La producción de harinas estaba en manos de unas pocas familias. Pombo, Ortiz Vega, Iztueta, Lecanda y Ortiz Vega eran propietarios de un 10% de los establecimientos que sumaban un tercio de la capacidad de producción (tabla 5).

Los negocios navieros santanderinos experimentaron idéntica concentración (tabla 6) que, también, fue a más con el tiempo. La imposibilidad de penetrar en el comercio de Santander del mismísimo Antonio López, primer marqués de Comillas, constituye la mejor prueba de tal cosa (Rodrigo, 2000). En 1865 y 1866 los 10 primeros comerciantes, ordenados por el volumen de harinas expedidas, sumaban un 68,3% del total de las expediciones1. Los 115 restantes solo un 31,6% (Boletín Oficial de la Provincia de Santander, 1865 y 1866, passim). Obviamente, esta oligipolización se prolongó al pingüe negocio de la distribución de azúcar, en manos de un puñado de casas de comercio (tabla 7).

La concentración tiene una sencilla explicación microeconómica. Habida cuenta de la elasticidad del precio de la demanda infinita del azúcar y de la harina, el sector no podía caminar más que en esa dirección, tanto más en un contexto de protección arancelaria.

Hubo todavía un estímulo a la integración tan fuerte como las fuerzas de mercado: la endogamia. No tiene sentido relatar en estas páginas los enlaces matrimoniales porque resultaría tautológico. Baste decir que, en la práctica, estos empresarios formaron una gran familia. Nada tiene de especial: los ricos se suelen casar entre ellos. Pero en este caso, la elección era todavía más selectiva: el consuegro tenía que ser un propietario de una harinera o de un buque.

A pesar de las garantías que proporcionaban la lógica del mercado y los lazos de sangre, harineros y navieros tomaron toda suerte de cautelas para mantener este reparto consensuado y familiar.

En un primer término, la Compañía del Canal de Castilla no cedió la explotación de una esclusa de este cauce a personas ajenas al círculo de María Cristina, en cuyas manos estuvo su beneficio hasta su defenestración en 1855. Tanto fue así que la Junta de Comercio de Palencia, en un ejercicio de impotencia, llegó a culpar a la mismísima madre de la reina en 1849 de la ausencia «del barómetro regulador del mercado harinero» y de ser titular de «un monopolio sobre los granos». Había un poco de cinismo –con ser cierta– en esta denuncia, ya que los grandes harineros emplearon las competencias en materia de aguas de esta institución para evitar la entrada de nuevos productores (ADP, Junta de Comercio, reuniones de 26-1-1861 y 20-10-1863).

Como apuntaba párrafos atrás, estas firmas ostentaban, por otra parte, un control absoluto en el mercado triguero. Atendiendo a las cuotas fiscales, en 1844 los harineros comercializarían el 81,3% del trigo vendido en la ciudad de Palencia (AMP, legajo 71). Ellos fueron, hasta su desaparición, arrendatarios de diezmos en las diócesis de la región, y desde entonces, de la explotación de las fincas amortizadas aún no rematadas. No en balde, en 1838 Lorenzo Moratinos (uno de los miembros más conspicuos del mentado entorno de aduladores y secuaces de María Cristina) fungía como el director del Ramo de Amortización en Palencia. Únicamente los harineros podían costear la edificación o compra a la Hacienda de grandes almacenes, retener enormes partidas de grano y, muy especialmente, mantener una tupida y extensa red de ojeadores. De hecho, los 4 matriculados en 1847 en Paredes de Nava, uno de los principales mercados de la Tierra de Campos, trabajaban para los harineros Polanco, Iztueta, Moratinos y Cuétara (AMP, legajo 16).

Obviamente este colectivo de oligarcas harineros administró discrecionalmente la oferta de granos a fin de evitar la entrada de competidores. Por dar un ejemplo entre los muchos, los empleados de Cuétara y Abarca en Medina de Rioseco y Valladolid tenían la orden en 1848 de consultar a sus jefes a quién vendían el género. Y nunca hacerlo en montante superior a las 1.000 fanegas (AHPP, sección Protocolos, legajo 15.543, instrumento 142 y legajo 14.295, ff. 203 y ss.).

Por su parte, los navieros hicieron uso de las necesidades de financiación como barrera de entrada al sector. Aquellos comerciantes que no disponían de caudal para adquirir el trigo debían signar con un armador un contrato «a riesgo marítimo», préstamos avalados en las ganancias obtenidas en el futuro por la venta de harinas en La Habana que debían ser consignadas en un buque del prestamista (Valdaliso, 1991, pp. 79-80). Estas operaciones resultaban muy lucrativas para él, en tanto que obtenía unos ingresos añadidos más que estimables (un interés del 6%, el flete y una comisión del 2% de las ventas en el puerto cubano), abarataba los retornos y obtenía instrumentos de pago, las obligaciones firmadas (conocidas como «pólizas gruesas») que podían ser endosadas en la capital de la isla.

Esta oligopolización del sector no fue exclusiva del mercado español. Pero mientras en los países occidentales concurrieron las denominadas anti-mill societies, empresas formadas por los vecinos para romper el monopolio de un harinero a escala local, aquí solo se constituyó una: Paz y Cía. en 1850 en Medina de Pomar (Tann, 1980) (AHPB, legajo 2.877 [1861], ff. 83 y ss.). La razón no era otra que el distanciamiento absoluto de estas firmas del mercado regional.

Por el contrario, las prácticas monopolistas santanderinas encontraron una respuesta más tajante y efectiva en La Habana. Frustrada la iniciativa de erigir allí una harinera en 1845 (el gobierno de Madrid no pudo consentir tal cosa), los panaderos de la ciudad, en su mayor parte de origen catalán o francés, se agruparon en un gremio para adquirir conjuntamente las harinas y atenuar, en lo posible, el poder de los navieros en la fijación de los precios (ANC, Donativos y Remisiones, legajo 410, expediente 12).

No fue preciso, en ausencia de competencia efectiva, emplear recursos de diferenciación publicitarios. En 1850 únicamente estaban registradas las marcas de las harinas producidas por Polanco e Iztueta (OEPM, Marcas, tomo 6, volumen 3, f. 81). Transcurrieron casi 3 décadas hasta que otro fabricante de la región, el riosecano Saturnino de la Mora, acudiese en 1878 a esta instancia pública (OEPM, Marcas, marca 590). Por el contrario, los harineros dieron mucho valor promocional a las distinciones recibidas en las Exposiciones Universales, a decir verdad, bastante sorprendentes, dada su escasa calidad.

Merced a la protección arancelaria y a su privilegiada posición en el mercado, los harineros castellanos y leoneses obtuvieron unos ingresos muy abultados. En 1844, según los cálculos de la propia Junta de Comercio de Santander, la rentabilidad de las ventas ascendió a un 28% (tabla 8) (AHPC, Diputación, legajo 160).

Los harineros aventuraron gran parte de estos recursos en otras iniciativas empresariales. En rigor no se puede decir que desplegasen una estrategia de crecimiento por combinación vertical (al margen de la antes descrita, estrictamente ligada al negocio), a tenor de la naturaleza de estas empresas, participadas por varios socios y no integradas en una matriz. Estas inversiones tienen una lectura, si cabe, más épica. Los harineros sucumbieron a un fervor industrialista que les llevó a explorar posibilidades de lucro en sectores, en ocasiones, disparatados, como sondear nuevos yacimientos auríferos en El Bierzo, en lo que empleó parte de su fortuna Ortiz Vega, sin resultado alguno.

Entre estas iniciativas sobresale la construcción del ferrocarril de Alar a Santander, de una gran complejidad técnica. Las enormes necesidades de financiación de este tendido obligaron a constituir media docena de sociedades de crédito en Valladolid, Santander y Palencia, cuya misión consistía en captar depósitos para suscribir las obligaciones emitidas por la empresa concesionaria del tendido. El objetivo de los bancos de emisión creados en esas 3 capitales nada tenía que ver con los negocios ferroviarios: se trataba de solventar las necesidades de numerario en las principales plazas de la región que el Banco de España y el Banco de Economías de Madrid no satisfacían. Como resultado de este esfuerzo harinero por modernizar el mercado de capitales en Castilla la Vieja y León (tabla 9), Valladolid se convirtió en la tercera plaza financiera del país.

Las inversiones en finanzas, con arreglo al capital escriturado por las sociedades vallisoletanas, multiplicaron entre 1849 y 1869 por 2,7 a las materializadas en la industria. No por ello carecieron de relevancia productiva. Los datos detallados en la tabla 10 permiten identificar las prioridades inversoras de los harineros en el sector secundario.

Conocidas son sus empresas algodoneras en Valladolid, el mayor núcleo productor de la España interior, gracias básicamente a la puesta en marcha en 1857 de la fábrica La Vallisoletana, de Vidal, Semprún y Cía., participada por la viuda de Pombo, Hilario González, su impulsor, y los Jover, comerciantes de tejidos catalanes establecidos en esta ciudad desde finales del setecientos (Moreno Lázaro, 2002) (tabla 8). A Enrique de la Cuétara (tabla 9) se debe el intento fallido de erigir en 1845 en Palencia la que habría sido la mayor fábrica de tejidos de lana de España.

En 1841 el harinero palentino Miguel Iglesias, con el apoyo financiero de los también fabricantes Fructuoso Gutiérrez, los hermanos González Agüeros, Pedro Ochotorena y José María de Orense, entre otros, fundó La Palentino-Leonesa, con la intención de construir y beneficiar una planta siderúrgica en Sabero (León) (AHPP, Protocolos, legajos 13.882, ff. 413 y ss. y 14.296, ff. 133 y ss.). Poco se sabe de la fundición de cobre establecida por Manuel Pombo en la localidad de Nogal de las Huertas (Palencia) con anterioridad a 1852 (AHPP, Hacienda, legajo 3.183).

El compromiso de los fabricantes de harinas con los negocios metalúrgicos obedeció a la necesidad de proveerse de maquinaria harinera. Lo hicieron acompañados de maquinistas franceses: Cardhaillac en Valladolid y Pretement en Palencia. Incluso José María Semprún y Juan Fernández Rico, propietario de una planta en Valladolid donde fabricaba arados y bombas de riego, participaron en 1858 como socios en la empresa promotora de la fundición de San Pedro de Araya en Álava, impulsada por el vallisoletano Diego Fernández Gamboa y el bilbaíno León de Urigoitia (Sáez García, 1999). Por su parte, el naviero Prudencio Blanco estuvo entre los artífices de la empresa siderúrgica Portilla y White, con factorías en Sevilla y Córdoba.

En lo que atañe a las inversiones agroalimentarias, en 1830 Tomás López Calderón obtuvo de la Junta de Comercio y Moneda permiso para edificar en Santander una fábrica de pan al vapor, una de las primeras del país en contar con este motor, a la que siguió la de Hilario Landa en 1832, dotada de este mismo ingenio mecánico (Salomón, 1861) (AHPC, Protocolos, legajos 920, ff. 216 y ss., 463, ff. 24, 403, ff. 850 y ss., 547, f. 75). En 1847 se establecieron en Valladolid las primeras plantas de estas características, también propias de harineros.

A los harineros se debió, asimismo, el vigor que tuvo en Castilla la Vieja y León a mediados del siglo xix la industria papelera (sobre todo en Burgos, Valladolid y Palencia), a consecuencia de los desembolsos de Francisco Arnáiz, José de Garaizábal y Juan Pombo, respectivamente); la chocolatera (con las fábricas de Fernández Vítores en Valladolid, levantada en 1849, la del mencionado Arnáiz en 1845 en Burgos y la de Tadeo Ortiz en Palencia, en 1856); la curtidora, sector en el que invirtieron Antonio Ortiz Vega, los Semprún y Leonardo Martínez; la de barriles en Santander, todas ellas propias de harineros; la de materiales de construcción, en la que sobresalió Ignacio Linazasoro en Alar del Rey; y la fabricación de rubia y colorantes, representada en la firma marsellesa radicada en Valladolid en 1863 Aynes y Cía., participada por Benito Martínez Jover (Ratier, 1847, p. 149) (AMB, Estadística, expediente 335, AHPB, legajos 871, instrumento 1.780 y 25.582, instrumento 36, AHPC, legajo 529, f. 132, AHPV, Protocolos, legajos 18.459, instrumento 236 y 15.1818, instrumento 606 y AHPP, “Protocolos”, legajo 16.1672, ff. 424 y ss.). La más acreditada planta de escabeches de España a mediados del xix, La Cantábrica, en activo en Santander desde 1846, pertenecía al ya citado López Calderón (AHPC, legajo 1.625, ff. 3.103 y ss., y El Boletín de Comercio, Santander, 26-11-1873). Hubo quien, como Haya y Cía. en 1857, en esa ciudad, empleó su caudal en el beneficio de fábricas de refinado de azúcar, negocio en el que estaban tan concernidos (Salomón, 1861, p. 110).

Sus inversiones en la viticultura no han recibido el conocimiento historiográfico debido, a pesar de ser tan perdurables en el tiempo. La familia Illera organizó la bodega en la Ribera de Duero, que todavía lleva hoy su nombre. En 1862 Eloy Lecanda se hizo con la finca Vega Sicilia, en las proximidades de Peñafiel (Valladolid), donde produjo con cepas francesas vino Cabernet Souvignon. Acogiéndose a los beneficios de la Ley de Colonias Agrarias, allí levantó un pequeño complejo industrial (compuesto por las prensas, las bodegas, una fragua y una fábrica de pan), así como viviendas para 27 familias (Gaceta de la Agricultura (1), 1862, p. 16 y AHPP, Protocolos, legajo 14.219. ff. 406 y ss.).

Ellos fueron quienes identificaron y explotaron las cuencas mineras campurrianas y del Valle de Orbó en Palencia antes de caer en manos, en 1859, del Crédito Mobiliario, a través de empresas como la Compañía Minera de Parbayón (1844), la Esperanza de Reinosa (1845), la Sociedad Minera Palentina (1847) y La Vallisoletana (1857). La última incursión de los harineros en este sector se fechó en 1864, con la constitución de Unión Campurriana y Balbuena, Rico y Cía. Algunos empresarios sucumbieron al atractivo de los recursos carboníferos asturianos, como Prudencio Blanco, propietario desde 1858 de una empresa minera en Cangas de Onís que explotó junto con Carlos Trió, administrador de loterías de Santander, y los franceses Pichot, Boulay y Bussy (Hoyo, 1993, p. 149) (AHPC, Protocolos, legajos 534, passim, 4.328, ff. 48 y ss., 4.326, instrumento 92 y AHPP, legajo 4.327, ff. 217 y ss.).

Los harineros trataron de competir con las compañías extranjeras en el laboreo de los yacimientos de calaminas, cobre, plomo y hierro de La Montaña, si bien la Real Compañía de Minas, la francesa Vielle Montagne y el escocés J. MacLenann, radicado en Santander, acabaron adueñándose de ellas (Hoyo, 1993).

Los efectos en la modernización empresarial de estas firmas fueron mayores que los de las propias harineras. En su mayor parte, la presencia de socios vascos, madrileños o catalanes diluyó el peso de la familia en ellas. Es más, muchas de estas compañías adoptaron la naturaleza de sociedad anónima. De su participación en las firmas ferroviarias y financieras obtuvieron los fabricantes algún conocimiento en el uso de instrumentos estadísticos y contables, aunque, a decir verdad, no fue empleado en la gestión de las harineras.

La crisis financiera de 1864 malogró este intento de despegue castellano y la modernización empresarial que estimuló. Cuento solo con algunos datos fragmentarios que desvelan la magnitud de las dificultades que atravesó la harinería. La renta percibida por el alquiler de las fábricas de harinas del Ramal Norte del Canal cayó en términos nominales en un 28% entre 1860 y 1870, provocando el hundimiento de los dividendos repartidos por la empresa titular (de un 3% en el ejercicio de 1862-1863 a un 1,46% en el 1866-1867) (AGA, Hacienda, libros 9.027 y 9.028). Los beneficios de la naviera santanderina de Francisco Ferrer de la Vega pasaron de 219.012 reales en 1863 a unos escuálidos 1.201 en 1866 (AHPC, Ferrer, Libros mayores [años indicados]). La consideración del capital de las nuevas sociedades harineras constituidas en este período resulta todavía más esclarecedora del extraordinario declive inversor al que asistió Castilla (fig. 1).

La interpretación de lo sucedido es relativamente simple: obedeció a las dificultades de la Compañía del Ferrocarril de Isabel II. Los problemas comenzaron en 1861, tras no cuajar un intento de compra por Norte, apadrinada por Lorenzo Semprún y Gerónimo Roiz de la Parra. Los responsables de la empresa francesa respondieron con una agresiva política tarifaria a la negativa de los accionistas. En 1862 acordaron con MZA la integración del tráfico desde las estaciones de Arévalo (Ávila), Medina del Campo (Valladolid), Palencia, Frómista (Palencia) y Estépar (Burgos) hasta Alicante, Barcelona, Cádiz y Málaga a un precio sustancialmente inferior al que cobraba la ferroviaria castellana. Al acuerdo se sumó el marqués de Comillas, ávido por vengar la humillación que sufrió en Santander. Tras su adhesión a la guerra tarifaria, pagaba más un fabricante de Valladolid por mandar un barril de harina solo a Santander a través del Canal y del ferrocarril de Alar que por hacerlo hasta La Habana mediante esta vía alternativa ofrecida en una alianza inédita por los Pereire, los Rothschild y el marqués de Comillas. La Compañía del Ferrocarril de Isabel II, acorralada por unos y otros, no tuvo más alternativa que disminuir sus tarifas en 1862 (Tedde, 1978, 60-80; Tortella, 1973, passim) (El Boletín de Comercio, Santander, 5-V-1862). La estrategia sirvió de poco. El deterioro de los ingresos de la Compañía del Ferrocarril de Isabel II en 1864-1865, por culpa del descenso de los envíos de harina (tabla 11) causado por la rebaja del arancel que gravaba las entradas de harinas de Estados Unidos en Cuba, fue tal que no pudo amortizar las obligaciones con vencimiento en ese ejercicio. Ello llevó a la quiebra a las sociedades de crédito tenedoras de tales títulos. La situación de estas entidades puso en serios apuros a los «harinócratas», en tanto que habían empleado buena parte de sus recursos en la suscripción de sus acciones, cuyo valor ahora era menor que el del papel en que estaban estampadas.

Así las cosas, los componentes del consejo de administración del Banco de Valladolid, con Juan Pombo y José María Semprún a la cabeza, resolvieron emplear los depósitos, el capital y las reservas en evitar su propia ruina y, de paso, salvar al Banco de Santander del seísmo financiero. No en balde compartían accionistas. Los responsables de la entidad emisora vallisoletana acordaron que el banco comprase, pagando en oro y a un precio superior en un 7% al de su valor nominal, sus acciones en las sociedades de crédito quebradas. Por extraño que parezca, tal felonía, en la que se esfumaron 300 millones de reales, fue elevada a escritura pública.

Estos empresarios, “gente tenazmente agarrada al lucro y tan obstinada en sus resentimientos personales”, en palabras del Comisario Regio, Rafael Cachá, trajeron la penuria económica a Valladolid (Tortella, 1973, p. 265). A comienzos de noviembre de 1864 circularon los primeros rumores sobre el alcance del desfalco. Poco después, en la Nochebuena, se hizo pública la ruina de Domingo Gutiérrez Calderón, harinero y promotor del Teatro Calderón, esa especie de Teatro de Ópera de Manaos, pero en el corazón de la meseta castellana, símbolo de la opulencia y megalomanía de quienes ya no presumían de hidalguía, sino de riqueza (tomo prestada esta aguda comparación de Helguera (1988). Desde entonces se sucedió un rosario de quiebras. Solo desde el 28 de diciembre de 1864 al 16 de enero de 1865 padecieron tal situación concursal media docena de empresarios, entre ellos la viuda de Enrique de la Cuétara, Toribio Lecanda y el armador santanderino Prudencio Blanco. El anuncio de la de Antonio Ortiz Vega, el mayor harinero de España, el 16 de enero de 1865, y su ingreso en prisión, dejando deudas por valor de 45 millones de reales a una treintena de comerciantes de Valladolid y Santander frustró el plan del Ministerio de Hacienda de encalmar el comercio castellano. El pánico financiero, acrecentado por el goteo de declaración de quiebras (tabla 12), se había instalado en la región irremediablemente.

En abril de 1865, tras la denuncia interpuesta por un accionista del Banco de Valladolid, Antonio Zabala, del comercio de Bilbao, los tribunales ordenaron la detención de Celestino de las Moras, los hermanos García de los Ríos, los Cachurro, Hilario González y Juan Fernández Rico. Quienes hasta hacía pocos meses se paseaban en sus calesas por las calles de Valladolid o por El Sardinero en los veranos santanderinos junto con la mismísima reina eran encarcelados como vulgares rateros2.

La situación empeoró en 1866, tras la extensión de la crisis a Bilbao, con la quiebra de la Compañía del Ferrocarril de Tudela y la disolución de la Sociedad General Bilbaína de Crédito (Tortella, 1973, p. 281). Las autoridades temían un levantamiento popular similar al vivido en 1856, debido a la mala cosecha, el rebrote del cólera y la atonía económica. De hecho, muchos comerciantes de Valladolid y Santander se guarecieron en La Habana de la enfermedad, la cárcel y las irás del populacho. La crisis de subsistencias de 1867-1868 y la adopción de una política tímidamente librecambista ahondaron aún más la crisis.

En estas condiciones, 2 proyectos que habrían cambiado la faz fabril de Valladolid fueron abandonados: los de Juan Pombo y Félix de la Aldea de levantar sendas plantas algodoneras y siderúrgicas, respectivamente.

En agosto de 1868 el juez dictó pena de prisión contra Hilario González, Saturnino de la Mora, Antonio Ortiz Vega, Ventura de la Riba, Juan Fernández Rico y Manuel Polanco, entre otros. Pedro Pombo, huido de la justicia, y Alonso Pesquera, aforado por su condición de militar de alta graduación, la evitaron. Con todo, el nuevo Gobierno nacido de La Gloriosa se apiadó de ellos. El 21 de julio de 1869 era fallada una nueva sentencia absolutoria tras una nueva farsa en forma de juicio.

Poco después, en 1870, Antonio Ortiz Vega, un panadero de Alar que había iniciado su fortuna casándose con una anciana propietaria de una fábrica de curtidos y que había llegado a convertirse en el empresario más rico de Castilla la Vieja, murió a los 57 años en la ruina más absoluta en una pensión no muy lejos de su antiguo palacete, hoy ocupado por la sede central del BBVA en Valladolid.

También en la miseria falleció en 1873 Toribio Lecanda, acosado por sus acreedores parisinos. Sus 2 hijos, Eloy y Joaquín, apenas pudieron costear un entierro medianamente decoroso (AHPC, Protocolos, legajo 5.763).

Los últimos días de Juan Fernández Rico transcurrieron en condiciones más lastimosas. En marzo de 1866 liquidó todos sus bienes en Castilla, sus acciones en el Banco Español de La Habana y en diferentes compañías ferroviarias cubanas para hacer frente a sus acreedores. En 1871, ya fuera de prisión, vendió su fábrica en Tamariz a Aquilino Pequeño con la condición de que la arrendase a su sobrino, Blas Dulce. A él le pidió que le permitiese visitarla de cuando en cuando. Pocas oportunidades tuvo de hacerlo. Murió a las pocas semanas, sin adeudar un solo real, pero pobre de solemnidad (AHPV, Protocolos, legajo 16.692, instrumento 18).

Castilla la Vieja y León vivieron durante las décadas centrales del siglo xix un esplendor económico desconocido desde el siglo xvii gracias a las oportunidades de enriquecimiento que brindó el capitalismo agrario. Tal opción de crecimiento, que no de desarrollo, tan ejemplar y didácticamente explicada por García Sanz (1987), se sustentó en la protección arancelaria del mercado metropolitano y del de la isla de Cuba, la gran fuente de riqueza de los empresarios de la región, quienes no tuvieron el menor rubor en proclamar su pertenencia, frente a las aspiraciones catalanas, por «derecho de conquista».

La región acarició entonces el sueño de la modernidad. Por fin el Canal de Castilla surtía los efectos dinamizadores para los que fue diseñado una centuria atrás. La región se sembró de fábricas de harinas. Valladolid eclosionó como el gran distrito fabril de la Meseta, irradiando sus externalidades a las levíticas y diminutas ciudades de Burgos y Palencia. El ferrocarril, el vapor, el gas, el telégrafo llegaron a estas tierras mucho antes que a otros puntos de la España interior. Los harineros se embarcaron en nuevas iniciativas fabriles carentes de toda tradición en Castilla, sobre todo en la industria textil algodonera y en la metalurgia.

Por más potentes que fuesen (como las francesas o británicas), las empresas harineras europeas distaban de esta proyección y diversificación de las castellanas. Que fabricantes de harinas de poca monta se comprometiesen en grandes negocios financieros, ferroviarios, navieros, fabriles y mineros fue algo excepcional en la Europa de su tiempo. Ni siquiera los húngaros de finales del xix llegaron a tanto.

Tales avances y los logros fabriles de las élites castellanas ponen en cuestión el carácter anodino de la burguesía regional en el que se han regodeado algunos analistas de la realidad social del pasado y la supuesta ausencia de espíritu empresarial en los naturales de la región, como si hubiese etnias, culturas o minorías más proclives a ello, algo científica y éticamente inaceptable.

En suma, no cabe hablar de neoarcaismo agrario, de abulia inversora, de desdén al progreso, de apego retardatario y contumaz a la tierra ni de desdén al mercado en la Castilla de mediados del ochocientos. Tales consideraciones no son más que apriorismos sustentados en el decadentismo de los autores castellanos del 98 (como el agudo Julio Senador Gómez), que describieron con crudeza a su patria chica, ahora agonizante y detenida en el tiempo. Pero entre un momento y otro (excesos retóricos aparte) mediaron 5 decenios.

Castilla la Vieja y León no solo se aproximaron a los niveles de industrialización de la España periférica, sino que se dotaron de la organización que institucionalmente lo hizo posible: la empresa.

Ahora bien, la castellana es hija de la protección arancelaria. Los harineros eludieron la competencia en lo posible. No eran, desde luego, unos románticos descerebrados. Invirtieron allí donde el Estado les garantizaba la obtención de beneficio. Tal actitud no ha de ser tildada de aversión al riesgo, sino, más bien, de amor al lucro, el motor del capitalismo industrial.

La naturaleza familiar lastró el crecimiento de estas firmas. Los lazos sanguíneos no eran en Castilla más firmes u opresivos que en Cataluña o en Vizcaya, pero sí distinta la gerencia, piramidal aquí, y las condiciones de reparto de bienes una vez fallecido el patriarca. Y ello porque las harineras nunca perdieron los hábitos propios de las empresas agrarias de las que procedían. En la concepción de los negocios de los harineros castellanos, las sociedades anónimas no tenían encaje porque desbordaban los límites de la familia. En la regular colectiva sí encontraron perfecto acomodo.

Adicionalmente, por más grado de sofisticación que mostrasen las organizaciones que ellos crearon, los harineros nunca tuvieron la noción de estar a cargo de una empresa, de algo plenamente autónomo, como el Ferrocarril de Isabel II, que recibió incluso esta denominación. La categoría en la que pensaban, lo que trataban de defender con contratos (sean mercantiles o matrimoniales), era el patrimonio, su legado, su fortuna, no el prestigio de la firma o «de la casa», como en otras culturas empresariales.

Pero su éxito en los negocios no se explica sin el respaldo de la familia. En unas condiciones de incertidumbre y dificultades en la disponibilidad de información, los empresarios castellanos emplearon el capital social, la lealtad y los vínculos de sangre para solventar los problemas de agencia (Nahapiet y Ghoshal, 1998).

Lamentablemente, y como sucedió en Andalucía, esta industrialización no cuajó. Es más, los efectos de la crisis financiera de la década de 1860 dejaron más impronta que las 2 décadas de pasión industrialista que la precedieron.

Puestos a buscar los orígenes históricos de la incontrovertible apatía inversora de los empresarios de la región desde finales del xix, hay que hacerlo en lo sucedido en estos años. Durante generaciones, lo acaecido en las finanzas de Santander y Valladolid entre 1864 y 1868 pervivió en el recuerdo de los miembros de las sagas empresariales castellanas y leonesas. Y con él, el recelo hacía empresas sobre las que pesase el menor atisbo de incertidumbre. Otro tanto sucedió con las que, por exigencias organizativas o financieras, desbordasen la frontera de la familia, institución a la que se abrazaron, hasta confundirse, todavía más, con la empresa.

Pero no es menos cierto que este exceso de oferta de servicios financieros –causante de la crisis– tuvo sus ventajas en el corto plazo, en tanto que facilitaron instrumentos de pago ignorados hasta entonces.

De hecho –y no por casualidad–, el mayor legado empresarial de la malograda industrialización castellana es justamente una entidad financiera, el Banco de Santander, resultado de las necesidades de dinero por motivo de transacción que suscitó un negocio, del empeño de unos empresarios –los harineros– por crearlo y, sobre todo, de sus esfuerzos denodados por mantenerlo a salvo de la debacle de 1864-1866.

Este artículo se ha financiado con el proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad HAR2013-41121-P, cuyo título es Minorías españolas y su éxito empresarial en América Latina, 1810-2012.

Archivo de la Diputación de Palencia (ADP).

Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares) (AGA).

Archivo General de la Nación (La Habana) (AGN).

Archivo Histórico Nacional (Madrid) (AHN).

Archivo Histórico Provincial de Burgos (AHPB).

Archivo Histórico Provincial de Cantabria (AHPC).

Archivo Histórico Provincial de Palencia (AHPP).

Archivo Municipal de Palencia (AMP).

Archivo Municipal de Paredes de Nava (AMPN).

Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPV).

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Registro Mercantil de Burgos (RMB).

Registro de la Propiedad de Palencia número 1 (RPP1).