De un tiempo a esta parte, tanto desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FDASP), como desde otras instituciones se están vertiendo acusaciones de fraude fiscal contra los farmacéuticos establecidos. Fraude que, según estas fuentes, resulta de la venta de especialidades farmacéuticas genéricas (EFG) que forman parte de la bonificación obtenida por la compra de un determinado número de unidades a los laboratorios.
Nuestro colaborador, Enrique Granda, en su artículo Bonificaciones. Negro sobre blanco, que tienes en este número de farmacia profesional, hace una clara y dura reflexión sobre este tema. No obstante, a mi entender, estas acusaciones no sólo no tienen fundamento, sino que no puedo menos que pensar, como otros compañeros, que detrás de ellas se esconden intereses ajenos a los legítimos de proteger la Sanidad Pública. Así, hay quien piensa que son los propios laboratorios farmacéuticos los que, hartos de negociar a tres bandas (Administración, médicos y ahora también farmacéuticos), quieren volver a la comodidad de la situación anterior. Ellos, por su parte, lo desmienten rotundamente y para reforzar esta posición algunos de sus representantes han dimitido de sus cargos (la cúpula directiva de la Asociación Española de fabricantes de Sustancias y Especialidades farmacéuticas Genéricas renunció en pleno el pasado mes de julio).
En cualquier caso, está claro que los verdaderos perjudicados --desde el punto de vista económico-- por la irrupción en el mercado de las EFG somos los farmacéuticos, que hemos visto incrementarse drásticamente nuestros stocks con un sinnúmero de estos medicamentos y asistimos inermes a su continuo baile de precios.
Pese a todo, la actitud del farmacéutico, firme apoyo de las políticas de contención del gasto tanto por su labor como educador para el uso racional del medicamento como por su esfuerzo personal de adaptación al sistema de precios de referencia, sí constituye una auténtica defensa de la Sanidad Pública.