Como cada año, en estas fechas solemos hacer balance de lo que ha ocurrido en la farmacia española durante el año en curso. Sin duda, 2013 ha sido un año extremadamente duro. La crisis económica se ha ensañado con todos los sectores de la sociedad española: miles de pequeños comercios se han visto obligados a cerrar sus puertas y centenares de miles de personas han perdido su empleo.
Las farmacias españolas, como los pequeños comercios que son, también han notado en las ventas de los productos de parafarmacia las dificultades económicas del consumidor. Y por si fuera poco, los plazos de cobro de las recetas dispensadas con cargo a la Seguridad Social se han alargado en algunas comunidades hasta los 90-120 día, con la consiguiente merma en la calidad del servicio prestado (menos empleados, reducción de stock...) y repercusión en la calidad de vida del farmacéutico propietario de la farmacia, que en muchos casos se ha visto obligado a solicitar créditos o a hipotecar su domicilio habitual para hacer frente a los pagos de proveedores.
Otra circunstancia ha venido a modificar -en este caso en el sentido contrario-, el modelo económico de la farmacia. Me refiero al «copago» que el usuario del Sistema Nacional de Salud debe asumir por los medicamentos que se le dispensan y, más concretamente, al pago del 10% del importe de los medicamentos que deben afrontar los pensionistas, un colectivo que hasta la aplicación de Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 de 20 de abril de «medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones» estaba exento de pago alguno. Aunque está limitado por los topes que según la renta tiene cada usuario y con las excepciones que marca la ley, la consecuencia inmediata del copago es la reducción del importe adeudado por la Administración Pública a las farmacias.
A esta medida hay que añadir, a partir del tercer trimestre del año, la desfinanciación de más de 400 medicamentos, entre los que se encuentran productos de gran consumo como las lágrimas artificiales o los antitusígenos y los mucolíticos.
Precisamente en este número de Farmacia Profesional se publica un interesante artículo de Fernando Magro (exdirector del Insalud) que analiza detalladamente cuál ha sido el impacto real de todas estas medidas adoptadas por el gobierno español en la economía de las oficinas de farmacia y en el gasto público. Os lo recomiendo.
¡Feliz año 2014!
