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Vol. 22. Núm. 5.
Páginas 9 (Mayo 2008)
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MERCÈ PRATSa
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El pasado 1 de mayo comenzaba la última fase del proceso de actualización de precios correspondiente a este año, iniciado en el mes de marzo. Durante estos meses se han puesto en marcha varias medidas que, en conjunto, han contribuido a la descapitalización de las farmacias de nuestro país. Hoy, inmersos ya en la fase final del proceso, somos muchos los que nos sentimos algo perdidos en la vorágine de precios en descenso, ya no estamos muy seguros de qué norma rige la actual bajada, a cuánto asciende la reducción del margen que ha supuesto para nuestras farmacias y, sobre todo, cuánto tardará la Administración en volver a tocarnos el bolsillo.

En este contexto, sigue planeando en el horizonte la decisión inminente de la Comisión Europea sobre una posible liberalización del sector español de oficinas de farmacia (con el camino allanado por el reciente Informe Ecorys, que nuestro colaborador habitual, Enrique Granda, comentaba en el número anterior). En el debate han entrado nuevas voces, como la de Ricard Meneu, prestigioso especialista en economía de la salud que en un reciente informe elaborado para la Fundación Alernativas bajo el título La distribución y dispensación de medicamentos en España señala entre las «sombras» del sector «el escaso aprovechamiento de las competencias sanitarias de estos profesionales [farmacéuticos], la discutible eficacia y justificación de los sistemas de asignación de titularidad, la existencia de multitud de preceptos más orientados a los intereses de una parte del colectivo profesional que a los de los usuarios, así como un sinfín de cortapisas a la eficiencia sin más demostración que la retórica apelación a la importancia de garantizar una inconcreta salud pública».

Con este panorama y en plena campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cada vez estoy más convencida de que la profesión de farmacéutico comunitario es hoy, más que nunca, vocacional, porque de otro modo no se entendería que sigamos optando por esta modalidad de ejercicio profesional que parece merecer tan poco aprecio por parte de las autoridades europeas. Esta situación de amenaza permanente a nuestra estabilidad me causa más estupor aún cuando observo lo que ocurre en otros sectores, con Administraciones que no han mostrado demasiada preocupación ante la subida constante de los precios de los alimentos o la vivienda, como si no se tratase de productos de primera necesidad (igual que los medicamentos).

Y una paradoja más (en otro orden de cosas): hace poco llevé el coche al taller para una revisión rutinaria y en la factura figuraba como precio de la hora de trabajo del mecánico la «irrisoria» cantidad de 73 euros. En ese momento me di cuenta de lo importante que es para la sociedad el coche y lo poco que significa la sanidad, porque ¿quién pagaría ese importe por la realización de una fórmula magistral o un programa de seguimiento farmacoterapéutico? Pese a que soy optimista por naturaleza, creo, francamente, que algo no va bien.

MERCÈ PRATS. Directora

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