reino Unido, los Países Bajos y Alemania, proporciona de un 1 a un 2% del margen de la distribución que, en caso de no existir, habría de incrementarse en el precio de compra de la oficina de farmacia (tablas I y II). Los medicamentos que exporta la distribución --no más de 150-- se venden en los países de destino con un precio muy competitivo sobre los que son idénticos en esos países, demostrando simplemente que allí se venden con un margen mayor para la industria, pero que aquí las filiales de esos mismos laboratorios no por eso dejan de obtener cuantiosos beneficios. Lo importante para las multinacionales no es la cuantía del mercado, ni siquiera la pérdida de beneficios, sino que se conozca que pueden venderse más baratos y aun así ser un buen negocio.
Una estrategia diversa
La política de las multinacionales para impedir las exportaciones en nuestro país ha seguido distintas vías, que van desde la mentalización a través de líderes de opinión, a la acción política directa frente a responsables de la Administración, pasando por la negativa a servir medicamentos o, lo que es peor, las acusaciones a la distribución por el desabastecimiento de alguno de ellos3. La mentalización mediante líderes de opinión se ha llevado a cabo en algunos casos a través de eurodiputados, altos funcionarios e incluso presidentes de almacenes de distribución cuya postura les permitía seguir exportando mientras lo negaban4. La acción política frente a los responsables de la Administración no hace falta demostrarla. Ahí está la modificación del artículo 100 de la Ley del Medicamento5, en preparación del real decreto aparecido el pasado mes de junio y el desarrollo de la directiva que contempla diversos aspectos del comercio intracomunitario de medicamentos, mediante un real decreto que regula la importación y que, de hecho, hace imposible que nadie importe, como se explicará más adelante. Y la negativa a servir medicamentos es una práctica que trató de implantar Glaxo a quienes no firmaran un contrato por el que los distribuidores se comprometían a no exportar, ya que se les vendía a un precio prohibitivo en caso de hacerlo. Esta acción de Glaxo ya ha sido declarada ilegal por la Comisión Europea, aunque todavía están pendientes otros muchos procesos de otros laboratorios que asignan cuotas, como MS&D, en función de lo que ellos consideran que puede vender el almacén en el territorio nacional y que consisten simplemente en no servir, o servir poco, a quienes sospechan que exportan.
La última acción ideada con apoyo de la modificación del artículo 100 de la Ley del Medicamento es el real decreto que pretende la absoluta trazabilidad de los medicamentos en su comercialización con una única finalidad, no declarada en su exposición de motivos, y es que no se exporten. Es decir, las multinacionales farmacéuticas han obtenido un magnífico premio a sus desvelos y si la trazabilidad pudiera implantarse --en Italia ya ha fracasado-- tendría el doble coste de acabar con la eficiencia en la distribución y costar a la oficina de farmacia entre un 1,5 y un 3% de sus compras, aparte de llevar directamente a la quiebra a un buen número de cooperativas y almacenes. Los protagonistas de la victoria son unas 15 corporaciones farmacéuticas multinacionales y unos 150 formatos de medicamentos, mientras los derrotados somos todos los farmacéuticos, nuestra distribución, el tejido productivo y comercial de nuestro país y algunos millones de ciudadanos de la Unión Europea.
RD 1785/2000
En España las corporaciones multinacionales lo han conseguido todo: que no se importen medicamentos paralelamente y que no se exporten. El RD 1785/2000 de 27 de octubre regula la autorización de los importadores y lo hace de una forma tan poco flexible que nadie ha podido importar medicamentos que están más baratos en algún otro Estado6. El RD 725/2003 de 13 de junio impone la obligación a los almacenes de declarar las ventas a cada farmacia, de tal forma que si no fuera posible demostrar que un medicamento se vendió a una farmacia, el laboratorio podría imponerle un precio libre y prohibitivo para la exportación. Al dificultar la importación de medicamentos más baratos, se está impidiendo un ahorro a los pacientes y a las cuentas públicas y al dificultar la exportación, se está privando de un beneficio legítimo a la distribución y a la oficina de farmacia con repercusión en toda la economía nacional.
LA POSTURA DE LA DISTRIBUCIÓN
La distribución farmacéutica, agrupada en FEDIFAR, nunca ha sido clara y contundente en contra de las trabas al comercio paralelo: se ha limitado a recurrir, en el plano legal, las disposiciones y las maniobras de la industria, forzada por algunos asociados, pero ha evitado hacer manifestaciones públicas que pudieran perjudicar el suministro. Algunos de sus asociados dan prioridad a las buenas relaciones con las multinacionales mientras mantienen departamentos de exportación que no declaran ni en sus memorias anuales. Esta postura tan poco clara es lo que ha permitido a la Administración dejarse convencer para impedir el comercio paralelo con los argumentos de las corporaciones multinacionales.
Ahora, tras la publicación del real decreto que impone la trazabilidad, la voz de FEDIFAR comienza a oírse, pero ya es tarde, y pone de manifiesto una profunda división en su seno, ya que algunos asociados siguen sin dar su brazo a torcer, estimando que conseguirán una mayor cuota de mercado a costa de quienes se signifiquen en esta lucha.
La consecuencia de esta postura es que, a partir de ahora, los almacenes deben conservar toda la documentación con la información de cualquier transacción en la que conste una serie de datos que perjudican gravemente la eficacia del proceso de distribución, encarecen los costes y, desde luego, impedirán la exportación, al poder imponer un precio diferente a todo aquello que no se pueda justificar como vendido a una farmacia7.
REPERCUSIONES PARA EL FARMACÉUTICO
La consecuencia para el farmacéutico es que al verse afectados el proceso de distribución y la economía del almacén o cooperativa al que compra, sus costes de adquisición se incrementarán entre un 1,5 y un 3%, dependiendo de su volumen de compras y otras variables. El golpe es muy duro para la farmacia, ya que supone una reducción efectiva del margen, sin que nadie parezca haberse enterado, o incluso con la aquiescencia de algunos dirigentes que todavía son incapaces de distinguir que las exportaciones paralelas son legítimas y convenientes, no sólo para la economía de la oficina de farmacia, sino también para la economía nacional y para los consumidores de otros países europeos.
¿CÓMO SE HA LLEGADO HASTA AQUÍ?
Si hubiera que hacer una sinopsis de esta derrota habría que hablar en primer lugar de una idea que se ha convertido en una poderosa arma de negociación por parte de las multinacionales: la innovación. El pacto firmado por Farmaindustria supone entre 90 y 99 millones de euros con los que se financian proyectos de investigación en los centros sanitarios de todo el país y que suponen, sin duda, también importantes retornos para la industria, sobresueldos o pago de becarios, publicaciones y, en general, benéfico maná para las escuálidas estadísticas de inversión investigadora de nuestro país. La innovación es el becerro de oro por el que se sacrifica a cualquier sector productivo que deja sus beneficios en España, mientras que los que la invocan se encargan de aspirar las cotizaciones sociales e impuestos de empresarios y trabajadores que aparecen convertidas en dividendos en alejados mercados de valores. La imagen de la innovación debería ser revisada para conocer sus justos límites, ya que cabe temer que cuando se habla de innovación se mezclen dos conceptos: la que se realiza para quedarse con nuestro dinero por la vía más rápida y expeditiva que se conoce, con apoyo del monopolio de la patente, y la que podría proporcionar alguna mejora a nuestra economía. La primera es una innovación que ya tiene premio suficiente y no debería protegerse más de lo que ya está, mientras la segunda es la que puede interesarnos a todos. También debe investigarse a fondo a qué se llama innovación, no vaya a ser en su mayor parte promoción encubierta que adopta, en este caso, una de sus formas más engañosas y de apariencia más honorable.
La industria maneja un concepto inmaterial, promete solucionar todo mediante la innovación, mientras los profesionales de la salud, incluyéndonos a nosotros y a los médicos, sólo prometemos un buen servicio, algo que se da por hecho que debemos cumplir, que se presenta con muy poco valor y que, sin embargo, es enorme. Así se ha llegado a la situación de que los médicos tienen una de las retribuciones más bajas de cualquier país desarrollado y a la persecución del sector de distribución y oficina de farmacia como si de chinches se tratara, sin considerar que nuestra contribución a la economía nacional y al empleo es muy superior a la de la industria.
PLAN DE ACCIÓN
Nuestro propio plan de acción tiene que empezar por explicar los beneficios del mercado paralelo, beneficios que quedan en el país y que aprovechan además a millones de ciudadanos europeos, y el carácter regulador sobre los precios de estas prácticas. Hasta el último farmacéutico debe conocer la cuantía de la aportación del mercado paralelo a su propio bienestar y el de sus conciudadanos para que nadie tenga la menor duda sobre esta cuestión. Una vez conocido el significado del mercado paralelo, hay que refutar los argumentos de quienes se atreven a oponerse a él. La segunda vía de acción consistiría en evitar la pertenencia a asociaciones patronales --ya sea de la industria, la distribución o la oficina de farmacia--, en las que haya que compartir decisiones con los enemigos del comercio paralelo. No tiene ningún interés mantener posturas confusas que nos acaban perjudicando, ni acceder a pactos con las Administraciones que tienen como contrapartida la prohibición del comercio paralelo. La tercera vía, y única posible a estas alturas, es iniciar las demandas judiciales, tanto en España como en la Unión Europea, ya que los reales decretos son recurribles, cosa que no se pudo hacer con la modificación del artículo 100 de la Ley del Medicamento, por tratarse de una Ley.
Esta estrategia, acompañada de información y crítica razonada de quienes apoyan la prohibición, es todo un programa de trabajo para los próximos años y debe constituir una gran lección para la mayor parte de los integrantes del sector farmacéutico. Los pequeños laboratorios que apostaron por los genéricos van a ser barridos por la Disposición Final Tercera de la Ley de Cohesión y deben conocer que una de las contrapartidas ha sido acabar con el comercio paralelo. Los almacenes de distribución que primero firmaron el contrato con Glaxo y después aceptaron contribuir al Pacto, pensando que nada de esto iba a ocurrir, deben reflexionar y ver de lo poco que les ha servido. Y los farmacéuticos tenemos todavía una gran lección por aprender, que es equivocarnos por nosotros mismos, sin permitir que se sigan equivocando por nosotros algunos de nuestros dirigentes. Pero, sobre todo, debemos aprender que el comercio paralelo es ético porque ayuda a bajar los precios allí donde están más altos, es lícito porque lo impulsa la Unión Europea y es conveniente para nuestra economía y para la de nuestro país. *