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El internado médico en México: un riesgo estructural para el derecho a la educación médica

The undergraduate medical internship in Mexico: A structural risk to the right to medical education
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Mauricio Fidel Mendoza-Gonzáleza,
Autor para correspondencia
mmendoza@uv.mx

Autor para correspondencia.
, Carolina Delgado-Domínguezb, Francisco Domingo Vázquez-Martíneza, Christian Soledad Ortiz-Chachaa
a Instituto de Salud Pública, Universidad Veracruzana, Veracruz, México
b Instituto de Investigaciones Psicológicas, Universidad Veracruzana, Veracruz, México
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Tabla 1. Características generales de los médicos internos de pregrado y carga horaria reportada, México, 2018–2022
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Tabla 2. Indicadores principales del entorno formativo durante el internado médico de pregrado, México, 2018–2022
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Tabla 3. Distribución del riesgo para la garantía del derecho a la educación médica según sexo, cohorte y sede universitaria, México, 2018–2022
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Material adicional (1)
Resumen
Introducción

el internado médico de pregrado es una etapa obligatoria y crítica de la formación médica en México, desarrollada en el espacio docente-asistencial bajo corresponsabilidad entre universidades e instituciones de salud. Desde un enfoque de salud basado en derechos humanos, sus condiciones estructurales son determinantes para la garantía del derecho a la educación médica, la seguridad del paciente y el bienestar estudiantil. El objetivo fue analizar estas condiciones a lo largo del periodo 2018–2022 y estimar el riesgo para la garantía del derecho a la educación médica.

Material y métodos

estudio observacional, transversal analítico, con comparación acumulada de cohortes anuales, basado en datos del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos (OBEME) recolectados entre 2018 y 2022. Se incluyeron 1.140 médicos internos de pregrado de 5 sedes universitarias, evaluados mediante un instrumento validado (α de Cronbach = 0,78). Se construyeron índices sintéticos de acciones positivas (IAP_DA), acciones negativas (IAN_DA) y una estimación global de riesgo.

Resultados

el 76,4% reportó jornadas superiores a 80 h semanales. No se identificaron condiciones óptimas para el desarrollo académico. Se observaron altas prevalencias de interferencia del horario con la vida personal (81,9%), errores clínicos autopercibidos por falta de competencias o supervisión, y trato discriminatorio. La mayoría se ubicó en categorías de riesgo.

Conclusiones

el internado médico en México se desarrolla en condiciones estructuralmente adversas que comprometen el derecho a la educación médica, lo que demanda reformas de gobernanza educativa orientadas a regular la carga asistencial, fortalecer la supervisión académica y garantizar entornos formativos seguros y dignos desde una perspectiva de derechos humanos.

Palabras clave:
Educación médica
Internado y residencia
Derechos humanos
Entorno de aprendizaje clínico
Seguridad del paciente
México
Abstract
Background

The undergraduate medical internship is a mandatory and critical stage of medical training in Mexico, developed within the clinical learning environment under shared responsibility between universities and healthcare institutions. From a human rights–based perspective, the structural conditions of this period are key determinants of the right to medical education, patient safety, and student well-being. This study aimed to analyze these conditions over time and to estimate the risk to the effective enjoyment of the right to medical education.

Methods

An observational, analytical cross-sectional study with repeated annual measurements was conducted using data collected by the Observatory of Medical Education and Human Rights (OBEME) between 2018 and 2022. The sample included 1,140 undergraduate medical interns from five university sites, assessed using a validated instrument (Cronbach's alpha = 0.78). Synthetic indices of positive actions (IAP_DA), negative actions (IAN_DA), and an overall risk estimate were constructed.

Results

Overall, 76.4% of interns reported working more than 80 h per week (95% CI: 73.9–78.8). No conditions were classified as optimal for academic development. Negative actions showed high prevalence, particularly the interference of internship schedules with personal life (81.9%; 95% CI: 79.6–84.1), self-reported clinical errors related to lack of competence or supervision, and experiences of discriminatory treatment. Overall, 66.4% of participants were classified as being at risk for the effective enjoyment of the right to medical education.

Conclusions

The undergraduate medical internship in Mexico operates within a structurally adverse environment that compromises the right to medical education, underscoring the need for educational governance reforms to regulate clinical workload, strengthen academic supervision, and ensure safe and dignified training environments grounded in a human rights–based framework.

Keywords:
Medical education
Internship and residency
Human rights
Clinical learning environment
Patient safety
Mexico
Texto completo
Introducción

El internado médico de pregrado constituye una etapa obligatoria y estratégica en la formación de los médicos en México. Ubicado al término de la educación universitaria escolarizada y previo al servicio social, este periodo representa un espacio formativo de alta complejidad en el que confluyen responsabilidades académicas y asistenciales bajo un esquema de corresponsabilidad entre las instituciones educativas y los servicios de salud. En este entramado —conocido como espacio docente-asistencial— se definen no solo la consolidación de competencias clínicas fundamentales, sino también las condiciones reales para el ejercicio efectivo del derecho a la educación médica en contextos clínicos1,2.

Desde el Enfoque de Salud Basado en Derechos Humanos (ESBDH), la formación médica no puede reducirse a la adquisición técnica de habilidades clínicas, sino que implica obligaciones institucionales concretas orientadas a garantizar procesos educativos de calidad, con supervisión adecuada, condiciones dignas y protección integral del educando. En este marco, la literatura internacional ha documentado que los entornos clínicos de aprendizaje caracterizados por sobrecarga asistencial, jornadas prolongadas, déficit de supervisión docente y climas organizacionales adversos se asocian de manera consistente con deterioro del aprendizaje, incremento de errores clínicos y vulneración simultánea de derechos educativos y sanitarios3,4.

En distintos sistemas de salud, incluidos aquellos de ingresos medios y altos, se ha señalado que los estudiantes en formación clínica temprana —internos y residentes— participan de forma creciente en actividades asistenciales que exceden los objetivos pedagógicos, con niveles variables de acompañamiento académico y reconocimiento institucional. Esta situación ha sido vinculada con errores médicos autopercibidos, desgaste profesional temprano y normalización de prácticas adversas que se reproducen como parte del currículo oculto de la medicina, consolidando patrones estructurales difíciles de modificar5–7. En consecuencia, el debate internacional ha evolucionado hacia la evaluación del entorno clínico no solo como un espacio educativo, sino como un determinante estructural del ejercicio de derechos durante la formación médica.

En México, la evidencia disponible ha mostrado que el internado médico de pregrado se desarrolla con frecuencia en condiciones adversas, caracterizadas por jornadas excesivas, supervisión académica insuficiente, prácticas de discriminación, violencia institucional y desconocimiento de los mecanismos formales de protección de derechos por parte de los propios estudiantes8,9. No obstante, gran parte de estos estudios han sido de corte transversal, con alcances temporales limitados y sin integrar indicadores sintéticos que permitan estimar de manera global y comparativa el riesgo para la garantía del derecho a la educación médica en el espacio docente-asistencial.

En respuesta a esta necesidad analítica, el Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos (OBEME) inició formalmente sus actividades en 2017, como un dispositivo institucional de vigilancia académica orientado al análisis sistemático de la formación médica desde un enfoque explícito de derechos humanos. A partir de instrumentos validados y de la recopilación anual de información al término del internado médico, el OBEME ha generado una base de datos homogénea que permite evaluar, desde 2018, las condiciones estructurales del espacio docente-asistencial en distintas sedes universitarias y cohortes generacionales10.

Con base en esta experiencia, el presente estudio tiene como objetivo analizar de manera longitudinal las condiciones que favorecen y obstaculizan el desarrollo académico durante el internado médico de pregrado en México, mediante la construcción de índices sintéticos de acciones positivas y negativas, así como una estimación global del riesgo para la garantía del derecho a la educación médica. Al integrar evidencia cuantitativa con un marco conceptual de derechos humanos, este trabajo busca aportar elementos analíticos útiles para la toma de decisiones institucionales, la formulación de políticas educativas y la discusión académica sobre la formación médica en contextos clínicos complejos.

Material y métodosDiseño del estudio

Se realizó un estudio observacional, transversal analítico, con análisis longitudinal acumulado, basado en la información recopilada de manera sistemática por el OBEME desde el inicio formal de sus actividades en 201711. El presente análisis corresponde a las cohortes de médicos internos de pregrado evaluadas entre 2018 y 2022, periodo para el cual se cuenta con instrumentos homogéneos, validados y aplicados de forma continua. El análisis temporal corresponde a una comparación agregada entre cohortes anuales sucesivas de médicos internos y no a un seguimiento individual de tipo cohorte.

Este estudio se inscribe en un programa institucional de investigación en educación médica y derechos humanos que integra evaluaciones cuantitativas y cualitativas desarrolladas de manera complementaria en la misma población. La contraparte cualitativa de este programa, basada en análisis interpretativo de discursos de internos de pregrado, ha sido publicada previamente y aporta evidencia estructural sobre las condiciones formativas del internado médico en México, fortaleciendo el marco interpretativo del presente análisis cuantitativo12.

Población de estudio

La población estuvo constituida por los estudiantes de pregrado adscritos a 5 sedes universitarias de una universidad pública estatal en Veracruz, México, evaluados por el OBEME al término del internado médico durante el periodo 2018–2022. La participación fue voluntaria, anónima y confidencial.

Los criterios de inclusión fueron: médicos internos de pregrado que concluyeron el internado en los años comprendidos entre 2018 y 2022 en las sedes consideradas: Ciudad Mendoza, Minatitlán, Poza Rica, Veracruz y Xalapa; aceptación voluntaria de participación y otorgamiento de consentimiento informado para responder el instrumento; y cuestionarios con información suficiente para el análisis de la dimensión «Derecho a la Educación Médica» y para la construcción de los índices sintéticos (IAP_DA, IAN_DA y estimación global de riesgo).

Los criterios de exclusión fueron: cuestionarios con omisiones sustantivas en variables necesarias para la construcción de los índices; registros duplicados o inconsistentes; y casos con retiro explícito del consentimiento para el uso de la información. Con base en estos criterios, se incluyeron 1.140 médicos internos de pregrado para el análisis.

Instrumento y variables

La información se obtuvo mediante el cuestionario desarrollado y validado por el OBEME (DERIM), diseñado para evaluar el goce de derechos humanos en el espacio docente-asistencial. El instrumento cuenta con validez de contenido y adecuada consistencia interna (α de Cronbach = 0,78) y ha sido utilizado de forma sistemática en evaluaciones previas del internado médico en México13.

Para este estudio se analizó específicamente la dimensión Derecho a la Educación Médica, integrada por variables que exploran acciones autopercibidas que a) favorecen el desarrollo académico en el espacio docente-asistencial (10 variables) y b) no favorecen el desarrollo académico (5 variables).

Las variables incluyen aspectos relacionados con apoyo institucional, supervisión académica, ambiente de aprendizaje, carga asistencial, interferencia con la vida personal, errores clínicos autopercibidos y trato recibido durante el proceso formativo.

Construcción de índices

Con base en las variables de la dimensión «derecho a la educación médica», se construyeron 3 indicadores sintéticos. Para cada variable se definió una codificación dicotómica: 1 = presencia de la condición (favorable o desfavorable, según corresponda) y 0 = ausencia. Se aplicó un esquema de ponderación igualitaria (mismo peso para cada variable) con el fin de obtener índices comparables y replicables entre sedes y cohortes, evitando sobreponderación arbitraria.

Índice de acciones positivas para el desarrollo académico (IAP_DA): se integró con 10 variables favorables. Se calculó como porcentaje agregado:

donde (xi) representa cada variable favorable (0/1). Para su interpretación, el índice se clasificó en 4 niveles ordinales con puntos de corte predefinidos en escala 0–100: deficiente (0–24), medio bajo (25–49), suficiente (50–74) y óptimo (75–100).

Índice de acciones negativas para el desarrollo académico (IAN_DA): se integró con 5 variables no favorables. Se calculó como porcentaje agregado:

donde (yj) representa cada variable no favorable (0/1). Se clasificó en categorías ordinales de riesgo en escala 0–100: permisible (0–24), alerta (25–49), atención (50–74) y requiere intervención inmediata (75–100).

Estimación global de riesgo para la garantía del derecho a la educación médica: se construyó integrando el componente negativo (IAN_DA) y el componente «no favorable» del IAP_DA (es decir, 100−IAP_DA), con ponderación igualitaria:

Este indicador se expresó como variable continua (0–100%), donde valores mayores indican mayor riesgo. Para el análisis dicotómico, el riesgo global se agrupó en cuartiles, considerando el cuartil 1 como no riesgo y los cuartiles 2–4 como condición de riesgo, conforme al análisis descriptivo del estudio.

Finalmente, por su relevancia ética y formativa, el trato discriminatorio y los errores clínicos autopercibidos (por falta de supervisión o por falta de competencia) se analizaron también como variables independientes.

Análisis estadístico

Se emplearon estadísticos descriptivos (frecuencias, porcentajes, medias y desviación estándar) para caracterizar a la población. Para las principales proporciones se calcularon intervalos de confianza del 95% (IC 95%). Las comparaciones entre grupos se realizaron mediante la prueba t de Student para variables continuas y la prueba χ² de Pearson para variables categóricas. Para explorar la variación entre cohortes anuales (2018–2022), se evaluó la tendencia temporal del riesgo global mediante análisis por año y prueba de tendencia. De manera exploratoria, se ajustó un modelo de regresión logística binaria para identificar factores asociados con la condición de riesgo para la garantía del derecho a la educación médica. La variable dependiente fue la estimación global de riesgo dicotomizada en no riesgo (cuartil 1) y riesgo (cuartiles 2–4). Como variables independientes se incluyeron sexo, edad, cohorte anual y sede universitaria. Los resultados del modelo se expresaron como odds ratios (OR) con IC 95%. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p ≤ 0,05.

ResultadosCaracterísticas generales de la población estudiada

Se analizaron 1.140 médicos internos de pregrado; 51,5% fueron mujeres (n = 587) y 48,5%, hombres (n = 553). La edad promedio fue de 24,8 años (DE ± 1,8), sin diferencias estadísticamente significativas por sexo. La mayoría reportó una elevada carga asistencial: 76,4% refirió jornadas superiores a 80 h semanales (IC 95%: 73,9–78,8). Las características generales de la población se presentan en la tabla 1.

Tabla 1.

Características generales de los médicos internos de pregrado y carga horaria reportada, México, 2018–2022

Variable  Total (n = 1.140) 
Edad (años), media ± DE  24,8 ± 1,8 
Sexo, n (%)   
    Mujeres  587 (51,5) 
    Hombres  553 (48,5) 
Carga horaria, n (%)   
    >80 horas semanales  871 (76,4) 
    IC 95%  73,9–78,8 
Cohorte anual, n (%)   
    2018  364 (31,9) 
    2019  474 (41,6) 
    2020  98 (8,6) 
    2021  107 (9,4) 
    2022  97 (8,5) 

Fuente: Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos (OBEME), dimensión Derecho a la Educación Médica.

DE = desviación estándar; IC 95% = intervalo de confianza del 95%.

Indicadores principales del entorno formativo durante el internado

El análisis de las condiciones que favorecen el desarrollo académico mostró un patrón predominantemente intermedio, sin que ninguna variable alcanzara niveles óptimos. Las condiciones mejor evaluadas fueron la percepción de un ambiente de aprendizaje cordial y respetuoso (71,6%; IC 95%: 68,9–74,1), el esclarecimiento de dudas académicas durante la práctica asistencial (66,6%; IC 95%: 63,8–69,3), la tutoría académico-administrativa (61,8%; IC 95%: 58,9–64,6) y la congruencia de la evaluación con el aprendizaje logrado (61,3%; IC 95%: 58,4–64,1).

En contraste, las condiciones menos favorables correspondieron al apoyo de la escuela de medicina para el desarrollo de actividades académicas (18,2%; IC 95%: 16,1–20,6), al uso de simuladores como reforzamiento práctico (27,5%; IC 95%: 25,0–30,2), a la atención académica por parte de profesores o tutores universitarios (32,3%; IC 95%: 29,6–35,1) y a la priorización del aprendizaje sobre la demanda asistencial (37,5%; IC 95%: 34,7–40,3).

Las condiciones que obstaculizan el desarrollo académico mostraron prevalencias elevadas. La más frecuente fue la interferencia del horario del internado con la vida personal y social (81,9%; IC 95%: 79,6–84,1), seguida de los errores clínicos autopercibidos por falta de competencias (73,9%; IC 95%: 71,2–76,3) y por falta de supervisión académica (68,7%; IC 95%: 65,9–71,3). Además, el 57,5% reportó un trato discriminatorio durante el proceso formativo (IC 95%: 54,6–60,3). La falta de respeto por parte de los profesores fue menos frecuente (23,6%; IC 95%: 21,2–26,2), aunque persistió como una condición relevante desde la perspectiva ética y formativa. El conjunto de estos indicadores se presenta en la tabla 2.

Tabla 2.

Indicadores principales del entorno formativo durante el internado médico de pregrado, México, 2018–2022

Indicador  n  IC 95% 
Condiciones que favorecen el desarrollo académico       
Ambiente de aprendizaje cordial y respetuoso  816  71,6  68,9–74,1 
Esclarecimiento de dudas académicas durante la práctica asistencial  759  66,6  63,8–69,3 
Tutoría académico-administrativa  705  61,8  58,9–64,6 
Evaluación congruente con el aprendizaje logrado  699  61,3  58,4–64,1 
Apoyo para asistir a actividades académicas  606  53,2  50,3–56,1 
Disposición del profesorado para apoyar el ejercicio académico  581  50,9  48,0–53,8 
Priorización del aprendizaje sobre la demanda asistencial  427  37,5  34,7–40,3 
Acompañamiento académico por profesores o tutores universitarios  368  32,3  29,6–35,1 
Actividades prácticas de reforzamiento mediante simuladores  314  27,5  25,0–30,2 
Apoyo de la escuela de medicina para el desarrollo de actividades académicas  208  18,2  16,1–20,6 
Condiciones que obstaculizan el desarrollo académico       
Interferencia del horario con la vida personal y social  934  81,9  79,6–84,1 
Errores clínicos autopercibidos por falta de competencias  843  73,9  71,2–76,3 
Errores clínicos autopercibidos por falta de supervisión  783  68,7  65,9–71,3 
Trato discriminatorio durante el proceso formativo  655  57,5  54,6–60,3 
Falta de respeto por parte de profesores en el espacio asistencial  269  23,6  21,2–26,2 

Fuente: Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos (OBEME), dimensión Derecho a la Educación Médica.

IC 95% = intervalo de confianza del 95%.

Riesgo global para la garantía del derecho a la educación médica

La integración de los índices de acciones positivas (IAP_DA) y acciones negativas (IAN_DA) permitió construir una estimación global del riesgo para la garantía del derecho a la educación médica durante el internado. De manera global, el 66,4% de los estudiantes se ubicó en condición de riesgo, mientras que el 33,6% se clasificó en no riesgo.

La distribución del riesgo no mostró diferencias estadísticamente significativas por sexo ni por cohorte anual. En contraste, se observaron diferencias entre sedes universitarias (p < 0,001), con una mayor proporción de estudiantes en condición de riesgo en las sedes de Xalapa y Veracruz, en comparación con Ciudad Mendoza, Minatitlán y Poza Rica. La distribución detallada del riesgo según sexo, cohorte y sede universitaria se presenta en la tabla 3.

Tabla 3.

Distribución del riesgo para la garantía del derecho a la educación médica según sexo, cohorte y sede universitaria, México, 2018–2022

Variable  No riesgo n (%)  Riesgo n (%)  p 
Total  383 (33,6)  757 (66,4)  – 
Sexo      0,360 
     Mujeres  205 (34,9)  382 (65,1)   
     Hombres  178 (32,2)  375 (67,8)   
Cohorte anual      0,768 
     2018  119 (32,7)  245 (67,3)   
     2019  165 (34,8)  309 (65,2)   
     2020  28 (28,6)  70 (71,4)   
     2021  36 (33,6)  71 (66,4)   
     2022  35 (36,1)  62 (63,9)   
Sede universitaria      <0,001 
     Ciudad Mendoza  92 (41,1)  132 (58,9)   
     Minatitlán  97 (47,5)  107 (52,5)   
     Poza Rica  77 (46,4)  89 (53,6)   
     Veracruz  76 (25,6)  221 (74,4)   
     Xalapa  41 (16,5)  208 (83,5)   

Fuente: Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos (OBEME), dimensión Derecho a la Educación Médica.

El riesgo se definió a partir de la estimación global para la garantía del derecho a la educación médica, dicotomizada en no riesgo (cuartil 1) y riesgo (cuartiles 2–4). Los valores de p corresponden a la prueba de χ² de Pearson.

En el análisis multivariado exploratorio, la condición de riesgo no mostró asociación estadísticamente significativa con el sexo, la edad o la cohorte anual. En contraste, se observaron diferencias por sede universitaria, con mayor probabilidad de riesgo en Veracruz (OR ajustado: 1,75; IC 95%: 1,13–2,73) y Xalapa (OR ajustado: 2,83; IC 95%: 1,71–4,66), en comparación con Ciudad Mendoza. Los resultados completos del modelo se presentan en la tabla suplementaria 1.

Discusión

Los hallazgos cuantitativos de este estudio confirman que el internado médico en México opera como un entorno de aprendizaje clínico con alta variabilidad institucional y con déficits recurrentes en dimensiones críticas para la formación segura: supervisión, condiciones materiales, organización del trabajo y trato digno. En la literatura internacional, el clinical learning environment (CLE) se entiende como un constructo complejo y coproducido por factores arquitectónicos, socioculturales, educativos y psicológicos, con efectos directos sobre el aprendizaje, la profesionalización y el bienestar5,6. Desde marcos contemporáneos, el ambiente educativo no es un «contexto» neutro, sino un determinante de resultados formativos y de seguridad del paciente; por ello, su deterioro sostenido debe interpretarse como una falla sistémica de gobernanza educativa4.

La triangulación con el estudio cualitativo en la misma población permite explicar el «cómo» detrás de los patrones numéricos: la normalización de la sobrecarga, la precarización cotidiana y las asimetrías jerárquicas tienden a convertirse en reglas informales del aprendizaje, reforzando un currículo oculto, donde el rendimiento asistencial desplaza los objetivos pedagógicos12. Este mecanismo es congruente con evidencia internacional que vincula experiencias de exclusión, desatención y formas sutiles de maltrato durante las rotaciones con deterioro del bienestar y reducción de la agencia del estudiante en el equipo clínico14–16. En términos de calidad formativa, el problema no se limita a episodios aislados; se configura como un patrón estructural que moldea prácticas y valores profesionales.

Un eje especialmente relevante es la relación entre organización del trabajo clínico, fatiga y seguridad. Aunque el internado de pregrado no es equivalente a la residencia en términos regulatorios, comparte riesgos derivados de turnos prolongados y descanso insuficiente. La evidencia en médicos en formación muestra que reducir horas de trabajo puede mejorar desenlaces centrados en el residente (p. ej., agotamiento emocional y bienestar), sin demostrar daños consistentes en desenlaces del paciente17. Estudios longitudinales y análisis nacionales han asociado límites a turnos extendidos con reducciones en errores médicos reportados por residentes, subrayando que el diseño de jornadas tiene implicaciones de seguridad clínica18. Por tanto, cuando los resultados muestran condiciones que favorecen fatiga y decisiones clínicas sin acompañamiento, el argumento de derechos humanos se robustece: no es solo un problema laboral o educativo, sino un riesgo previsible para la atención segura.

En paralelo, la dimensión de violencia, acoso y discriminación debe leerse como indicador de deterioro institucional del EDA. Una revisión y metaanálisis documentaron alta prevalencia de acoso/discriminación en la formación médica a nivel global, con persistencia temporal19. Más recientemente, revisiones sistemáticas y estudios multicéntricos han descrito dinámicas de bullying académico y sus consecuencias sobre la salud mental y trayectorias profesionales16, así como asociaciones entre experiencias de sexismo/acoso sexual y peor salud mental en los estudiantes20. En médicos internos y residentes también se han observado tendencias preocupantes de acoso sexual durante el año de internado, lo que apunta a un problema persistente de cultura institucional21. En el contexto mexicano, estos hallazgos dialogan con la evidencia local que documenta vulneraciones de derechos en el espacio docente-asistencial y su relación con condiciones de aprendizaje y práctica1,2.

La contribución central de este trabajo es desplazar la interpretación desde «deficiencias operativas» hacia un marco de obligaciones institucionales: el internado, al ser etapa curricular obligatoria, activa deberes reforzados del Estado, universidades y sedes clínicas para respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación médica en condiciones compatibles con dignidad, seguridad y supervisión efectiva. En esa línea, la discusión internacional contemporánea enfatiza que la educación en salud debe incorporar marcos explícitos de derechos humanos y competencias estructurales para identificar y transformar condiciones institucionales que producen daño22. Esta perspectiva permite reubicar los resultados: no se trata únicamente de «malestar estudiantil», sino de un diseño institucional que externaliza costos (fatiga, riesgo psicosocial, aprendizaje por sustitución laboral) sobre estudiantes y, de manera indirecta, sobre pacientes.

A nivel de política educativa, los datos sostienen 3 implicaciones estratégicas. Primero, se requiere una reforma de gobernanza del EDA que trate la supervisión clínica como estándar verificable, no como aspiración normativa: el CLE (entorno clínico de aprendizaje) debe medirse y auditarse como componente de calidad, con indicadores mínimos por sede y consecuencias por incumplimiento4,5. Segundo, es indispensable alinear el diseño de jornadas con evidencia de fatiga y seguridad: si la literatura apoya que limitar turnos extendidos mejora bienestar y puede reducir errores reportados, ello constituye un argumento técnico para rediseñar cargas, guardias y descansos en el internado17,18. Tercero, debe abordarse la violencia institucional como asunto de seguridad educativa: las políticas antiacoso y las vías de denuncia no pueden ser periféricas, porque el maltrato erosiona el aprendizaje, la salud mental y la calidad de atención16,21.

Finalmente, el aporte del OBEME, iniciado en 2017, es crucial para comprender por qué este estudio cuenta con cifras desde 2018: ofrece un marco de lectura longitudinal donde los hallazgos actuales no emergen de forma súbita, sino que se inscriben en tendencias recientes y documentables de vulneración de derechos en el EDA. En conjunto, los resultados cuantitativos, triangulados con el componente cualitativo, sostienen que el internado médico en México requiere pasar de un arreglo «tolerado» por tradición a un modelo formal de garantías, donde el derecho a la educación médica sea operacionalizado como condiciones concretas de supervisión, seguridad, carga razonable y dignidad.

Limitaciones del estudio

Este estudio presenta limitaciones que deben considerarse. Primero, la muestra procede de una universidad pública estatal y de sedes ubicadas en Veracruz, México, lo que limita la validez externa y la generalización de los resultados al conjunto del país. Segundo, no se dispone de una tasa de respuesta del universo elegible, por lo que no puede descartarse sesgo de no respuesta. Tercero, aunque el análisis es longitudinal acumulado (2018–2022), el diseño corresponde a un transversal repetido, sin seguimiento individual ni inferencias causales. Finalmente, las variables son autorreportadas, lo que puede introducir sesgo de recuerdo o deseabilidad social, particularmente en indicadores sensibles como discriminación o errores clínicos. No obstante, la aplicación sistemática anual de un instrumento validado aporta consistencia y permite identificar patrones estructurales del entorno formativo.

Conclusiones e implicaciones para la política educativa

El presente estudio muestra que el internado médico de pregrado en México se desarrolla en un espacio docente-asistencial estructuralmente limitado para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación médica. La concurrencia de cargas asistenciales elevadas, supervisión académica insuficiente, baja priorización del proceso enseñanza–aprendizaje y prácticas institucionales normalizadas configura un escenario de riesgo sistémico que trasciende deficiencias individuales y compromete tanto la calidad formativa como la seguridad del paciente. Desde un enfoque de derechos humanos, estos hallazgos evidencian fallas de gobernanza institucional que afectan de manera directa la dignidad, el bienestar y la formación profesional de los estudiantes.

En términos de política educativa, el internado debe ser reconocido formalmente como un espacio educativo regulado, con estándares exigibles y mecanismos de corresponsabilidad entre universidades e instituciones de salud. Resulta prioritario establecer límites claros a la carga horaria, garantizar supervisión académica continua, proteger tiempos efectivos de aprendizaje y contar con protocolos institucionales eficaces para prevenir, atender y sancionar la violencia y el acoso. La incorporación sistemática de indicadores estandarizados, como los propuestos en este estudio, permitiría fortalecer la rendición de cuentas, orientar intervenciones focalizadas y evaluar de manera longitudinal el cumplimiento del derecho a la educación médica, contribuyendo a la transformación del internado en un entorno formativo ético, seguro y compatible con la justicia educativa y los derechos humanos.

Responsabilidades éticas

Los autores declaran que el presente estudio forma parte de un proyecto institucional desarrollado por el OBEME y fue revisado y aprobado por los Comités de Investigación y de Ética del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, bajo los registros CI-ISP-02-2023 y CEI-ISP-UV-R11/2023.

El estudio se condujo conforme a los principios éticos de la Declaración de Helsinki y a los lineamientos nacionales e internacionales aplicables a la investigación en seres humanos. No se recabó información que permitiera la identificación directa o indirecta de los participantes, y los datos fueron analizados de manera agregada con fines exclusivamente académicos y científicos.

Consentimiento informado

Los autores declaran que la participación de los médicos internos de pregrado fue voluntaria, anónima y confidencial, y se obtuvo consentimiento informado previo al momento de la recolección de la información.

Financiación

Los autores declaran que el trabajo no ha recibido ningún tipo de financiación.

Contribuciones de autoría

Mendoza-González, M.F. Conceptualización del estudio; diseño metodológico; coordinación general del proyecto; análisis e interpretación de los datos; redacción del borrador original del manuscrito; revisión crítica del contenido intelectual; aprobación de la versión final. Delgado-Domínguez, C. Participación en el diseño metodológico; apoyo en la recolección y sistematización de la información; análisis de resultados; contribución sustantiva a la redacción y revisión crítica del manuscrito; aprobación de la versión final. Vázquez-Martínez, F.D. Concepción teórica del enfoque de derechos humanos aplicado a la educación médica; asesoría académica especializada; interpretación de resultados desde la perspectiva ética y normativa; revisión crítica del manuscrito; aprobación de la versión final. Ortiz-Chacha, C.S. Apoyo en la gestión y depuración de bases de datos; análisis descriptivo; elaboración y revisión de tablas y figuras; contribución a la revisión editorial del manuscrito; aprobación de la versión final.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses relacionados con el presente estudio.

Declaración de uso de inteligencia artificial

La inteligencia artificial se utilizó exclusivamente como herramienta de apoyo para la revisión editorial, la mejora del estilo académico y la coherencia del manuscrito. No intervino en el diseño metodológico, la recolección de datos, el análisis estadístico, la interpretación de los resultados ni las conclusiones. La responsabilidad intelectual, ética y científica del contenido recae íntegramente en los autores.

Apéndice A
Dato suplementario

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Material suplementario

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